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Un Juzgado declara la nulidad de un contrato de préstamo de Okey Money por usura

Un Juzgado declara la nulidad de un contrato de préstamo de Okey Money por usura

La entidad crediticia Okey Money es condenada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona a la nulidad de un contrato de préstamo por aplicar un tipo de interés usurario.

El Letrado colaborador de Economía Zero D. Martí Solá Yague, ha sido el encargado de llevar a cabo el presente procedimiento.

En el caso de autos, las partes pactaron un préstamo con una TAE del 134,06 %, comisión de apertura del 10 % y comisión de devengo de 33,33 euros mensuales, por lo que debe ser considerado manifiestamente desproporcionado

La cantidad a devolver por la actora tras recibir un préstamo de 2.000 € a seis meses, era de 2.578,42 €. Una ganancia de 578,42 euros en seis meses para un préstamo inicial de dicho importe, supone una ganancia de casi un 30 % para la entidad demandada, siendo el interés legal del dinero en la fecha del contrato de un 3 %.

Ante lo expuesto y no siendo justificado por la demandada la imposición de un interés tan notablemente elevado, cabe declarar el contrato de autos usurario.

La Magistrada del caso, estima la demanda interpuesta contra Okey Money Spain, SL y, en consecuencia, declara la nulidad del contrato de préstamo celebrado el 28 de agosto de 2017 entre las partes por usura.

Asimismo, la parte actora está obligada únicamente estará a la devolución de la cantidad prestada como principal.

Las costas del presente procedimiento son impuestas a la entidad demandada.

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Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Figueres

Procedimiento ordinario 151/2019 -C1

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: LOURDES GALVE GARRIDO

Parte demandada/ejecutada: WIZINK BANK,S.A

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

Vistos por mí, , Magistrada-Juez del Juzgado de 1ªInstancia nº8 de Figueres por sustitución reglamentaria, los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de contrato, seguidos en este juzgado con el número 151/2019, a instancia de la Procuradora XXXX , en nombre y representación de XXXX , asistido de la letrada Lourdes Galvé Garrido, contra WIZINK BANK, SA, representado por la Procuradora XXXX, con la asistencia letrada de XXXX , es procedente dictar la siguiente

SENTENCIA Nº 52/2020

Magistrada: XXXX

Figueres, 9 de marzo de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito que fue turnado a este juzgado en fecha 11 de junio de 2019, se interpuso demanda por la Procuradora XXXX , en nombre y representación de , contra WIZINK BANK SA, solicitando se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010.

Subsidiariamente se declarara la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de dicha cláusula, y se condene a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo, o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de efectos; así como al pago de intereses legales y procesales, y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, fue emplazada la parte demandada, presentándose escrito de contestación el 13/09/2019. Se celebró la audiencia previa el 12/11/2019. Se desestimó la excepción procesal de defecto en el modo de proponer la demanda interpuesta por el demandado en su escrito de contestación.

Se admitió la prueba propuesta por las partes, y se celebró el acto del juicio el 24 de febrero de 2020, en el que, al renunciarse la prueba acordada, se realizó el trámite de conclusiones, quedando los autos vistos para sentencia; documentándose el acto en el correspondiente soporte de la grabación efectuada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ACCIÓN. Ejercita la actora la acción contemplada en el art. 1 de la Ley de 23 de junio de 1908, de la Usura, respecto del contrato concertado el 8 de abril de 2010, cuando encontrándose en el aeropuerto fue abordado por un comercial del entonces Citibank, ahora representado por la demandada, quien le ofreció la contratación de un crédito al consumo instrumentalizado mediante una tarjeta Citibank.

Para poder sobrellevar más fácilmente los gastos del hogar Comunicándole las grandes ventajas que la misma le reportaría ya que tendría una línea de crédito con unos intereses muy bajos y que además podría pagar en cómodos plazos de su elección.

