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Hucha de reclamaciones de EZ

Cetelem es condenada a anular una línea de crédito de un usuario de EZ por aplicar intereses de usura

Cetelem es condenada a anular una línea de crédito de un usuario de EZ por usura

El Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria declara la nulidad del contrato de línea de crédito de Cetelem suscrito con un usuario de EZ por aplicar usura, consiguiendo finalmente la devolución por parte de la entidad de un total de 15.230 €.

La entidad crediticia pactó con la demandante un contrato de línea de crédito en el que se estipulaba un interés remuneratorio del 19,99 % TAE, aplicándose un tipo superior del 25,64 %.

El contrato es celebrado en fecha 1 de enero de 2003, año en el que el interés legal del dinero era de un 4,25 % y el interés legal de demora era de un 5,5 %, por lo que se puede afirmar que el tipo de interés pactado es desproporcionado y por tanto usurario.

Tras la estimación íntegra de la demanda, el Magistrado del caso declara la nulidad del contrato de línea de crédito de fecha 21 de enero de 2003 firmado entre la entidad BANCO CETELEM S.A.U. y la demandante, incluyendo el de tarjeta de crédito y de seguro asociados, por aplicar un interés remuneratorio usurario.

Asimismo, condena a la entidad crediticia a restituir a la actora todas las cantidades entregadas por ésta en concepto de intereses remuneratorios y tasas del seguro, más los intereses legales desde la presentación de la demanda judicial.

De la misma forma, las costas devengadas del proceso judicial son impuestas a la entidad.

El presente juicio ha sido encabezado por el Letrado D. Miguel Angel Correderas Garcia, colaborador con Economía Zero desde hace años.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10

Procedimiento: Procedimiento ordinario

Nº Procedimiento: 0000922/2019

Proc. origen: Procedimiento ordinario

Materia: Sin especificar

Resolución: Sentencia 000020/2020

Demandante: Dña. XXXXXX
Abogado: D. Miguel Angel Correderas Garcia
Procurador: Dña. XXXXXX

Demandado: BANCO CETELEM S.A.U.
Abogado: D. XXXXXX
Procurador: D. XXXXXX

SENTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2020

D. XXXXXX, magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria y su partido judicial, habiendo visto y oído en juicio Oral y Público la presente causa de Juicio Ordinario seguida a instancia de la procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXX, en nombre y representación de doña XXXXXX, asistida por el letrado Sr. Correderas García, contra la entidad BANCO CETELEM S.A.U., el procurador de los Tribunales Sr. XXXXXX, asistido por el letrado Sr. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXX, en nombre y representación de doña XXXXXX, presentó, en fecha 2 de julio de 2019 demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad de contrato y reclamación de cantidad, que se turnó, finalmente, en este Juzgado con el nº 922/2019.

Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho suplicó el dictado de una sentencia por la que con carácter principal declare la nulidad del contrato de cuenta de crédito permanente, suscrito en enero de 2003, por tipo de interés usurario, así como, el contrato de seguro de protección de pagos accesorio; y condene a la entidad crediticia demandada a que devuelva la cantidad pagada por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto; más intereses legales y costas debidas.

De manera subsidiaria interesa que se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de información y transparencia; y la nulidad de la cláusula de penalización por vencimiento anticipado del contrato, por abusiva; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan; más intereses legales y costas debidas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada, que contesta en su escrito de 25 de noviembre de 2019, oponiéndose.

TERCERO.- La audiencia previa tiene lugar el 11 de febrero de 2020 en la que, abierta el acto, tras la proposición de prueba, se admite la documental, formulándose conclusiones, quedando los autos conclusos y vistos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La representación procesal de doña XXXXXX ejercita acción interesando el dictado de una sentencia por la que con carácter principal declare la nulidad del contrato de cuenta de crédito permanente, suscrito en enero de 2003, por tipo de interés usurario, así como, el contrato de seguro de protección de pagos accesorio; y condene a la entidad crediticia demandada a que devuelva la cantidad pagada por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto; más intereses legales y costas debidas.

De manera subsidiaria interesa que se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de información y transparencia; y la nulidad de la cláusula de penalización por vencimiento anticipado del contrato, por abusiva; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan; más intereses legales y costas debidas.

