12737-TARJETA-CARREFOUR-2.418E

El Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Las Palmas condena Carrefour y declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Visa Pass suscrito con un usuario de Economía Zero por usura.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta Carrefour Pass, con fecha 17 de noviembre de 2004, en el que se estipulaba un tipo de interés del 20,27 % TAE.

La parte actora presentó demanda judicial a fin de conseguir una sentencia a Carrefour y que se declarase la nulidad del contrato de tarjeta Visa Pass por usura, subsidiaria declaración de abusividad de las cláusulas de intereses remuneratorios, comisión de impagados y variación unilateral de condiciones.

El Juez del caso estima íntegramente la demanda y condena Carrefour EFC, S.A., declarando la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Visa Pass, suscrito entre las partes, por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio.

Se condena Carrefour al pago de las costas procesales.

Don Francisco de Borja Virgós de Santisteban letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la condena Carrefour.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 DE LAS PALMAS

Materia: Nulidad Resolución: Sentencia 000073/2023 IUP: UR2022012340

Intervención: XXXX

Interviniente: XXXX

Abogado: XXXX

Procurador: XXXX

Demandante Francisco De Borja Virgos De Santisteban

Demandado Carrefour E.F.C. S.A.

SENTENCIA

La Juez: XXXX, JUEZ ha visto los autos de juicio  ordinario 0000604/2022 promovidos por la procuradora doña XXXX en nombre y representación de  Dña. XXXX bajo la dirección letrada de Francisco de Borja Virgós de Santisteban contra la entidad SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SA  representado por el procurador de los Tribunales don XXXX y con la dirección letrada de don XXXX sobre nulidad de contrato de préstamo por usurario y subsidiariamente no incorporación de clausulas incluidas en el contrato de préstamo sobre intereses nominales y TAE y comisión por reclamación de impago.

  ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 15 de julio de 2022  se formuló demanda de juicio ordinario por la representación procesal de la actora en la que se solicitaba de este Juzgado el dictado de una sentencia por la que se declare la nulidad del contrato por usurario  con los efectos legales inherentes a esta declaración y que con carácter subsidiario se declare la no incorporación al contrato de las clausulas relativas al TAE y comisiones por reclamación de impagos, condenando a la entidad a que reintegre a a actora las cantidades indebidamente pagadas por estos conceptos que se determinarán en fase de ejecución de sentencia ,  así como los intereses legales devengados desde cada liquidación  con expresa imposición de costas. 

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, una vez comprobada la competencia objetiva y territorial de este órgano, mediante decreto se acuerda dar traslado a la parte contraria para que comparezca en plazo y conteste a la demanda.

La entidad demandada formula contestación en fecha 24 de noviembre de 2022 dentro del plazo conferido al efecto y oponiéndose a lo interesado de contrario.

Tercero.- Se señaló la Audiencia Previa para el día 22 de marzo de 2023. 

En la Audiencia Previa comparecieron las dos partes, proponiendo ambas como prueba la documental que acompaña a sus escritos. 

Se instó que se dictara sentencia directamente sin necesidad de juicio con base en el art. 429.8 LEC.

Quedaron los autos, entonces, vistos para sentencia, con el resultado que consta en los mismos, recogido en soporte informático, bajo la fe pública de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia.

Cuarto.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La demanda formulada se limita en su suplico a instar la nulidad, de la cláusula referente al interés remuneratorio del contrato de “Tarjeta Pass” de crédito revolving suscrito el  17 de noviembre de 2004  entre la entidad demandada y la actora, sobre la base de falta de transparencia en la incorporación de la misma al citado contrato y, en su caso, por razones de usura, con los efectos inherentes a dicha eventual declaración de nulidad. 

La mencionada cláusula fija un interés remuneratorio del 20,27 % TAE.

Fijado todo lo cual, y a los efectos de poder dilucidar la posible nulidad o no de la cláusula de interés remuneratorio del primero de los contratos suscritos entre las contendientes, hay que analizar la superación o no por parte de ésta de los filtros de transparencia fijados por la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, para acto seguido y, para el caso, a su vez, de que los supere, analizar el posible carácter usurario o no del interés remuneratorio pactado.

