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Condena a Banco Santander por usura reintegra 3.865,82€

Juzgado de Móstoles condena a Banco Santander por usura en los intereses obligando a devolver 3.865,82€ a un cliente de Economía Zero.

El demandante y la entidad suscribieron un contrato de tarjeta de crédito Pelayo MasterCard con fecha 22/06/2008.

En el contrato se aplicaron unos intereses TAE del 23,14%, 23,36% y 22,92% en diferentes momentos del contrato, era notoriamente desproporcionado, pues alcanzaba prácticamente más del doble de dicho índice, el tipo medio de interés de los créditos al consumo en la fecha de contratación estaba situado en el 10,66 %.

El demandante presentó demanda extra judicial solicitando la nulidad del contrato por usurario y la devolución de todo lo pagado indebidamente.

La entidad se opone alegando que el contrato cumple con los controles de inclusión y transpariencia y que los intereses no son usurarios.

La Magistrada del caso estima la demanda declarando nulo el contrato de tarjeta de crédito Pelayo MasterCard y condena a Banco Santander por usura obligando a reintegrar todo lo pagado por encima del capital prestado, suma que alcanza los 3.865,82€.

Se condena a Banco Santander al pago de las costas del proceso.

Doña Azucena Natalia Rodríguez Picallo letrada colaboradora con Economía Zero ha conseguido la condena a Banco Santander.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº06 DE MÓSTOLES

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1622/2021

Materia: Contratos bancarios

Demandante: D./Dña. XXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXX

Demandado: SANTANDER CONSUMER FINANCE E.F.C., S.A.

PROCURADOR D./Dña. XXXX

SENTENCIA Nº38/2023

En MÓSTOLES, a veintitrés de enero del año dos mil veintitrés.

Vistos por mí, XXXX, MAGISTRADA del Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Móstoles y su Partido, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO 1622/21 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante DON XXXX, representado por la Procuradora XXXX y defendida por la Letrada Azucena Natalia Rodríguez Picallo y como demandada SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., representada por el Procurador XXXX y defendida por el Letrado XXXX, en virtud de las facultades que me otorga la Constitución Española y en nombre del Rey, he pronunciado la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora XXXX, en nombre y representación de su mandante, se formuló demanda de juicio ordinario en fecha 1 de septiembre del 2021 contra Santander Consumer Finance S.A. en la que, por medio de párrafos separados, alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando se dictase sentencia en la que se estime íntegramente la demanda acordando que.

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta PELAYO MASTERCARD con nº XXXX suscrito en fecha 22 de julio de 2.008, entre Don XXXX y SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., condenando a la entidad demandada a restituir al actor la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare.

La nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia– de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta PELAYO MASTERCARD con n.º XXXX suscrito en fecha 22 de julio de 2.008, entre Don XXXX y SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., y se condene a la entidad demandada a restituirle al demandante la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

La nulidad de la cláusula de comisión por devolución del contrato de tarjeta PELAYO MASTERCARD con nº XXXX suscrito en fecha 22 de julio de 2.008, entre Don XXXX y SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., y se condene a la entidad demandada a restituirle al demandante la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.- Con carácter subsidiario a los puntos anteriores, se declare la nulidad por abusiva – por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia– de la cláusula de modificación de las condiciones del contrato de tarjeta PELAYO MASTERCARD con nº XXXX suscrito en fecha 22 de julio de 2.008, entre Don XXXX y SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., condenando a la demandada a restituir a mi representado, la totalidad de las cantidades cobradas en exceso, con motivo de la aplicación de la citada cláusula, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

4.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 2 de noviembre del 2021, se emplazó a la demandada. Presentado el escrito de contestación, se señaló para la celebración de la audiencia previa el día 17 de enero del 2023.

En dicho acto, ambas partes no llegaron a un acuerdo y tras fijar los hechos controvertidos, se recibió el pleito a prueba, proponiéndose por la actora prueba documental y más documental, y por la demandada, prueba documental, que fue admitida.

Finalmente, quedaron los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En la sustanciación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- A través del presente procedimiento se ejercita por D. XXXX demanda de juicio ordinario contra Santander Consumer Finance S.A. alegando en síntesis que en su condición de consumidor suscribió el 22 de julio del 2008 con la demandada un contrato de tarjeta Pelayo Mastercard con número mediante un modelo formalizado para todos sus clientes, con un sistema de crédito revolving con TIN mensual del 1,65% y una TAE del 21,70%, firmándose el contrato sin ningún tipo de información sobre lo que suponía el tipo de interés aplicable y las consecuencias económicas de utilizar el pago aplazado.