La entidad demandada contesta oponiendo que:

1- El TAE se pactó por el 19,99 % no es manifiestamente desproporcionado puesto que no es más de dos veces y media superior al interés medio de las operaciones de crédito al consumo del año.

2- Si se compara el TAE del contrato, con las estadísticas del Banco de España para las tarjetas de crédito de pago aplazado resulta que es inferior al % medio y, en consecuencia, al interés legal del dinero.

3- La actora utilizaba la tarjeta para retirar dinero en efectivo a pesar de tener los cargos en una cuenta de la Caja de Ahorros y se le cargaban las comisiones de utilización del cajero.

4- El destino del crédito muchas veces no era la compra de bienes de consumo sino que era retiradas de dinero en efectivo a “crédito” que no pagaba a fin de mes sino que fraccionaba su pago.

5- El modo de contratación fue fuera de la sucursal. Si el contacto se ha iniciado de forma inesperada, una diligencia media exige evaluar al menos someramente qué se le está ofreciendo.

6- El método de activación de tarjeta. En coherencia con lo anterior, resulta también relevante la forma en que, de hecho, se activa este tipo de tarjetas.

En concreto este tipo de tarjetas son contratadas a pie de calle o de forma telefónica ante el ofrecimiento de un comercial.

Sin embargo, la tarjeta no se activará hasta que ésta llegue por correo al domicilio del contratante, llame a un teléfono para activarla, la active a través de la página web del prestamista, o la active en algún cajero concertado.

Por este motivo, resulta claro que el prestatario puede evaluar la carga económica de la misma, contrastarlo con el resto de productos del mercado e, incluso, adquirir un producto mejor –de haberlo-.

Dado que la disposición de la tarjeta no es inmediata, sino que requiere su recepción postal y la posterior activación, es perceptible que este tipo de producto no responde a una necesidad inminente del prestatario, por lo que si no se suscribe otro producto en mejores condiciones en el mercado, mientras aquella tarjeta llega, es porque la tarjeta ofrecía los mismos intereses que el mercado, de acuerdo con las circunstancias de riesgo, plazos de devolución y límites de crédito.

7- Inexistencia de cuenta corriente. La concesión de la tarjeta sin necesidad de tener depositados fondos en forma de cuenta corriente es también relevante.

8- Solvencia y garantías. La solvencia del deudor y la ausencia de garantías reales o personales debe también ser tomado en consideración, pues si el riesgo de la operación crediticia para el prestamista es mayor consecuentemente los intereses serán más elevados, en palabras de la STS de 19 de febrero de 1912, “lo cuantioso o crecido del interés se justifica ante el riesgo que corre el acreedor”.

Finalmente, la demandada opone que el actor debe acreditar el desequilibrio y que sea contrario a la buena fe.

El actor realiza una alegación al amparo de la existencia de falta de transparencia y de las cláusulas pero se olvida que en este tipo de contratos el consumidor tiene el derecho de desistimiento expresamente regulado en los arts 68 a 79 TRLDCU.

El actor tuvo tiempo de leer y releer el contrato, saber y conocer las consecuencias de usar una tarjeta de crédito de pago aplazado.

Durante esos días, si el actor no sabía como se utilizaba la tarjeta podría haber dado por terminado el contrato sin gastos bien a través de la cláusula que se lo permitía bien a través del derecho de desistimiento.

SEGUNDO.De la petición de nulidad contractual por el carácter usurario de la cláusula de intereses remuneratorios.

En relación con el contrato de préstamo, en la Condición Particular IV., se fija un tipo de interés TAE del 19,99 % (documento n.º 5 de la demanda), aplicándose un tipo superior del 25,64 % tal y como resulta del extracto de movimientos aportado como documento nº 6 de la demanda, debiendo declararse usurario por lo que se expondrá a continuación.