Segundo.- Siguiendo con lo expuesto y en relación, primeramente, al control de transparencia sobre la cláusula de intereses remuneratorios debemos tener en cuenta, en este punto, art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que previene que “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”. 

El vigésimo considerando de la Directiva 93/13/CEE ya indicaba que «los contratos deben redactarse en términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas».

Así pues, las partes pueden libremente estipular el precio que consideren oportuno, pero una cláusula podrá ser también considerada nula en el caso de que sea confusa o que no aparezca de manera clara, para que no haya duda de que el consumidor era perfecto conocedor del precio que se pactaba en el contrato. 

En este sentido, los intereses remuneratorios deben ser considerados precio, por lo que hemos de analizar si el consumidor dispuso de una información suficiente al respecto y si se puede entender que comprendió plenamente la onerosidad de la operación plasmada en ese contrato.

El Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013 recordó, citando las sentencias 401/2010, 663/2010, 861/2010 y 406/2012, que el hecho de que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla general, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, que conduzca a la nulidad instada por la actora, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia. 

Esa sentencia indicaba que dentro de nuestro derecho nacional «las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC [l]a redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez 7 LCGC [n]o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato  ? b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles».

Continuaba la sentencia diciendo que, además del filtro de incorporación, el control de transparencia tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica. 

En este segundo examen, la transparencia documental de la cláusula es insuficiente para impedir el examen de su contenido. 

Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato. 

En definitiva, en los términos de esa sentencia, «la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato».

De la doctrina expuesta por el TS y que se resume en la Sentencia de 9 de mayo de 2013 resulta: – Que una condición general defina el objeto principal de un contrato no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia.

Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.

No pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. 

Máxime en aquellos casos en los que los matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado de forma relevante.

La transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato.

Con relación al contrato de 17 de noviembre de 2004  que es el que ahora nos ocupa, la cláusula de intereses remuneratorios aparece en un sitio que no es nada destacable en el contrato, no siendo fácil de identificar,  aun cuando puede afirmarse y así se hace, que el interés remuneratorio pactado está consignado en el contrato de manera legible, siendo identificable el mismo, ello no supone que la cláusula en cuestión haya superado el doble filtro de transparencia, que, como ha quedado explicado más arriba, implica no únicamente que la cláusula sea legible, sino que, además, la misma sea comprensible, de tal manera que el consumidor sea consciente del juego de dicho interés pactado en la economía del contrato de modo que pueda tener un conocimiento real del coste del mismo.

Tomando en consideración la literalidad del contrato, en ningún caso queda suficientemente claro para el consumidor medio qué coste exacto van a tener para él las disposiciones que haga con la tarjeta, resultando imposible el cálculo exacto del coste del crédito de manera previa. Todo ello sirve para impedir que la actora pudiera tener un conocimiento concreto y claro del funcionamiento de la tarjeta y de cuál es el coste económico de la misma para ella.

En cualquier caso, nos hallamos ante un producto financiero, como son las tarjetas llamadas “revolving”, que es conocido por su extraordinaria dificultad para comprender con detalle su funcionamiento y, como ya ha destacado nuestro Alto Tribunal, la expresión del TAE, si bien es imprescindible, no es suficiente de cara a superar el doble filtro de transparencia, sino que es preciso, además, que quede claro el coste real de la operación para el consumidor y, vista la literalidad del contrato, se exigen extraordinarias y complejas operaciones matemáticas para tener un conocimiento si quiera aproximado del coste de cada disposición que con la tarjeta haga el consumidor, no superando, por tanto, la cláusula en cuestión el filtro de transparencia e incorporación al contrato.

Ello ya nos conduciría a la nulidad de la cláusula referente al interés remuneratorio, pero la actora también invoca para cimentar la nulidad instada, en segundo lugar, el carácter usurario de dicho interés, que, ya se adelanta, nos conducirá también a la nulidad de la misma como consecuencia del reproche de usura que acompaña al interés pactado en los términos que se expondrán seguidamente.

