¿Te han incluido indebidamente en ASNEF?

TOTAL RECUPERADO
16.366.961 €

Hucha de reclamaciones de EZ

Sentencia contra Cofidis por usura devuelve 1.956€

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Vendrell dicta sentencia contra Cofidis S.A declarando nulo por usura un contrato de una línea de crédito. El cliente de Economía Zero ha recuperado 1.956€.

La parte actora solicitó la nulidad por usura en el contrato y que se declarase nula la comisión de impagados por considerarla abusiva.

El juez estima íntegramente la demanda y declara nulo el contrato de crédito al consumo suscrito entre las partes por contemplar un interés usurario, obligado a Cofidis S.A. a devolver el capital que exceda lo prestado más los intereses legales.
Se imponen las costas procesales a la parte demandada.

El Letrado colaborador de Economía Zero Don Martí Solá Yagüe ha sido el encargado de conseguir la siguiente sentencia contra Cofidis.

!!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO LA NULIDAD DE TU LÍNEA DE CRÉDITO CONSIGUE UNA SENTENCIA CONTRA COFIDIS Y RECUPERA TU DINERO !!!!

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Vendrell
Juicio ordinario número 243/2020

SENTENCIA nº 96/2021

El Vendrell, 25 de mayo de 2021
Don , juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Vendrell, ha visto los autos de juicio ordinario número 243/2020 promovidos por doña XXXX , representada por el procurador de los tribunales don y asistida por el letrado don Martí Solá Yagüe, frente a Cofidis, S.A. Sucursal en España, representada por la procuradora de los tribunales doña XXXX y asistida por la letrada doña XXXX , sobre nulidad contractual.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 27 de mayo de 2020 doña XXXX presentó demanda de juicio ordinario frente a Cofidis, S.A, Sucursal en España.
Indicaba la actora que en agosto de 2015 había suscrito con la entidad Cofidis, S.A., Sucursal en España (en adelante, Cofidis) un contrato de línea de crédito al consumo revolvente o “revolving”. Según la demandante, dicho contrato contemplaba, en concepto de interés remuneratorio, una Tasa Anual Equivalente (en adelante, TAE) del 24,51%, lo que, a su juicio, constituía un interés usurario. Subsidiariamente, alegaba la actora el carácter abusivo de la cláusula de comisión de impagados inserta en el mismo.
Por todo ello pedía el dictado de una sentencia por la que se declarara la nulidad del contrato de crédito al consumo por contemplar un interés remuneratorio usurario o, subsidiariamente, la nulidad de la cláusula de comisión de impagados, debido a su carácter abusivo, todo ello con las consecuencias jurídicas correspondientes, consistentes en la condena de la entidad demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato o, en su caso, de la cláusula declarada abusiva, más los intereses legales correspondientes, con expresa imposición de las costas procesales a la contraparte.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a Cofidis para personarse y contestar. El día 16 de octubre de 2020 Cofidis contestó a la demanda. En su contestación, la entidad demandada negaba el carácter usurario del interés remuneratorio contemplado en el contrato, así como el carácter abusivo de la cláusula de comisión de impagados contemplada en el contrato.
Por ello pedía el dictado de una sentencia por la que se desestimara la demanda, con imposición de las costas procesales a la actora.

