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Cofidis es condenado por usura y devuelve 11.747€ a un cliente de Economía Zero.

Sentencia Cofidis 11.747€

El Juzgado de primera instancia nº 3 de Torrent ha condenado a Cofidis S.A. a declarar nulo un contrato de crédito de consumo por tener una TAE del 22,95 %.

El demandante solicitó la nulidad de un contrato de crédito al consumo por usura y por falta de transparencia y/o abusividad de la cláusula de interés remuneratorio. Igualmente pidió la nulidad por abusividad de la cláusula de modificación unilateral de condiciones, en donde se reclamaba una indemnización del 8 % del capital pendiente al tiempo de exigirse por la financiera el vencimiento, comisión de impagados y cláusula de seguro. De la misma manera solicitó la nulidad del contrato de seguro por falta de consentimiento.

El de 23 de mayo de 2007, un comercial de la entidad le ofreció al demandante una línea de crédito de la que podría disponer mediante llamadas telefónicas con unos intereses muy bajos y que podía pagar en cómodos plazos, suscribiéndose el contrato sin ningún tipo de negociación. Es decir, no se informó de manera clara sobre la naturaleza, contenido, derechos y obligaciones del mismo.

La TAE de los créditos al consumo publicado por el Banco de España en la fecha del contrato, mayo de 2007, era del 9,59 %, y el interés legal de ese año estaba al 5 % mientras que la del contrato era del 22,95 %.

Finalmente, se declara nulo el contrato de crédito al consumo y la entidad tiene que devolver todos los intereses que pagase el demandante y pagar las costas.

El cliente de Economía Zero ha recuperado 11.747,19 €.

La abogada colaboradora de Economía Zero Lourdes Galve Garrido ha sido la encargada de conseguir esta sentencia.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE TORRENT

SENTENCIA Nº 235/20

En Torrente, a 2 de noviembre de 2020.

Vistos por mí, D. , Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de los de esta población, los autos de juicio ordinario seguidos ante este Juzgado y registrados bajo el número 1128 del año 2019, promovidos a instancia de representada por el Procurador de los Tribunales D. XXXX y asistida por la Letrada Dña. Lourdes Galve Garrido, contra la entidad Cofidis, S. A. representada por la Procuradora Dña. XXX y defendida por la Letrada Dña. XXXX, cuyos autos versan sobre nulidad contractual, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Procurador Sr. obrando en la indicada representación y mediante escrito que correspondió por turno de reparto, se formuló demanda de juicio ordinario contra la entidad Cofidis, S.A., que con base a los hechos y fundamentos que estimó aplicables, solicitando que se dicte sentencia declarando la nulidad del contrato por usura, y subsidiariamente, en primer lugar, la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio y composición de pagos del contrato. Y en segundo lugar, la nulidad por abusividad de la cláusula de modificación unilateral de condiciones, en donde se prevé una indemnización del 8% del capital pendiente al tiempo de exigirse por la financiera el vencimiento, comisión de impagados y cláusula de seguro.

Y en tercer lugar, la nulidad del contrato de seguro vinculado por falta de consentimiento. Y se condene a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de tales efectos, así como el pago de los intereses legales y procesales, así como la imposición de las costas procesales a la entidad demandada.

SEGUNDO: Siendo competente este Juzgado, y cumpliendo la demanda los requisitos legales, se admitió a trámite, y se dio traslado de la misma y documentos que la acompañaban al demandado, que compareció representada por la Procuradora Dña. XXXX , que contestó a la demanda con base a los hechos y fundamentos que estimó aplicables, solicitando que se dicte sentencia desestimando la demanda, con imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO: Por Diligencia de Ordenación de 27 de mayo de 2020 se convocó a las partes para la celebración de la audiencia previa, en la que las partes se ratificaron en sus respectivos escritos, y solicitaron las pruebas que tuvieron por conveniente, admitiéndose las pertinentes, y dado que las admitidas fueron documentales, se aportaron posteriormente, y se les dio a cada una de las partes cinco días para presentar sus conclusiones finales por escrito.

CUARTO: En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La parte actora representada por el Procurador Sr. solicita con carácter principal la nulidad de un contrato de crédito al consumo con fecha de 23 de mayo de 2007, manifestándole el comercial de la demandada que actúo que tendría una línea de crédito de la que podría disponer mediante llamadas telefónicas con unos intereses muy bajos y podía pagar en cómodos plazos, suscribiéndose el contrato sin ningún tipo de negociación, y tampoco sin explicación de las consecuencias económicas de la operación que iba a llevar a cabo.

