11559-P.RAPIDO-CREDITO-POSTAL-990E

Juzgado de Oviedo dicta sentencia contra Crédito Postal por usura en los intereses y es obligado a devolver 990€ a un cliente de Economía Zero.

Las partes celebraron dos contratos de préstamo rápido con fecha mayo del 2021 y septiembre de 2021, en los contratos se impusieron unos intereses TAE del 288%, cuando tal y como consta en la estadística publicada por el Banco de España, el interés medio aplicado en dichas fechas para los contratos de crédito al consumo era del 7,60 y 7,65 respectivamente.

El demandante ante tal abuso se vio obligado a enviar una reclamación extra judicial solicitando la nulidad de los contratos por usurarios y la devolución de lo cobrado indebidamente, reclamación que no fue atendida por la entidad.

Finalmente, el Magistrado del caso estima la demanda dictando sentencia contra Crédito Postal por usura en los intereses y condena a la entidad a devolver todo lo pagado por encima del capital prestado, cantidad que suma 990€.

En la sentencia contra Crédito Postal se imponen las costas del proceso a la entidad al perder la demanda.

Doña Azucena Natalia Rodríguez Picallo letrada colaboradora con Economía Zero ha conseguido la sentencia contra Crédito Postal.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS PRÉSTAMOS RÁPIDOS, CONSIGUE UNA SENTENCIA CONTRA CRÉDITO POSTAL Y RECUPERA LO QUE ES TUYO !!!

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.10 OVIEDO

SENTENCIA: 00004/2023

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000662 /2022

Procedimiento origen: / Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. CRÉDITO A DOMICILIO S.L.

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

Juzgado de Primera Instancia Nº10 Oviedo Procedimiento Juicio Ordinario Nº662/2022

SENTENCIA Nº4/23

En Oviedo, a 9 de enero de 2023.

Vistos por mí, D. XXXX, Juez en funciones de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia Nº10 de Oviedo y su partido, autos de juicio ordinario registrados con número 662/2022, en el que han sido partes, D. XXXX, como demandante, representado por la Procuradora Sra. XXXX y asistido por la Letrada Sra. Rodríguez Picallo, contra la entidad Crédito a Domicilio S.L., representada por el Procurador Sr. XXXX y asistida por el Letrado Sr. XXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 3 de junio de 2022 por la Procuradora Sra. XXXX, actuando en nombre y representación de D. XXXX, se presentó demanda que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes y constan en autos.

En su escrito de demanda el actor ejercita con carácter principal acción por la cual solicita que “se declare la nulidad por usura de los siguientes contratos suscritos por el demandante con CRÉDITO A DOMICILIO, S.L.: i. contrato de préstamo nº XXXX, celebrado en mayo de 2021; ii. y contrato de préstamo nº celebrado en septiembre de 2021.

Condenando a la mercantil demandada a restituir a Don la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare: – La nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia– de las cláusulas de intereses remuneratorios de todos y cada uno de los contratos de préstamo citados en el punto anterior, condenando a la demandada a restituir a Don XXXX la totalidad de los intereses cobrados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

La nulidad de las cláusulas de comisión de recobro de todos y cada uno de los contratos de préstamo citados en el punto primero, condenando a la demandada a restituir a Don XXXX la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

La nulidad de las cláusulas del interés de demora de todos y cada uno de los contratos de préstamo citados en el punto primero, condenando a la demandada a restituir a Don XXXX la totalidad de los intereses de demora cobrados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales. La demanda se fundamenta en los siguientes hechos: el demandante concertó con la entidad demandada dos contratos de préstamo a corto plazo.

El primero, en mayo de 2021, con núm. , por un capital principal de 300 euros y con una TAE del 288%.

El segundo, en septiembre de 2021, por un capital principal de 600 euros y con una TAE del 288%. Entiende la parte actora que el interés aplicado es notablemente superior al normal del dinero y que por ello debe ser declarado nulo, dado su carácter usurario.