TERCERO.- El 24 de mayo de 2021 tuvo lugar la audiencia previa a la que comparecieron los letrados y los procuradores de las partes. Comprobada la subsistencia del litigio y desestimadas las excepciones procesales alegadas por la entidad demandada referidas a la inadecuación del procedimiento y a la indebida acumulación de acciones, las partes procedieron a fijar los hechos controvertidos.
A continuación, la parte actora propuso los siguientes medios de prueba: documental, consistente en la reproducción de los documentos acompañados al escrito de demanda, y más documental, consistente en dos requerimientos a la entidad Cofidis a fin de que aportara el estudio de riesgos efectuado en la contratación del crédito y la relación de movimientos referidos al contrato impugnado.
Por su parte, la entidad demandada propuso prueba documental, consistente en la reproducción de los documentos acompañados al escrito de contestación a la demanda.
La prueba documental propuesta por ambas partes fue admitida. La prueba más documental propuesta por la actora fue inadmitida. La parte demandante formuló recurso de reposición frente a la inadmisión, el cual fue desestimado en el acto. Frente a dicha desestimación, la actora formuló protesta.
A continuación, al haberse admitido exclusivamente prueba documental, quedaron las actuaciones vistas para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del juicio y de la controversia
El presente procedimiento tiene por objeto el ejercicio de una acción de nulidad contractual por usura de los intereses remuneratorios pactados en el contrato de línea de crédito al consumo, tipo revolvente o “revolving”, suscrito entre las partes o, subsidiariamente, la declaración de nulidad de la cláusula de comisión de impagados debido a su carácter abusivo. Así, la demandante señala que en agosto de 2015 celebró un contrato de crédito al consumo tipo revolvente o “revolving” con la entidad Cofidis y que dicho contrato contemplaba una TAE del 24,51%. Según la señora , dicho interés remuneratorio es usurario, lo que determina la nulidad del contrato. Subsidiariamente, la demandante solicita la declaración de nulidad, debido a su carácter abusivo, de la cláusula relativa a la “comisión de impagados”. En cualquiera de los dos casos, doña XXXX solicita que tenga lugar la consecuencia jurídica propia de las referidas declaraciones, es decir, la correspondiente condena de restitución con los intereses correspondientes (en el caso de la acción principal, la restitución prevista en la legislación aplicable y, en el caso de la acción subsidiaria, la restitución relativa a las cantidades cobradas en concepto de la “comisión de impagados).
Por su parte, la entidad demandada niega el carácter usurario del interés remuneratorio y señala que el índice con que debe compararse la TAE contemplada en el contrato es el correspondiente a las tarjetas de crédito “revolving”, a diferencia de lo que señala la parte actora, quien sostiene que la TAE contractual debe compararse, a efectos de determinar su carácter usurario, con el tipo medio ordinario general de operaciones de créditos al consumo renovables en el momento de la contratación, que en agosto de 2015 era del 4,202%. Además, Cofidis se opone al carácter abusivo de la cláusula de comisión de impagados alegada de contrario.
Cabe destacar que no ha resultado controvertida en este procedimiento la condición de consumidor de la actora, ni la condición de “empresario o profesional” de la demandada, ni que las cláusulas contenidas en el contrato litigioso constituyen condiciones generales de la contratación, ni que dicho contrato litigioso tenga el carácter de crédito revolvente o “revolving” destinado a operaciones de consumo, ni que la TAE aplicada sea del 24,51%.

Por el contrario, las cuestiones que resultan controvertidas en el presente procedimiento son las siguientes:
I.- Nulidad del contrato por interés remuneratorio usuario
a) Cuál es el índice de referencia comparativo
b) Si, a la vista de lo anterior, concurre o no usura en el caso concreto
II.- Subsidiariamente, nulidad de la cláusula de comisión de impagados con base en su alegado carácter abusivo.

SEGUNDO.- Nulidad del contrato por interés remuneratorio usurario
La demandante pretende, en primer lugar, la declaración de nulidad del contrato por contemplar un interés remuneratorio usurario, con base en el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre Nulidad de los Contratos de Préstamos Usurarios (en adelante, LRU), a lo que la demandada se opone. Por tanto, para resolver sobre esta cuestión, es evidente que debe partirse del artículo 1 LRU, que dispone: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Por su parte, el artículo 9 LRU señala que “lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”. Así, resulta claro que el contrato objeto de examen se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación de dicha ley, al tratarse de una línea de crédito al consumo, a través de la cual la entidad prestamista pone a disposición del prestatario una cantidad de dinero, la cual habrá de ser devuelta por el consumidor con el pago de unos determinados intereses, calculados bajo el sistema “revolving”.
Además, debe tenerse en cuenta lo expuesto por el Pleno del Tribunal Supremo, en su sentencia número 628/2015, de 25 de noviembre, reiterado en su sentencia número 149/2020, de 4 de marzo, en relación con esta normativa, al señalar: “Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija “que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales””. Por tanto, lo primero que deberá ser objeto de examen para determinar el posible carácter usurario del interés pactado en el contrato es si efectivamente se ha estipulado un interés remuneratorio “notablemente superior al normal del dinero”. En el presente caso, el interés pactado en el contrato viene representado por una TAE del 24,51%, tal como consta del propio documento contractual (DOC. 4 actora y DOC. 2 contestación, cuya respectiva autenticidad no ha sido impugnada por la contraparte); además, este extremo (TAE del 24,51%) constituye un hecho no controvertido por las partes, es decir, un hecho admitido en el proceso. Pues bien, la resolución de esta cuestión controvertida exige, a su vez, la determinación de cuál era el interés normal del dinero en la época de la contratación, circunstancia que es discutida por las partes.

