10626-P.RAPIDO-ZAPLO-644

Juzgado nº 12 de Jerez de la Frontera, dicta una condena contra Zaplo y declara la nulidad de un contrato de préstamo rápido por considerarlo préstamo de usura.

La TAE fijada en este contrato era del 151,80 % es notablemente muy superior a la aplicada por la mayoría de las entidades en operaciones de crédito al consumo, por lo que el interés pactado es muy superior al interés normal del dinero.

El Magistrado-Juez del caso dicta condena contra Zaplo y declara la nulidad del contrato por ser abusivo, con fundamento en la incorporación de la TAE a éstos, por parte de la sociedad, mediante una cláusula prerredactada y predispuesta, sin posibilidad de negociación individual; la no alegación de alguna particularidad que justifique la aplicación de un interés tan elevado y desproporcionado en atención a las circunstancias concurrentes y la falta de transparencia de la cláusula de intereses remuneratorios.

En la condena contra Zaplo se obliga a la restitución a la actora de lo abonado por ésta por los conceptos que hayan excedido del capital prestado o dispuesto, más el interés legal devengado desde la interposición de la demanda, cantidad que suma 644,23€.

En la siguiente condena contra Zaplo se imponen las costas del proceso a la entidad al perder la demanda.

Don Miguel Ángel Correderas García letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la siguiente condena contra Zaplo.

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JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº5 DE JEREZ DE LA FRONTERA (ANTIGUO MIXTO Nº5)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 513/2022. Negociado: AN Sobre: Contratos en general

De: Procurador/a: XXXX

Sr/a. Letrado: Sr/a. MIGUEL ANGEL CORREDERAS GARCÍA

Contra: 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U.

Procurador/a: Sr/a. XXXX

Letrado: Sr/a. XXXX

SENTENCIA Nº306/22

En Jerez de la Frontera, a 17 de noviembre de 2022.

MAGISTRADO-JUEZ: D. XXXX.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 513/22.

PARTE DEMANDANTE: Dª. XXXX.

PROCURADOR/A: Sr./Sra. XXXX.

LETRADO/A: Sr./Sra. CORREDERAS GARCÍA.

PARTE DEMANDADA: 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U.

PROCURADOR/A: Sr./Sra. XXXX.

LETRADO/A: Sr./Sra. XXXX

OBJETO DEL JUICIO: Usura. Cláusulas abusivas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El/la procurador/a Sr/a. XXXX, en representación de Dª. XXXX y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este juzgado, presentó demanda de juicio ordinario contra 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U. con fecha 23/03/2022.

SEGUNDO.- Este juzgado admitió a trámite la demanda por decreto de fecha 13 de abril de 2022. La demandada contestó a la demanda en fecha 24/06/2022.

TERCERO.- El día 17 de noviembre de 2022 se celebró la audiencia previa, con el resultado que consta en la grabación correspondiente. En ese acto se admitió únicamente prueba documental, de modo que el procedimiento quedó visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensión del demandante. 1.1. La parte demandante indica en su demanda que el 23 de mayo de 2017 concertó un contrato de préstamo con la entidad demandada, cuya TAE era del 151,80 %. Según indicaba la demanda, el interés ordinario fijado en ese contrato sería desproporcionado y por tanto usurario, lo que debería dar lugar a la nulidad total del mismo.

Por otro lado, se decía que la cláusula que fijaba la penalización por mora tenía carácter abusivo. 1.2. Se reclamaba así con carácter principal la declaración del carácter usurario del contrario, y subsidiariamente, que se declarase la abusividad del interés ordinario.

SEGUNDO.- Contestación de la demandada. 2.1. La demandada contestó a la demanda. En su contestación planteó, con carácter previo, diversas excepciones procesales (inadecuación del procedimiento, indebida acumulación de acciones y error en la determinación de la cuantía del procedimiento), que fueron rechazadas en la audiencia previa. 2.2. Entrando ya al fondo del asunto, la demandada negó la existencia de usura y de cláusulas abusivas en este contrato.

TERCERO.- Hechos controvertidos. 3.1. En la audiencia previa se puso de manifiesto que ambas partes admitían como cierta la existencia del contrato que nos ocupa, y la condición de la demandante como consumidora o usuaria. También se admitió como cierto que la TAE de la operación era la indicada en la demanda.

Estas cuestiones quedaron así fijadas como ciertas conforme al art. 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 3.2. La discusión se limitó por tanto a la existencia de usura y de cláusulas abusivas.

CUARTO.- Carácter usurario del interés remuneratorio. 4.1. Es oportuno analizar en primer lugar el posible carácter usurario del interés remuneratorio estipulado en el contrato que nos ocupa. Según el art. 1 de la ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ó en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario á causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo limitado de sus facultades mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.

Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos».

4.2. El Tribunal Supremo ha analizado reiteradamente la figura de la usura, y la aplicación a casos como el que nos ocupa de la normativa invocada en la demanda. Así, citando la STS de 2 de diciembre de 2014, la cual a su vez citaba la STS de 18 de junio de 2012, podemos considerar lo siguiente: «[…] en síntesis, de la correlación de estos criterios de interpretación deben destacarse las siguientes notas que caracterizan su régimen de aplicación.

A) En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la Ley de Usura no puede dar lugar a su aplicación diferenciada o subdividida respecto de distintos «tipos» de usura, ya sea distinguiendo en lo que tradicionalmente se ha referenciado como contratos usurarios, leoninos o falsificados; por razón de su interés elevado, de la situación angustiosa del deudor, o de la cantidad realmente entregada, o bien, con base a cualquier otra suerte de clasificación al respecto.

Por el contrario, debe resaltarse que el control que se establece se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado, sin que pueda diferenciarse la extensión o alcance de la ineficacia derivada.

De ahí, entre otros extremos, que su régimen de aplicación, esto es, la nulidad del contrato de préstamo, o negocio asimilado, alcance o comunique sus efectos tanto a las garantías accesorias, como a los negocios que traigan causa del mismo.

B) La unidad de su régimen de aplicación determina que la interpretación y alcance del préstamo usurario se realice de un modo sistemático teniendo en cuenta la relación negocial en su conjunto, esto es, valorando en su totalidad las circunstancias y condiciones que determinan la celebración del contrato, y no una determinada circunstancia o condición, considerada autónomamente.

C) En la línea de lo expuesto, la noción de usura, estrictamente vinculada etimológicamente al ámbito de los intereses, se proyecta sobre la lesión patrimonial infligida, esto es, sobre los intereses remuneratorios y de demora; STS de 7 de mayo de 2012 .

De forma que el control establecido debe interpretarse de un modo objetivable a través de las notas del «interés notablemente superior al normal del dinero» (ya respecto al interés remuneratorio, o al de demora y, en su caso, al nivel de los dos) y de su carácter de «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», para extenderse a continuación, al plano valorativo de la situación o relación negocial llevada a cabo en donde, también de un modo objetivable, se analizan las circunstancias previstas por la norma: situación angustiosa del prestatario, inexperiencia del mismo y limitación de sus facultades mentales.

Por otra parte, y en este marco de interpretación, cuando en realidad se recibe una cantidad de dinero prestado inferior a la nominalmente contratada (caso del denominado préstamo falsificado), la aplicación de la usura se objetiva plenamente en orden a la sanción de nulidad del contrato, con independencia de otras posibles consideraciones, que puedan concurrir («cualquiera que sean su entidad y circunstancias», artículo uno, párrafo segundo de la Ley)». 4.3.

Sentado lo anterior, debe advertirse que la TAE fijada para esta operación fue del 151,80 %.

Es obligado invocar aquí la STS de 25 de noviembre de 2015, resolución que calificaba como usurario cierto préstamo tomando en consideración su TAE. Tal resolución indicaba lo siguiente: «la Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , « se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor », el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es « notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como « notablemente superior al normal del dinero».

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea « manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso.

Sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobre endeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura , al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado».

De este modo, resulta que, como indica el Tribunal Supremo en la resolución trascrita, «la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados, es el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero».

Es relevante también la STS de 4 de marzo de 2020. Indica aquí el Tribunal Supremo que el simple hecho de que en cierto tipo de operaciones exista una elevada tasa de morosidad no puede justificar la imposición de un interés desproporcionado, «pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico». Este razonamiento es plenamente aplicable al caso que nos ocupa.

4.4. Con base pues en esta doctrina jurisprudencial, debe ser declarado el carácter usurario del préstamo que nos ocupa. La TAE fijada en este contrato era del 151,80 %.

Podemos aquí citar la máxima res ipsa loquitur; los hechos hablan por sí solos, y no parecen precisar de más comentario.

Se trata de un tipo de interés astronómico, muy superior a lo propio de los créditos al consumo durante aquellas fechas, alejado de lo usual en la actividad financiera y cuya justificación no consta. Si ese interés no es usurario, es difícil conjeturar qué puede serlo.

Y las especiales circunstancias de la operación en cuestión no pueden justificar un interés tan desproporcionado, conforme a la jurisprudencia expuesta. Diversas resoluciones manejan razonamientos análogos a los expuestos.

Así, por ejemplo, la SAP Zaragoza, sección 5ª, del 19 de enero de 2021. Podemos hacer propios los razonamientos de la SAP Valencia, sección 11ª, del 24 de marzo de 2021: «no se opone a ello que otras empresas dedicadas al crédito apliquen a los microcréditos unas tasas de interés (TAE) que oscilan entre el 2000 y el 3000%, pues esto no legitima lo que es abusivo, ilícito y, en definitiva, usurario, sino que lo que hace es confirmar la existencia de empresas que se dedican comercialmente a la usura».

Procede por tanto estimar la petición principal planteada en la demanda con relación al carácter usurario del contrato en cuestión.

QUINTO. Consecuencias del carácter usurario del contrato.

5.1. Como antes se dijo, nos hallamos ante un contrato usurario.

Resulta por tanto necesario concretar las consecuencias prácticas de dicha declaración.

5.2. Esta naturaleza usuraria comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, y que en cuanto tal no admite convalidación confirmatoria al ser totalmente insubsanable, afectando la misma a la totalidad del convenio con la única consecuencia, establecida en el artículo 3 de la Ley Azcárate, de que ha de retrotraerse la situación al momento inmediatamente anterior al préstamo.

Y, según el art. 3 de la misma ley, esa declaración de nulidad el único efecto que produce es para el prestatario el reintegro del capital recibido en aquella parte que no hubiera sido devuelta.

La consecuencia jurídica de la usura es por tanto la nulidad del contrato por expresa disposición legal y como sanción, y por tanto no resulta este convalidable, ni sanable, ni confirmable, y no podría hacerse aplicación de la doctrina de los actos propios para dotar de eficacia a un contrato radicalmente nulo, tal como tiene establecido la jurisprudencia (SSTS 7 abril 2015, 10 febrero 2003).

5.3. En este orden de cosas, la consecuencia necesaria de la declaración del contrato como usurario será que el demandante deba devolver tan sólo la suma efectivamente recibida.

En el caso planteado, tal y como reclamaba la demanda, la demandada deberá abonar a la demandante todas las cantidades que, en su caso, hubiera recibido en exceso respecto del capital prestado, cuestión a determinar en ejecución de sentencia.

5.4. No obstante, la demanda pedía también el abono por la demandada de los intereses legales devengados desde la fecha de cada abono. Esta petición no puede prosperar.

En efecto, la consecuencia propia en atención al carácter usurario del contrato es la fijada en el art. 3 de la Ley Azcárate; esto es, que el prestatario deba devolver únicamente el capital prestado, de modo que, descontados los intereses, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

No se ha declarado la nulidad de una condición general, ni resulta pues aplicable el art. 1303 CC. En este sentido se pronuncia, por ejemplo, la SAP A Coruña, sección 3ª, del 28 de septiembre de 2021 : «La parte apelante entremezcla la acción de nulidad por usura, con las consecuencias previstas en la Ley Azcárate, y una acción de anulabilidad o nulidad con las consecuencias del artículo 1303 del Código Civil. La Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, en su artículo tercero prevé que «… el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado».

Lo solicitado en la demanda son las consecuencias del artículo 1303 del Código Civil («… los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses…»).

Y además proponiendo una forma de aplicación contraria a este último precepto, pues plantea los intereses a su favor desde cada abono en exceso, pero omite que doña tendría que abonar los intereses legales de cada disposición realizada hasta su total amortización, lo que es contrario a la literalidad, espíritu y finalidad del artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1908. Es una confusión de conceptos en cuanto a la acción ejercitada».

Este razonamiento enlaza con lo explicado en la STS de 14 de julio de 2009, resolución que explica que los arts. 1303 y 1305 CC no son aplicables sin más a los contratos usurarios, ya que la usura da lugar más bien a los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1908.

SEXTO.- Costas. 6.1. Según el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas.

6.2. En el caso planteado la demanda ha sido estimada en lo sustancial, con la única excepción de la petición relativa a los intereses que fue analizada más arriba.

Por todo lo cual, y vistos los preceptos legales citados y los de general aplicación.

FALLO

PRIMERO.- Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por el/la procurador/a Sr/a. XXXX, en representación de Dª. XXXX, contra 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U. y en consecuencia: –declaro el carácter usurario y nulo de pleno derecho del contrato de préstamo suscrito por las partes con fecha 23 de mayo de 2017 , y que ha sido objeto de este procedimiento -declaro que Dª. XXXX únicamente está obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto en virtud de ese contrato, de modo que 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U. deberá reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, las cuales se calcularán en ejecución de sentencia.

SEGUNDO.- Las costas procesales serán abonadas por 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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