Estableciéndose un TAE de 22,95 %, con unas cuotas flexibles que capitalizan los intereses, y la finalidad tenía por objeto la adquisición de bienes y servicios de consumo, no existiendo tarjeta de crédito. Teniendo en cuenta que no hubo iniciativa de la consumidora en la contratación, ni tampoco negociación individual de las cláusulas del contrato, ni se dio ningún tipo de información de forma clara y comprensible sobre la naturaleza, contenido, derechos y obligaciones, sobre todo que la actora tuviera oportunidad de comprender el alcance del contrato suscrito, y no se le hizo un informe de riesgos de solvencia de la parte actora. Teniendo en cuenta que el TAE de los créditos al consumo publicado por el Banco de España en la fecha del contrato, mayo de 2007, era del 9,59 %, y el interés legal de ese año estaba al 5 %.

Además, estamos ante un crédito revolving, que es un tipo de crédito concedido por una entidad a un cliente, que tiene carácter rotativo. El límite del cliente se rebajará o disminuirá en la medida en la que el cliente lo utilice y se restablecerá o aumentará de nuevo en la medida que el cliente haga pagos para restituirlo. Y se caracteriza por el hecho de que no existe un número determinado de disposiciones máximas que pueda efectuar el cliente acreditado. Al cliente se le concede un límite o tope máximo en dinero, del que puede disponer durante un cierto período: cuando lo precise realizará adeudos, que rebajarán dicho límite por importe equivalente al del adeudo, e igualmente podrá efectuar abonos que restablecerán el mencionado límite por tal cuantía. En consecuencia, el cliente solo pagará intereses deudores sobre la parte del crédito de la que efectivamente ha dispuesto.

La regla general en el ámbito probatorio viene configurada en el artículo 217 de la Ley 1/2000, precepto que distingue entre:

1a- Hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la pretensión de la demanda, le corresponde probarlos al actor, y en su caso al reconviniente.

2b- Hechos que, conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos anteriores, le corresponde probarlos al demandado, o en su caso al reconvenido.

Dicha regla general que no se coloca, con acierto, entre las reguladoras de la prueba, sino entre las relativas a las sentencias. Y como regla general deja abierta la posibilidad de la existencia de normas especiales. Sin dejar a un lado el denominado criterio de la disponibilidad y facilidad probatoria, párrafo sexto del artículo 217 de la Ley 1/2000, “para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”.

Y sobre todo, que el propio artículo 217 citado no contiene una regla de valoración probatoria, sino una regla genérica de naturaleza procesal en cuanto a la distribución de la carga entre las partes, de modo que sea la propia parte quien soporte las consecuencias de su inactividad, de su negligencia e, incluso, de sus errores, y por tanto sea ella la que debe procurar suministrar al juzgados los máximos elementos que respalden su postura ( sentencias del Tribunal Supremo 24-5-1989, 24-7-1989, 8-11-1989….).

Las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios de prueba, sentencia del Tribunal Supremo de 25-1-93, en valoración conjunta, sentencia de 30-3-88, con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales de instancia, sentencias de 22-1-86, 18-11-87, 30-3-88. Los preceptos de la LEC relativos a las pruebas practicadas, no contienen reglas valorativas, sino admoniciones a los jueces y una apelación a la sana crítica y al buen sentido y para destruir una conclusión presuntiva, debe demostrarse que el Juez ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino erróneo no razonable o contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio constituyendo la determinación de dicho nexo lógico y directo un juicio de valor que está reservado a los tribunales y que hay que respetar, en cuanto no se acredite que es irrazonable.

Asimismo, es necesario dejar claro que el proceso valorativo de las pruebas incumbe a los órganos judiciales exclusivamente y no a las partes que litigan, a las que les está vedado toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, dado la mayor subjetividad de estas por razón de defender sus particulares intereses, sentencias del Tribunal Supremo de 1-3-94, 20-7-95, debiendo quedar claro, por tanto, que dentro de las facultades concedidas al efecto a Jueces y Tribunales, estos pueden conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a disposición e incluso, optar entre ellos por el que estime más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos.

Por ello la regla de la carga de la prueba ha de interpretarse teniendo en cuenta la doctrina de la flexibilidad, en el sentido que no puede realizarse una interpretación rigurosa y rígida de dicha regla, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1.987, y la doctrina de la facilidad, desplazando la carga de una a otra parte según la facilidad y disponibilidad que expresamente contempla el apartado sexto del artículo 217 LEC.

Concretamente, la sentencia de 18 de mayo de 1.988 declara en relación con la doctrina legal de la carga de la prueba que ha de interpretase: «según criterios flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte».