Indica que tras reclamar el contrato a la demandada, es complicado ver la TAE aplicada al ser prácticamente ilegible y, por tanto, ininteligible.

Considera que falla el control de incorporación y de transparencia, señalando que se establece una comisión por devolución que en la fecha de formalización del contrato suponía un 5% del importe impagado con un mínimo de 24 euros, cantidad que se ve incrementada en las actualizaciones hasta los 34 euros.

Alega el actor que en la fecha de formalización del contrato, en julio del 2008, la TAE media en España de los créditos al consumo era del 10,66 %, por lo que la TAE del contrato de 21,70% (incrementada posteriormente al 26,23%) supone más del doble que la citada TAE media simple histórica de 8,92% y de la TAE media del mes de julio del 2008 de 10,66 %, siendo tres veces superior al interés legal del dinero del 5,50%.

De ahí que solicite la nulidad por usura del contrato de tarjeta de crédito y, subsidiariamente, la nulidad de la cláusula del interés remuneratorio, de la cláusula de comisión por devolución y de la cláusula de modificación de condiciones generales por abusivas.

SEGUNDO.- La demandada Santander Consumer Finance S.A. se opone a la demanda deducida de contrario indicando que se trata en este caso de determinar la desviación existente entre el interés remuneratorio abonado por la actora bajo el contrato y el interés normal o habitual en operaciones similares teniendo en cuenta el interés generalmente ofrecido en el mercado de las tarjetas de crédito, que incluye tanto a las tarjetas con modalidad de pago aplazado y revolving, como las tarjetas que permiten el aplazamiento de pagos y compras puntuales.

Considera además que cuando el cliente ha hecho uso de distintas modalidades de aplazamiento de pago, cada una con TAEs diferentes, el juicio de usura debe realizarse necesariamente en relación con la TAE media ponderada aplicada efectivamente bajo el contrato de tarjeta de pago aplazado y revolving.

Afirma que en contra de lo alegado de contrario, el tipo de interés remuneratorio efectivamente aplicado no representa un interés notablemente superior al normal del dinero puesto que de las comparativas realizadas con los datos estadísticos del Banco de España, la TAE aplicada no puede considerarse notablemente superior a la TAE normal en un contrato de tarjeta, encontrándose dentro de los tipos habituales.

En este caso señala que de las modalidades de pago, la actora optó, entre las dos formas de pago disponibles, por la modalidad de pago “cuota fija revolving”, así como que tenía pleno conocimiento tanto de los intereses y condiciones pactadas, como de las modalidades de pago del contrato de tarjeta, habiendo comprendido siempre la carga económica del contrato suscrito.

Alega que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para determinar si un tipo de interés remuneratorio es notablemente superior al normal del dinero debe realizarse un juicio comparativo acudiendo a las estadísticas públicas que comparan los tipos de interés usualmente pactados en el mercado de referencia, esto es, en el sector de las tarjetas de crédito con pago aplazado o revolving y que en este caso, al comparar el tipo de interés remuneratorio efectivamente aplicado en el contrato con dichos tipos de interés medios, no resulta desproporción alguna, siendo el primer dato existente para las tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving de junio del 2010 y observándose que el tipo medio estaba situado históricamente en torno a un 21 %.

Entiende que la comparativa debe realizarse con el tipo medio de las tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving y no con los tipos medios de crédito al consumo, por lo que el índice de referencia a efecto del juicio de usura debe ser del 20 %.

Finalmente entiende que al ser la TAE efectivamente abonada por la demandante bajo el contrato de tarjeta de un 23,36%, no puede considerarse notablemente superior al interés normal del dinero ni, en consecuencia, usuraria. TERCERO.- En cuanto a los contratos “revolving”, como señala la Sentencia de la AP de Asturias, Sección 5ª, de 22 de enero del 2021, núm. 16/21, rec. 531/20, “los contratos «revolving » (apertura de crédito, o tarjetas), como el de autos son unos contratos en los que se dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas.

Éstas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que se pueden elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. Su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se ‘renueva’ mensualmente: disminuye con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante las peticiones de numerario o el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Esta peculiaridad tiene sus consecuencias. Por una parte, si se paga una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede derivar en que se tengan que pagar muchos intereses.

Por otra, hace que no sea posible emitir un cuadro de amortización previo (como sí ocurre, por ejemplo, cuando se contrata un préstamo), al variar la deuda y, en su caso, las cuotas mensuales a pagar”.

