3233-PRESTAMO-RAPIDO-VIVUS-1.486E

Juzgado de Mataró dicta una condena contra Vivus (4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES), y declara la nulidad de los dos contratos de préstamo suscritos con dicha entidad, por tratarse de contratos usurarios.

Las partes hoy litigantes suscribieron un contrato de préstamo en fecha 17 de diciembre de 2018 y un contrato de ampliación en fecha 25 de enero de 2019, siendo la TAE para el primer contrato de 2333% y de 5082% para el segundo de ellos.

La sentencia dio la razón a la usuaria de Economía Zero y declaró la nulidad por usuario de los contratos de préstamo de VIVUS suscrito con 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, condenándola a la devolución de las cantidades satisfechas que excedan del capital prestado, imponiendo las costas del procedimiento a la entidad financiera.

La sentencia aplica el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 (Ley de represión de la usura), que dispone en su párrafo primero que «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Por lo que el Juzgado estimó la demanda declarando la nulidad por usurarios de los contratos de VIVUS atendiendo a la TAE fijada en el contrato origen del  procedimiento 2333% y de 5082% para el segundo de ellos.

El interés normal del dinero fijado por el Banco de España para estas operaciones en el año 2018, se fijaba el interés en el 7,98 %, por lo que el tipo fijado es notablemente superior al fijado por el banco de España para este tipo de operaciones.

Al declarar la sentencia la nulidad del contrato, procede la restitución de las cantidades que excedan del capital prestado por la entidad demandada, suma que alcanza los 1.486,50€.

En la condena contra Vivus las cotas del proceso judicial son impuestas a la demandada.

D. Martí Solá Yagüe letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la siguiente condena contra Vivus

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Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Mataró

Procedimiento ordinario (Contratación art. 249.1.5) 397/2020 -4

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: Martí Solà Yagüe

Parte demandada/ejecutada: 4Finance Spain Financial Services SAU

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

SENTENCIA Nº 136/2021

En Mataró, a 21 de septiembre de 2021.

Vistos por mí, XXXX, Titular del Juzgado de Primera Instancia Nº.9 de este partido judicial, los autos de Juicio Ordinario Nº. 397/2020, promovidos por el Sr. XXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX y asistida por el Letrado Sr. Martí Solà Yagüe, contra la entidad “4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, SAU”, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXX, y asistida por la Letrada Sra. XXXX, sobre nulidad contractual y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la parte actora, mediante escrito presentado el día 8 de junio de 2020, se promovió demanda de juicio ordinario a través de la cual se ejercitaba la acción de nulidad contractual y reclamación de cantidad, así como otras subsidiarias. Asimismo dicha parte litigante alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando que se estimara íntegramente la demanda, más las costas generadas en el procedimiento.

SEGUNDO: Por Decreto de fecha 10 de julio de 2020, se admitió a trámite la demanda, sustanciándose el proceso por los trámites del juicio ordinario y, conferido el preceptivo traslado de la misma a la parte demandada, procedió a presentar su escrito de contestación a la demanda en fecha 3 de septiembre de 2020.

TERCERO: Llegado el día señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron a la misma tanto la parte actora como la demandada, quienes manifestaron que no se había alcanzado3233 transacción o acuerdo alguno entre los litigantes. Tras la fijación de los hechos y extremos de derecho sobre los que existía controversia, seguidamente se procedió a la proposición y admisión de las pruebas.

Por la parte demandante se propuso la documental por reproducida y más documental; por la demandada asimismo la documental; medios probatorios que tras su declaración de pertinencia, fueron practicados con el resultado que es de ver en autos, y una vez concedido el trámite de conclusiones tras la recepción de la más documental, quedaron a disposición de S.Sª para dictar sentencia.

CUARTO: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia debido al volumen de asuntos que asume este juzgado y la existencia de asuntos de tramitación preferente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del procedimiento; cuantía: A la vista del escrito de demanda presentado por la parte demandante, la contestación a la demanda formulada, y los hechos fijados en el acto de la audiencia previa, la cuestión principal objeto de controversia radica en determinar el carácter usurario de los intereses recogidos en el contrato suscrito entre las partes, y por ende la nulidad radical del contrato; y de forma subsidiaria si procede declarar la abusividad de la cláusula de comisiones.

