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Wizink Bank condenado a anular un contrato de crédito por aplicar un tipo de interés usurario

Wizink Bank condenado a anular un contrato de crédito por aplicar un tipo de interés usurario

El Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de León declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por un usuario de Economía Zero con la entidad Wizink Bank por aplicar un tipo de interés usurario.

La Letrada Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, colaboradora de Economía Zero desde hace años, ha sido la encargada de encabezar el presente procedimiento.

El contrato vinculante a las partes es un contrato de crédito revolving, en el que se estableció inicialmente una TAE del 24,71 %, incrementada posteriormente al 26,82%, siendo el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el contrato, 2004, del 8,45 %, por lo que se considera desproporcionado con las circunstancias del caso.

La Magistrada del caso, estimando la demanda contra la entidad Wizink Bank, S.A., declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes y condena a la demandada a devolver a la actora la cantidad que exceda del total del capital prestado, tomando en cuenta el total de lo percibido por todos los conceptos que ya hayan sido abonados por la demandante, más los intereses legales desde su cobro.

Las costas procesales se imponen a la demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE LEÓN

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ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000346/2019

Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D. XXXXXX
Procuradora Sra. XXXXXX
Abogada Sra. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. WIZINK BANK SA
Procuradora Sra. XXXXXX
Abogado Sr. XXXXXX

SENTENCIA Nº 300/2019

En León, a dieciséis de Diciembre de dos mil diecinueve.

Dña. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número CUATRO de León y su partido judicial, ha visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO núm. 346/2019, entre D. XXXXXX, como demandante, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y asistida por la Letrada Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, sustituida por el Letrado D. XXXXXX, y, de otra, la entidad WIZINK BANK SA, como demandada, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, sustituida por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, y asistida por el Letrado D. XXXXXX, sobre nulidad contractual.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.La Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, en representación de la parte actora, D. XXXXXX, presentó escrito de demanda frente a WIZINK BANK SA en el que, con base en los hechos y fundamentos de derecho expuestos, suplica al Juzgado que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que, estimando la demanda:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta suscrito por Don Pablo Israel Fernández García, con nº tarjeta nº XXXXXX (que primero tuvo la numeración XXXXXX y posteriormente la nº XXXXXX), el día el 7 de Enero de 2004, condenando a la entidad demandada a restituir a D. XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare:

– La nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia-de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta “Citi AAdvantage Classic” nº XXXXXX (primero la nº XXXXXX y posteriormente la nº XXXXXX), suscrito el 7 de Enero de 2004 con la entidad CITIBANK ESPAÑA, S.A. (después BANCO POPULAR-E, S.A., y actualmente WIZINK BANK, S.A.) y se condene a la entidad demandada a restituir a D. XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

– La nulidad de la cláusula de comisión de reclamación de recibo impagado de los contratos de tarjeta “Citi AAdvantage Classic”, y se condene a la entidad demandada a restituir a D. XXXXXX la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada.

La Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, en representación de WIZINK BANK SA, compareció y contestó a la demanda, oponiéndose a la misma. Se convocó a las partes a la audiencia previa.

TERCERO.- Llegado el día y hora señalados, con la comparecencia de las partes, se celebró en la forma que obra en la grabación que de la misma se efectuó en soporte digital, procediendo por ambas a proponer prueba, declarándose pertinentes en la forma obrante en dicha grabación.

No se señaló fecha para la celebración del juicio al limitarse la prueba propuesta y admitida a la documental ya aportada, de conformidad con lo establecido en el artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el juicio quedó concluso para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.La pretensión que se ejercita en el presente procedimiento trae causa del contrato de tarjeta de crédito Citi AAdvantage Classic, modalidad “revolving, suscrito por la actora con la entidad Citibank España.

Alega la actora que se trata de un contrato que se firmó con una total falta de información, que es usurario y que contiene cláusulas abusivas.

La actora solicita en este procedimiento la declaración de nulidad del contrato, con la condena a la demandada a reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital dispuesto.

Subsidiariamente solicita que se declare la nulidad por abusivas de las cláusulas de intereses remuneratorios y de comisión por reclamación de recibos impagados.

La demanda, que admite que el contrato que vincula a las partes, suscrito el 22 de febrero de 2008, es un contrato de crédito de naturaleza revolving, se opone a la demanda, alegando que no se da ninguna de las circunstancias que se exponen en la demanda para fundamentar la nulidad pretendida pues se informó a la demandante de las condiciones generales del contrato y de los tipos de interés aplicables que, además, también constan en las liquidaciones y extractos mensuales de los cargos por compras y retiradas de efectivo remitidos al actor, y el interés remuneratorio aplicado ni es notablemente superior al interés normal del dinero ni resulta desproporcionado a las circunstancias del caso.

Opone también que la actora ha estado haciendo uso de la tarjeta de crédito durante más de 15 años, por lo que su reclamación contraviene sus actos propios.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, nos encontramos ante un contrato de tarjeta de crédito concertado entre una entidad mercantil y un consumidor y, respecto a la nulidad interesada con carácter principal, vamos a comenzar por el estudio del posible carácter usurario del contrato concertado, teniendo en cuenta, que la propia parte demandada admite que el contrato que vincula a las partes es un contrato de crédito de naturaleza “revolving”, en el que se establece inicialmente una TAE del 24,71 %, posteriormente incrementada al 26,82%.

Sobre esta cuestión la STS, Civil sección 991 del 25 de noviembre de 2015 (ROJ: STS 4810/2015 – ECLI:ES:TS:2015:4810) Sentencia: 628/2015:

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece:

Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito “sustancialmente equivalente” al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art.1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija “que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito “revolving” que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, “se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor”, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia” (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada”.

