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Un Juzgado declara la nulidad de una línea de crédito de BBVA por usura, condenando a la entidad a devolver 3.788,85 € a un usuario de EZ

Un Juzgado declara la nulidad de una línea de crédito de BBVA por usura, condenando a la entidad a devolver 3.788,85 € a un usuario de EZ

El Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Córdoba declara la nulidad de un contrato de línea de crédito de BBVA por usura, debiendo la entidad reintegrar 3.788,85 € a un usuario de EZ.

El contrato de línea de crédito litigante, fue concertado entre las partes, en fecha 26 de noviembre de 2003, estableciéndose un tipo de interés del 24,60 % TAE, llegando a alcanzar en la vida del contrato un 27,24 % TAE.

En el momento de la suscripción del crédito, noviembre de 2003, el tipo de interés medio aplicado a los créditos al consumo era de 8,31 %, por lo que la TAE establecida en el presente contrato es notablemente superior al normal del dinero.

Por la parte actora se llevaron a cabo diversos requerimientos solicitando a la entidad financiera el documento contractual, no siendo facilitado por la demandada, por lo que se interpuso demanda judicial.

La crediticia no supera el control de información y transparencia, puesto que la actora no ha sido debidamente informada del tipo de interés aplicado durante la vida del crédito ni de las condiciones financieras del mismo, al no disponer de la documental.

Asimismo, procede la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios (TAE) por no superar el control de incorporación, lo que conlleva la nulidad del contrato de línea de crédito suscrito entre las partes.

El Magistrado del caso estima la demanda interpuesta contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), y, en consecuencia declara la nulidad del contrato de suscrito en fecha 26 de noviembre de 2003, por tipo de interés usurario.

Asimismo, condena a la entidad crediticia demandada a que devuelva al la demandada la cantidad pagada por ésta, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto; más intereses legales, cantidad que asciende a 3.788,85 €.

Procede la imposición de las costas judiciales a la parte demandada.

El Letrado colaborador de Economía Zero, D. Rodrigo Pérez Del Villar Cuesta ha sido el encargado de llevara  cabo el presente procedimiento.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 DE CORDOBA JUICIO ORDINARIO 1353-D/2019

SENTENCIA Nº 91/20

En Córdoba, a 30 de junio de 2020.

Vistos por mí, D. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Córdoba, los autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado bajo Nº 1353-D/2019, a instancia de Dña. XXXXXX, representada por la procuradora Dña. XXXXXX y asistida por el letrado D. XXXXXX; contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), representada por el procurador D. XXXXXX y asistida por la letrada Dña. XXXXXX; cuyos autos versan sobre ACCIÓN INDIVIDUAL DE NULIDAD DE CONTRATO DE PRÉSTAMO, por usurario; y subsidiariamente, ACCIÓN INDIVIDUAL DE NULIDAD DE CONDICIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN y, atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la procuradora Dña. XXXXXX en representación de D. XXXXXX se formuló demanda de Juicio Ordinario contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que entendía de aplicación, terminaba solicitando sentencia en la que con carácter principal:

  1. DECLARE la NULIDAD del contrato de línea de crédito de fecha 26 de noviembre de 2003, por tipo de interés usurario.
  2. CONDENE a la entidad crediticia demandada a que devuelva a mi mandante la cantidad pagada por éste, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto; más intereses legales y costas debidas.

Y SUBSIDIARIAMENTE declare la no incorporación y nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de información y transparencia; y de las cláusulas de comisión por reclamación de cuota impagada e intereses moratorios, por abusivas; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el contrato apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan; más intereses legales y costas debidas.

– CON CARÁCTER MÁS SUBSIDIARIO –

I. DECLARE la NULIDAD de la cláusula de intereses moratorios, por abusiva; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan; más intereses legales y costas debidas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda por decreto de 16 de octubre de 2019 se emplazó a la demandada para que contestase a la demanda.

En representación de CAIXABANK S.A, ha comparecido el procurador D. XXXXXX, contestando la demanda y, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación ha solicitado que se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi mandante de todos sus pedimentos, todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento al actor.

TERCERO.- Por decreto de fecha 5 de diciembre de 2019 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a la audiencia previa, señalándose como fecha de celebración el día 5 de febrero de 2020.

CUARTO.- En el día y hora fijado tuvo lugar la audiencia previa, asistiendo todas las partes, con el resultado que obra en el acta levantada al efecto, quedando pendiente la aportación de una documentación requerida en el propio acto de la audiencia previa.

