1001-TARJETA-INVEST-CAPITAL

Juzgado de Barcelona dicta sentencia contra Invest Capital por usura en los intereses obligando a devolver 4.481,76€ a un cliente de Economía Zero.

El demandante suscribió un contrato de tarjeta de crédito en fecha 19/01/2001 con SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, que con fecha 31/07/2018 cedió a Invest Capital.

En el contrato se venían aplicando unos intereses TAE del 21,99%, cuando en las fechas de contratación el tipo de interés era del 8,30%.

El demandante se vio obligado a presentar requerimiento extra judicial solicitando la nulidad del contrato por contener intereses usurarios y varias cláusulas abusivas, Invest Capital se opone alegando que el contrato es transparente y que los intereses no son usurarios.

El Magistrado del caso estima íntegramente la demanda declarando nulo el contrato y dicta sentencia contra Invest Capital por usura en los intereses condenando a la entidad a devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado, cantidad que suma 4,481,76€.

En la sentencia contra Invest Capital se imponen las costas del proceso a la entidad.

Don Martí Solá Yagüe letrado colaborador con Economía Zero a conseguido la sentencia contra Invest Capital.

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Juzgado de Primera Instancia nº35 de Barcelona

Procedimiento ordinario 427/2019 -C2

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: Martí Solà Yagüe

Parte demandada/ejecutada: INVEST CAPITAL, LTD

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

SENTENCIA Nº212/2021

Magistrado: XXXX

Barcelona, 23 de julio de 2021.

Vistos por mí, XXXX, Magistrada Juez sustituta de este Juzgado de Primera Instancia nº35 de Barcelona las presentes actuaciones correspondientes a juicio ordinario instados por la Procuradora en nombre y representación de contra INVEST CAPITAL, LTD, en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – La parte actora presentó a través de la representación procesal indicada, demanda de juicio ordinario, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, solicitó se dictase sentencia estimatoria de sus pretensiones, frente a la parte demandada.

SEGUNDO. – Admitida a trámite la mentada demanda, se formuló oposición por la demandada.

TERCERO. – Celebrada la audiencia previa, se señaló día del juicio que tuvo lugar en la fecha señalada, compareciendo las partes y, tras la práctica de la prueba y trámite de conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-. Mediante la demanda rectora de esta litis la actora solicita, con carácter principal, que se declare la nulidad del contrato de autos por usura. Subsidiariamente, que se declare la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio y composición de pagos del contrato.

Además, solicita que se declare la nulidad por abusividad de la cláusula de variación unilateral de condiciones del contrato, así como aquellas otras que se determinen al tiempo de que se disponga del original de la solicitud del contrato.

En cualquier supuesto, interesa la condena a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo o de las clausulas cuya nulidad sea declarada, con devolución reciproca de tales efectos, más el pago de los intereses legales y procesales y la condena expresa en costas.

En apretada síntesis, expone que la actora goza de la condición de consumidora y que el contrato de autos convenido el año 2011 es del sistema revolving y es usurario por haberse dispuesto un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso (art. 1 ley Azcárate).

Considera también que la información acerca de las condiciones del contrato ha sido manifiestamente insuficiente.

La demandada formula oposición, alegando en primer lugar su falta de legitimación pasiva.

Impugna además la fijación de la cuantía del procedimiento como indeterminada.

La demandada considera que para calificar el tipo de interés como usurario, se debe comparar con el habitual en las operaciones de la misma naturaleza, en concurrencia con las circunstancias del caso.

En este caso, el tipo de interés es correcto teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y los tipos de interés publicados por el Banco de España para este tipo de operaciones.

Finalmente, considera que el contrato describe de forma clara, sencilla y transparente la forma de utilización de la tarjeta, el tipo de interés aplicable, las comisiones, forma de pago, posibilidad y forma de modificar el mismo, así como la forma de cálculo de la cuota a pagar.

Se permite una fácil comprensión de la carga económica y jurídica que supone la tarjeta.

La actora fue informada previamente a la formalización del contrato sobre las condiciones de la tarjeta y pudo saber las consecuencias de su utilización.

Mensualmente, ha sido informada del tipo de interés, de los intereses, del saldo pagado y de la posibilidad de modificar la forma de pago.

