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Carta al tribunal constitucional de los afectados por la supresión de las ayudas a las VPO

Al menos 43 sentencias se encuentran paralizadas en los juzgados valencianos a la espera de una decisión del constitucional.

La previsión es que el número de sentencias suspendidas podría ascender a unas 70 a finales de año, solo en la comunidad valenciana.

Los procedimientos judiciales conciernen a ayudas a la vivienda reconocidas a los afectados vpo, que fueron suprimidas “retroactivamente” por el gobierno de rajoy en el 2013.

El recurso de inconstitucionalidad fue admitido a trámite hace ahora dos años.

Plataforma afectados ayudas a la vivienda

Los afectados hemos comunicado al Tribunal Constitucional la existencia de al menos 43 sentencias suspendidas en los juzgados de la Comunidad Valenciana a la espera de que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que nos afecta. El motivo de esta carta es que, a diferencia de la cuestión de constitucionalidad, los juzgados no suelen notificar al Constitucional las suspensiones de sentencia. De este modo, ponemos en conocimiento de este Tribunal la situación de bloqueo que viven los afectados VPO.

El recurso de inconstitucionalidad fue promovido por la Coordinadora Nacional de Plataformas para defender a los afectados contra la supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en el año 2013. Fue finalmente presentado por el Partido Socialista y admitido a trámite por el Tribunal hace ya dos años, el 8 de octubre de 2013.

Hemos identificado 43 sentencias paralizadas a la espera del pronunciamiento del Constitucional. Si consideramos los procedimientos de abogados que no conocemos (por ejemplo, los de la justicia gratuita) y el calendario de juicios próximos, es muy probable que la cifra de afectados a la espera de una decisión del Constitucional supere los 70 a final de año.

Los afectados defendemos que la supresión realizada por el gobierno de Rajoy incumple nuestra Constitución, especialmente en lo relativo a la retroactividad y la seguridad jurídica (Art. 9.3, entre otros), ya que supone eliminar un derecho previamente concedido en los planes de vivienda.

Durante estos dos años, los afectados estamos padeciendo los efectos de esta supresión antisocial e injusta, teniendo que afrontar incrementos en nuestras mensualidades de entre 90 y 200 euros, y de hasta 300 euros dependiendo del plan de vivienda. Además, en muchos casos, los afectados empiezan a encontrarse entre la espada y la pared ya que no les llega para pagar la cuota y, a la vez, no pueden vender o alquilar su vivienda debido a las restricciones propias de las VPO.

Así pues, debido al número de sentencias paralizadas en los juzgados valencianos y a la situación crítica que viven los afectados, proponemos al Tribunal Constitucional que adopte las medidas oportunas para resolver el recurso de inconstitucionalidad mencionado.

QUÉ ES LA SUPRESIÓN RETROACTIVA DE LA SUBSIDIACIÓN

La supresión retroactiva de la subsidiación de préstamos protegidos VPO fue realizada por el Gobierno de Rajoy en dos disposiciones legales: RDL-20/2012 Art.35 y Ley 4/2013 Disp. Adic. Segunda. Estas normas han eliminado unas ayudas que fueron previamente reconocidas en los planes de vivienda, lo que infringe los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos, entre otros principios constitucionales. Por ello, el Partido Socialista presentó un recurso de inconstitucionalidad que lleva ya más dos años pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.

La supresión retroactiva de la subsidiación VPO afecta a más de 300.000 familias de toda España. La Comunidad Valenciana es la autonomía más afectada, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante. Las familias afectadas, muchas de ellas en situación socioeconómica difícil, deben pagar entre 90 y 300€ más al mes por su hipoteca protegida, sin posibilidad de vender o alquilar para hacer frente a este incremento (dadas las condiciones que rigen en la vivienda protegida), abocados por tanto en algunas situaciones límite al desahucio.

Muchas de estas viviendas fueron adquiridas en un período de precios de burbuja y, por lo tanto, tienen hipotecas que difícilmente pueden soportar este incremento mensual. A la vez, deben asumir unos tipos de interés que el Gobierno de Rajoy continúa incrementando por encima de la tendencia del mercado.

La supresión retroactiva incumple el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de las leyes que nuestra Constitución protege en el Art. 9.3. El gobierno del PP ha suprimido esta ayuda aprovechando su rodillo parlamentario. En estos momentos, está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Puedes ver la carta al tribunal constitucional de los afectados por la supresión de las ayudas a las VPO en ESTE ENLACE (PDF).


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