QUINTO.- Aportada dicha documentación se acordó, mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de marzo de 2020, dar traslado por un plazo común de cinco días ambas partes para formular conclusiones por escrito.

SEXTO.- Evacuado dicho trámite ha quedado los autos pendientes de dictar sentencia por diligencia de ordenación de fecha 23 de junio de 2020.

SÉPTIMO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Objeto del pleito.

La demandante pretende que se declare la nulidad del contrato de crédito concertado con la mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. en fecha 26 de noviembre de 2003, al que se le ha venido aplicando una Tasa Anual Equivalente (TAE) de 24,60 %, al mantenerse que el mismo no supera el control de validez de la Ley de Represión de la Usura de 1908 de conformidad con la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo, PLENO, de 25 de noviembre de 2015.

Según el portal del cliente bancario de la página web del Banco de España, en noviembre de 2003, fecha de la contratación, el tipo de interés medio en España para los créditos al consumo era de 8,31 %. El doble de 8,31 % es 16,62 %. La TAE establecida contractualmente de 26,40 % es 3,18 veces superior al tipo de interés medio en España. Es decir, la TAE establecida en el contrato es más del doble que el tipo de interés medio en España.

Subsidiariamente se pretende la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios (TAE) por no superar el control de incorporación.

En el presente supuesto, tras varios requerimientos realizados, la entidad no consigue localizar copia del contrato –si existió, que tampoco posee esta parte, remitiendo únicamente un modelo actualizado del documento contractual.

Por ello, dada la inexistente información contractual en el presente litigio -ni tan si quiera tenemos constancia de que se formalizara un contrato previo-, resulta evidente que la entidad demandada no ha superado el control de incorporación en la suscripción del contrato de tarjeta de crédito por el actor.

Asimismo, atendiendo al modelo actualizado, el tipo de interés efectivo (TAE) aplicable al contrato de crédito no consta dicho documento, vulnerando lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo.

Se mantiene que tampoco supera el control de información y transparencia, toda vez que la demandante no ha tenido un conocimiento cabal e informado del tipo de interés aplicado durante la vida del crédito.

Al respecto, cabe destacar que no tenemos constancia, pues no ha sido proporcionado por la entidad demandada, de la existencia de un contrato previo donde consten las condiciones financieras del crédito, entre éstas, el tipo de interés efectivo aplicable a la operación; dato que resulta indispensable para que un consumidor pueda ser realmente conocedor del coste del producto.

Atendiendo al modelo actualizado del contrato de crédito, resulta extenso y complejo, haciendo que sea prácticamente incomprensible para un consumidor medio.

Además, en el mismo no se establece el tipo de interés efectivo aplicable (TAE), haciendo imposible que mi mandante pudiera ser realmente conocedora de la repercusión económica del producto contratado.

Igualmente, en ningún momento la entidad informó a la demandante del sistema “revolving” del producto contratado, ni el anatocismo, que implica una capitalización consta de intereses, comisiones y gastos.

También se incluye una cláusula de intereses moratorios del 26,82 % que debe declararse nula, por abusiva, puesto que es un porcentaje desproporcionado, superior en dos puntos porcentuales el interés remuneratorio, que también es desproporcionado.

La parte demandada se opone a tales pretensiones, entendiendo que todos los tipos medios analizados de adverso, resultan irrelevantes para el objeto del pleito ya que lo que se cuestiona en este procedimiento es otro tipo de financiación: las de tarjeta de crédito (en este caso concreto la tarjeta “VISA AFFINITY CARD”).

Por lo tanto, lo relevante para el correcto análisis del susceptible carácter usurario del tipo aplicado, son los tipos medios aplicados por las distintas entidades de crédito a las tarjetas de crédito de pago aplazado y que aparecen publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España.

Por tanto el aplicado en el presente supuesto no puede considerarse usurario, pues el del 24,60 % es similar, pues además incluye en este caso la TAE las comisiones pactadas.

En conclusión, el “interés normal” a la luz del cual debe decidirse si el interés de la tarjeta de crédito es “notablemente superior” es el interés ofrecido generalmente en el mercado, en el caso concreto de las tarjetas, debe entenderse que este mercado es el de las tarjetas de crédito sin garantías.

Tal como resulta del estudio publicado en la revista CESCO, que se aporta como documento nº 3 de la contestación a la demanda, los distintos TAE aplicados por las entidades bancarias donde se comprueba como el aplicado objeto de procedimiento es conforme al normal del mercado.

