En la conferencia sectorial vivienda que ha tenido lugar en el ministerio, varios consejeros autonómicos han pedido a fomento la recuperación de la subsidiación a la adquisición de vivienda protegida.
Estas ayudas fueron suprimidas retroactivamente hace 4 años y afecta a más de 300.000 familias.
Hasta el momento, fomento no ha incluido estas partidas en el borrador del nuevo plan estatal de vivienda 2018-2021, que se debatió en la sectorial.
[MADRID 16/DIC/2016] De momento, han trascendido las intervenciones de los siguientes consejeros en defensa de los afectados por la supresión retroactiva de la subsidiación:
ANDALUCÍA: El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido recuperar ayudas a la promoción y acceso a inmuebles protegidos y al alquiler, en concreto, las líneas de ayudas a adquirentes de nuevas viviendas protegidas a través de la subsidiación de los préstamos hipotecarios.
ASTURIAS: la consejera asturiana de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha propuesto al Ministerio crear un grupo de trabajo con las comunidades en donde se aborde la recuperación de las prórrogas de préstamos subsidiados a la compra de pisos protegidos para aquellas familias comprometidas en anteriores planes, posibilidad que se eliminó en el último documento.
CASTILLA-LA MANCHA: En relación a los préstamos subsidiados, la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha solicitado que se recuperen las ayudas a la subsidiación de los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas protegidas, al menos para aquellos ciudadanos que las tuvieron concedidas en su día y que sucesivas normas estatales de 2012 y 2013 impidieron prorrogarlas. Este hecho ha puesto a muchas familias de la región en una situación económica muy difícil, al aumentar notablemente la cuantía de la hipoteca que pagaban anteriormente.
COMUNIDAD VALENCIANA: Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda, la consellera María José Salvador también ha pedido recuperar en el nuevo Plan 2018-2021 un programa cuyo objeto sea “el pago de las ayudas de subsidiación de préstamos que se concedieron en los anteriores Planes Estatales de Vivienda”, ya que, según ha recordado la consellera “al eliminar unilateralmente estas ayudas mucha gente que tenía concedida una subvención para pagar su hipoteca se quedó sin percibirla en años posteriores”. De hecho, en toda España están sufriendo esta situación 300.000 familias.
COMUNICADO DE LA CONSELLERÍA:
El Consell plantea al actual Ministro de Fomento un nuevo programa de ayudas al pago de la hipoteca para evitar desahucios.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha reclamado al Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, que incorpore para el próximo ejercicio 2017 un «nuevo programa de ayudas para evitar las situaciones por ejecuciones hipotecarias o por desahucios». Para la consellera, sería «necesario incorporar una línea que ayude a las personas a pagar parte de su hipoteca, tal y como existe para las ayudas de alquiler, y así poder evitar gran parte de las situaciones que se producen por la imposibilidad de impago de hipotecas».
Así lo ha manifestado Salvador, después de asistir, junto a la directora de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, a la Conferencia Sectorial de Vivienda convocada por el Ministerio de Fomento con las diferentes comunidades autónomas.
Según ha explicado, la consellera ha lamentado que en el vigente Plan de Vivienda 2013-2016 «no se hacía ninguna referencia a situaciones provocadas por desahucios cuando fue el periodo donde más casos se produjeron». Por ello, «dada la situación del parque de viviendas de las comunidades autónomas y la situación de vulnerabilidad que viven muchas familias, el próximo año se debería poner en marcha un plan que debería incluir unas líneas de ayudas para el pago de las cuotas hipotecarias frente al posible riesgo que tienen muchas familias por imposibilidad del pago de la hipoteca», ha indicado.
En este sentido, la consellera ha reclamado al actual ministro que «actúe de forma inmediata frente al drama que siguen padeciendo muchas familias que sufren desahucios en España porque la competencia sigue siendo estatal» y ha recordado la «necesidad urgente de que el gobierno de España elabore una verdadera Ley de Segunda Oportunidad donde se adopten medidas de reestructuración de la deuda y de dación en pago»
De hecho, Salvador ha advertido de que en la Comunitat Valenciana «estamos actuando dentro de nuestras competencias, que están limitadas, pero la Ley por la Función Social de la Vivienda -que está en tramitación en Les Corts- se contemplan diversas actuaciones de mediación y también donde se ofrecen alternativas cuando se producen los desahucios». Es más, Salvador también ha reclamado que el Gobierno Central legisle para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda como se ha hecho en la Comunitat Valenciana.