Para arrojar luz sobre este extremo, resulta enormemente esclarecedora para el caso concreto, que tiene por objeto una tarjeta de crédito “revolving”, la reciente sentencia del Tribunal Supremo número 149/2020, de 4 de marzo, que establece: “Para determinar la referencia que ha de utilizarse como “interés normal del dinero” para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe tomarse el tipo medio de interés, en el momento de la celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuales el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.
En el mismo sentido, y referido a un caso como el presente, esta sentencia especifica: “En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como “interés normal del dinero”. Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda”.
A la vista de esta sentencia, resulta claro que el índice con el cual debe compararse la TAE aplicada en el contrato es el que se corresponda precisamente con la operación crediticia cuestionada. La actora sostiene que la referencia debe ser la reflejada en la primera columna del Cuadro 19.4 del Boletín Estadístico “Tipos de Interés (TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares ISFLSH”, publicado por el Departamento de Estadística del Banco de España, denominada “Descubiertos y Líneas de Crédito”. Para justificar su postura, la demandante aporta una consulta efectuada al Banco de España (DOC. 9 actora), relativa a las “líneas de crédito (sin tarjeta), tanto revolving como no revolving” y que la referida entidad responde en el sentido afirmado por la actora. Si efectivamente fuese éste el índice de referencia aplicable (constituido por un 4,202% en agosto de 2015) resulta más que evidente que el interés remuneratorio pactado en el contrato (TAE del 24,51%) resulta “notablemente superior” a aquél y, por tanto, usurario, al superar en casi veinte puntos porcentuales este tipo comparativo y representar un incremento del 483,29%. A pesar de ello, cabe reseñar que la consulta aportada por la actora acredita cuál es el índice que, según el Banco de España, debe tomarse como referencia para la operación crediticia descrita por la demandante, pero no sirve para probar cuál es concretamente la operación crediticia contratada en el presente caso.
De hecho, la entidad demandada parece calificar la operación crediticia de distinta manera, al sostener que el índice de referencia comparativo debe ser el de la columna contenida en el mismo Cuadro 19.4 del Banco de España, antes referido, denominada “tarjetas de crédito y tarjetas revolving”, el cual vendría representado en el año 2015 por un tipo de interés del 21,13% (y específicamente para el mes de agosto de 2015, de un 21,24%), tal como justifica documentalmente la entidad demandada (DOC. 4 contestación). Pues bien, ante esta controversia, cabe concluir que la actora no explica ni acredita suficientemente la razón de la calificación de la concreta operación contratada como comprendida dentro de la categoría “descubiertos y líneas de crédito” del Cuadro 19.4 del Banco de España y excluida de la columna “tarjetas de crédito y tarjetas revolving”. Debe entenderse que, conforme al artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), incumbe a la demandante la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión; en este caso, entre otros, las específicas características del crédito contratado que determinan su comparación con la columna de “descubiertos y líneas de crédito” (tipo de interés en la época de la contratación del 4,202%), lo que no puede considerarse cumplido en este caso.
De hecho, el propio documento, en sus condiciones particulares (DOC. 4 actora y DOC. 2 contestación) califica el producto financiero contratado como de “crédito renovable o revolving”. Además, el contrato aportado por las partes recoge estipulaciones relativas a la forma de utilización y a las condiciones de uso de la “tarjeta de crédito”, lo que refuerza la exigibilidad a la demandante de su carga de alegar y probar las concretas características del producto financiero contratado que determinen la improcedencia de su comparación con el tipo medio de “tarjetas de crédito y tarjetas revolving”, ante las dudas que existen sobre la concreta figura financiera contratada y, específicamente, sobre su comparación con el índice relativo a las “tarjetas de crédito y tarjetas revolving”.
En cualquier caso, sentado lo anterior, aun en el supuesto de que el índice que se tomara como referencia fuera el que marca el tipo medio de interés aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito “revolving”, publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, lo cierto es que el tipo de interés contractualmente previsto debería seguir considerándose como “notablemente superior” al normal del dinero. Ello es así porque, tal como recogen las tablas estadísticas publicadas por el Banco de España, el tipo de interés aplicado a los créditos al consumo mediante tarjetas de crédito y “revolving” en el año 2015 era del 21,13% y, específicamente, del 21,24% en el mes de la contratación (agosto de 2015).
Esto significa que el tipo de interés aplicado (24,51%) es superior en más de tres puntos porcentuales al “normal del dinero” (esto es, al de las operaciones de tarjetas de crédito y “revolving”) en aquella época. Para valorar este incremento, resulta esclarecedor lo expuesto por el Tribunal Supremo en la precitada sentencia número 149/2020, de 4 de marzo, al señalar: “El tipo medio del que, en calidad de “interés normal del dinero”, se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de “interés normal del dinero”, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que, para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionada con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50% […] Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomando como “interés normal del dinero” de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito”.