SEGUNDO.- Confluencia normativa en materia de intereses remuneratorios.

Con relación a las cláusulas de intereses remuneratorios, dado que se considera que dichos intereses forman parte del precio, se ha estimado que tales cláusulas no pueden declararse abusivas, debiendo limitarse el examen judicial al control de transparencia.

El TJUE ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la regla de transparencia en la sentencia de 10 de mayo de 2001.

Como señala el Abogado D. XXXXXX en las conclusiones, mediante la transparencia en la redacción de las cláusulas se persigue que el predisponente ofrezca al consumidor las informaciones necesarias para decidir con pleno conocimiento de causa.

La transparencia en la redacción de las cláusulas cumple, por lo tanto, un cometido de información precontractual porque en un contexto en el que ha desaparecido la negociación, la plasmación documental de las cláusulas se convierte, junto con la publicidad, en la principal fuente de información sobre el contenido del contrato de la que dispone el consumidor.

Conforme a este cometido, la regla de transparencia en la redacción de las cláusulas no puede limitarse a una exigencia formal del cumplimiento de las condiciones de cognoscibilidad de las cláusulas predispuestas, pues para que el cliente tenga la posibilidad de elegir la opción del mercado que más le convenga, no basta con que se le aporte la posibilidad de conocer el contenido contractual, sino que es preciso que tenga una información precontractual especialmente clara y destacada sobre determinados aspectos del contrato sobre los que funda su decisión de contratar, especialmente el precio y la prestación, de tal manera que los mismos le resulten conocidos y puedan ser valorados antes de la celebración del contrato.

La inobservancia de esta obligación de transparencia conectada a la información precontractual sobre los aspectos del contrato determinantes en la decisión de contratar, puede tener repercusiones en el plano del equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes.

La falta de transparencia de las cláusulas que incidan en la determinación de las prestaciones principales del contrato puede ser causa de un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor consistente en la alteración de la onerosidad del contrato y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir conscientemente de entre las diferentes ofertas del mercado la que mejor se adecua a sus preferencias.

La Sentencia dictada por la Sala Primera del TS el 11 de abril de 2013 — STS 221/2013— ha vuelto a delimitar el control de transparencia definido como un parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta y no negociada, fuera del ámbito del «error propio» o «error vicio», que cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.

No cabe duda que el control de transparencia con el significado aludido, podrá constituir una herramienta jurídica adecuada, y diferente del error en el consentimiento al tratarse de un parámetro objetivo o abstracto, que servirá para analizar la validez de otros contratos ofertados en masa.

De manera que también en nuestro ordenamiento, es posible entender el deber de transparencia en la redacción de las cláusulas conforme a la Jurisprudencia del TJUE, y superar la rígida separación entre transparencia y equilibrio sustancial, pudiendo ser la transparencia un elemento que tenga incidencia en el juicio de abusividad por ser la falta de transparencia -cuando se refiere a aspectos del contrato que tengan incidencia en la decisión de contratar y fundamentalmente a la determinación de las prestaciones principales-, instrumental a un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor consistente en la alteración subrepticia del equilibrio económico y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir la opción de mercado que mejor se adecue a sus preferencias.

Y la STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014) declara:

«7. De acuerdo con la anterior caracterización, debe señalarse que en el ámbito del Derecho de la contratación, particularmente, de este modo de contratar, el control de transparencia responde a un previo y especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe quedar plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las condiciones generales.

Extremo o enjuiciamiento que, como ya se ha señalado, ni excluye ni suple la mera «transparencia formal o documental» sectorialmente prevista a efectos de la validez y licitud del empleo de la meritada cláusula en la contratación seriada«.

Y añade que:

«Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada.

Este es el alcance que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, contempla a estos efectos la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C26/13 EDJ 2014/64254, declarando, entre otros extremos, que:

«El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo.

Tras exponer la referida jurisprudencia, y dado que el control de transparencia en última instancia tiene su fundamento en el art. 4.2 de la Directiva del 93, la conclusión que cabe alcanzar es que debe de ser objeto de un examen judicial de oficio, y cuando, en el marco de un procedimiento judicial aflora una cláusula que define el objeto principal del contrato y de la que puede deducirse, de forma más que probable, que no ha superado el filtro de transparencia, se le debe de dar el mismo tratamiento que el de las cláusulas propiamente abusivas.