Las alegaciones ejercitadas con carácter subsidiario se basan en la falta de incorporación y transparencia de la cláusula relativa al interés remuneratorio, al haberse impuesto la cláusula por la entidad prestamista de forma independiente a la voluntad del demandante.

Asimismo se alega la nulidad de la cláusula relativa a la comisión de recobro al entender que es abusiva al prever un importe de 35 euros de comisión sin prever ni justificar la gestión o el servicio que se está pagando.

Por último se ejercita una acción de nulidad de la cláusula relativa al interés moratorio al entender que la misma es abusiva al suponer la aplicación de un 1,75% diario sobre el importe impagado con un máximo del 100% del importe del préstamo concedido y de un 15% anual del importe total pendiente de pago.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada para que contestara.

Habiendo transcurrido el plazo y no habiendo presentado escrito de contestación a la demanda, se dictó diligencia de ordenación en fecha de 11 de octubre de 2022 por la que se le declaró personado en el procedimiento y se declaró que el plazo para contestar había precluido.

TERCERO.- Señalada fecha para la audiencia previa, se celebró en el día y hora indicados.

La parte demandante propuso las pruebas que estimó pertinentes y se resolvió sobre la admisión de las mismas en los términos que constan en las actuaciones.

Dado que la única prueba propuesta y admitida es la documental que ya obra autos, se acordó conforme al artículo 429.8 LEC que los autos quedaran vistos para sentencia. CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado todos los requisitos procesales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento la parte actora ejercita, con carácter principal, acción por la que solicita que, previa la oportuna tramitación legal, se dicte sentencia por la que se declare la nulidad por usura de los dos contratos de préstamo a corto plazo a los que se refiere el antecedente de hecho primero de la presente resolución.

Así, para resolver el presente litigio resulta aplicable, en primer lugar, la Ley de 1908 de Represión de la Usura, que en su artículo 9 dispone que lo “dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

A su vez, el artículo 1 de la citada norma establece que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

En relación con lo dispuesto en este precepto, cabe destacar que, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, basta con que se den los requisitos contenidos en el primer inciso del citado precepto para apreciar el carácter usurario del crédito o préstamo, sin que sea necesario que se den los requisitos del segundo inciso, esto es, sin que sea necesario que haya “motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Así se ha pronunciado el Pleno del Tribunal Supremo en sentencia de 4 de marzo de 2020.

En el caso que nos ocupa, para resolver sobre el posible carácter usurario del crédito, se debe de acudir al interés medio aplicado para los préstamos de consumo en el año 2021, por ser éste la fecha de celebración de los dos contratos de préstamo litigiosos.

En concreto, ha de acudirse al interés medio aplicado en los meses de mayo y de septiembre respectivamente, por ser la fecha de celebración de los contratos.

Tal y como consta en la estadística publicada por el Banco de España, el interés medio aplicado en dichas fechas para los contratos de crédito al consumo era del 7,60 y 7,65 respectivamente.

Por su parte, la TAE aplicada en ambos contratos litigiosos es del 288%, tal y como se desprende de los contratos aportados con la demanda como documentos números 2 y 3. Se advierte por lo tanto una desproporción desorbitada entre el tipo medio y el tipo de interés aplicado en el supuesto que nos ocupa, de lo que se deriva que nos encontramos ante un interés notablemente superior al normal del dinero.

Por la parte demandada no se ha presentado en tiempo escrito de contestación, por lo que no ha podido esgrimir ningún motivo de oposición frente a la pretensión formulada por la parte actora.

No obstante lo anterior, estimo pertinente justificar el motivo por el cual el índice al que se ha de acudir para comprobar si los contratos litigiosos son o no usurarios es el tipo medio ponderado de los créditos al consumo.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Asturias y a tal efecto cabe destacar la sentencia nº 38/2022 de 25 de enero de 2022 dictada por la Sección Séptima que dispone que “abundando en el planteamiento esgrimido en otros asuntos de la misma entidad, vistos ya ante esta Sala, pretende la apelante que se rijan los intereses en esta clase de créditos por otros criterios, en tanto en cuanto han de permitir tipos mucho más elevados, similares a los utilizan otras entidades del sector, como pone de relieve en los diversos ejemplos que acompaña a su recurso.

