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Cetelem retribuye 7.452,07 € a un usuario de EZ tras la nulidad de un contrato de tarjeta revolving usurario

Cetelem retribuye 7.452,07 € a un usuario de EZ tras la nulidad de un contrato de tarjeta revolving usurario

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Sevilla declara nulo un contrato de tarjeta revolving de Cetelem, condenando a la entidad a la devolución de 7.452,07 € a un usuario de EZ.

Se llevó a cabo entre las partes un contrato de tarjeta revolving, en el año 2005, en el que se estableció un tipo de interés del 25,64 % TAE, siendo más del doble del estipulado por las entidades en las operaciones de consumo en ese mismo año, que se encontraba entorno al 20 % TAE.

Además, en el apartado destinado a exponer el TAE que es aplicado en el contrato litigante, la entidad crediticia no ha expresado dicho interés remuneratorio, por lo que se aprecia una evidente irregularidad.

Por lo anterior, procede declarar la nulidad del presente contrato de tarjeta revolving por usura.

El Magistrado del caso, estimando la demanda presentada contra Banco Cetelem, S.A.U. declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes por tratarse de un contrato usurario.

Asimismo, condena a la demandada a que devuelva a la actora la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, cantidad que se eleva a 7.452,07 €.

Se efectúa imposición de las costas causadas a la crediticia demandada.

El Letrado D. Daniel Navarro Salguero, colaborador de Economía Zero, ha sido el encargado de llevar a cabo el presente procedimiento.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE SEVILLA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1398/2018.
Negociado: 3J

SENTENCIA Nº 89/2020

En Sevilla, a veintitrés de marzo dos mil veinte.

Dña. XXXXXX, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de SEVILLA, habiendo visto los presentes autos de juicio ORDINARIO, seguidos al número 1398/2018, siendo partes, como demandante Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistida por el Letrado D. Navarro Salguero y como demandada BANCO CETELEM, S.A.U., representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistida del Letrado D. XXXXXX; sobre nulidad del contrato de tarjeta de crédito; ha dictado la presente resolución a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX se presentó escrito de demanda de Juicio Ordinario contra BANCO CETELEM, S.A.U. que fue turnado a este Juzgado, en el que tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso terminó suplicando al Juzgado que, tras los trámites legales, dicte Sentencia por la que:

*CON CARÁCTER PRINCIPAL:

a) Se declare la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario con los efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el art. 1303 del Código Civil;

b) Se condene, en virtud del art. 1303 del CC y el art. 3 de la Ley Azcárate, a la entidad frente BANCO CETELEM, S.U., a fin de que devuelva a mi mandante la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante;

c) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

*CON CARÁCTER SUBSIDIARIO:

a) Se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de información y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan.

b) Se condene, en virtud del art. 1303 del CC, a la entidad BANCO CETELEM, A.U., a fin de que reintegre a mi representada las cantidades abonadas como intereses, que se determinará en ejecución de Sentencia.

c) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, emplazándole para que la contestase en el plazo de veinte días.

La entidad demandada contestó en tiempo y forma oponiéndose a la demanda y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables terminó suplicando del Juzgado que se dicte Sentencia desestimando la demanda.

Convocadas las partes a la audiencia previa al juicio, a la misma asistieron las partes, quienes después de hacer las alegaciones que estimaron oportunas, fijaron los hechos controvertidos y propusieron prueba documental.

Aportada por la parte demandada la documental requerida, se confirió a las partes traslado para resumen y conclusiones, quedando los autos conclusos para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se presenta demanda por la representación procesal de Dña. XXXXXX contra BANCO CETELEM, S.A.U. dirigida a la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes el 16 de agosto de 2007 por tratarse de un contrato usurario con los efectos inherentes a tal declaración, condenándose en virtud del art. 1303 del CC y el art. 3 de la Ley Azcárate, a la demandada a fin de que devuelva a la actora la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, difiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la demandante.

Subsidiariamente se solicita que se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de información y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; condenándose a la demandada en virtud del art. 1303 del CC, a que reintegre a la actora las cantidades abonadas como intereses, que se determinará en ejecución de Sentencia.

La parte demandada BANCO CETELEM, S.A.U. se opone a la pretensión ejercitada por la actora alegando la excepción procesal de defecto en el modo de proponer la demanda, señalando en cuanto al fondo del asunto que las partes suscribieron el contrato en fecha 8 de septiembre de 2005, que se acompaña con la contestación, siendo firmado por la demandada, asumiendo que aceptaba todas las condiciones generales y particulares y que recibía copia del citado contrato, habiendo la demandada llevado a cabo operaciones distintas (disposiciones, compras y pagos) con la tarjeta durante varios años.

