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Hucha de reclamaciones de EZ

Anulado un préstamo Moneyman por aplicar intereses abusivos del 1.427,69 % TAE

Anulado un préstamo Moneyman por aplicar intereses abusivos del 1.427,69 % TAE

Un Juzgado de Primera Instancia de Santander anula el contrato de un préstamo Moneyman (IDFINANCE SPAIN S.L.U.) por aplicar un tipo de interés (TAE) del 1.427,69 %, porcentaje que el propio Juez en la sentencia califica de «desproporción evidente entre el coste del mismo y el coste medio de las operaciones de préstamo en esas mismas épocas, que carece de toda justificación«.

La demanda presentada en nombre y representación del consumidor, un usuario de EZ, fue dirigida por la Abogada Azucena Natalia Rodríguez Picallo (Despacho Picallo Abogados), que está especializada en reclamaciones bancarias, y entre ellas, en la nulidad de contratos de préstamos rápidos y tarjetas de crédito con tipos de intereses usurarios.

Para anular el contrato del préstamo Moneyman, la sentencia acude a una larga lista de jurisprudencia, entre ella la dictada por el Tribunal Supremo en Noviembre de 2015, ademas de aludir constantemente a la Ley de Represión de la Usura de 1908, conocida también como Ley Ázcarate, gracias a la cual se están anulando miles de contratos de productos usurarios como el del préstamo Moneyman aquí juzgado.

Aunque la entidad en su respuesta a la demanda intentó desvirtuar los argumentos de la parte demandante, basándose en que este tipo de préstamos rápidos o micro-préstamos no pueden ser tratados de igual modo que los concedidos para ser devueltos en plazos más amplios, el Juez señala que no cabe tal pretensión, puesto que la propia Ley de Represión de la Usura dice claramente que ésta se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

Finalmente, el contrato es anulado por usurario, teniendo que ser devuelto al consumidor todo el dinero pagado por el préstamo Moneyman que supere el capital efectivamente prestado por IDFINANCE SPAIN S.L.U., cuantía que tras la ejecución de sentencia resultó ascender a 399,50 €. Como la entidad también fue condenada a pagar todas las costas causadas en el procedimiento, dichas costas sirvieron de pago de los honorarios de la Abogada y Procuradora del usuario de EZ, por lo que éste percibió íntegramente el dinero recuperado.

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Si tienes, o has tenido (la usura no tiene prescripción) uno o varios préstamos rápidos con Moneyman, VIVUS, Creditea, Monedo Now u otras entidades similares, o una tarjeta de crédito de cualquier entidad financiera (Wizink, Bankia, Banco Sabadell, Carrefour, etc.), es más que posible que te hayan aplicado intereses usuarios y puedas recuperar todo el dinero pagado que supere el que realmente te prestaron.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 SANTANDER

SENTENCIA nº 000283/2018

Santander, a 14 de diciembre de 2018. Vistos por mí, XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander, los autos de Juicio Ordinario nº 495/18, instados por XXXXXX, representado por la Procuradora Sra. XXXXXX y defendido por la Letrada Sra. Rodríguez Picallo, contra IDFINANCE SPAIN S.L.U., representada por el Procurador Sr. XXXXXX y defendida por la Letrada Sra. XXXXXX, en procedimiento de declaración de nulidad de contrato de préstamo, dicto la siguiente

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Procuradora Sra. XXXXXX, en la representación citada, se interpuso en su día demanda de juicio ordinario contra la demandada en la que se manifestaba que el 4 de febrero de 2018 el demandante había formalizado con la demandada un contrato de préstamo por un importe de 500 €, a devolver en sesenta y dos días, que imponía al pago aplazado unos intereses remuneratorios tan elevados que resultaban usurarios, por ser notable e injustificadamente superiores al tipo medio de referencia aplicable a los créditos al consumo, además de abusivos por desproporcionados y no introducidos en el contrato con la debida transparencia.

Por tales motivos el demandante acompañó a la demanda los documentos en que fundaba su derecho, solicitando que se dictara sentencia que, estimando la demanda, declarara la nulidad por usura del referido contrato de 4  de febrero de 2018, y condenara a la demandada a pagar todas las costas del procedimiento.