Partiendo de lo expuesto, debe calificarse el tipo de interés comparativo en el presente caso, del 21,24%, como ya de por sí muy elevado. Ello convierte en especialmente sensible cualquier incremento porcentual que se aplique sobre dicho tipo. En el presente caso, el tipo de interés aplicado, del 24,51%, supone un incremento porcentual considerable respecto de tipo comparativo, pues constituye un aumento de más de tres puntos porcentuales respecto de un tipo que ya de por sí es muy elevado. Ello determina que el interés contemplado en el contrato sea efectivamente “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, toda vez que la entidad demandada, a quien incumbe la carga de la prueba, no ha acreditado la concurrencia de circunstancias particulares en este asunto que justificaran la aplicación de un tipo de interés tan elevado. No cabe acoger las alegaciones de la entidad demandada relativas a que la apreciación de la usura exige que el interés pactado exceda en más de un tercio al índice comparativo (tipo medio), sino que, con base en lo manifestado por el Tribunal Supremo sobre el escaso margen que debe existir para aumentar tipos de interés ya de por sí muy elevados (como el presente), y la tendencia a que dicho margen se reduzca a medida que el interés aumente, el interés previsto en el contrato impugnado debe considerarse usurario, máxime cuando no constan circunstancias específicas que, en el caso concreto, hayan justificado la imposición de un precio tan elevado para la operación crediticia.
Por ello, partiendo de todo lo expuesto y, fundamentalmente, de la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal Supremo en sus recientes sentencias, anteriormente reseñadas, procede declarar usurario el interés estipulado en el contrato de crédito “revolving” de fecha 5 de agosto de 2015 y, consecuentemente, conforme al artículo 1 LRU, la nulidad de dicho contrato.
En cuanto a las consecuencias jurídicas de esta nulidad, el artículo 3 LR dispone: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.
Por todo lo expuesto, procede estimar íntegramente la demanda y, en consecuencia, declarar la nulidad del contrato de crédito “revolving” celebrado entre las partes el 5 de agosto de 2015 por contemplar un interés usurario, con los efectos previstos en el artículo 3 LRU. Esto es, Cofidis, S.A., Sucursal en España deberá pagar a doña XXXX la cantidad que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.
En relación con la posibilidad de que dichas cantidades se concreten en ejecución de sentencia, debe tenerse en cuenta, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 9 de enero de 2018, que expone: “La sentencia de 10 de diciembre de 2015, con cita de la sentencia de 17 de abril de 2015, rec. 728 de 2014, declaró: “Esta Sala en la STS del Pleno de 16 de enero de 2012, RIC núm. 460/2008, que reiteran las de 28 de junio, 11 de julio y 24 de octubre de 2012, 9 de enero y 28 de noviembre 2013, ha declarado, en interpretación de los artículos 209.4.º LEC y 219 LEC, que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión. Esto puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales – contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes. No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación. Como se examinó en la citada STS del Pleno, cuando se produce esta situación cabe acudir a dos criterios que impidan la indefensión de las partes. Es posible remitir la cuestión a otro proceso o, de forma excepcional, permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución. Ambas soluciones han sido utilizadas en sentencias de esta Sala atendiendo a las circunstancias singulares de cada caso”. En el presente caso, si bien no se procedió a una cuantificación específica, no es menos cierto que la alusión en el suplico de la demanda al abono de la cantidad que excediere del capital prestado y lo demás expresado a continuación en el mismo implica una base suficiente para diferirlo a la fase ejecutoria, donde existirán instrumentos idóneos para su determinación”.
Por tanto, debe considerarse en el presente caso que la cuantificación económica exacta sobre las relaciones contractuales entre las partes puede llevarse a cabo en ejecución de sentencia, pues dicha cuantificación, en atención al contenido del fallo de la presente resolución y de los documentos que se encuentren a disposición de las partes, precisa únicamente de la realización de una mera operación aritmética.

TERCERO.- Intereses
Conforme al artículo 1100 CC, “incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación”.
Por su parte, el artículo 1108 CC dispone: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal”.

CUARTO.- Costas
En virtud del principio de vencimiento objetivo contenido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas procesales a la parte demandada, puesto que ha visto rechazadas todas sus pretensiones.

 

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, este juez ha decidido ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por la representación procesal de doña XXXX
frente a Cofidis, S.A., Sucursal en España y, en consecuencia:
1.- DECLARAR la nulidad del contrato de crédito al consumo suscrito entre las partes el 5 de agosto de 2015 por contemplar un interés usurario.
2.- CONDENAR a Cofidis, S.A., Sucursal en España a devolver a doña XXXXX todas las cantidades percibidas con base en dicho contrato que excedan del capital prestado, más los intereses legales correspondientes. Dicha cantidad se determinará en ejecución de sentencia.
3.- CONDENAR a Cofidis, S.A., Sucursal en España al pago de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de su notificación para su conocimiento por la Ilma.
Audiencia Provincial de Tarragona.
Así se acuerda y firma.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

La moderación de comentarios está activada, por lo que tu comentario NO aparecerá hasta que te respondamos.


Deja un comentario

  

  


Puedes usar estas etiquetas HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>