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Hucha de reclamaciones de EZ

Condena contra Wizink por usura reintegra 23.092,77€

Juzgado de Barcelona dicta condena contra Wizink por usura en los intereses obligando a devolver 23.092,77€ a un cliente de Economía Zero.

Entre las partes se suscribió con Citibank ( hoy Wizink Bank )un contrato de tarjeta de crédito con fecha febrero de 1998.

En el contrato se impusieron unos intereses TAE del 24,6% para compras y del 26,82% para disposición de efectivo, los datos publicados online por el BDE solo se remontan a enero de 2003, dicho tipo medio rondaba el 8,2360%.

El demandante envió una reclamación extra judicial solicitando la nulidad del contrato por usurario y la devolución de todo lo pagado por encima del capital prestado, la entidad se opone alegando que el contrato cumple con las normas de inclusión y transpariencia y que los intereses no son usurarios.

El Magistrado del caso estima la demanda declarando nulo el contrato y dicta condena contra Wizink por usura en los intereses obligando a reintegrar todo lo cobrado por encima del capital inicial prestado, cantidad que suma 23.092,77€.

En la condena contra Wizink se imponen las costas del proceso a la entidad.

Doña María Lourdes Galvé Garrido letrada colaboradora con Economía Zero ha conseguido la condena contra Wizink.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS TARJETAS REVOLVING, CONSIGUE UNA CONDENA CONTRA WIZINK POR USURA O FALTA DE TRANSPARIENCIA Y RECUPERA TU DINERO !!!

Juzgado de Primera Instancia nº43 de Barcelona

Procedimiento ordinario 942/2020 -Z Materia: Juicio ordinario (resto de casos).

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: María Lourdes Galvé Garrido

Parte demandada/ejecutada: WIZINK BANK, S.A.

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

SENTENCIA Nº205/2021

Magistrado: XXXX

Barcelona, 29 de julio de 2021.

Vistos por mí, D. XXXX, los presentes Autos de Juicio Ordinario, en el que aparecen como parte actora, D. XXXX, bajo la representación procesal y con la defensa letrada indicadas; y como parte demandada, WIZINK BANK, S.A., bajo la representación procesal y con la defensa letrada indicadas; resultan los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha que consta en autos se presenta por el Procurador de la actora demanda de juicio ordinario, junto con sus copias y documentos.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada con entrega de copia de la misma y documentos acompañados con los apercibimientos legales.

TERCERO.- Celebrada la audiencia previa, con el resultado que consta en el correspondiente soporte audiovisual; propuesta, admitida y practicada la prueba que, propuesta por las partes, fue considerada pertinente; quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte actora, se pretende que se decrete la nulidad del contrato de tarjeta de crédito celebrado entre las partes en febrero de 1998, por usurario y, subsidiariamente, por falta de transparencia y/o por abusividad de las cláusulas de interés remuneratorio, de comisión de impagados y cuota anual. En consecuencia de la ineficacia de la meritada cláusula, pretende la condena de la demandada a los efectos restitutorios derivados de la nulidad.

Frente a esto, la parte demandada; que reconoce su legitimación pasiva ad causam, la existencia y tenor del concreto contrato que se cita en la demanda y su sumisión a lo previsto en la normativa tuitiva de consumidores y usuarios (no se ha impugnado la condición de consumidor de la demandante), se opone a las pretensiones que se le dirigen de contrario defendiendo la plena validez de las cláusulas en cuestión.

SEGUNDO.- Fijadas las cuestiones controvertidas, procede analizar, en primer término y por razones de sistemática, el carácter usurario del tipo de interés remuneratorio fijado en el contrato, para lo cual debe partirse de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.

Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos”. Sobre dicha cuestión se ha pronunciado el Alto Tribunal en sentencia de 25 de noviembre de 2015, recurso 2341/2013 (Roj: STS 4810/2015 – ECLI:ES:TS:2015:4810) en la que recuerda que “La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito « sustancialmente equivalente » al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio , 113/2013, de 22 de febrero , y 677/2014, de 2 de diciembre .

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura , en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura , nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.”

Partiendo de la doctrina anterior, debe concluirse plenamente aplicable la Ley de la Represión de la Usura al caso de autos y, no siendo exigible la concurrencia simultánea de todos los requisitos exigidos en el artículo 1, la resolución del presente caso pasa por determinar si el interés pactado es notablemente superior al interés normal del dinero o manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso.

Para determinar si el tipo de interés es notablemente superior o desproporcionado, debe tomarse como base el “precio Medio” fijado en el mercado para operaciones de la misma naturaleza.

En particular, como indica la citada sentencia del Tribunal Supremo “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.”

En este sentido, existe controversia entre las partes sobre el tipo que debe tomarse como referencia, pues la actora postula por el tipo medio ponderado de los créditos al consumo y el demandado por el tipo medio de tarjetas de crédito.

Sobre dicho aspecto, debe acudirse a los tipos de interés publicados por el Banco de España y, así, en materia de “Tipos de interés de nuevas operaciones, Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH, Entidades de crédito y EFC” establece, una distinción entre los tipos medios de las tarjetas de crédito y el tipo medio ponderado de los créditos al consumo, siendo el primero notablemente superior a éste último.

En dicha cuatro se hace costar por el Banco de España que en la clasificación de tarjetas de crédito se incluyen “las tarjetas para las que los titulares han solicitado el pago aplazado y tarjetas “revolving”, estableciendo expresamente que “si bien no se dispone de su finalidad, se estima que ésta es fundamentalmente de consumo.

De hecho, hasta junio de 2010 se incluía en el crédito al consumo hasta 1 año”.