SEGUNDO: Turnada a este Juzgado la demanda, se admitió a trámite, dándose traslado de la misma a la demandada y emplazándola a comparecer y contestar en el término de veinte días, lo cual verificó negando que el tipo de interés remuneratorio fuera usurario o que no se hubiera introducido en el contrato con la debida transparencia, ya que había sido conocido y aceptado libremente por el demandante, no se trataba del primer préstamo formalizado entre las partes, y no era desproporcionado porque no debía compararse con el aplicado a los créditos al consumo, sino a los demás tipos de contrato de préstamo de similares características al de litis, en los que el prestatario no ofrecía ninguna garantía para la devolución del dinero recibido. La demandada acompañó a su contestación los documentos en que fundaba su derecho, solicitando que se dictara sentencia desestimatoria de la demanda, con imposición de costas al actor.

TERCERO: Citadas las partes a la celebración de la audiencia previa prevista por la Ley, asistieron ambas debidamente representadas en el día señalado, ratificándose en sus respectivas pretensiones e interesando el recibimiento del pleito a prueba.

El demandante aclaró que no interesaba la declaración de nulidad por abusiva de ninguna cláusula, ni tampoco la devolución de ninguna cantidad percibida en exceso.

Abierto el periodo probatorio, ambas partes propusieron únicamente prueba documental, que se admitió, por lo que conforme al art. 429.8 LEC las partes emitieron sus conclusiones, quedando seguidamente los autos vistos para sentencia.

CUARTO: En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: En este procedimiento el demandante solicita la nulidad del préstamo formalizado en su día con la demandada (Doc. 1 de la demanda), basada en el carácter usurario de los intereses remuneratorios aplicables al mismo.

La Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (en adelante, LNCPU) se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil, que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes (“pacta sunt servanda”), de modo que el control que se establece a través de la LNCPU no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255 CC, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos.

La jurisprudencia (SSTS 23-11-09, 4-9-07, 8-6-06 y 2-10-01, entre otras) ha interpretado el art. 1 LNCPU en el sentido de que para que pueda calificarse de usurario un préstamo cuya nulidad se sostenga en esa causa, es preciso que quien la invoca acredite cumplidamente la concurrencia de alguno de los supuestos citados en la LNCPU, lo cual es plenamente coherente con la regla de distribución de la carga de la prueba contenida en el art. 217.3 LEC.

Así, para declarar que unos intereses remuneratorios son usurarios no basta con acreditar que objetivamente son muy elevados, sino que además debe probarse cualquiera de las siguientes situaciones (art.1 LNCPU): que sean manifiestamente desproporcionados con las circunstancias de cada caso; que hayan sido aceptados por hallarse el prestatario en una situación de angustiosa necesidad económica, bien por su inexperiencia, o bien por lo limitado de sus facultades mentales; o que en la cantidad que se exprese como recibida sea mayor que la verdaderamente entregada.

Así, la STS 7-5-02 consideraba que la calificación de los intereses a efectos de usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario y del interés que fuera normal en la época en que se suscribió el contrato para operaciones de este tipo, debiendo apreciarse la desproporción ponderando tanto el volumen o importe del préstamo y sus condiciones como los riesgos asumidos por el prestamista.

Y la STS 22-2-13 recordaba que si bien el art. 2 LNCPU está derogado, ha sido sustituido por el art. 319.3 LEC, que dispone que, en materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción, sin vinculación a lo establecido en el art. 319.1; lo que significa que el órgano judicial de instancia cuenta con amplias facultades discrecionales (STS 9-1-90) o un amplísimo arbitrio judicial (SSTS 10-5-00  y 31-3-97), pudiendo basarse en criterios más prácticos que jurídicos (STS 29-9-92), y debiendo valorar  caso por caso (STS 13-5-91) con libertad de apreciación (STS 10-5-00), formando libremente su convicción (STS 1-2-02).

Conforme al art. 3 LNCPU, declarada con arreglo a dicha ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida, sin intereses. Es decir, ha de retrotraerse la situación al momento inmediatamente anterior a la obtención del crédito, por lo que obliga al deudor a devolver solo lo recibido, pero sin poderse beneficiar para ello de plazo alguno, sino que esa devolución (como retroacción automática derivada de la declaración sobrevenida de inexistencia del negocio) ha de ser inmediata.