A través de la contestación a la demanda, se impugnó la cuantía del procedimiento, todo ello por entender que la misma podía ser cuantificada y que no correspondía entenderla como indeterminada, lo que se reiteró en el acto de la audiencia previa, y fue resuelto por S.Sª con resultado desestimatorio, interponiéndose recurso de reposición que fue asimismo desestimado, haciéndose constar la protesta a efectos de la segunda instancia, todo ello por entender que la cuantía del procedimiento era indeterminada, al no poderse determinar ni siquiera de forma relativa y que la acción ejercitada de forma subsidiaria era subsumible dentro de las previsiones del Art. 249.1.5 de la LEC, regla prevista para el juicio ordinario. Por último, el recurso fue desestimado por no haberse recurrido el Decreto de admisión, donde se fijaba la cuantía del procedimiento, y que al no haber sido recurrido, adquirió firmeza.

SEGUNDO.- Nulidad contractual: Supone un hecho incontrovertido que no requiere de prueba, conforme determina el Art. 281 de la LEC, que las partes hoy litigantes suscribieron un contrato de préstamo en fecha 17 de diciembre de 2018 y un contrato de ampliación en fecha 25 de enero de 2019, siendo la TAE para el primer contrato de 2333% y de 5082% para el segundo de ellos. Se alega en primer lugar por la demandante que el contrato referido anteriormente es nulo por resultar usurario el tipo de interés pactado, ejercitándose la acción de nulidad contractual por este motivo con carácter principal.

En caso de ser desestimada, se ejercitan otras acciones de forma subsidiaria. Frente a la petición principal ejercitada, la parte demandada se opone alegando en primer lugar que la doctrina jurisprudencial referida en la demanda relativa los créditos revolving no es aplicable al supuesto de autos, al encontramos con un micro crédito de pequeñas cantidades, donde a efectos de determinar si concurren los requisitos del Art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, habrá que comparar su TAE con la aplicada por entidades del mismo sector de actividad a operaciones análogas.

TERCERO.- Doctrina jurisprudencial: La materia que hoy nos ocupa, ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales desde hace varios años, habiendo tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, que ha servido de fundamento a muchas otras posteriores, instaurando un criterio claro.

Sobre este particular, la reciente sentencia Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 149/2020 de 4 Mar. 2020, Rec. 4813/2019, recogió en su fundamento de derecho tercero la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia de 25 de noviembre de 2015, la cual queda sintetizada en los siguientes extremos: “i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

CUARTO.- Caso concreto: En el presente caso, y aun cuando es cierto que los préstamos suscritos con el demandante no responden a la operativa revolving, respecto de la cual hay copiosa y abundante jurisprudencia, no es menos cierto que los argumentos recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente referida, son igualmente aplicables al supuesto de autos, aun cuando nos encontramos con un préstamo, ampliado por otro, que podría recibir la denominación de “micro-crédito” por su escasa cuantía y su elevada TAE.

Así pues, el Art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura establece: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ”.

Como señala la STS de fecha 4 de marzo de 2020 referida al inicio, la cual actualiza los razonamientos recogidos en la sentencia de 25 de abril de 2015 y resuelve algunas contradicciones de hecho y de derecho en cuánto al interés de referencia, “a diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos”.

Llegados a este punto, deberemos examinar si en el caso de autos, el tipo de interés del crédito que nos ocupa es notoriamente superior al interés normal del dinero, y en su caso, qué referencia ha de tomarse para para determinar si se da esta circunstancia. El Tribunal Supremo también ha resuelto esta cuestión, y en la referida y reciente sentencia de 4 de marzo de 2020, concluye que a efectos de determinar la referencia que ha de utilizarse como “interés del dinero” para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

En la citada sentencia, el Tribunal Supremo analiza un caso similar al que nos ocupa, teniendo en cuenta ya las tablas estadísticas publicadas con posterioridad a la sentencia del año 2015, donde constaban los porcentajes para la operativa revolving en particular. Efectivamente, el tribunal señala que “en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero».

Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito. A efectos de determinar la comparativa aplicable y por ende si procede considerar el contrato como usurario, el demandante toma como referencia la categoría más específica, siendo el tipo comparativo el oficial publicado y existente respecto a las TAE de créditos al consumo hasta un año según la jurisprudencia anterior.