Recuperación de la subsidiación de préstamos hipotecarios
Por otra parte, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda, la consellera María José Salvador también ha pedido recuperar en el nuevo Plan 2018-2021 un programa cuyo objeto sea «el pago de las ayudas de subsidiación de préstamos que se concedieron en los anteriores Planes Estatales de Vivienda», ya que, según ha recordado la consellera «al eliminar unilateralmente estas ayudas mucha gente que tenía concedida una subvención para pagar su hipoteca se quedó sin percibirla en años posteriores». De hecho, en toda España están sufriendo esta situación 300.000 familias.
Ampliación del Plan de Rehabilitación
En cuanto a rehabilitación, para la consellera de Vivienda, sería «interesante» que el ministerio «ampliara el Plan de Rehabilitación Edificatoria que tiene actualmente porque «solo permite la rehabilitación de los elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva pero, en cambio, no permite en ningún caso la rehabilitación del interior de las viviendas».
Según ha recordado Salvador, el gobierno valenciano «sí que ha incorporado un plan autonómico para 2017 que prevé 3 millones de euros para la reforma de baños y cocinas» y, por tanto, ha pedido al gobierno de España que «siga la línea marcada por el actual Consell y contemple también una línea de rehabilitación de espacios interiores de viviendas y de mejora de las condiciones constructivas y funcionales».
Ayudas a jóvenes y víctimas de violencia de género
La consellera también ha pedido una línea para financiar las rentas de alquiler a jóvenes «para facilitar el acceso a la primera vivienda» y, además, «dada la especial vulnerabilidad que sufren las víctimas de violencia de género también queremos que sean consideradas prioritarias en la concesión de los diferentes tipos de ayudas».
Financiación del nuevo Plan Estatal
Por último, Salvador también se a referido a algunas cuestiones más técnicas referentes al funcionamiento del Plan Estatal de Vivienda porque, según ha explicado, «dada la infrafinanciación que padecemos algunas autonomías, los recursos económicos de los que disponemos son muy limitados y, por tanto, el ministerio debería aumentar la aportación básica que realiza y que no está condicionada a la aportación de las diferentes comunidades».
De esta manera, muchas autonomías han coincidido hoy en reclamar que se aumente esta aportación básica del Ministerio y en cambio se rebaje la parte adicional «que está condicionada a la aportaciones de las administraciones autonómicas».
CONTEXTO: El Gobierno de España suprimió retroactivamente la posibilidad de prorrogar la subsidiación de intereses de sus préstamos protegidos a más de 300.000 familias con el Art. 35 RDL 20/2012 y la segunda disposición adicional de la Ley 4/2013.
Se trata de familias que, en la época de la burbuja inmobiliaria, solo podían acceder a una vivienda gracias a estas ayudas, cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos en los planes de vivienda. Ahora, desde hace más 4 años, estas familias llevan asumiendo de sus propios bolsillos un sobrecoste de sus hipotecas de entre 90 y 300 € más al mes.
Muchas de ellas han de asumir enormes hipotecas a las que no pueden hacer frente sin las ayudas; sin opción a vender o alquilar; todo ello, además, en el marco de crisis económica generalizada.
El Gobierno de España ha vulnerado el derecho a la vivienda reconocido en la legislación básica de la Unión Europea y del derecho internacional. Ha infringido principios jurídicos consagrados en el derecho europeo, como los de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas.
No se puede legitimar que se prive de la renovación de la ayuda a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un préstamo protegido. Además, estos cambios normativos han provocado un “caos jurídico”, al aplicarse de manera desigual, afectando en unos casos sí y en otros no a beneficiarios en las mismas condiciones.
+ INFO: Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO