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Sentencia contra Dineo por usura reintegra 759,43€

Juzgado de Sevilla dicta sentencia contra Dineo por usura en los intereses remuneratorios de varios préstamos rápidos teniendo que devolver 779,43€ a un cliente de Economía Zero.

Entre las partes se concertaron varios préstamos rápidos entre el 12/09/2019 y el 26/11/2020.

En los contratos se impusieron unos intereses TAE que oscilan entre 3.564,42% y el 3.752,00% sin que se haya justificado por parte de la entidad unos intereses tan desproporcionados, cuando en las fechas de contratación 2019 y 2020 la media de del interés TAE no superó el 20%.

El demandante presentó una reclamación extra judicial solicitando la nulidad de los contratos y la devolución de todo lo pagado por encima del capital prestado por su carácter usurario, reclamación que no fue atendida por la entidad.

Finalmente el Magistrado del caso estima la demanda declarando nulos los contratos y dicta sentencia contra Dineo por usura en los intereses obligando a devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado, cantidad que suma 779,43€.

En la sentencia contra Dineo se imponen las costas del proceso a la entidad.

Don Daniel González Navarro letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la sentencia contra Dineo.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 14 DE SEVILLA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1403/2021. Negociado: MT

SENTENCIA Nº252/2022

En Sevilla, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.

Dña. XXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado con el número 1403/2021, a instancia de D. XXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXX, contra DINEO CRÉDITO, S.L., entidad representada por el Procurador D. XXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. XXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXX, interpuso demanda de juicio ordinario contra la entidad DINEO CRÉDITO, S.L., en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba por suplicar se dictara sentencia por la que.

I. Con carácter principal, declare la nulidad por usura de los contratos de préstamo objeto de la demanda y, condene a la demandada a que devuelva a la demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más los intereses que correspondan; así como al pago de las costas del pleito.

II. Con carácter subsidiario, declare la nulidad por abusividad de la cláusula de penalización por impago y condene a la demandada a la devolución de todos los importes indebidamente cobrados en aplicación de la cláusula declarada nula, más los intereses que correspondan; así como al pago de las costas del pleito.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para contestar en plazo de veinte días, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía.

Presentado el escrito de contestación, se convocó a las partes al acto de la audiencia previa, al que comparecieron ambas partes.

Tras determinar las partes los hechos objeto de controversia, propusieron como prueba únicamente la documental aportada.

Admitida la prueba propuesta, quedaron los autos conclusos para sentencia sin necesidad de celebrar el acto del juicio.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La acción ejercitada en la demanda con carácter principal es la de nulidad de los contratos de préstamos concertados por las partes, por ser usurarios.

Estos contratos son los siguientes:

I. Contrato de préstamo Nº XXXX Duración o plazo: 30 días. Fecha de contratación: 12/09/2019 Tipo de interés remuneratorio: 3.752,00 % TAE.

II. Contrato de préstamo Nº XXXX Duración o plazo: 30 días. Fecha de contratación: 12/09/2019 Tipo de interés remuneratorio: 3.752,00 % TAE.

III. Contrato de préstamo N.º XXXX Duración o plazo: 30 días. Fecha de contratación: 12/11/2019 Tipo de interés remuneratorio: 3.564,42 % TAE.

IV. Contrato de préstamo Nº XXXX Duración o plazo: 15 días. Fecha de contratación: 31/12/2019 Tipo de interés remuneratorio: 3.564,42 % TAE.

V. Contrato de préstamo Nº XXXX Duración o plazo: 15 días. Fecha de contratación: 01/05/2020 Tipo de interés remuneratorio: 3.564,42 % TAE.

VI. Contrato de préstamo Nº XXXX Duración o plazo: 30 días. Fecha de contratación: 26/11/2020 Tipo de interés remuneratorio: 3.564,42 % TAE.

Subsidiariamente, se solicita la nulidad de la cláusula de penalización por impago con condena a la demandada a la devolución de todos los importes indebidamente cobrados.

La entidad demandada se opone a la demanda alegando que el tipo de interés pactado no es contrario a la Ley de Represión de la Usura, dadas las circunstancias del caso, constando toda la información económica del contrato en el mismo, redactado de manera clara y precisa.