Por su parte, la demandada formula oposición alegando que siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo por este motivo sobre este particular, existe una categoría específica dentro de la específica de créditos al consumo que alega el demandante, consistente en microcréditos. Respecto a los citados microcréditos, se aporta el doc. 19 junto con el escrito de contestación a la demanda, consistente en un certificado de la Asociación Española de micropréstamos donde partiendo de un estudio comparativo llevado a cabo en mayo de 2020 entre asociados y competidores, los precios medios de referencia por un micro-préstamo de 300 euros a devolver en 30 días, resultando sobre la muestra de 14 empresas un coste medio de 98,62 euros y una TAE resultante del 3.075,61%.

En el caso que nos ocupa, se aportan como dos contratos, aun cuando en la demanda se hable de tres, uno de fecha 4 de octubre de 2018, con un interés 0%, otro de fecha 17 de diciembre de 2018, con una TAE de 2333% y uno de 25 de enero de 2019, con una TAE 5082%, que recibe el nombre de contrato de ampliación del anterior.

Pues bien, a la vista del doc. 4 aportado junto con el escrito de demanda consistente en los contratos referidos anteriormente, puede verse como el primero de ellos, ajeno a la presente reclamación judicial por tener un interés 0% tiene aparejado el número de contrato y el segundo y tercero comparten numeración siendo . Según el documento aportado, el importe de préstamo afectado por la TAE 2333% es de 400 euros y el del segundo, con una TAE 5082%, de 600 euros.

Sin embargo, y contrastando estos datos con los pagos hechos por el demandante, según aporta la propia demandada en el doc. 4 de la contestación, puede verse como los importes transferidos fueron de 300 euros, relativos al primer contrato sin intereses; 400 euros en fecha 17 de diciembre de 2018; y 200 euros en fecha 25 de enero de 2019, de forma que la cantidad transferida y relativa a los contratos cuya nulidad hoy se interesa es un total de 600 euros, que la entidad demandada englobó en un solo montante económico afecto a la TAE 5082%.

Esta juzgadora entiende aplicable el tipo alegado por la demandante, por tratarse de un índice oficial, si bien en el presente caso, ya sea tomando como referencia la TAE alegada por el demandante, como la sostenida por la demandada, el tipo de interés era notablemente superior al normal del dinero y debe considerarse usurario, conllevando la declaración de nulidad del contrato.

Por todo ello, y no habiéndose justificado por la entidad crediticia la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la aplicación de un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero, como así se desprende de la más documental solicitada en el acto de la audiencia previa y en su caso, si el mismo es proporcional a las circunstancias del caso, es por lo que debe estimarse íntegramente la demanda y siendo el tipo de interés usurario, procede aplicar la consecuencia recogida en el Art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, acordando la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato, que no admite convalidación confirmatoria, por lo que el prestatario está obligado a entregar tan solo la cantidad recibida.

Declarada la nulidad del contrato, procede la mutua restitución de prestaciones, es decir, la parte actora únicamente estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, comisiones y gastos, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial, o subsidiariamente, desde la interposición de la demanda, lo que se determinará en su caso, a través del cauce previsto en los Arts. 712 y ss de la LEC.

QUINTO.- Costas procesales: Habiéndose estimado íntegramente la demanda, procede hacer expresa imposición de costas a la parte demandada, en recta aplicación de lo dispuesto en el Art. 394 de la LEC, ya que a pesar de haberse apreciado por esta juzgadora en pleitos anteriores serias dudas de hecho y de derecho, en la actualidad contamos con una clara línea jurisprudencial, de forma que rige el principio de vencimiento objetivo recogido en el precepto citado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda promovida por el Sr. XXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX, contra la entidad “4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, SAU”, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXX, he de DECLARAR Y DECLARO la nulidad por usura de los contratos de préstamo de fechas 17/12/2018 y su contrato de ampliación de 25/01/2019, procediendo las partes a la mutua restitución de prestaciones, es decir, que el actor únicamente estará obligado a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, comisiones y gastos, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial, o subsidiariamente, desde la interposición de la demanda, lo que se determinará en su caso a través del cauce del Art. 712 y ss de la LEC.

Y todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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