Por otro lado debe de tenerse en cuenta que si bien es cierto que las cláusulas de intereses son, en principio acuerdos válidos en virtud del principio de libertad de pacto contenido en el art. 1255 CC y de las normas que disciplinan los contratos de financiación (v. gr., los arts. 1740 y ss., del CC sobre el contrato de préstamo y los arts. 311 y ss., del Cco).

No obstante, esa libertad de estipulación de las cláusulas de intereses no es absoluta, como señala el propio precepto, en el sentido de que se encuentra limitada por la Ley, la moral y el orden público.

Pues bien, con respecto de la Ley, como límite al pacto de intereses remuneratorios, es obligatorio mencionar la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura (en adelante LRU), cuyo art. 1º regula los préstamos considerados usurarios.

La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria se inclinan hacia una interpretación amplia del precepto y mantienen la existencia de tres grupos de préstamos usurarios:

a) Aquéllos en los que el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso;

b) Contratos de préstamo estipulados en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales;

c) Contratos de préstamo en los que se suponga recibida mayor cantidad de la realmente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.

Vemos, pues, que en materia de intereses remuneratorios se puede producir una confluencia de la normativa jurídica sobre consumo y usura.

Es decir, un mismo supuesto de hecho podría entrar dentro del ámbito de protección de normas jurídicas distintas -Ley de usura y Ley de consumidores-, con consecuencias jurídicas también diferentes.

La Ley de usura declara la nulidad del préstamo usurario (art. 1), con la consecuencia de que el prestamista se ve privado no sólo del interés remuneratorio pactado, sino de cualquier otro interés –moratorio, anatocístico o futuro que pudiera establecerse (art. 3); de modo que el prestamista no tendrá ningún derecho a obtener remuneración alguna por el capital prestado y el prestatario devolverá de una sola vez el préstamo realizado.

Por su parte, la LGDCU tan sólo declara la nulidad de la cláusula que incorpora el interés excesivo, permaneciendo el clausulado restante en vigor y subsistente el contrato de préstamo.

Ello quiere decir que la aplicación de una u otra norma, en principio, no resulta indiferente«.

Ahora bien, tal y como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 19 de enero de 2017:

“… en la concurrencia o acumulación objetiva de acciones de nulidad por usura y por abusividad de cláusulas, ha de primar el análisis de aquella acción frente a ésta, al afectarse a la totalidad del contrato, de modo que rechazada la misma y subsistente el negocio, sería entonces cuando habría de entrarse a valorar ya las concretas cláusulas del mismo que estuvieren viciadas por abusividad.

Sin que sea dable el análisis compartido de una y otra normativa, ni quepa dar primacía a la normativa sectorial o especial de consumidores, sobre la general de usura, sino al revés.

De hecho el control de usura es muy anterior y consolidado al juicio de la abusividad y en tutela de cualquier prestatario, y constituye por su rango legal un límite de análoga naturaleza -de los escasos limites legales-, a la libertad de pactos así también sobre el precio o remuneración del negocio oneroso.

Ello implica que debe de procederse en primer lugar a examinar el interés remuneratorio conforme a la Ley de Represión de la Usura de 1908«.

TERCERO.- Intereses usurarios.

1º.- La sentencia del TS nº 628/2015, de 25 de noviembre de 2015.

La doctrina que establece esta sentencia se puede resumir del siguiente modo:

A) En esta sentencia el TS realiza un análisis de la aplicación de la Ley Represión Usura, que entiende como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente», dado que el art. 9 establece:

«Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

En consecuencia la LRU es perfectamente aplicable a la operación crediticia objeto del presente procedimiento.

B) Una vez resuelto el tema de la aplicación de La Ley de la Usura, el TS, recoge la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de los años 40, “…y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, los requisitos objetivos, esto es “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, sin que sea exigible el requisito subjetivo, es decir, “que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

En definitiva, es suficiente para incurrir en el concepto de “usura” con que el interés sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso.

C) Para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero (concepto jurídico indeterminado) y, por tanto, si hay o no usura, se debe tener en cuenta la tasa anual equivalente (TAE) y no el nominal, pues resulta «más transparente» para el prestatario.

D) Para establecerse lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, et).

E) Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

2º.- La Sentencia del Tribunal Supremo nº 149/2020, de 4 de marzo.

