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Hucha de reclamaciones de EZ

Banco Santander pierde la apelación interpuesta a un usuario de EZ y le devuelve 4.168,42 €

Banco Santander pierde la apelación interpuesta a un usuario de EZ y le devuelve 4.168,42 €

La Audiencia Provincial Civil de Madrid desestima el recurso de apelación impuesto por Banco Santander contra un usuario de EZ y corrobora la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 8 de Getafe.

La demandada realizó a la actora el cobro indebido de comisiones por descubierto y comisiones de gestión de reclamación de posiciones deudoras, como se observó en la sentencia de primera instancia, por el contrato de una cuenta corriente que la actora pactó con la entidad.

La Magistrada-Juez del caso condena a Banco Santander a la retribución de la cantidad indebidamente cobrada a la parte actora, 4.168,42 €, en concepto de comisiones de descubierto y de reclamación de posiciones deudoras indebidamente aplicadas, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Las costas causadas de los procesos judiciales de primera y segunda instancia son impuestas a la entidad bancaria.

El presente recurso y el procedimiento de Primera Instancia fueron dirigidos por la Letrada Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo (Picallo Abogados), especialista en productos bancarios y colaboradora desde hace años de Economía Zero.

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Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Décima

Recurso de Apelación 661/2019
Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 08 de Getafe
Autos de Juicio Verbal (250.2) 273/2018

APELANTE: BANCO SANTANDER, S.A. (Grupo Santander)
PROCURADOR D. XXXXXX

APELADO: D. XXXXXXX y Dña. XXXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 448/2019

ILMA. SRA. MAGISTRADA: Dña. XXXXXX

En Madrid, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

La Magistrada Dña. XXXXXX, de la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Juicio Verbal (250.2) 273/2018 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 8 de Getafe a instancia de BANCO SANTANDER, S.A. (Grupo Santander) oficina 6123 apelante – demandado, representado por el/la Procurador D. XXXXXX y defendido por Letrado D. XXXXXX, contra D. XXXXXX y Dña. XXXXXX y apelados – demandantes, representados por el/la Procurador Dña. XXXXXX y defendidos por la Letrada Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 14/02/2019.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, siendo Magistrado Ponente Dña. XXXXXX,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 8 de Getafe se dictó Sentencia de fecha 14/02/2019, cuyo fallo es el tenor siguiente:

«PRIMERO.- Estimar íntegramente la demanda interpuesta por el actor, y en su virtud condenar al demandado, al pago al actor de la cantidad de 4.168,42 €, intereses vistos en los fundamentos y con expresa imposición al demandado, de las costas causadas.

SEGUNDO.- Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe interponer ante este Juzgado, Recurso de Apelación en 20 días para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Así por esta mi Sentencia de la que se llevara certificación literal a los autos, y juzgando definitivamente en Primera Instancia, lo pronuncio, mando, y firmo”.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 10 de septiembre de 2019, se acordó con el turno establecido señalar para la resolución del presente recurso el 17 de septiembre de 2019.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Banco de Santander, S.A., se presentó recurso de apelación frente a la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2019 por la que se estimó íntegramente la demanda interpuesta por D. XXXXXXX y Dña. XXXXXX quienes reclamaban al banco el cobro indebido de comisiones por descubierto y comisiones de gestión de reclamación de posiciones deudoras por un total de 4.168,42 euros.

Alegaban los actores en su demanda que en realidad el banco cobró indebidamente un total de 5.899,44 euros tal y como se detalla en el doc. nº 3 de la demanda, por tres conceptos: gastos por reclamación de posiciones deudoras, comisión de descubierto y comisión de exceso; que reclamaron extrajudicialmente el cobro indebido de dicha cantidad al Banco demandado el cual reconoció haber cobrado indebidamente un importe de 1.640,06 euros que fue restituido en la cuenta de los actores en fecha 13 de febrero de 2018, pero el banco no solamente no devolvió el total que se reclamaba por dichos conceptos sino que además continuó cobrando hasta la actualidad -28 de abril de 2018- las comisiones, siendo por ello que solicitan en el suplico de su demanda la condena al Banco a devolver 4.168,42 euros correspondiendo dicha cantidad a conceptos por gastos por reclamación de posiciones deudoras y comisiones de descubierto aún sin restituir.

Contra la citada sentencia se alza el Banco de Santander, S.A., alegando, en síntesis, que las citadas comisiones no tienen que devolverlas porque se pactaron contractualmente entre las partes y por tanto se encuentran vinculadas en virtud del artículo 1.255 del Código civil; existencia acreditada de un servicio efectivamente prestado que han producido una serie de gastos reales como consecuencia de incumplimiento del prestatario; que está probada la reclamación por descubierto; que una tercera empresa, denominada Reintegra S.A, era la que llevaba la gestión de reclamaciones a los deudores y que se acredita con el documento nº 5 de la contestación los apuntes que dicha empresa realizó al respecto referido a la cuenta de los demandantes; que la comisión se encuentra prevista en el código de buenas prácticas; por todo ello, insistiendo en que estaría justificado el cobro de las citadas comisiones, solicita la revocación de la sentencia.