Al tratarse de intereses remuneratorios el control judicial puede ser a través de una doble vía, bien a través del control de transparencia de las condiciones generales de la contratación, o bien a través de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura si los intereses fijados en el contrato, que no pactados entre las partes, puede considerarse que se integran en el ámbito objetivo de la citada Ley Azcárate y más dada la consecuencia derivada del artículo 3 de esta ley, esto es, la nulidad del contrato, nulidad que debe ser calificada como absoluta o de pleno derecho y por ello aplicable igualmente de oficio por parte de los tribunales de justicia.

Hay que entender que la Ley Azcárate fue redactada en el año 1908, momento en el que ni siquiera se pensaba en un concepto como el de consumidor, posteriormente desarrollado de forma amplia a impulsos de la legislación comunitaria y del cambio en la forma de contratación pasándose de un convenio libremente pactado por las partes a unos contratos de adhesión en los que la única libertad del consumidor es la opción entre contratar o no, de forma que sí opta por contratar tiene que aceptar las condiciones impuestas por el empresario.

Ello supone que el sistema de aplicación de la misma también debe ser diferente, de manera que será suficiente para poder optar a su aplicación por parte del juez que el consumidor, bien demandante o bien demandado, haya alegado de forma clara su oposición al pago de los intereses remuneratorios y el carácter abusivo de los mismos.

Como señala la SAP Las Palmas (5) de 6 de mayo de 2013, el artículo 1 de la Ley de 1908 de Represión de la Usura establece tres motivos diferentes que permiten calificar un préstamo como usurario, pues la jurisprudencia, superando la doctrina en que se exigió la concurrencia conjunta de las circunstancias de todos esos motivos (SSTS de 4-1-1913, 26-6 y 27-12-1916, 8-6-1927, 20-3-1931, 13-10-1934, 10-6-1940), ha reiterado que basta concurra cualquiera de los casos o circunstancias indicadas para la calificación usuraria del contrato (SSTS de 24-3-1942, 17-12-1945, 19-10-1948, 5-11-1955, 13-12-1958, 19 junio 1962, 15 diciembre 1965 y 14 abril 1966), pues la conjunción «o» que intercala el mencionado precepto entre los elementos objetivos y subjetivos de la usura, lleva a apreciar que basta cualquiera de ellos (bien los objetivos, bien los subjetivos) para que pueda calificarse el préstamo como usurario (STS 7 de marzo de 1986 y 24 de mayo de 1988, 24 de abril de 1991), por lo que se pueden calificar de usurarios:

a) Aquellos que las partes estipulan un interés superior al normal del dinero y se entienda que es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias de cada caso.

b) Los que por las condiciones de sus pactos contengan resultados leoninos, deduciéndose de sus cláusulas que han sido aceptados por el deudor a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales y

c) Los que en la cantidad que se exprese como recibida sea mayor que la verdaderamente entregada, cualquiera que sea su suma y circunstancias.

En el presente caso nos moveríamos en el ámbito del apartado a), esto es la fijación de un interés remuneratorio superior al normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso.

Como nos recuerda la STS de 22 de febrero de 2013 «La prestación de intereses es la obligación accesoria que acompaña a la obligación pecuniaria principal y que viene determinada en relación al tiempo de cumplimiento y a la cuantía de ésta.

Aparte de los intereses legales (así, artículo 1108 del Código civil), los convencionales se establecen por los sujetos de la obligación principal, como remuneratorios previstos para el cumplimiento normal o a término y como moratorios, para la demora en el cumplimiento de la obligación principal.

Unos y otros tienen la cuantía libremente pactada por las partes (artículo 1108, «intereses convenidos» y 1255 del Código civil, principio de la autonomía de la voluntad) pero con la limitación que impone la mencionada Ley de usura en su artículo 3 que establece la nulidad del contrato con la consecuencia de que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida«.

Por tanto el interés remuneratorio será el que libremente pacten las partes, pero tal libertad no es absoluta dado que está limitada por los criterios fijados en la Ley de Represión de la Usura, que no se olvide que incide directamente sobre los intereses remuneratorios y por ello afecta de lleno al principio de autonomía de la voluntad, con más razón en casos como el presente en el que no existe pacto alguno entre las partes ni negociación a la hora de fijar los citados intereses, como sí ocurre con otros contratos financieros, sino que el interés se fija de forma unilateral en las condiciones generales, lo que implica que es común a todos los contratos que se celebren sea cual sea la condición y circunstancias del consumidor contratante, y ni siquiera se hace mención al mismo en la solicitud formulada por el consumidor y que opera como condiciones particulares…

Este control de los intereses remuneratorios no afecta al principio de autonomía de la voluntad, pues como señala la STS de 22 de febrero de 2013, «De este modo, el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos«.