Hasta ahora, el Supremo había establecido que el término de comparación para decidir si un interés es usurario era la media de los créditos al consumo que publicaba el Banco de España. Si doblaba esa media, debía considerarse excesivo y anularse.

La novedad de la sentencia es que el Supremo precisa que la comparación no debe hacerse con la media de esos créditos al consumo normales, sino con la media de intereses cobrados en la categoría específica de tarjetas revolving:

1.- Referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero.

Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Si, como sucede actualmente con las tarjetas de crédito y revolving, existen categorías más específicas dentro de otras más amplias, deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias, pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

De este modo el TS acude al tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving -y no a la media para créditos al consumo- para valorar si es o no excesivo el tipo de interés de un contrato. Esta media se sitúa en torno al 20 %, por lo que se considera que el establecido en el caso concreto (26,82 %, aplicado hasta 27,24 %) resulta excesivo, considerando por tanto el crédito usurario.

3º.- Traslado de la referida doctrina al presente caso.

Desde el año 2017, el Banco de España publica datos estadísticos específicos del mercado de las tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving que permiten identificar el interés normal del dinero en ese mercado específico y, en definitiva, el término de comparación relevante en el juicio de usura para poder realizar una comparación adecuada entre los tipos de interés.

El problema se plantea en relación con los contratos que se concertaron antes de tal fecha.

Según expone la propia sentencia del TS, partiendo de la información facilitada por el Banco de España, desde el año 2010 (donde se pueden extraer los datos) hasta la actualidad, el interés remuneratorio ha sido de un 20 % anual, aproximadamente.

Y en la propia sentencia se indica que este tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20 % anual, es ya muy elevado, de modo que cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

Llegado a este punto debe de indicarse que el interés fijado en el presente caso, un 24,60 %, debe de reputarse usurario, pues el tipo medio del que se parte ya es muy elevado (20 %), no pudiendo aceptarse tal margen de incremento.

El carácter usurario del crédito concedido al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta el TS como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

CUARTO.- Consecuencias del carácter usurario.

El carácter usurario del crédito concedido al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta el TS como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

Y las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura: Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Así, pues, la declaración de nulidad del contrato produce como efecto fundamental el que el prestatario está obligado a entregar tan solo lo recibido, de tal modo que queda dispensado de pagar intereses, usurarios o legítimos.

Bien es cierto que el art. 1.303 CC dispone que «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses«, pero los efectos de la nulidad que afecta a los préstamos usurarios no son los derivados de dicha norma, sino los previstos con carácter especial por el art. 3 de la Ley sobre Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908, no resultando aplicables las normas generales sobre las obligaciones y de retraso en su cumplimiento (arts. 1.100, 1.101 y 1.108 CC), en tanto no puede existir demora en una obligación cuya nulidad es de carácter radical y absoluto.

De este modo, se ha de computar como capital dispuesto la totalidad de la cantidad recibida por el prestatario y como capital abonado todas las cantidades abonadas mensualmente por el actor por razón del contrato, de modo que el prestamista deberá de devolver al prestatario lo que exceda del capital prestado o dispuesto.

QUINTO.- Costas.

Al estimarse la demanda procede la imposición de costas a la parte demandada conforme al principio objetivo del vencimiento.

FALLO

ESTIMAR LA DEMANDA interpuesta por Dña. XXXXXX contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), y, en consecuencia:

  1. Se declara la NULIDAD del contrato de suscrito en fecha 26 de noviembre de 2003, por tipo de interés usurario.
  2. Se CONDENA a la entidad crediticia demandada a que devuelva al la demandada la cantidad pagada por ésta, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto; más intereses legales y costas debidas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de VEINTE DIAS hábiles contados desde el día siguiente al de su notificación, previo ingreso en el Juzgado de la cantidad de XX € a depositar en la cuenta del Juzgado nº X, (concepto: recurso-02) sin cuyo requisito no se admitirá a trámite el recurso, de conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, y lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes de la LEC.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

6 comentarios para Un Juzgado declara la nulidad de una línea de crédito de BBVA por usura, condenando a la entidad a devolver 3.788,85 € a un usuario de EZ

  • Luis

    Buenas

    Ya se me ha realizado el pago por parte de BBVA, facilitarme un numero de cuenta en el que os pueda ingresar vuestros honorarios. Decirme como va el tema de Banca March ya que aun no he recibido ninguna notificación.

    Gracias por todo y un saludo.

    • Economía Zero

      Hola Luis

      Qué gran noticia es para nosotros que te haya devuelto BBVA el dinero que te había cobrado indebidamente.