El demandante conocía perfectamente las condiciones del contrato, habiéndose beneficiado de la financiación obtenida.

A ello se añade que: a) DINEO CREDITO SL, no es ninguna entidad de crédito o banco y no está supervisada por el Banco de España ya que se trata de un intermediario financiero.

b) Como se desprende de las condiciones particulares los honorarios del préstamo son claros, así como los costes relativos al incumplimiento como son las penalizaciones por impago e intereses moratorios.

c) El cliente disponía a su alcance de información previa suficiente de las ofertas que se publican en el mercado tanto por nuestra entidad como por cualquier otra que se dedique al mismo sector.

d) En ningún caso nos encontramos un crédito revolving, sino ante préstamos de escasa cuantía, con condiciones sencillas y comprensibles, con términos pactados desde el inicio sin que se produzcan cambios sorpresivos o no previsibles por el cliente según las condiciones de contratación.

El actor no tiene en cuenta que el préstamo concertado es de los denominados micro préstamos, caracterizados: tanto porque el importe del principal prestado es muy poco importe; como porque el plazo para su devolución igualmente es muy pequeño: de 5 a 30 días.

Que son relevantes las circunstancias concretas del préstamo en cuestión como son el principal y el plazo de devolución lo evidencia y confirma el hecho que la Ley 16/2011, de Crédito al Consumo excluya del ámbito de aplicación de dicha Ley a los contratos cuyo importe total sea inferior a 200 euros.

Las entidades de crédito que tradicionalmente se han dedicado a la actividad de concesión de préstamos o créditos al consumo no conceden micro préstamos, entendiendo por éstos a aquellos préstamos cuyo principal no supera los 500 euros y el plazo para su devolución es inferior a los seis meses.

El riesgo que conlleva esta actividad es muy elevado tanto porque las características del micro préstamo excluyen la existencia de garantías de carácter real –prenda o hipoteca- como porque el coste de la recuperación judicial por incumplimiento del prestatario es superior a los intereses remuneratorios y moratorios en caso de impago.

La calificación como usurarios de los intereses remuneratorios no puede hacerse derivar de la proporción que este tipo de interés guarde con el interés legal del dinero, sino con el “interés normal o habitual” de este tipo de operaciones de micro créditos.

Concluye que los micro prestamos comercializados por DINEO y que contrató el actor cumplen con ese requisito legal de tener un tipo de interés que no resulta manifiestamente desproporcionado tanto respecto al que cobran en el mercado el resto de entidades que comercializan productos similares, como con las circunstancias del caso.

Así, DINEO CRÉDITO, S.L. pertenece al sector de los micro préstamos, y como tal, forma parte de la Asociación Española de Micro Préstamos (AEMIP), que tiene un Código de Conducta Tipo, cuya copia se acompaña como documento 18.

SEGUNDO.- No ha sido discutida la formalización de los contratos de préstamo ni sus condiciones, habiéndose indicado la TAE de cada uno de ellos en el primer fundamento de esta sentencia. El art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios dispone que «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

La estipulación que fija los intereses remuneratorios puede ser perfectamente compresible y transparente, y, pese a ello, establecer unos intereses usurarios.

El análisis de esta cuestión debe partir de la STS de 25 de noviembre de 2015, de cuya lectura se extraen las siguientes conclusiones: 1.- Que la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios es aplicable a cualquier operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado el TS en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

2.- Que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible acumuladamente que el préstamo «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

3.- Que el elemento comparativo del contrato que debe ser tenido en cuenta para determinar si el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero es el TAE y no el TIN, afirmando que dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

4.- Que el interés con el que debe compararse el TAE no es el interés legal, sino el interés de operaciones crediticias de la misma naturaleza que la que fuera objeto del contrato. En este sentido, señala la sentencia que «el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)».

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, la normalidad no precisa de especial prueba, mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, señalando la sentencia del Tribunal Supremo citada que, en una operación de financiación del consumo como la analizada, no puede justificarse un interés tan excesivo «sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

La STS 149/2020, de 4 de marzo, aclara que para realizar la comparación debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias, deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación cuestionada presenta más coincidencias.