SEGUNDO: La parte demandada reconoce que estamos ante un crédito revolving, manifestando que el límite del crédito se reducirá en la medida en que el cliente solicite disposiciones y aumentará cuando ésta se vaya amortizando con el pago de las cuotas. Este carácter rotativo comporta que la línea de crédito no se encuentra limitado a un importe concreto, puesto que variará en función de las disposiciones solicitadas por el suscriptor. Alegando que el tipo de interés se encuentra dentro de la normalidad, en atención al tipo de producto suscrito y la misma fecha de la contratación. Además, la carga de probar la usura le corresponde a la parte actora, y que el TAE pactado de 22,95 %, aún estando algo por encima de la media, se encuadra dentro de la normalidad del producto revolving.

Se debe tener en cuenta que esta modalidad de tarjeta otorga una herramienta de pago cómoda y con la que acceder a financiación de forma rápida, pero siempre libremente escogidas por el cliente, ya que es el propio titular el que decide la modalidad de pago, existiendo modalidades a las que no se aplican intereses, ni gastos. Y esta tarjeta se diferencia de las tarjetas de crédito tradicionales en su sistema de pago ya que se basa en pagos aplazados a través de una cuota fija mensual o con un porcentaje de deuda, además de que a medida que la deuda está siendo saldada, ese dinero vuelve a estar disponible para que el titular haga uso de él, convirtiendo este medio de pago en una vía de financiación similar a una línea de crédito, lo que se conoce como crédito rotativo.

Y estas diferentes condiciones justifican el cobro de un tipo de interés ordinario superior. Sin olvidar, que en este tipo de financiación no se exigen garantías y la contratación es casi inmediata, se fijan unas cuotas de amortización menores que las que se establecen en los préstamos, y las entidades bancarias tienen un mayor desconocimiento del comportamiento de cobros y pagos de sus clientes al no mantener cuentas corrientes con los mismos, y por último, en este tipo de operaciones se requiere un mayor nivel de provisiones, ya que la entidad no sólo debe mantener la provisión del crédito dispuesto si no también hasta el límite del crédito.

TERCERO: La sentencia de la Sala de lo Civil, Pleno, de 25 de noviembre de 2015, resuelve un caso respecto a la cuestión del carácter usurario de un crédito revolving concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE. Y se invoca como infringido el primer párrafo del artículo de la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, en cuanto que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Y esta Ley no sólo se aplica a contratos de préstamos, sino como dice el artículo 9, “que lo dispuesto en esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

La calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el capital prestado, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario. Para calificar el interés manifiestamente desproporcionado y excesivo, el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de octubre de 2001, determina que la comparación no debe tener lugar con el denominado interés legal, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad contractual existente.

La legalidad vigente en materia de intereses remuneratorios está constituida por el principio de libertad de la tasa de interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del Código de Comercio, y el artículo 4 de la Orden Ministerial de 28 de octubre de 2011 sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Actualmente el interés aplicable a los créditos o préstamos está regulado en la citada Orden, que en su artículo 4 se dice que los tipos de interés aplicables a los servicios bancarios, en operaciones tanto de depósitos, como de crédito o préstamo, serán los que se fijen libremente entre las entidades de crédito que los presten y los clientes, cualquiera que sea la modalidad y plazo de la operación. Orden que deriva de la habilitación prevista en la Ley de 4 de marzo de 2011 de Economía Sostenible. Como establece la sentencia de 25 de noviembre de 2015, siguiendo la doctrina fijada por las sentencias de 18 de junio de 2012, y dos de diciembre de 2014, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, no es el nominal, sino la tasa anual equivalente, TAE. El interés con el que el que ha de realizarse la comparación es el normal del dinero.

No se trata, por lo tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia. Y para establecer lo que se considera interés normal puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarles las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas, créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales…

De manera que la sentencia de 25 de noviembre de 2015 dice que el Banco de España dictó la Circular de 25 de junio de 2002 a fin de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento CE de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las entidades financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y as las sociedades financieras. Esta sentencia dice que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, no es el nominal, sino la tasa anual equivalente, es decir la TAE.

Y esta sentencia dice expresamente que el crédito personal revolving consiste en un contrato de crédito que le permite al prestatario hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas, como ocurre en este caso, o mediante el uso de una tarjeta de crédito. Y sin perjuicio, de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura a un contrato de crédito al consumo, también es preciso analizar el control de transparencia, conforme a la doctrina jurisprudencial fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y como ha resuelto la Sala Primera del Tribunal Supremo, al analizar el control de transparencia, en sus sentencias de 18 de junio de 2012, de 8 de septiembre de 2014, de 23 de diciembre de 2015, y 14 de julio de 2016, y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de marzo de 2013, 26 de febrero de 2015, y 21 de abril de 2016, los intereses remuneratorios constituyen un elemento esencial del contrato, que no puede ser objeto de análisis de abusividad, salvo que la cláusula no sea clara y comprensible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la directiva 93/13/CEE.