Por otro lado la citada sentencia del Tribunal Supremo recuerda la vigencia del artículo 319.2 LEC (que sustituye al derogado artículo 2 de la Ley de Represión de la Usura) y que implica que «… se impone la facultad discrecional del órgano judicial de instancia (sentencia de 9 enero de 1990) o amplísimo arbitrio judicial (sentencias de 31 marzo de 1997, 10 mayo 2000) basándose en criterios más prácticos que jurídicos (sentencia de 29 septiembre de 1992) valorando caso por caso (sentencia de 13 mayo 1991), con libertad de apreciación (sentencia de 10 mayo 2000), formando libremente su convicción (sentencia de 1 de febrero de 2002)«.

Señalado lo anterior, debe de entrarse al control de los intereses remuneratorios pactados por las partes en este caso concreto.

Para ello, como es común en la jurisprudencia, se debe atender no sólo al tipo concreto del interés pactado sino también a las circunstancias concurrentes al tiempo de su suscripción (SSTS 8-11-1994, 19-5-1995, entre otras), añadiendo la STS de 7.5.2002 que «la calificación de los intereses a efectos de usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario,  pues el criterio del interés normal del dinero lo marca el mercado, en una situación de libertad de estipulación«, partiendo del normal en la época en que se suscribió el contrato para operaciones de este tipo, la desproporción debe apreciarse «ponderando tanto el volumen o importe del préstamo y sus condiciones con los riesgos asumidos por la prestamista«.

El contrato de préstamo se celebra el 21 de enero de 2003, año en el que el interés legal del dinero era de un 4,25 % y el interés legal de demora era de un 5,5 %, tal y como se fijaron en la Ley 52/2002, de 30/12/2002.

Por su parte, el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro establece que la mora de las entidades aseguradoras en caso de retraso en el pago de las indemnizaciones a asegurados y perjudicados se establece según el art. 20 de la L.C.S. en el interés al tipo legal incrementado en un 50 %, por tanto, para el año 2003 sería del 6,38 %.

Por tanto, el TAE aplicado por la entidad financiera del 25,64 % era más de 6 veces superior al interés normal del dinero, y más de 4 veces el interés legal de demora.

Si a ello añadimos que estamos en presencia de un crédito al consumo y por ello sometido a la Ley de Crédito al Consumo, que fija un máximo de descubierto en cuenta corriente de dos veces y media el interés legal del dinero, lo que supone un máximo de un 10,64 % a la fecha del contrato, no cabe duda alguna de que, cualquiera que sea la referencia que se tome, el interés es desproporcionadamente alto en relación con otros préstamos o créditos con el mismo objeto de financiación de productos de consumo.

Las consecuencias derivadas de la calificación como usuario no pueden ser otras que las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura.

Como recuerda la STS de 14 de julio de 2009, «El artículo 3 de la Ley sobre Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 establece que «declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado», precepto que se ha de poner en relación con el artículo 6.3 del Código Civil en cuanto establece que «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención», como es en este caso la fijación legal de la obligación del prestatario de devolver la suma realmente recibida.

En consecuencia, la declaración de nulidad del contrato de préstamo usurario produce como efecto fundamental el de que el prestatario está obligado a entregar tan solo lo recibido de tal modo que queda dispensado de pagar cualquier clase de intereses, usurarios o legítimos«.

Continúa dicha sentencia señalando que «La nulidad del préstamo usurario, claramente establecida por el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.

Dicha nulidad afecta a la totalidad del convenio con la única consecuencia, establecida en el artículo 3, de que ha de retrotraerse la situación al momento inmediatamente anterior al préstamo…«.

En todo caso, debemos tener en cuenta que el documento únicamente figura firmado en el anverso relativo a Condiciones Particulares y en el mismo nada se indica acerca del tipo de interés remuneratorio, ni existe tan siquiera una remisión a la aceptación de las condiciones generales plasmadas en el reverso del documento.