La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa nos lleva a declarar que el contrato suscrito entre las partes debe ser calificado de usurario por las siguientes razones: Nos hallamos ante contratos de préstamo a los que es aplicable la Ley de Represión de la Usura de acuerdo con su artículo 9.

Se trata de préstamos con un periodo de vencimiento muy corto -30 días-, que son objeto de concesión muy rápida, sin apenas trámites y que, además, llevan aparejado un elevado interés.

Ciertamente, las estadísticas del Banco de España no contemplan específicamente estos préstamos rápidos, pero ello no es óbice para valorar su condición en relación a los intereses de operaciones de consumo.

Nos hallamos ante seis contratos de préstamo, concertados entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020, en los que se fijó una TAE que oscila entre el 3564% y el 3752%.

Así, aun acudiendo a los tipos más elevados que recogen las estadísticas del Banco de España (concretamente el «revolving» a través de tarjeta de crédito), para el año 2020, en que se prevé una TAE del 18,06% anual, es evidente que la TAE de los préstamos objeto del litigio exceden de todo lo admisible en un tipo de interés que pretende ser el precio de un préstamo.

La desproporción es manifiesta, sin que la demandada haya aportado a los autos elementos que permitan la comparación con el extraordinario tipo de interés nominal aplicado a las operaciones que nos ocupan.

La entidad financiera que concedió los préstamos no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, no siendo de recibo la alegación del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a este tipo de operaciones, argumento expresamente descartado en la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos muy superiores a los normales, que facilita el sobre endeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

El que los intereses pactados en las operaciones examinadas puedan resultar similares al de otras operaciones de competidores de la demandada en el mercado, tampoco vale como término de comparación, dado que no constan datos del órgano supervisor (Banco de España) u otro organismo independiente.

Según lo razonado por el TS un mayor riesgo puede justificar un mayor interés, pero en el producto objeto de examen no cabe estimar ponderado el tipo de interés fijado, no solo porque no consta sea el tipo medio general de un préstamo al consumo para los plazos de devolución previstos, sino también porque no justifica la existencia de una TAE de tal entidad.

El tipo fijado no es equilibrado ni atendiendo a la rapidez y agilidad con que se concede, ni al mayor riesgo asumido.

Así, aun cuando por las características de los préstamos litigiosos se pudiera admitir cierta desviación respecto de los generales de consumo, no es admisible en la proporción que se da en este caso.

Debe añadirse que la jurisprudencia menor -faltando pronunciamientos específicos del TS sobre esta subespecie de los créditos al consumo- se decanta con claridad en favor de la interpretación que mantenemos en la presente resolución, pudiéndose citar en tal sentido las sentencias de 17/3/2021, 21/05/2020 y 26/3/2021, respectivamente de las Secciones 5ª, 6ª y 7ª de la Audiencia Provincial de Oviedo.

1 de junio y 12 de julio de 2021 de la Sección Quinta de la Audiencia de A Coruña (con sede en Santiago de Compostela); 16/2/21 de la Sección 2º de la Audiencia Provincial Santander; 15/01/2021, 16/10/2020 respectivamente de las secciones 4ª y 5ª de la Audiencia Provincial Zaragoza; o 24/3/21 de la Sección 11ª de la AP Valencia. La SAP de Zaragoza Civil sección 5, del 01 de julio de 2022 (ROJ: SAP Z 1423/2022 – ECLI:ES:APZ:2022:1423) establece: “Que las estadísticas del Banco de España no contemplen específicamente estos préstamos rápidos no es óbice para valorar su condición en relación a los intereses de operaciones de consumo.

Además, como recordaba la citada S.T.S. 628/2015 «el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí sólo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia».

Dicha sentencia añade que “las explicaciones que ofrece la recurrente y demandada (breve periodo, inteligencia de solvencia y alta probabilidad de impago) no son explicaciones de la naturaleza extraordinaria, prácticamente extravagante de dichos intereses.