En consecuencia, la declaración de nulidad del contrato de préstamo usurario produce como efecto insoslayable la obligación del deudor de devolver al menos el capital percibido, quedando únicamente dispensado de abonar los intereses remuneratorios, si bien ciertamente en unas condiciones que a efectos prácticos pueden no ser las deseables para el deudor que pide la nulidad del contrato de crédito por usurario, pues la STS 14-7-09 expresa que el art. 3 LNCPU se ha de poner en relación con el artículo 6.3 del Código Civil (que establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, como es en este caso la fijación legal de la obligación del prestatario de devolver la suma realmente recibida), en el sentido de que la declaración de nulidad del contrato usurario tiene su justificación en una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria.

SEGUNDO: Aplicado lo dicho al caso de autos, es un hecho no controvertido y documentado (Doc. 1 de la demanda) que la tasa anual equivalente (TAE) aplicada al préstamo de litis fue de nada menos que del 1.427,69 % anual.

El demandante reputa usurario este tipo de interés remuneratorio porque, según una tabla comparativa que aporta con la demanda (Doc. 7), resulta muy superior a los aplicados generalmente en el mercado a las operaciones de crédito al consumo, que en el mes anterior a la formalización del contrato eran del 8,52 % para las operaciones de crédito al consumo entre uno y cinco años.

La demandada no discute este dato, sino que simplemente no comparte que sea ése el criterio comparativo adecuado, pues considera que la comparación debe hacerse respecto de los tipos aplicados al mismo tipo de contrato que el de litis, el de préstamos por cantidades pequeñas y un plazo de devolución muy corto (lo que denomina “micropréstamos” -identificados según el Doc. 2 de la contestación como aquéllos por cantidades que oscilan entre los 50 y los 1.000 €, a devolver en no más de dos meses-, que en esas fechas ofertaban unas TAE que oscilaban entre el 235,12 y el 13.781,70 % anual (hecho Segundo, apartado 2.1, y Docs.4 a 9, de la contestación), por lo que el tipo aplicado por la demandada no sería de los más elevados.

Obviamente la resolución de la presente litis pasa por determinar cuál es el criterio comparativo más adecuado, y ciertamente debe optarse por el propuesto en la demanda.

En efecto, la SAP Cantabria, sec. 2ª, 15-5-18, en un supuesto mucho menos exorbitante que el de litis (entonces se examinaba el carácter usurario de un tipo de interés remuneratorio de un préstamo con una TAE del 26,30 %), se hacía eco de los criterios fijados en la STS (Pleno) 25-11-15 en la que el demandante apoya su pretensión,  pudiendo extraerse de su lectura las siguientes conclusiones:

1.- Que la LNCPU resulta perfectamente aplicable a supuestos como el de litis, pues su art. 9 señala que lo dispuesto por dicha Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

2.- Que la citada STS recordaba la línea jurisprudencial aplicable a la LNCPU en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley, por lo que, a los efectos que aquí interesan, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija que haya sido “aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Es decir, que, a los efectos de “unidad” y “sistematización” jurisprudencial que debían informar la aplicación de la LNCPU, la ineficacia a que da lugar el carácter usurario del préstamo tiene el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado, sin exigir la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

3.- Que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”, para cuya determinación cabía acudir a las estadísticas publicadas por el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.); obligación informativa de las entidades que tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos, y para lo cual el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras, y a la que el Banco de España dio adecuado cumplimiento a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio.

4.- Que si el verdadero núcleo de la cuestión litigiosa consiste en determinar cuál debe de ser el precio o interés normal del dinero a tomar por referencia para decidir sobre el carácter usurario o no del litigioso, si el habitual en el mercado para ese concreto producto o forma de financiación, o bien otro distinto, como serían los préstamos a la financiación de uno a cinco años, la STS 25-11-15 se decantó por lo segundo, concretamente por el “interés normal del dinero” publicado en las estadísticas del Banco de España en aplicación del Reglamento (CE) nº 63/2002, por lo que en ese caso el interés del contrato litigioso (26,30 %), era notablemente superior al normal del dinero en la época de la contratación (que lo era de 8,85 %).

La citada STS 25-11-15 ha sido seguida, entre otras, por las SSAP León, sec. 2ª, 1-3-18; Asturias, sec. 5ª, 16-10-17; Madrid, sec. 20ª, 20-2-17; Pontevedra, sec. 6ª, 27-10-16; Salamanca, sec. 1ª, 18-3-16; Guipúzcoa, sec. 2ª, 15-2-16, y Barcelona, sec. 14ª, 29-12-15; así como por la SAP Cantabria, sec. 4ª, 17-12-15.