Por lo tanto, cabe mantener la declaración de abusiva de la cláusula de intereses remuneratorios, pues la misma no consta que haya sido expresamente pactada, conocida, ni aceptada por el consumidor, ya que se hace constar en el reverso del documento, en letra pequeña no destacada, por lo que aun cuando en principio el interés remuneratorio constituye el «precio» o contraprestación de una operación de préstamo (aquí se trata de un crédito) el mismo debe ser conocido y aceptado por el consumidor, lo que no acontece en este caso y no cabe presumir el conocimiento y aceptación exigidos, razón por la cual debe declararse abusiva la citada cláusula y tenerla por no puesta y ello aun cuando se hayan abonado por el demandado algunas cuotas anteriores, pues no cabe reputar dicho pago como aceptación tácita de unas condiciones generales no expresamente aceptadas.

Consecuencia de la anterior doctrina y de la propia dicción literal del artículo 3 de la propia ley de la usura, es la declaración de nulidad del contrato de préstamo incluyendo el de tarjeta de crédito y el de seguro asociado a aquel, debiendo la entidad demandada, restituir al actor las cantidades cobradas de más distintas del principal a restituir, incluyendo dentro de la obligación de restitución los importes correspondientes a tasa del seguro e intereses remuneratorios, con los intereses legales desde la presentación de la demanda (artículos 1101 y 1108 del Código Civil).

TERCERO.- Costas.

La estimación de la demanda determina que la demandada abonará las costas devengadas (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por la procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXX, en nombre y representación de doña XXXXXX, contra la entidad BANCO CETELEM S.A.U., representada por el procurador de los Tribunales Sr. XXXXXX, por lo que debo declarar la nulidad del contrato de línea de crédito de fecha 21 de enero de 2003, (incluyendo el de tarjeta de crédito y de seguro asociados a aquel), por intereses remuneratorios usurarios y abusivos; debiendo condenar a la entidad demandada a restituir el importe satisfecho por el actor en concepto de intereses remuneratorios y tasa del seguro, con los intereses legales desde la presentación de la demanda.

La parte demandada deberá abonar las costas devengadas.

Esta resolución es susceptible de recurso de apelación en ambos efectos ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de los VEINTE días siguientes a contar desde su notificación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, quedando la original en el libro de sentencias, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada que ha sido publicada la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Sr. magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, presente yo, el letrado de la Administración de Justicia, doy fe.

2 comentarios para Cetelem es condenada a anular una línea de crédito de un usuario de EZ por aplicar intereses de usura

  • Martí

    Buenas tardes.

    Tengo 2 tarjetas con Cetelem y una con Cofidis y me gustaría que me ayudaran con estos casos, creo que abusan mucho y no puedo pagar la deuda nunca.

    Quedo a la espera de su respuesta.

    • Economía Zero

      Hola Martí

      No te preocupes porque vamos a ayudarte a solucionar esta situación. En primer lugar, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, mediante este procedimiento lo que conseguimos es que se declare la nulidad del préstamo o la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos (superiores al 20 % ya sea o no tipo revolving).

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad del préstamo o la tarjeta es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales, ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del préstamo, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir:

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado (sumando compras, disposiciones de efectivo y demás) un total de 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 500 €, deberás devolverles únicamente la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, ya que solo tendrás que devolverle a la entidad la cantidad que realmente te prestó.

      Si por el contrario, en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, te han prestado 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales terminaste por pagar 1.500 €, deberán devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, además de anular la deuda que dicen que aún mantienes con ellos.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te anulan 500 € de deuda y te devuelven 500 € en dinero, te cobraremos el 15 % + IVA de los 1.000 € que obtienes de beneficio (esto son 181,50 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima toda la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono. Si nos dejas tu número podemos llamarte en la franja horaria que nos indiques. O si lo prefieres, puedes llamarnos tú al 689 661 685.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos de encargo y las cartas son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad.

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que indentificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tenéis recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conservéis todo o directamente nos lo enviéis para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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