Frente a ello y ratificando lo expuesto en las sentencias de esta sala citadas, en la presente resolución, hay que recordar una vez más la tesis de la sentencia TS de 25 de noviembre de 2015, que estimó la usura al no existir un índice oficial específico en ese momento para hacer la comparativa de la modalidad negocial de las tarjetas de crédito, -que modificó la sentencia de 4 de marzo al existir ya un índice oficial individualizado para esa clase de contratos-, sin el cual ha de hacerse con la comparativa con los préstamos al consumo, pues lo que no cabe, como parece pretender el recurrente, es la autorregulación de las entidades que se dedican a este negocio sin control ninguno para fijar libérrimamente los intereses de esta clase de contratos, dejando desprotegido y sujeto al pago de intereses desproporcionados, al consumidor, por lo que a falta de índices oficiales ha de partirse del vigente para los créditos al consumo a la fecha de celebración de cada contrato.

Índices que superan notoriamente cada uno de los de autos, como bien declara la apelada, pues no tiene tal consideración (de índice oficial que sirva de referencia para hacer la comparativa), el de la propia asociación privada de tales entidades (AEMIP), que trata de utilizar la parte”.

Es decir, al no existir datos oficiales publicados relativos al interés medio aplicado para los productos denominados microcréditos y al no haberse aportado por la parte demandada prueba documental que acredite que el tipo medio de interés aplicado para esta clase de contratos es similar al que consta en los dos contratos litigiosos, el único índice de referencia que encontramos es el previsto con carácter general para los contratos de crédito al consumo.

Incluso para el caso de que acudiéramos al tipo medio de interés aplicado en las tarjetas de crédito y en las tarjetas de modalidad revolving, por tratarse de productos con características más similares a las de los microcréditos, la TAE resultante en aquellos no alcanza el 18%, por lo que una TAE del 288% en todo caso ha de ser considerada como un interés que excede notablemente al interés normal del dinero.

Por todo ello, los dos contratos litigiosos son usurarios y deben ser declarados nulos con arreglo a lo previsto en la Ley de Represión de la Usura.

SEGUNDO.- Una vez declarada la nulidad de los dos contratos de préstamo debido al carácter usurario de cada uno de ellos, procede imponer las consecuencias previstas en el artículo 3 de la Ley de represión de la Usura.

En dicho precepto se establece que “declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.”

Ello implica que el prestatario estará obligado a pagar tan sólo la suma recibida en concepto de capital en virtud del contrato celebrado, viniendo la entidad demandada obligada y por ello condenada a la devolución de todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital al actor, cuantía que se determinará en ejecución de sentencia.

Dicha cantidad se incrementará con los intereses legales del artículo 1.108 del Código Civil devengados desde el momento de la interposición de la demanda.

La estimación de la acción principal ejercitada por la parte demandante da lugar a que no proceda entrar a resolver las acciones ejercitadas con carácter subsidiario.

CUARTO.- En cuanto a las costas, al ser estimada la demanda, procede su imposición a la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la LEC. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D. XXXX, representado por la Procuradora Sra. XXXX, contra la entidad Crédito a Domicilio S.L., representada por el Procurador Sr. XXXX, declaro la nulidad por usura del contrato de préstamo nº XXXX, celebrado entre las partes en mayo de 2021; y del contrato de préstamo nº XXXX, celebrado en septiembre de 2021, debiendo el demandante devolver a la entidad demandada únicamente el importe de capital principal efectivamente dispuesto por cada uno de los dos contratos y, en consecuencia, condeno a la referida entidad a reintegrar al demandante la cantidad que pudiere haber sido cobrada en exceso según se determine en ejecución de sentencia junto con los intereses legales devengados desde el momento de interposición de la demanda.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *