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Un Juzgado declara la nulidad de un contrato de préstamo de Okey Money por usura

Un Juzgado declara la nulidad de un contrato de préstamo de Okey Money por usura

La entidad crediticia Okey Money es condenada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona a la nulidad de un contrato de préstamo por aplicar un tipo de interés usurario.

El Letrado colaborador de Economía Zero D. Martí Solá Yague, ha sido el encargado de llevar a cabo el presente procedimiento.

En el caso de autos, las partes pactaron un préstamo con una TAE del 134,06 %, comisión de apertura del 10 % y comisión de devengo de 33,33 euros mensuales, por lo que debe ser considerado manifiestamente desproporcionado

La cantidad a devolver por la actora tras recibir un préstamo de 2.000 € a seis meses, era de 2.578,42 €. Una ganancia de 578,42 euros en seis meses para un préstamo inicial de dicho importe, supone una ganancia de casi un 30 % para la entidad demandada, siendo el interés legal del dinero en la fecha del contrato de un 3 %.

Ante lo expuesto y no siendo justificado por la demandada la imposición de un interés tan notablemente elevado, cabe declarar el contrato de autos usurario.

La Magistrada del caso, estima la demanda interpuesta contra Okey Money Spain, SL y, en consecuencia, declara la nulidad del contrato de préstamo celebrado el 28 de agosto de 2017 entre las partes por usura.

Asimismo, la parte actora está obligada únicamente estará a la devolución de la cantidad prestada como principal.

Las costas del presente procedimiento son impuestas a la entidad demandada.

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Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona

Procedimiento ordinario 800/2018 – A1

Materia: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: D. XXXXXX
Procurador/a: Dña. XXXXXX
Abogado/a: D: Martí Solà Yagüe

Parte demandada/ejecutada: OK MONEY SPAIN, S.L.
Procurador/a: D. XXXXXX
Abogado/a: D: XXXXXX

SENTENCIA Nº 263/2019

En Barcelona, a 23 de diciembre de 2019.

Dña. XXXXXX, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona, ha visto los autos de Juicio Ordinario nº 800/18, promovido por la procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX dirigidos por el Letrado Sr. Martí Solà Yagüe frente a OKEY MONEY SPAIN, SL representada por la Procurador Sr. XXXXXX y asistida por el Letrado Sr. XXXXXX en reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Procuradora Sra. XXXXXX, en la representación indicada, se presentó demanda el 24 de octubre de 2019 que correspondió a este Juzgado, y en base a los hechos y derechos que alega, suplica se dicte sentencia por la que se declare la nulidad por usura del contrato de préstamo suscrito telefónicamente con la demandada el 9 de octubre de 2017.

Subsidiariamente insta la nulidad de las cláusulas siguientes por falta de transparencia o por abusividad: interés remuneratorio y composición de pagos, cláusula de comisión por impagados y de vencimiento anticipado y por cumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato.

Como consecuencia de esta declaración, se solicita la restitución de los efectos dimanantes del contrato nulo, con los intereses del art. 576 de la LEC más costas procesales.

El demandante solicitó de forma automática un crédito de 2.000 euros y desde entonces viene satisfaciendo un interés y comisiones altísimos.

No se le remitió contrato hasta un años después por lo que no aparece firmado. No se le explicó que tenía que abonar una TAE de 134,06 % ni se le dio ninguna explicación sobre el producto contratado.

Considera que el TAE establecido es leonino (el tipo medio de TAE para el 2017 era de 8,79 %) y por ello el contrato usurario.

Subsidiariamente considera que las cláusulas del contrato no superan el control de transparencia y además que la cláusula de comisión de impagados (20 euros, cláusula 10) es abusiva, así como la cláusula 13 (vencimiento anticipado) y de interés remuneratorio.

SEGUNDO: Se admitió a trámite la demanda por decreto de fecha 29 de marzo de 2019 y se emplazó a la demandada que comparecieron en tiempo y forma. La demandada contestó a la demanda el 9 de mayo de 2019 oponiéndose a la misma.

En primer lugar, niega que la contratación se desarrollase de forma automática y sin explicación alguna al consumidor.

En segundo lugar, alega que el TAE no puede ser considerado usurario por cuanto el TAE es anual y se concedió un préstamo semestral, siendo este TAE habitual entre los préstamos de corta duración.

El importe total que el prestatario tiene que abonar por ese préstamo es de 2.578,42 euros (según tabla adjunta).

Alega que el contrato supera el control de transparencia y que el actor recibió toda la información y se le remitió vía correo electrónico toda la documentación necesaria. Solicita la desestimación de la demanda.

Una vez contestada la demanda, se citó a las partes para la celebración de la audiencia previa.

TERCERO.- El día señalado para la audiencia previa, el 5 de noviembre de 2019, comparecieron todas las partes y manifestaron no haber llegado a acuerdo que pusiese fin al pleito.

Al no existir conformidad en los hechos, se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación. Se fijaron los hechos controvertidos y cada parte propuso las pruebas que fueron de interés.

Al limitarse la prueba propuesta a la documental, en aplicación del art. 429.8 de LEC, quedaron las actuaciones conclusas y pendientes de dictar sentencia una vez aportada una documentación requerida por la demandante en dicho acto y realizadas conclusiones por escrito.

CUARTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se ejercita una acción declarativa de nulidad con fundamento en la Ley Azcárete de 23 de julio de 1908 y subsidiariamente, acción declarativa de abusividad de determinadas cláusulas contractuales con fundamento en la LDCU y LCGC.

SEGUNDO.- Se alega fundamentalmente por la actora la abusividad del préstamo en atención a la Ley de represión de la usura de 23 de diciembre de 1908, conocida como Ley Azcárate.

Se afirma que el interés ordinario y el moratorio son intereses notablemente superiores a lo normal del dinero en la época de constitución del negocio jurídico, considerando la demandada que no son ni manifiestamente desproporcionados si se atiende en que estamos en sede de préstamos entre particulares.

La prestación de intereses es (tal y como dispone la Sentencia del Tribunal Supremo 867/2013, de 22 de febrero, que seguimos en adelante) la obligación accesoria que acompaña a la obligación pecuniaria principal y que viene determinada en relación al tiempo de cumplimiento y a la cuantía de ésta.

Aparte de los intereses legales (así, artículo 1108 del Código Civil ), los convencionales se establecen por los sujetos de la obligación principal, como remuneratorios previstos para el cumplimiento normal o a término y como moratorios, para la demora en el cumplimiento de la obligación principal.

Unos y otros tienen la cuantía libremente pactada por las partes (artículo 1108, «intereses convenidos» y 1255 del Código Civil, principio de la autonomía de la voluntad) pero con la limitación que impone la mencionada Ley de usura en su artículo 3 que establece la nulidad del contrato con la consecuencia de que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

El artículo 2 de la Ley de usura y que está derogada y sustituida por el artículo 319.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone:

«En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo».

Lo que significa que se impone la facultad discrecional del órgano judicial de instancia (Sentencia del TS de 9 enero de 1990) o amplísimo arbitrio judicial (Sentencias del TS 31 marzo de 1997, 10 mayo 2000) basándose en criterios más prácticos que jurídicos (Sentencia del TS de 29 septiembre de 1992) valorando caso por caso (Sentencia del TS de 13 mayo 1991), con libertad de apreciación (Sentencia del TS de 10 mayo 2000), formando libremente su convicción (Sentencia del TS de 1 de febrero de 2002).

Estando así las cosas, un préstamo con garantía hipotecaria cuyo importe debe devolverse a corto plazo (seis meses) al que se agrega un interés ordinario de un 10 % (en un momento en que el interés legal es de un 5 % mensual) y con un TAE de 134,06 %, comisión de apertura del 10 %, comisión de devengo de 33,33 euros mensuales penalizaciones para caso de incumplimiento debe ser considerado entera y manifiestamente desproporcionado.

La TAE (Tasa Anual Equivalente) es un porcentaje anual que nos muestra de manera estandarizada cuál será el coste de la financiación que queremos contratar.

Esta cifra incluye tanto los intereses que nos cobrarán por prestarnos el dinero que solicitamos como otros costes relacionados como las comisiones de formalización (de estudio y apertura) y los costes de los productos vinculados como un seguro de protección de pagos y nos permitirá comparar entre dos créditos diferentes para conocer cuál tendrá un coste más bajo.

Si atendemos a la Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades de crédito publicada por el Banco de España para el año 2017, en operaciones de crédito al consumo, el TAE ponderado no superaba el 8,30 % mensual y que en el propio contrato que nos ocupa se especifica en la cláusula 7.4 que:

El tipo de interés ordinario aplicable expresado en las cláusula 7.1 y el TAE expresado en la cláusula 7.3 no incluyen costes adicionales fuera del control del prestamista y de los posibles costes por mora en los que pudiese incurrir el prestatario de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.3”.

Resulta que pese a lo elevado y desproporcionado del TAE, el coste concreto del préstamo puede todavía verse incrementado, lo que a todas luces resulta exorbitado.

En el caso que nos ocupa, por un préstamo de dos mil euros a seis meses, la entidad recibía 2.578,42 euros.

Una ganancia de 578,42 euros en seis meses para un capital de 2.000 euros supone una rentabilidad global de casi un 30 %.

Atendido que en el 2017 el interés legal del dinero era de un 3 %, una rentabilidad del 30 % debe considerarse forzosamente leonina.

A mayor abundamiento, no se justifica en modo alguno, atendidas posibles circunstancias concretas del prestatario, un interés tan notablemente elevado.

El mero hecho aducido por la demandada consistente en que las operaciones de crédito al consumo a corto plazo son de alto riesgo dado el elevado impago de las mismas no justifica que en este caso concreto se apliquen intereses desorbitados.

Hacemos nuestros los razonamientos de la Sentencia del TS de 7 mayo 2002 que declara usurario el préstamo, cuando afirma:

«Cierto es que la calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario.

De ahí que un tipo de interés que en una época es muy alto, en otra se entienda que es normal. Pero la sentencia recurrida ha prestado atención a ello; no sólo ha tenido presente el tipo acordado, sino el básico del Banco de España y el de obtención de créditos en el mercado hipotecario (folio 228).

Siendo éstos del 10 % y entre el 14 y 16 % anual, respectivamente, es de una claridad meridiana que el interés pactado en un préstamo con garantía hipotecaria del 29 % anual excede con mucho de cualquier límite razonable.

El criterio de interés normal del dinero lo marca el mercado, en una situación de libertad en su estipulación.

La sentencia recurrida también destaca que en el préstamo litigioso se pactó un interés de demora del 30 % sobre el principal e intereses, y además una cláusula de penalización del 10 % sobre el importe adeudado.

Aunque parezca inverosímil, en el motivo en examen se defiende la legalidad y licitud de tales estipulaciones, toda vez que la práctica bancaria aplica intereses de demora muy altos, y que los arts. 1.108, 1.109 y 1.152 Cód. civ. permiten los pactos en cuestión«.

Tal como recuerda la reciente Sentencia del TS de 18 de junio de 2012, la ley de represión de la usura se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes, «pacta sunt servanda«.

De esta forma, artículo 1293, el Código subraya la derogación de la legislación Antigua sobre la materia, caso de Partidas que admitía, al compás de nuestro Derecho histórico, la rescisión por lesión en la compraventa, proscribiéndose toda suerte de rescisión por lesión que afectase al tráfico patrimonial.

De ahí, entre otros extremos, su referencia expresa al «contrato«, no considerando como tal la partición de la herencia cuya rescisión por lesión quedó permitida en el seno del artículo 1074 del Código.

La libertad de precios, según lo acordado por las partes, se impone como una pieza maestra de la doctrina liberal en materia de contratos (SSTS 9 de abril 1947, RJ 1947, 898, 26 de octubre de 1965, RJ 1965, 4468, 29 de diciembre 1971, RJ 1971, 5449 y 20 de julio 1993, RJ 1993, 6166).

De este modo, el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos.

TERCERO.- Por todo lo expuesto, consideramos nulo el contrato de crédito al consumo de fecha 28 de agosto de 2017 y en consecuencia de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, la actora únicamente estará obligada a restituir la cantidad prestada sin ninguna otra contraprestación.

No procede valorar las acciones subsidiarias instadas por la demandante al estimarse la pretensión principal.

CUARTO.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se impondrán a la parte cuyas pretensiones fueren rechazadas y en este caso, por tanto, han de ser impuestas a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX dirigidos por el Letrado Sr. Martí Solà Yagüe frente a OKEY MONEY SPAIN, SL y en consecuencia DEBO DECLARAR Y DECLARO:

– La nulidad del contrato de préstamo celebrado el 28 de agosto de 2017.

Al ser dicha nulidad consecuencia de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, la actora únicamente estará obligada a restituir la cantidad prestada sin ninguna otra contraprestación.

Las costas del presente procedimiento deben ser abonadas por la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el término de VEINTE días a partir del siguiente al de su notificación, y ante este mismo juzgado.

Además deberá acreditarse que se ha consignado en la oportuna entidad de crédito y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado depósito por importe de 50 euros.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.

2 comentarios para Un Juzgado declara la nulidad de un contrato de préstamo de Okey Money por usura

  • David

    Soy David, tengo un préstamo rápido con moneymas con un 49% de interés, esto se puede reclamar o hacer algo, te envío el adjunto del contrato.

    • Economía Zero

      Hola David, muchas gracias por contactar con nosotros.

      No te preocupes porque vamos a ayudaros a solucionar esta situación. Resumiendo un poco el contenido del procedimiento, lo que conseguimos es que se declare la nulidad del préstamo, crédito o la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos (superiores al 22,50 % ya sea o no tipo revolving) sin importar si esta está ya amortizada por completo o no.

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad del préstamo es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales (sumando cualquier pago que hayas hecho), ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del préstamo, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      Por lo tanto, lo especialmente relevante es el tipo de interés del préstamo. Tras examinar el contrato que nos envías, tiene el 49 % TAE, por lo que la reclamación es totalmente viable.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo con las cantidades que nos indicas podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir.

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado un total de 4.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 7.280 €, COFIDIS deberá devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 3.280 €.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te devuelven 500 €, te cobraremos el 15 % + IVA de los 500 € (esto son 90,75 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono. Si nos dejas tu número podemos llamarte en la franja horaria que nos indiques. O si lo prefieres, puedes llamarnos tú al 689 661 685.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos con los que empezaremos la reclamación son son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad.

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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