SEGUNDO. – Resuelta y desestimada en el acto de la Audiencia previa la impugnación por la demandada de la fijación de la cuantía como indeterminada, debe principiarse por la alegación de la demandada sobre su falta de legitimación pasiva.

La demandada alega que carece de tal legitimación al no haber sido parte en el contrato de autos suscrito en fecha 19 de enero de 2011 entre el actor y la entidad financiera SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, quien el 31 de julio de 2018 cedió a la demandada una serie de créditos entre los que se encuentra el contrato de autos.

En síntesis, explica la demandada que el contenido de la cesión es el derecho de crédito dimanante del contrato de autos y que carece de legitimación pasiva en relación a cualquier reclamación respecto al contrato al no haber sido parte en el mismo, de modo que todas las excepciones que versen sobre el contenido puro del contrato no pueden oponerse frente a quien no participó de su redacción y correspondiente concesión, considerando que es frente a la cedente CARREFOUR frente a la que debía dirigirse la demanda.

La actora, anticipándose a tal alegación, alega que la entidad demandada como nueva acreedora tiene las mismas acciones frente al demandado que tenía la acreedora cedente, pero también debe soportar las mismas excepciones que la inicial acreedora, al haber sucedido a la acreedora cedente en todos sus derechos y obligaciones debiendo en todo caso la demandada estar y pasar por los efectos de la eventual declaración de nulidad del contrato impugnado.

La actora tiene razón y la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, debe ser desestimada.

En tal sentido la jurisprudencia sobre la materia invocada por la actora y la expresada en Sentencia de la Sala Primera del TS 10/2019, de fecha 11 de enero ( 3014/2016), se razona lo siguiente.”

6.- No es admisible que la subrogación del cesionario en lugar del cedente se realice en un modo que permita al cesionario disfrutar de las ventajas que tales contratos le suponen, pero le libere de las responsabilidades contraídas por el cedente en la celebración de tales contratos, que es lo que supone en la práctica la pretensión de Caixabank al amparo de dicha cláusula, porque tal pretensión implica la defraudación de los legítimos derechos de los clientes bancarios, al privarles de las acciones que pueden ejercitar con base en los contratos celebrados con el banco del que han pasado a ser clientes en virtud de la transmisión del negocio bancario realizado y que ha asumido la posición contractual del banco cedente.”

TERCERO. – Marco normativo de la usura y estimación de la demanda.

Según el Diccionario de la RAE, usura es el «interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo», pero también el «interés excesivo en un préstamo».

Normativamente, esta segunda acepción es la tenida en cuenta por el art. 1 Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura que dispone que: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

La Ley de Usura distingue entre usura objetiva y subjetiva, siendo ambas modalidades por separado determinantes de la sanción de nulidad (STS 18 de junio de 2012).

Hay usura objetiva cuando se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Hay usura subjetiva cuando el interés es leonino, por haber motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

La duplicidad normativa sobre la usura sancionable legalmente con nulidad, ha llevado a los Tribunales a declarar, no solamente que la invalidez por usura afecta a todo el contrato, sino también que no hay distintos tipos de contratos usurarios (STS núm. 406/2012, de 18 de junio y 677/2014 de 2 diciembre) doctrina que ha venido en denominarse de la “unidad de régimen”.

A este respecto el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo aclaró en su STS 628/2015 (FD 3º, ap. 3), que “cuando en las sentencias núm. 406/2012 de 18 de junio y 677/2014 de 2 diciembre exponíamos los criterios de ‘unidad’ y ‘sistematización’ que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la ley”.

Sea un control de precios o sea un límite a la autonomía de la voluntad del art. 1255 CC aplicable a los préstamos o cualquier otro tipo de financiación (sentencia 406/2012), hay que tener en cuenta que en España no hay una tasa oficial de usura a partir de la cual todo interés debe ser declarado usurario.

Por ello, la citada STS 628/2015 acudió al tipo medio de intereses remuneratorio practicado por la Banca en la época del contrato, (en lugar del exceso sobre los intereses remuneratorios pactados en el contrato, como criterio comparativo adoptado por la sentencia de apelación), como elemento objetivo que, por comparación con la TAE y no con la TIN pactada (que la sentencia de apelación había tomado en consideración), permitía detectar que los intereses convenidos eran notablemente superiores al normal del dinero.

De este modo, la STS 628/2015 indica que El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

En este caso, se compara el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado, y por la diferencia el TS considera el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero.