En el presente caso el demandante D. XXXXX suscribió en fecha 22 de julio de 2008 un contrato de tarjeta de crédito Pelayo Mastercard, eligiendo la modalidad de pago de cuota habitual por importe de 90 euros al mes, aunque según el extracto aportado inicialmente estuvo abonando una cuota de 30 euros al mes (documentos uno y tres de la contestación).

En cuanto a las modalidades habituales de pago, se establecía una cuota fija revolving y una modalidad de pago a fin de mes, habiendo optado el actor por la primera y respecto a los intereses, en la Cláusula 10.1 se establece que “El saldo dispuesto de la “Cuenta Tarjeta devengará a favor de EL BANCO un interés nominal del 1,65 % calculado día a día sobre el saldo que presente la cuenta TAE 21,70%”. No obstante, según el cuadro y los extractos aportados, durante la vida del crédito se aplicó inicialmente un TIN del 21% (TAE 23,14%), posteriormente un TIN 21% (tae 23,36 %) y finalmente, un TIN del 20,64% (TAE 22,92%).

Sentado lo anterior, la parte actora solicita con carácter principal que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito dado su interés usurario, con las consecuencias legales que establece el artículo 3 de la Ley de la Usura a determinar en ejecución de sentencia, negando la parte demandada el carácter usurario del contrato cuya nulidad se pretende.

Por lo que se refiere el carácter usurario del crédito, conforme al artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Sentado lo anterior, para resolver la cuestión litigiosa debe destacarse en primer lugar que la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo número 628/15, de 25 de noviembre declaró el carácter usurario de un interés remuneratorio del 24,6% TAE en un contrato de crédito al consumo («crédito tarjeta revolving») estableciendo en el Fundamento Jurídico Tercero que “mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones.

Como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del artículo 1.255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito “sustancialmente equivalente” al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales»”.

En dicha Sentencia se indica además que “Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados” y que “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)”.

La anterior doctrina debe complementarse con la sentada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 600/2020 de 4 de marzo en la que el Ato Tribunal confirmó la sentencia de instancia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito revolving mediante uso de tarjeta por considerar usurario el interés remuneratorio fijado inicialmente en el 26,82% TAE y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda.

Indicando que “Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

En el presente caso, estamos ante un contrato de tarjeta de crédito que se celebró en julio del 2008 cuando todavía no existían estadística del Banco de España sobre tipos de interés de créditos al consumo derivados de tarjetas de crédito y tarjetas revolving, que comenzaron a publicarse en el año 2010, oscilando desde entonces entre el 19,15% y el 21,17%, como puede comprobarse con la documentación obrante en autos y de los datos extraídos del Boletín Estadístico del Banco de España.

Por tanto el tipo de interés de referencia en la fecha del contrato habría de ser el del crédito al consumo, por ser el crédito derivado de tarjeta de crédito una modalidad de aquél.

En julio del 2008, fecha en que se celebró el contrato, el tipo medio de interés de los créditos al consumo estaba situado en el 10,00 % TEDR (tipo efectivo definición restringida, que equivale al TAE sin incluir comisiones y que es elemento de comparación que toma el propio Tribunal Supremo) según información estadística del Banco de España, de lo cual resulta que, tomando este término de comparación, único posible entonces al no existir datos específicos de organismos oficiales sobre los tipos de interés de las tarjetas de crédito y revolving, el interés remuneratorio pactado de un 21,70% TAE.

Aunque realmente se aplicó un 23,14 % TAE, 23,36 % TAE y un 22,92% TAE en diferentes momentos del contrato, era notoriamente desproporcionado, pues alcanzaba prácticamente el doble de dicho índice, siendo notablemente superior al interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, no habiéndose acreditado por el prestamista, a quien corresponde la carga la prueba conforme al artículo 217.3 de la LECn, la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en la operación de crédito al consumo.

En consecuencia, debe estimarse íntegramente la demanda y declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Pelayo Mastercard con nº XXXX suscrito en fecha 22 de julio de 2.008, entre el actor y la demandada, condenando a Santander Consumer Finance a restituir al actor la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

CUARTO.- En cuanto a las costas, y de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la parte demandada.

FALLO

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora XXXX, en nombre y representación de DON XXXX frente a SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Pelayo Mastercard con n.º XXXX suscrito en fecha 22 de julio de 2.008 entre el actor y la demandada y debo condenar y condeno a SANTANDER CONSUMER FINANCE a restituir al actor la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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