Los actores apelados D. XXXXXXX y Dña. XXXXXX se opusieron al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 1254 del Código civil que “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.

El artículo 1895 del Código civil establece que “Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla”.

Por otro lado, respecto al motivo referente a la existencia de error en la valoración de la prueba alegado por el banco, debemos tener en cuenta una serie de reflexiones.

La primera guarda relación con la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que, en sus apartados 2 y 3, establece que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1 del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor, si a éste le corresponde la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 6 del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.

La segunda relativa a la valoración conjunta de la prueba, se hace necesario destacar, como ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de abril de 1993, que las pruebas no caben ser fragmentadas ni desarticuladas para sacar así conclusiones propias para pretender imponerlas, indicando la Sentencia de nuestro Alto Tribunal de 25 de mayo de 1973 que “según reiterada doctrina de esta Sala, no cabe, cuando la prueba se ha apreciado en conjunto, separar alguna de las probanzas o elementos de ella, para con apoyo en ellos, acusar al Juzgador de haber incidido en equivocación”.

La valoración conjunta de la prueba, por tanto, comprende todas las practicadas durante el procedimiento conectadas entre sí, no las que aisladamente señala la parte que deben ser examinadas.

Por último, en cuanto a la función del órgano ad quem cuando se denuncia el error en la valoración de la prueba, la Sentencia de la Sección 12 de fecha 30 junio de 2011, rollo 9/2010 en cuanto a la función del órgano ad quem cuando se denuncia el error en la valoración de la prueba, lo siguiente:

En tal sentido, ha de señalarse que, si bien el recurso de apelación por su carácter ordinario permite la revisión íntegra del juicio fáctico, no está sin embargo estructurado para sustituir, sin razón alguna, el criterio imparcial y ponderado del Juez por el subjetivo de la parte.

Para que triunfe este motivo, habrán de aportarse razones objetivas que hagan manifiesto el error valorativo del Juez, pues éste, como decisor de la controversia, está en posición equidistante de las partes, y, en principio, puede otorgar mayor o menor valor a determinados medios probatorios que ante él se hayan practicado”.

Aplicando esta doctrina al caso de autos, el recurso no puede prosperar. La parte recurrente pretende sustituir el criterio del Juzgador de instancia, que es objetivo e imparcial, por el suyo propio.

El Juzgador de instancia ha realizado un análisis de la prueba en la sentencia que ahora se ataca y a los que nos remitimos, sin que los razonamientos vertidos en el recurso sirvan para desvirtuar las conclusiones a las que llega el Juez a quo.

TERCERO.- Con respecto al contrato de apretura de cuenta corriente y la comisión de reclamación de descubierto, debemos tener en cuenta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 10 de enero de 2012 que establece el criterio que consideramos acertado aplicar al caso que nos ocupa y que indica en su Fundamento de Derecho Quinto lo siguiente:

QUINTO.- “Respecto a la procedencia del cobro de la comisión de descubierto, ya hemos dicho que la misma no puede ser meramente cumulativa a los intereses por tal concepto (pues ello supondría el incremento disfrazado de un tipo porcentual ya de por sí elevado -el 29%-), sino que ha de tener una justificación autónoma, que la denominada «jurisprudencia menor» -en sintonía con la doctrina administrativo-bancaria del Banco de España- residencia en la realización de nuevos estudios o cálculos por la entidad bancaria en relación a la concesión implícita de nuevo crédito que implica la tolerancia del descubierto.

Y esto es lo que no ha probado el banco demandado, que no ha justificado qué contraprestación supuso para su organización o para su funcionamiento la admisión reiterada de los descubiertos, puesto que su mera existencia ya fue sobradamente compensada con un tipo de interés cercano al tercio del capital.

Sin que esta Sala considere que el mero hecho de que el cliente soportara calladamente dichas comisiones durante un tiempo prolongado suponga aceptación tácita o acto propio, pues la doctrina que desarrolla tales conceptos no es aplicable en beneficio de una entidad que tiene que cumplir con normas de carácter imperativo (Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito y Orden y Circular antes citadas), y si no lo hace, no puede suplirse ese incumplimiento con el hecho de que el cliente no reclame, máxime cuando normalmente éste se encuentra respecto de la entidad en una situación de relevante dependencia financiera.