En el caso analizado en la sentencia el Tribunal Supremo considera que un préstamo revolving al 26,7 % TAE era un interés notablemente superior ya que excedía del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se había concertado.

Como dice también la referida sentencia, “para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso… las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación”.

Y cita, a modo de ejemplo, cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Sobre la prueba de las circunstancias concurrentes en el contrato, señala el Tribunal Supremo que;

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo”.

Opone la demandada que el tipo de interés medio para los préstamos al consumo, resulta irrelevante para el objeto del pleito ya que lo que se cuestiona en este procedimiento es otro tipo de financiación, y que lo relevante son los tipos aplicados por las distintas entidades de crédito a las tarjetas de crédito de pago aplazado se sitúa en una horquilla entre el 16,1 % y el 34,5 % anual.

Sobre la cuestión planteada por la demandada la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 30 de julio de 2018 (EDJ 2018/606517) señala que:

Las peculiaridades que ofrece este tipo de créditos “revolving” no justifican el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio como el aplicado en este caso del 26,82 %, que es anormalmente alto, en cuanto supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el préstamo

La existencia de diferentes tipos financieros de créditos al consumo y la peculiaridad que respecto de ellos ofrece la línea de crédito “revolving”, no puede justificar ni amparar un tipo de interés como el aquí aplicado.

En todo caso, como también señala el Tribunal Supremo, el que de ello pudiera resultar un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, no puede justificar una elevación del tipo de interés, tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que existía en el supuesto que contemplaba el Tribunal Supremo, que era el mismo que el aquí contemplado”.

En este caso el tipo de interés aplicado (TAE) inicialmente fue el 24,71 %, y se incrementó al 26,82 %, que supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el préstamo, 2004, era del 8,45 %, según las tablas del Banco de España (doc. 8 de la demanda).

Y la entidad financiera no ha acreditado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Por tanto, aplicando la doctrina de la referida sentencia del Tribunal Supremo, procede apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato objeto de este procedimiento, lo que conlleva su nulidad, que, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 ha sido calificada por esta Sala como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva” sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

En cuanto a las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, lo que en el supuesto aquí analizado conlleva la obligación de la demandada de devolver a la actora lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado, según se determine en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito remitidos al cliente desde la fecha de suscripción del contrato hasta última liquidación practicada, más los intereses legales desde su cobro.

CUARTO.- Sobre los actos propios.

Como señala la Audiencia Provincial de León en sentencia de 30 de julio de 2019 (ROJ: SAP LE 944/2019 – ECLI:ES:APLE:2019:944), entre otras:

“La nulidad del contrato por usura que se contempla en el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 es una sanción contemplada en norma imperativa y, por lo tanto, radical y absolutas (art. 6.3 del Código Civil), por lo que no cabe invocar frente a ella la doctrina de los actos propios.

Así lo establece reiterada jurisprudencia que se refleja, entre otras, en la sentencia 654/2015 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 19 de noviembre:

«Pero debe tenerse en cuenta que, tratándose de nulidad radical (inexistencia) no cabe la confirmación o convalidación posterior del contrato.

Siendo doctrina reiterada de esta Sala que la inexistencia o nulidad radical no puede ser objeto de confirmación, o convalidable por los actos propios (Sentencias de 11 de diciembre de 1986, 7 de enero de 1993, 3 de mayo de 1995, 21 de enero y 26 de julio de 2000, 1 de febrero y 21 de diciembre de 2002 y 16 de febrero de 2012, entre otras muchas).

Como recuerda la Sentencia 187/2015, de 7 de abril: «La jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios, cuya base legal se encuentra en el artículo 7 CC, con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias:

i) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente;

ii) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior;

iii) que el acto sea concluyente e indubitado, constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto.

Pero como presupuesto esencial para su aplicación, resulta imprescindible que el acto sea susceptible de ser confirmado….. la jurisprudencia de esta Sala establece que sólo son susceptibles de ser confirmados los contratos que reúnan los requisitos del artículo 1261, a saber los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, en definitiva, la doctrina de los actos propios, no es aplicable en materia de nulidad«».

Por lo tanto, lo pasividad imputada a la demandante, además de no constituir actos concluyentes de los se pueda extraer una consecuencia jurídicamente vinculante, no pueden convalidar algo radicalmente nulo, y, menos aún, evitar la sanción legalmente prevista por la contravención de norma imperativa.

QUINTO.- Al estimarse la demanda, conforme al artículo 394.1 de la L.E.C. y el principio del vencimiento objetivo, las costas deberán ser impuestas a la entidad demandada.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimo la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, contra la entidad WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, y, en su consecuencia, debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito nº tarjeta nº XXXXXX (que primero tuvo la numeración XXXXXX y posteriormente la nº XXXXXX), suscrito con fecha 7 de enero de 2004 por el actor con la entidad Citibank España, y condeno a la mercantil WIZINK BANK, S.A. a devolver a la actora la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo percibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandante, con ocasión del citado contrato, según se determine en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito remitidos al cliente desde la fecha de suscripción del contrato hasta última liquidación practicada, más los intereses legales desde su cobro.

Las costas procesales se imponen a la demandada.

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante la Audiencia Provincial dentro del plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación, recurso que se interpondrá de conformidad con lo establecido en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, significándose asimismo que de conformidad con lo establecido en la DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, la parte recurrente deberá de consignar como depósito la cantidad de CINCUENTA EUROS (50 €), depósito que se realizará mediante consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado y que deberá de acreditarse al tiempo de ser interpuesto el recurso, significándose asimismo que en el caso de estimación total o parcial del recurso se procederá a devolver al recurrente la totalidad del depósito constituido.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando.

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