      Todo el equipo de Economía Zero te damos la enhorabuena por esta resolución tan satisfactoria. En breve sumaremos a nuestra hucha de reclamaciones los 3.874,20 € que has recuperado.

      Te adjuntamos la factura de los honorarios acordados (15 % + IVA del beneficio económico conseguido). El número de cuenta donde tienes que hacer el ingreso es el siguiente: ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank). Debes indicar en el concepto de la transferencia lo siguiente “EXP. XXXXX”. Una vez que recibamos el ingreso, te lo confirmaremos.

      Recordarte que si aún tienes deuda de esta tarjeta con BBVA, te aconsejamos que utilices este dinero conseguido con la reclamación para cancelar esa tarjeta. La mejor forma de hacerlo es acudir a tu sucursal de BBVA y solicitar la liquidación de la deuda de la tarjeta y la cancelación del contrato. Le dices a la empleada/o de la ventanilla que quieres pagar la tarjeta y cancelar el contrato y así habrás terminado con esta tarjeta para siempre.

      Te aconsejamos esta opción porque el acuerdo que vas a firmar no pone fin al contrato de la tarjeta y no podrás posteriormente efectuar ninguna reclamación sobre esta tarjeta.

      Respecto a la reclamación efectuada contra Banca March, la entidad tiene aún casi un mes de palo para responder, por lo que tendremos que seguir esperando. No obstante, en el momento que tengamos noticias nos pondremos en contacto contigo para informarte.

      Quedamos como siempre, a tu disposición ante cualquier otra consulta.

      Muchas gracias por confiar en nosotros.

      Saludos.

  • Rafa

    Buenos días Carla.

    Te adjunto hoja de encargo y autorización para la reclamación de las tarjetas de BBVA.

    Muchas Gracias.

    • Economía Zero

      Buenas Rafa

      Nos ponemos en contacto contigo para comunicarte que hemos recibido correctamente los documentos firmados que nos remites y procedemos a incluirlos en tu expediente, así como tramitar la reclamación con BBVA a la mayor brevedad posible.

      En cuanto tengamos una respuesta nos pondremos en contacto contigo. Si la respuesta la recibes tú, envíanosla para que podamos valorar la propuesta que te hagan.

      Te informamos de que el plazo de respuesta que tiene la entidad es de 2 meses. Por lo tanto, si ves que no te hemos respondido durante ese período de tiempo, no te preocupes, significa que aún no nos ha contestado.

      MUY IMPORTANTE: Es muy posible que recibas una propuesta por parte de la entidad, en la que es posible que intenten que no te puedas asesorar antes de aceptar y que les contestes en ese mismo momento. Las ofertas que la mayoría de usuarios ya nos han trasladado son irrisorias y no llegan ni al 25% de la cuantía que te correspondería recuperar.

      Por lo tanto, ante cualquier propuesta, sea mediante una llamada, por email o por correo postal, no debes aceptar sin que antes nos puedas dar traslado de ella para que podamos estudiarla y valorar la misma conforme a tus intereses.

      Recuerda que cualquier acuerdo o propuesta de acuerdo que la entidad te remita a partir de este momento se considerará consecuencia de la reclamación que nos has encargado y que ya hemos efectuado y estará sujeta a los honorarios que acordamos.

      Como siempre, estamos a tu disposición para cualquier duda.

      Un saludo.

  • Alberto

    Buenos días,

    Os confirmo que los del BBVA ya me han ingresado el dinero, cuando queráis me pasáis la factura con vuestros honorarios.

    Muchas gracias por vuestro trabajo.

    • Economía Zero

      Hola Alberto

      Todo el equipo de Economía Zero te damos la enhorabuena por esta resolución tan rápida y tan satisfactoria. En los próximos días, procederemos a sumar a nuestra hucha de reclamaciones los 1.589,88 € que has obtenido de beneficio económico.

      Te adjuntamos la factura de los honorarios acordados (15 % + IVA del beneficio económico conseguido). El número de cuenta donde tienes que hacer el ingreso es el siguiente: ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank). Para que podamos identificar tu transferencia con mayor facilidad, te agradeceríamos que en el concepto de la misma indicases este texto: «EXP. XXXXX».

      Muchas gracias por confiar en nosotros.

      Quedamos como siempre, a tu disposición ante cualquier otra consulta.

      Recibe un cordial saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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