Es importante resaltar a estos efectos que la STS 25-11-15 precisó que, como el art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, declara que “se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor”, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no debe ser el nominal, sino la TAE, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

5.- Que el hecho (no discutido) de que préstamos como el de litis tengan un tipo de interés muy superior a los demás préstamos al consumo no justifica la imposición de unos intereses remuneratorios tan elevados, no solo porque la práctica habitual no justifica la elusión de la LNCPU (sino que se requiere una especial circunstancia asociada al prestatario que lo justifique), sino sobre todo porque la STS 25-11-15 precisaba que aun cuando las circunstancias concretas de un determinado préstamo (por ejemplo el mayor riesgo para el prestamista derivado de ser menores -o inexistentes- las garantías concertadas) puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la LNCPU, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, no puede justificarse una elevación del tipo de interés absolutamente desproporcionado sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de préstamo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Y como se ha dicho, en el caso que nos ocupa la comparativa de la tasa anual equivalente aplicada al contrato de litis revela una desproporción evidente entre el coste del mismo y el coste medio de las operaciones de préstamo en esas mismas épocas, que carece de toda justificación, y que cabe considerar una práctica usuraria conforme al primer inciso del art. 1 LNCPU.

A esta conclusión no puede oponerse el riesgo de impagos anudado a los contratos de préstamo, en primer lugar, porque en el momento de formalizarse el contrato la demandada no podía saber que el demandante iba a incurrir en morosidad (de hecho, como se verá seguidamente, en la contestación reconoce que devolvió un primer préstamo); y en segundo lugar, porque ya se ha dicho que la STS 25-11-15 no justifica la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, en perjuicio de quienes cumplen regularmente sus obligaciones.

Tampoco (como se ha adelantado, y contra lo pretendido en el Hecho Primero, apartado 1.2 de la contestación) tiene ninguna relevancia que tres semanas antes del que nos ocupa el demandante hubiera formalizado otro préstamo en idénticas condiciones y lo hubiera devuelto sin protestar su carácter usurario, pues que sea usurario no depende del subjetivo conocimiento y eventual aceptación de las condiciones por el prestatario, sino del hecho objetivo de que el tipo de interés sea “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado, y en este punto la ya citada STS 7-5-02 precisaba que la calificación de los intereses a efectos de usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario y del interés que fuera normal en la época en que se suscribió el contrato para operaciones análogas.

Por todo ello, la demanda va a ser íntegramente estimada, no habiendo lugar a condenar a la demandada a devolver al demandante las sumas eventualmente cobradas que excedan del principal recibido en préstamo por éste y que no haya devuelto, porque el demandante aclaró en la audiencia previa que, como se deducía del suplico de su demanda, no interesaba tal pronunciamiento.

TERCERO: Conforme al art. 394.1. LEC procede condenar a la demandada en costas, dada la íntegra estimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta en su día por la Procuradora Sra. XXXXXX:

PRIMERO: DEBO DECLARAR y DECLARO la nulidad del contrato de préstamo formalizado el 4 de febrero de 2018 entre XXXXXX e IDFINANCE SPAIN S.L.U.,por haber incluido unos intereses remuneratorios usurarios, por lo que el prestatario solo estará obligado a devolver a la prestamista el capital recibido por dicho préstamo.

SEGUNDO: DEBO CONDENAR y CONDENO a IDFINANCE SPAIN S.L.U. a pagar todas las COSTAS causadas en este procedimiento.

Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este Tribunal, por escrito, en plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del recurso se deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

La admisión de dicho recurso precisará que, al prepararse el mismo, se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BANCO DE SANTANDER nº XXXXXX con indicación de “recurso de apelación”, mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso, de acuerdo a la D.A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. El Magistrado-Juez.

PUBLICACIÓN.– De conformidad con lo que se dispone en el artículo 212 de la LEC, firmada la sentencia por el Juez que la dictó, se acuerda por la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia su notificación a las partes del procedimiento y el archivo de la misma en la oficina judicial, dejando testimonio en los autos, de lo que yo la Letrada de la Admón. de Justicia doy fe.

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