Sobre la importancia de facilitar la TAE al prestatario, el Auto del TJUE de 16 de noviembre de 2010, la cuestión prejudicial planteada acordó, que el hecho de que no se indique la TAE en un contrato de crédito al consumo, dato que reviste una importancia esencial, puede ser un elemento decisivo cuando un Juez nacional trate de determinar si una cláusula de un contrato de préstamo relativo al coste de este en la que no consta dicha indicación está redactada de manera clara y comprensible en el sentido del artículo 4 de la Directiva 93/13. Si no es así, este órgano jurisdiccional tiene la facultad de apreciar, incluso de oficio, si habida cuenta de todas las circunstancias que concurrieron en la celebración de dicho contrato, el hecho de que no conste la indicación de la TAE en la cláusula de este relativa al coste de ese crédito puede conferir a la citada cláusula Directiva 93/13.

No obstante, a pesar de que sea posible examinar el citado contrato a la luz de la Directiva citada, la Directiva 87/102 debe interpretarse en el sentido de que permite al juez nacional aplicar de oficio las disposiciones que adaptan su Derecho Interno al artículo 4 de esta última Directiva y establecen que en caso de que no se indique la TAE en un contrato de crédito de crédito al consumo se considerará que el crédito concedido está exento de intereses y gastos.

La sentencia de 21 de abril de 2016, partiendo del artículo m10, apartado 2, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio relativo a a unos derechos de crédito derivados de un contrato de crédito, en el sentido de esta Directiva, la obligación de examinar de oficio si se cumple la obligación de información establecida en dicha disposición y de deducir las consecuencias previstas en el Derecho Nacional para el incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones respeten las exigencias del artículo 23 de la misma Directiva.

Teniendo en cuenta todo ello, se puede determinar que la operación de crédito objeto de autos es usuraria, porque concurre los dos requisitos legales citados. El interés remuneratorio estipulado fue de 22.95 % TAE, de manera que partiendo del artículo 315 del Código de Comercio, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente, que calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no sólo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que debe hacerse la comparación es el normal del dinero, no se trata de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia, sentencia del TS de 2 de octubre de 2001.

El punto álgido consiste en determinar si el interés 22,95 % es notablemente superior al dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Y una diferencia entre el TAE y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado, mayo de 2007, siendo la media de 9,76 %, permite considerar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero.

Pero, además, el interés estipulado debe ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Y en principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada. Y en el presente caso, la entidad financiera que concedió el crédito revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que explique la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Por ello, se determina que haya existido una infracción del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, en cuanto que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado. Y ello conlleva la nulidad radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, ya que es insubsanable, ni susceptible de prescripción extintiva, sentencia del TS de 14 de julio de 2009. Y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de la Represión de la Usura, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida.

Teniendo en cuenta que la estimación de la pretensión principal determina que no se entre a resolver sobre las pretensiones subsidiarias.

CUARTO: Dada la estimación de la demanda, de acuerdo con el criterio del vencimiento, artículo 394.1 de la Ley 1/2000, se deben imponer las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador D. XXXX en nombre y representación de contra la entidad Cofidis, S. A., debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato de crédito al consumo de 23 de mayo de 2007 por establecer un interés remuneratorio del 22,95 %, debiendo CONDENAR a la entidad prestamista a la devolución de los intereses satisfechos por el demandante hasta el día de hoy, más los intereses legales desde la fecha de cada abono, así como los que se devenguen durante el proceso hasta la sentencia, más los intereses procesales previstos en el artículo 576 de la Ley 1/2000, debiendo el actor devolver únicamente el capital prestado, con imposición de las costas a la parte demandada.

2 comentarios para Cofidis es condenado por usura y devuelve 11.747€ a un cliente de Economía Zero.

  • Eduardo

    Buenos días Lorena

    Ya salió la sentencia favorable de mi procedimiento con Cofidis. Como quedó pendiente el pago de los 60 euros. Me puede decir como realizo dicho pago??

    Muchas gracias.

    Un saludo.

    • Economía Zero

      Buenas Eduardo

      Lo primero de todo, de parte de todo el equipo de Economía Zero, nos alegramos mucho y te damos la enhorabuena por el resultado favorable que ha tenido este expediente.

      En cuanto a la tarifa de 60 € que habíamos dejado pendiente para el final del procedimiento, puedes ingresar dicha cantidad en el nº de cuenta ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank) indicando en el concepto: “EXP. XXXX”.

      En el momento en que mis compañeros, que se encargan de ese aspecto, puedan descargarse el ingreso, te lo confirmarán.

      Quedamos a tu disposición ante cualquier duda o consulta.

      Un saludo y de nuevo enhorabuena!

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