Tercero.- Por lo que se refiere a la posible usura del interés remuneratorio pactado, siendo este fijado en un 20,27% TAE. 

Hay que traer a colación, en este punto, la STS núm. 149/2020, de 4 de marzo (ROJ: STS 600/2020 – ECLI:ES:TS:2020:600), en la que se indica que: “ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». 

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. 

No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario  ”.

Respecto al carácter normal del interés remuneratorio y concurrencia de circunstancias excepcionales, procede señalar, en cuanto a la primera de las cuestiones, que tal y como señala la citada sentencia de nuestra A.Pr., resumiendo la doctrina del T.S en st. De 19-3-20 “3.

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». 

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

6.- El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. 

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre , no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. 

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

10.- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito».

Sin embargo, la aplicación de esta doctrina al presente supuesto presenta un problema de difícil solución, y es que en la fecha de celebración del contrato litigioso (2004) el Banco de España no había publicado todavía estadísticas oficiales sobre tipos de interés de tarjetas de crédito y » revolving».

En efecto, como pone de manifiesto la resolución de instancia: «Debido a la normativa comunitaria, la Circular 1/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras, que deroga la Circular 4/22002 mencionada por el TS en la sentencia de 25 de noviembre de 2015 , solicita a las entidades financieras que faciliten datos sobre los créditos instrumentales tales como.

Por esta nueva circular, el Boletín Estadístico de julio-agosto de 2010 del Banco de España señala que.

De acuerdo con las fechas que han podido ser apreciadas por este tribunal, el contrato de tarjeta comenzó el día 17 de noviembre de 2004 ,  lo que implica que a la fecha de perfección del contrato, momento en el que se fijó el interés remuneratorio aplicado de forma posterior por la entidad de crédito apelante, los datos que publicaba el Banco de España sólo incluían los créditos al consumo pero no incorporaban los datos relativos a las tarjetas de crédito de pago aplazado o tarjetas » revolving», datos que se incorporan a partir de la Circular 1/2010.

Por tanto, en este caso, la comparación debe de hacerse en atención a los intereses medios fijados para las operaciones de crédito al consumo, sin tomar en consideración los datos posteriormente incorporados, dado que los mismos no eran conocidos ni publicados por el Banco de España a la fecha de perfección del contrato».

(El subrayado es de la Juzgadora) Sentada tal premisa, resulta que según los datos oficiales publicados por el Banco de España, el tipo de interés para operaciones de crédito al consumo entre 1 y 5 años, en el año 2.003 ( primero al que se remonta la serie histórica) no superó el 8,08%por tanto, una primera conclusión es que la TAE resultante del contrato supera de forma desmesurada el tipo medio para operaciones similares en el año anterior  en que se celebró el contrato, lo que justifica su calificación como superior al normal del dinero, todo ello con base en las .premisas establecidas por la jurisprudencia.

Cuarto.- La declaración anterior conlleva la nulidad absoluta, radical y originaria de la cláusula de interés remuneratorio en los contratos referenciados, sin posibilidad de convalidación confirmatoria de la misma, procediendo, en consecuencia, señalar que, conforme a lo dispuesto en el art. 3 Ley de Represión de la Usura, la actora sólo está obligado a reintegrar el capital dispuesto, excluyendo intereses, comisiones, seguro, etc. por lo que se condena a la entidad demandada a reintegrar el exceso que haya abonado el actor, a determinar según los trámites del art. 712 y ss. LEC.

Quinto.-  En materia de costas resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 394.1 LEC, procediendo la condena en costas de la parte demandada.            

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad que me confiere la Constitución, estimo totalmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales  doña XXXX en nombre y representación de doña XXXX contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC, S. A., representada procesalmente por el Procurador de los Tribunales don XXXX en consecuencia.

DECLARO: 1.- La nulidad de la cláusula referente al interés remuneratorio pactada en el contrato de Tarjeta de crédito “Tarjeta Pass”, celebrado el 17 de noviembre de 2004 suscrito entre Doña XXXX y SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC S. A.

2.- Condenar en costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.  LA JUEZ.

Por luis

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