Como consecuencia de lo cual, apreciándose que el requisito del pacto de la comisión de descubierto únicamente concurre parcialmente, y no concurriendo el requisito de la existencia de una prestación efectiva distinta a los intereses moratorios por descubierto (lo que, por lo demás, supone una mala praxis bancaria, conforme a la doctrina del Servicio de Reclamaciones del Banco de España), debe considerarse indebido el cobro de dicha comisión, dando lugar, por tanto, a la retrocesión de las cantidades indebidamente cargadas en la cuenta de la actora, puesto que su cobro carece de causa (en este sentido, Sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Málaga de 14 de abril de 2009).

Como dice la ya citada Sentencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de mayo de 2011, «cuando las Entidades de crédito acceden a conceder a sus clientes un crédito de descubierto, les cobran importantes sumas de dinero como contraprestación a ello, mediante la aplicación de importantes tipos de interés, muy superiores a los que se cobran por los préstamos ordinarios, lo cual evidencia que la razón de ser de estos importantes tipos de interés es porque con los mismos, además de remunerarse por el dinero prestado, se indemniza al Banco por la especial situación que se crea por el descubierto, pues han de realizarse mayores apuntes, se corre mayor riesgo, es decir existe coincidencia con lo que pretende retribuir la comisión por descubierto, por lo que de admitirse la postura de la entidad bancaria, se produciría una doble remuneración, para un mismo servicio, lo cual no resulta admisible, por vulnerar tanto el derecho civil común, como la normativa sectorial bancaria, conforme a la cual la contraprestación a favor del Banco, en los préstamos, se establece un tipo de interés, no una comisión».

A resultas de lo cual, debe revocarse la sentencia de instancia, a fin de condenar a la entidad demandada al pago de las comisiones de descubierto indebidamente cobradas, por importe de 71.188,09 euros”.

Aplicando esta doctrina al caso de autos, a la vista de la prueba practicada en la instancia y que no ha sido desvirtuada en esta alzada por el banco recurrente, debemos decir en concreto sobre el documento nº 5 al que se hace referencia en el recurso -obrante al folio 358 de los autos-, que se trata de un documento unilateral en el que no consta claro a qué obedece, siendo lo cierto que con ello el Banco no justifica los estudios realizados para poder cobrar la comisión que nos ocupa de manera independiente, máxime teniendo en cuenta el alto interés moratorio pactado en el contrato, por lo que no cabe estimar el motivo aducido respecto de la comisión por descubierto porque sigue sin probar el derecho al cobro, luego debe reintegrarse a los demandantes apelados.

En consecuencia, el motivo aducido sobre la procedencia del cobro efectuado por el banco relativo a la comisión por descubierto no puede prosperar.

CUARTO.- El Banco de Santander manifiesta que tiene derecho al importe que cobró en concepto de reclamación de posiciones deudoras a los demandantes.

Las audiencias provinciales siguen casi de manera unánime el mismo criterio respecto del incorrecto cobro en concepto de reclamación de posiciones deudoras en casos como en el que nos ocupa y, a modo de ejemplo, citamos la sentencia de 13 de abril de 2018 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Oviedo que sirve para tener en cuenta que nos encontramos ante una comisión indebida por cuanto hay carencia de prueba al respecto.

La Sentencia citada establece al final de su Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente:

“Además de ello, la finalidad de esta comisión, es la misma que la de los intereses de demora, cuya función según reiterada doctrina del TS, recogida entre otras en su sentencia de 26 octubre 2011, es «sanción o pena con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones…», de modo que si a ese interés de demora pactado se sumara la comisión litigiosa, es claro que esta ultima encubre una autentica cláusula penal cumulativa que debería haberse reflejado con tal naturaleza y claridad en el contrato pues el impago en los plazos pactados ya se retribuye con los intereses de demora”.

Aplicando este criterio al caso de autos, este motivo tampoco puede prosperar, por lo que debe llegarse a la misma conclusión desestimatoria a la que llega la sentencia de instancia.

En el presente caso, no se ha justificado que por el Banco haya existido una efectiva gestión personal de reclamación realizadas ante el deudor por la cantidad impugnada y actuaciones seguidas de forma personalizada.

Además debe tenerse en cuenta que dicha comisión en reclamación por posiciones deudoras supone en sí misma una indemnización añadida a la pactada respecto de los altos intereses de demora.

En consecuencia, también se desestima el recurso respecto del cobro de dichas comisiones.

Los argumentos que anteceden justifican, sin entrar en más consideraciones, la desestimación del recurso de apelación y, en consecuencia, la procedencia de confirmar la sentencia de instancia.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso de apelación y confirmar la sentencia de instancia, procede imponer las costas causadas en la presente alzada a la parte apelante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398 en relación con el 394 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de genera y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXXX en nombre y representación del Banco de Santander contra la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2019 por el Juzgado número 8 de los de Getafe en los autos de juico verbal seguidos al número 273/2018 de los que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución.

Se imponen las costas causadas en la presente alzada a la parte apelante.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y efectos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta XXXXXX, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de sala nº 661/2019, la pronuncio, mando y firmo.

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