El contrato es perfectamente válido, invoca diversas sentencias de las que se desprende que el interés remuneratorio pactado no es usurario, pues el Tribunal Supremo ha decretado la legalidad de intereses del 21 %, 22 %, 24 % e incluso del 27,99 % (intereses similares e incluso superiores al interés objeto del presente procedimiento).

En cuanto a la petición subsidiaria indica que el contrato es claro, y la hoy actora recibió plena información de las condiciones del mismo, antes de su firma, con su firma y tras ella, como se deriva del propio contenido del mismo, en el que la actora aceptó todas las condiciones.

SEGUNDO.- En primer término, respecto a la excepción procesal de defecto en el modo de proponer la demanda, examinados sus términos no se aprecia la misma, dado que se expresa con claridad y precisión lo que se pide de conformidad con el art. 399 LEC, y el hecho de que se difiera para el trámite de ejecución de sentencia la cantidad que ha de ser objeto de restitución se estima lógico habida cuenta que no constan todos los datos para su concreción habida cuenta que el contrato sigue en vigor, de modo que puede estimarse justificada la remisión excepcional al posterior trámite, siendo por otro lado la forma utilizada de forma prácticamente general en las reclamaciones de esta naturaleza.

En cuanto al fondo del asunto, se ejercita en primer término acción de nulidad por usurario del contrato de tarjeta revolving suscrito por las partes por aplicación del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, con los efectos del artículo 3 de la misma.

En relación a esta cuestión la doctrina jurisprudencial fijada en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, puede sintetizarse en los siguientes extremos:

«i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

La anterior resolución ha de completarse con la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de marzo de 2020 en relación a la forma de llevar a cabo la comparación de los intereses, que señala lo siguiente:

“Decisión del tribunal (II): la referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero:

1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

2.- A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

3.- En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

4.- En consecuencia, la TAE del 26,82 % del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24 %, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20 %, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

5.- Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

QUINTO.- Decisión del tribunal (III): la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

1.- Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

2.- El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso […]».

3.- A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

4.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20 %, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82 % (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

5.- En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso.

Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

6.- El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20 % anual, es ya muy elevado.

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50 %.

7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

10.- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito”.

Aplicadas las consideraciones expuestas al presente supuesto se observa que en el contrato de tarjeta suscrito por las partes en el año 2005, no 2007, que aportó la demandada con el escrito de contestación el apartado del TAE aplicable está vacío, de modo que se aprecia una clara irregularidad al no expresar en el mismo contrato el interés remuneratorio concreto aplicable a la operación en su apartado correspondiente.

No obstante, de la documental obrante en autos, concretamente de la carta remitida por la demandada y del extracto de movimientos se desprende que el TAE aplicado ha sido del 25,64 % anual.

Dicho interés es más del doble del interés aplicable a las operaciones de consumo, pero si atendemos al interés medio que se ha venido aplicando a las tarjetas revolving, según las tablas publicadas por el Banco de España, que se fija en torno al 20 %, también ha de estimarse usurario por las razones expuestas por el Tribunal Supremo en su última Sentencia.

En cuanto a las consecuencias del carácter usurario del crédito, la jurisprudencia señala que el carácter usurario del crédito «revolving» conlleva su nulidad, que ha sido calificada como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» (STS 539/2009, de 14 de julio).

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, fijándose el concreto importe objeto de devolución, en su caso, en ejecución de sentencia dado que a la fecha actual no puede fijarse su importe definitivo.

Procede por tanto estimar la pretensión principal, no siendo necesario entrar al análisis de la formulada de forma subsidiaria.

CUARTO.En cuanto a las costas procesales, al haberse estimado la demanda, se imponen las costas a la parte demandada (art. 394 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que ESTIMANDO LA DEMANDA presentada por la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX contra BANCO CETELEM, S.A.U. :

a) Debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes por tratarse de un contrato usurario.

b) Debo condenar y condeno a la demandada a que devuelva a la actora la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, difiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la actora.

c) Se imponen las costas a la demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN, que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, debiendo exponerse en la interposición las alegaciones en que base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

El plazo para la interposición del referido recurso comenzará a computarse a partir del día hábil siguiente a aquel en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de XX euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de consignaciones de este Juzgado , indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Firme que sea esta sentencia, llévese el original al Libro de Sentencias de este Juzgado. Dejándose previamente testimonio de la misma unido al procedimiento de su razón, a los fines legales oportunos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrado – Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

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