De este modo, resulta que al tiempo de celebrar el contrato, no existía una categoría propia a nivel comparativo, sino que se entendían incluidas en el concepto de crédito al consumo hasta un año y, dado que debe efectuarse la comparativa conforme al “precio de mercado” al tiempo en que se celebró el contrato y pactó el tipo de interés, no puede sino declararse que el mismo es usurero.

Efectivamente, no consta en autos (ni este juzgador tiene acceso) al tipo medio de interés de los créditos al consumo celebrados en febrero de 1998 (los datos publicados online por el BDE solo se remontan a enero de 2003), pero es de ver que, ya en aquellas fechas (2003), dicho tipo medio rondaba el 8,2360%, siendo así que se pactó una TAE de 24,6% para compras y del 26,82% para disposiciones en efectivo.

Expuesta la diferencia entre la TAE pactada y el tipo medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado (la TAE equivalía al 298,90% y el 325,88% del tipo medio de los préstamos al consumo, respectivamente); “dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada”; y dado que en el supuesto enjuiciado no se ha acreditado (por aquel a quien le incumbiría) que concurran “otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada” (ninguna prueba o alegación se ha aportado o realizado por la actora a efectos de justificar la fijación de tan alto tipo de interés); no puede sino llegarse a la conclusión de que el interés remuneratorio estipulado es “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Por todo lo expuesto, procede declararse el carácter usurario de los intereses remuneratorios estipulados en el contrato.

TERCERO.- Sentado lo anterior, resta (únicamente) por determinar cuáles sean los efectos que deben anudarse a la declaración de contrato usurario.

En relación a este extremo, resulta especialmente clarificador lo dispuesto por la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sus sentencias 406/2012, de 18 de junio ( ROJ: STS 5966/2012 – ECLI:ES:TS:2012:5966 ), y 677/2014, de 2 de diciembre ( ROJ: STS 5771/2014 – ECLI:ES:TS:2014:5771 ), en las que, analizando la institución de la usura y los efectos que deben anudarse a la misma, se recuerda: – Que “la ley de represión de la usura se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes, «pacta sunt servanda».

Que “el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos”.

Que “Como consecuencia de la gravedad y la extensión del control proyectado, la ley de usura contempla como única sanción posible la nulidad del contrato realizado, con la correspondiente obligación restitutoria (artículos 1 y 3)”, a diferencia de lo que ocurre con “la declaración de abusividad de una cláusula o su no incorporación”, que “no determina directamente la nulidad del contrato o su ineficacia total, siempre que no afecte a los elementos esenciales del mismo”.

Que “el control que se establece se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado, sin que pueda diferenciarse la extensión o alcance de la ineficacia derivada.

De ahí, entre otros extremos, que su régimen de aplicación, esto es, la nulidad del contrato de préstamo, o negocio asimilado, alcance o comunique sus efectos tanto a las garantías accesorias, como a los negocios que traigan causa del mismo”.

Partiendo de la doctrina expuesta; sin que fuera necesario ya entrar a analizar la abusividad o falta de transparencia de las distintas cláusulas contractuales, dada la nulidad de todo el contrato; y dado que la demandante no ha impugnado (a pesar de haber sido expresamente requerida en este sentido por el tribunal) los documentos aportados por la demandada, en la que se introduce un cuadro circunstanciado de las disposiciones y pagos efectuados por la demandante (que, por tanto, habrán de ser Asumidos por el tribunal).

Debe procederse a estimar íntegramente la demanda declarando la nulidad del contrato de crédito celebrado entre las partes y condenar a la demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 10 439,84 euros (resultado de detraer, de los 63 392,83 euros abonados por razón del contrato, los 52 952,99 euros correspondientes al capital dispuesto por la demandante con cargo a la tarjeta).

Cantidad que habrá de incrementarse; primero, con la diferencia entre toda cantidad cobrada por la demandada a la actora por razón del contrato con posterioridad a noviembre de 2020 y que no corresponda a una efectiva disposición de capital realizada por la demandante con posterioridad a dicha fecha; y segundo, con el correspondiente interés legal del dinero, a computar desde la interposición de la demanda.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a estas cantidades le serán de aplicación el interés por mora procesal equivalente al interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde el momento en que se dicte esta sentencia.

Frente a lo expuesto no podrían prosperar las alegaciones de la demandada en relación al tiempo transcurrido entre la celebración del contrato (dado el carácter imprescriptible de la acción de nulidad y, por ende, de sus efectos restitutorios, que se producen ope legis) o a los supuesto actos propios de la demandante (que habría aceptado una rebaja de la TAE a partir de marzo de 2020).

Y esto último porque la citada tolerancia (que no aceptación expresa de la validez del contrato desde su inicio) no implicaría un acto propio (concluyente) en relación a una renuncia a las acciones que aquí se han ejercido ni, por ende podrían subsanar o convalidar el contrato (artículos 1309 y 1311 del Código Civil).

CUARTO.- Establece el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

En el presente caso, dada la estimación de las pretensiones del actor , procede la expresa condena en costas del demandado.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda presentada en nombre y representación de D. XXXX frente a WIZINK BANK, S.A. y, en consecuencia: Primero.- Declarar la nulidad del contrato relativo a la tarjeta crédito Visa Citibank nº XXXX, celebrado entre las partes en febrero de 1998.

Segundo.- Condenar a la demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 10 439,84 euros, así como la diferencia entre toda cantidad cobrada por la demandada a la actora por razón del contrato con posterioridad a noviembre de 2020 y que no corresponda con el importe exacto de una efectiva disposición de capital realizada por la demandante con posterioridad a dicha fecha.

Cantidad que habrá de incrementarse con el correspondiente interés computado conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico tercero.

Todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Así, por esta sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia, lo acuerda, manda y firma, D. XXXX, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia número Cuarenta y Tres de Barcelona.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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