Luego, se confirma la usura en otro contrato revolving en la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Sala Primera, número 149/2020, de 4 de marzo, ratificando el anterior criterio de la sentencia del año 2015, especificando que cuanto mayor es el índice de referencia – en ese supuesto más de un 20%– menos margen hay para su incremento.

Ya que, de considerarse usurario el doble del índice de referencia, en estos casos se podrían aplicar intereses de un 40% o más.

En este caso, se compara con el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Respecto del término de comparación, no hay divergencia entre ambas sentencias, pues la STS de 4 de marzo atiende al hecho de que en el año 2017, el Banco de España, comenzó a diferenciar en sus tablas los intereses medios de las tarjetas de crédito, concretamente a través del capítulo 19.4 de su Boletín Estadístico.

En el caso de que no exista este índice, se podrá atender conforme a lo establecido por la STS 658/2015 el tipo medio establecido para los Contratos de Crédito al Consumo.

Es lo que ocurre en el presente caso de autos, contrato del año 2011, concertado cuando no existía información estadística disponible sobre el tipo medio de interés aplicado a este tipo de operaciones de revolving.

Como se ha dicho ya, esa información sólo está disponible desde el mes de marzo de 2017 (en igual sentido, SAP de Salamanca, n º 543/2019, de 31 de octubre).

Es admitido que se contrató la tarjeta de crédito en el año 2011, con un TAE del 21,99%.

En aquellas fechas, no existe publicación de los tipos de interés medio de las operaciones revolving, por lo que hay que acudir al TAE medio de operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España relativo al año 2011 y que hace constar un tipo de 8,30%.

No hacen falta más consideraciones para apreciar el carácter usurario del contrato de conformidad con el art. 1 Ley Azcárate.

Estimada el carácter usurario del interés remuneratorio pactado y la consecuente nulidad del contrato de tarjeta de autos, con los efectos de la STS 628/2015, (Pleno) de 25 de noviembre, cit., FD 4º: “1.- El carácter usurario del crédito ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.”, el art.3 de la Ley de Represión de la Usura establece.

“Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Procede, en consecuencia, que el actor prestatario restituya al prestamista demandado las cantidades percibidas (STS 539/2009, de 14 de julio) y que éste restituya a aquél las cantidades percibidas en exceso, con los intereses legales desde la fecha en que se realizó tal pago en exceso hasta su completa restitución al actor.

CUARTO.- A mayor abundancia, en relación a la acción de cláusulas abusivas, no es controvertido entre las partes que la actora ostentó la condición de consumidora en la concertación del contrato de tarjeta revolving y que el mismo esté conformado por condiciones generales definidas por el art. 1 Ley 7/1998 como aquellas “las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.”.

La actora solicita que se declare que las condiciones generales del contrato de autos relativas a los intereses y comisiones no superan el control de transparencia, y así debería estimarse para el caso de que no hubiera accionado principalmente por usura o para el caso de desestimarse esta acción.

En efecto, sobre esta materia, el art. 5 Ley 7/1998 establece que: “1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes.

Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.

No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.

5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho.”

Y el artículo 7 (NO INCORPORACIÓN): “No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del art. 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.”

Resume el control de transparencia, por ejemplo, la SAP Barcelona s.15 de 4 de mayo de 2018: El fundamento del control de transparencia se sitúa por la jurisprudencia en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga jurídica que incorpora el contrato como la carga económica que supone para él, esto es, pueda conocer y prever, sobre la base de criterios precisos y comprensible, las consecuencias económicas que se deriven del contrato y sean de su cargo (STJUE 30 de abril de 2014, apartado 73, y STJUE de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , apartado 49).

No puede reducirse a un plano formal y gramatical sino que debe tener en cuenta todas las circunstancias del asunto concreto, y en particular la información facilitada al consumidor en el momento de celebrarse el contrato…

En el presente caso, no se ha practicado ninguna prueba más allá de la documental que obra en autos cuando la demandada cesionaria de la pre disponente tenía la carga probatoria de acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración (la sentencia 241/2013, de 9 mayo, consideró suficiente que la parte pre disponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control, independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido).