La citada S.T.S. argumenta a este respecto, sin género de dudas, que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos muy superiores a los normales, que facilita el sobre endeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

Prosigue la sentencia citada que la TAE es un indicativo del coste del crédito, contabilizando para ello, no solo los intereses, sino también los gastos y comisiones.

El artículo 6.1 d) de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo la define como » el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido, más los costes contemplados en el apartado 2 del artículo 32, si procede».

Por ello, considera que la TAE es un vehículo apto para permitir comparar el coste entre los diferentes productos financieros del mercado y considera que si su expresión en préstamos de duración inferior al año, aplicando la misma forma de cálculo, es muy alta, es el indicativo de que tienen un coste efectivo muy elevado.

No puede la cuestión debatida limitarse a que, como la cantidad es reducida y es transparente la cláusula de intereses, no es preciso acudir a la TAE, pues se sabe lo que se va a tener que pagar como intereses.

El mecanismo de cálculo del coste es además de obligatoria inclusión en el contrato conforme al art. 9.2 c) de la Ley citada, para la publicidad del producto, art. 10.3 g) para la información pre contractual y art. 16.2 g) para cada concreto contrato. Su cálculo es objeto de especial atención por el art. 32 y el Anexo I de la norma.

Finalmente, la ausencia de esta mención no es inocua en cuanto el art. 21.2 de la Ley lo sanciona con la sustitución del pago del interés, en cuanto queda reducido al pago del interés legal por el consumidor en los plazos convenidos.

Finalmente, dicha sentencia afirma que ni la falta de garantías, más allá de la personal del deudor, ni la rapidez de su concesión, ni la obligación de valorar su solvencia con premura justifican una TAE tan elevada.

Por tanto, no puede la demandada alegar que, porque formaliza rápidamente dicha operación, puede aumentar los intereses del préstamo.

De otra parte, tampoco ha justificado, ni mediante prueba directa ni indiciaria, que tales circunstancias le suponen un aumento de costes de gestión que ha de repercutir sobre sus clientes.

En definitiva, las particulares circunstancias del contrato no son una causa válida para el aumento del tipo de interés o, al menos, para justificar una desviación tal del mismo respecto al de los contratos de consumo de duración no superior al año.

De otra parte, tampoco se considera acreditado, más allá de aportar las medias aplicables por las empresas del sector, según calcula la asociación que las agrupa, que tales operaciones sean todas las realizadas, ni que estos precios no sean fijados arbitrariamente por ellas.

Que el Banco de España no ejerza su supervisión sobre las empresas que actúan en este ámbito financiero no impide determinar el coste medio del producto por instrumentos objetivos más allá de cálculos voluntaristas realizados por las propias entidades del sector agrupadas profesionalmente en una asociación.

Este cálculo se plasma en el certificado emitido por la Asociación Española de Micro Préstamos (AEMIP). El mismo no ha de ser aceptado como ponderación objetiva del coste efectivo de este tipo de productos financieros.

Finaliza la sentencia citada indicando que el actor conozca que el préstamo que se acepta es notablemente superior al normal del dinero no impide que el mismo pueda ser declarado usurario, pues la configuración de este tipo de usura es, conforme a la doctrina del TS – STS de Pleno de 25 de noviembre de 2015 y 4 de marzo de 2020- , de construcción principalmente objetiva.

En consecuencia, cabe concluir que la elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» en la proporción que se da en este caso, determina el carácter usurario de las operaciones.

La consecuencia del carácter usurario del préstamo es su nulidad, que ha sido calificada por la Sala Primera del TS como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» (sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio) con los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

De haber abonado una cantidad superior a la recibida de la demandante, resulta de aplicación la previsión de la segunda parte del precepto según el cual, si el prestatario hubiera satisfecho parte de la suma percibida como principal y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 de la LEC, se imponen las costas procesales a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por DÑA. XXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXX, contra Sistemas Financieros Móviles, S.L.: 1. Declaro la nulidad de la nulidad radical de los contratos objeto de la demanda por tratarse de contratos usurarios; con los efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el art. 3 de la Ley sobre Represión de la Usura, condenando a la demandada a que devuelva a la demandante la cantidad pagada por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más los intereses que correspondan.

2. Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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