En este contexto, se acredita que la comercialización (la oferta) del contrato de tarjeta revolving fue realizada por comercial de un establecimiento de grandes dimensiones, en concreto en el CARREFOUR del Centro Comercial de la Maquinista, lo cual se presume que poca o ninguna información se facilitó a la parte actora, pues todo sugiere, como es lo habitual en estos casos, que la tarjeta sea ofrecida por comerciales motivados a cambio de comisión y sin constancia de su formación financiera para instruir al consumidor.

Asimismo, se presume que el consumidor no ha podido tener oportunidad para conocer las condiciones generales de lo que estaba contratando, pues, además de estar ante un producto complejo, se halla en una situación de “compra rápida” en una situación impropia para contratar un producto financiero, pues se halla con la voluntad de realizar unas compras, no de contratar una tarjeta de crédito.

No hay constancia en autos de una información pre contractual, como tampoco hay constancia de que en el momento de la firma o con posterioridad se le haya entregado el contrato o copia del contrato a la actora.

Como explica la actora, suscribió la tarjeta el 19 de enero de 2011 en el citado establecimiento comercial mediante formulario cumplimentado con sus datos personales.

La actora niega que la entidad entregara copia del contrato en el momento de la firma. Tras reclamación de la actora en 2019, la demandada le facilitó copia de la solicitud del contrato (doc 3) y los documentos aportados como documentos 8 y 9 de la demanda que la actora niega que formen parte integrante del contrato, por cuanto el documento 8 (unas supuestas condiciones generales de la contratación y publicidad comercial) no constan fechadas, ni firmadas y el documento 9 (copia de una solicitud de contrato de 24/1/2011) tampoco está firmada por la actora, aparece suscrito en un lugar distinto (Madrid) y es de fecha posterior al contrato de autos.

Ciertamente los documentos 8 y 9 no aparecen firmados por el actor, por lo que no hay constancia de que este tuviera acceso al contrato ni en el momento de su firma, ni con posterioridad.

En cualquier caso, a la vista del documento 3 de la demanda, la solicitud de contrato de Tarjeta Pass, lo único que puede leerse de manera clara y comprensible, son los propios datos personales del actor y las informaciones generales relativas a la contratación (número de tarjetas solicitadas, forma de pago elegida y la no contratación del seguro) y la única información relativa a la carga económica del contrato (en la que se indica el coste del crédito) se encuentra en el extremo inferior del contrato, con una letra extremadamente minúscula, difícil de advertir (no se destaca de ningún modo) e incluso de leer a pesar de su relevancia.

A ello hay que añadir que incluso aceptando hipotéticamente que el documento 8 y 9 forman parte del contrato, todo el texto de los mismos que contiene el clausulado predispuesto por la entidad cedente, aparece redactado en un texto extenso, continuo y extremadamente abigarrado, de forma farragosa y con una letra de tamaño reducido, sin que el coste para el consumidor se destaque de ningún modo (no se utiliza un carácter tipográfico mayor o distinto, ni negritas), confundidas en todas las demás clausulas y con una redacción tal que su simple lectura no permite comprender su trascendencia económica durante toda la vida del contrato.

En cualquier caso, se trata de cláusulas que no han sido firmadas, ilegibles, oscuras, incomprensibles que no se ha probado que el actor ha tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato, que no supera el control de transparencia ni de incorporación de los art. 5 y 7 LCGC en relación con el art. 80 y concordantes del TRLCU.

En conclusión, puede afirmarse que las cláusulas mencionadas no se han incorporado de forma transparente al contrato y ello comporta que sean nulas de pleno derecho.

SEXTO. – Al estimarse la demanda, por aplicación del art, 394 LEC se imponen las costas a la parte demandada.

FALLO

SE ESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora XXXX en nombre y representación de contra INVEST CAPITAL, LTD por lo que: 1.- DECLARO que los intereses remuneratorios del contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito entre la actora y la demandada, son usurarios de acuerdo con la ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 y por lo tanto declaro nulo el citado contrato.

2.- CONDENO, como consecuencia legal inherente a la declaración de nulidad, a la demandada, de conformidad a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de 1908 a reintegrar a la actora cuantas cantidades abonadas durante la vida del contrato desde su formalización hasta fecha de sentencia, excedan a la cantidad del capital dispuesto con los intereses legales devengados por dichas cantidades, conforme al art. 1.303 CC.

3.- CONDENO a la demandada al pago de las costas causadas en esta instancia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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