Siendo obvio que la iniciativa de la contratación surgió de la entidad predisponente en el marco de una campaña agresiva de captación en el aeropuerto fuera del establecimiento de la entidad y sin que mediara previa solicitud del demandante el actor suscribió la tarjeta sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de capitalización de intereses del crédito al consumo litigioso todo ello enmascarado en la falta absoluta de información clara sobre lo que pagaba cada mes y el coste real de la financiación.

Posteriormente con la creencia de tener un crédito a precio de mercado el actor utilizó la tarjeta en diversas ocasiones, efectuando diversas disposiciones de la línea de crédito sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de capitalización de intereses de los créditos al consumo.

Subsidiariamente ejercitaba la acción de nulidad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio del contrato por no superar el control de inclusión ex art. 80 del RD Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre; subsidiariamente acción de nulidad de la cláusula de fijación del interés remuneratorio por no superar el control de transparencia según STS de 9 de mayo de 2013; y para el caso de no ser estimadas las acciones anteriores, o que siendo estimadas se reconozca que únicamente deben restituirse los intereses vencidos y no otros conceptos sobre comisiones de impago, cuotas seguro, etc., se ejercitaba acción de nulidad de las condiciones generales de la contratación por ser abusivas.

El demandado se opone a la demanda, alegando que el cliente y demandante estuvo informado en todo momento de las condiciones del contrato. Que el procedimiento de contratación se inicia siempre con las explicaciones verbales que el demandado realiza a los potenciales clientes por teléfono.

La presentación incluye siempre una descripción de las características esenciales del producto, y si el interesado desea contratar la tarjeta debe leer y firmar el formulario o solicitud de contratación. Que tras la forma del formulario de adhesión, éste se remite al Banco para que verifique la calidad crediticia el solicitante, y en su caso, autorice la apertura e una nueva línea de créditos a su favor.

Y que una vez aprobada la solicitud, el equipo de atención al cliente del banco contacta con el solicitante por teléfono para anunciarle la conformidad de banco con la operación, y explicarle una vez más las características esenciales de la tarjeta, su funcionamiento, y los servicios asociados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL PLEITO. El debate se centra por tanto en la cuestión de determinar si el contrato es usurario o subsidiariamente la cláusula del interés remuneratorio es nula por no superar el control de inclusión, o de transparencia. Y en defecto de lo anterior, si la condición general del interés remuneratorio es abusiva y únicamente deben restituirse los intereses vencidos y no otros conceptos estipulados en el contrato.

TERCERO.- La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, fijó al respecto la siguiente doctrina jurisprudencial:

i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal.

Sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo.

Como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

CUARTO.- La STS nº 149/2020 de 4 de marzo ha resuelto definitivamente la cuestión planteada, resolviendo un litigio con el mismo demandado y por los mismos motivos planteados en el presente procedimiento.

Dice el Tribunal Supremo que no fue objeto del recurso resuelto en aquella sentencia de 2015 determinar si, en el caso de las tarjetas revolving, el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» es el interés medio correspondiente a una categoría determinada, de entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España.

En la instancia había quedado fijado como tal término de comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo (entre las que efectivamente puede encuadrarse el crédito mediante tarjetas revolving), sin que tal cuestión fuera objeto de discusión en el recurso de casación, puesto que lo que en este se discutía en realidad es si la diferencia entre el interés del crédito revolving objeto de aquel litigio superaba ese índice en una proporción suficiente para justificar la calificación del crédito como usurario.

Tan solo se afirmó que para establecer lo que se considera «interés normal» procede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España sobre los tipos de interés que las entidades de crédito aplican a las diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

A lo anteriormente expuesto se añadía el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo, lo que puede explicar que en el litigio se partiera de la premisa de que el índice adecuado para realizar la comparación era el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España.

Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.).

Pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero».

Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia.

Era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

La determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso es determinante a la hora de resolver sobre la presente reclamación.

Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso [...]».

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés.

«Notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso.

Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente.

Las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil.

(En ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito. Como consecuencia de lo expuesto, el recurso de casación debe ser desestimado.

QUINTO.- En el presente caso, el interés aplicado a las disposiciones del cliente y actor, según Doc. 6 de la demanda, extractos de tarjeta en los que se aplica un interés remuneratorio del 24% (TIN), T.A.E. del 26,82%. Por ello, y en aplicación de la jurisprudencia citada, dictada en un supuesto idéntico, con el mismo porcentaje de interés y estipulaciones coincidentes, procede, conforme al art. 1.6 del Código Civil.

Estimar la demanda en cuanto a su petición principal, y declarar la nulidad por usura del contrato de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010; así como condenar al demandado a abonar al actor la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor.

SEXTO.- INTERESES. En cuanto a los intereses solicitados en la demanda, no procede la condena a los mismos, pues la cantidad a cuyo abono se condena a la demandada es claramente ilíquida, no solo con anterioridad al pleito, sino incluso tras este mismo, dados los términos de la pretensión deducida por el propio demandante, que por su propio planteamiento ha eludido su cuantificación incluso dentro de la fase declarativa del proceso.

Por lo que no cabe entender que la deudora haya incurrido en mora culpable conforme a los arts. 1.101 y 1.108 CC por la no devolución de una cantidad que no se ha pedido determinar en la sentencia; por ello no procede la condena al pago de los intereses contemplados en el art. 576 LEC, que impone los intereses por mora procesal solo en el caso de condenas liquidas, sin perjuicio de que se devenguen » ope legis» en su momento y desde la resolución en que se liquide la deuda y como efecto directo de tal liquidación.

SÉPTIMO.- COSTAS. En base a lo expuesto y a la estimación de la demanda, a la vista del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas a la parte demandante.

Debe mantenerse la imposición de las de la instancia pese a la desestimación de la demanda en cuanto a la pretensión del pago de intereses, pues esto no impide la consideración de que la estimación ha sido sustancial en cuanto a la pretensión de nulidad y la condena a la restitución.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

QUE, CON ESTIMACIÓN de la demanda interpuesta por la Procuradora XXXX, en nombre y representación de XXXX, contra WIZINK BANK, SA,

1.- SE DECLARA LA NULIDAD POR USURA DEL CONTRATO de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010.

2.- SE CONDENA AL DEMANDADO a abonar al actor la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor.

3.- Con imposición al demandado de las costas del juicio.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, ante este juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Girona; previo depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo. La Magistrada


Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona

Procedimiento ordinario 800/2018 – A1

Materia: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: D. XXXXXX
Procurador/a: Dña. XXXXXX
Abogado/a: D: Martí Solà Yagüe

Parte demandada/ejecutada: OK MONEY SPAIN, S.L.
Procurador/a: D. XXXXXX
Abogado/a: D: XXXXXX

SENTENCIA Nº 263/2019

En Barcelona, a 23 de diciembre de 2019.

Dña. XXXXXX, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona, ha visto los autos de Juicio Ordinario nº 800/18, promovido por la procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX dirigidos por el Letrado Sr. Martí Solà Yagüe frente a OKEY MONEY SPAIN, SL representada por la Procurador Sr. XXXXXX y asistida por el Letrado Sr. XXXXXX en reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Procuradora Sra. XXXXXX, en la representación indicada, se presentó demanda el 24 de octubre de 2019 que correspondió a este Juzgado, y en base a los hechos y derechos que alega, suplica se dicte sentencia por la que se declare la nulidad por usura del contrato de préstamo suscrito telefónicamente con la demandada el 9 de octubre de 2017.

Subsidiariamente insta la nulidad de las cláusulas siguientes por falta de transparencia o por abusividad: interés remuneratorio y composición de pagos, cláusula de comisión por impagados y de vencimiento anticipado y por cumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato.

Como consecuencia de esta declaración, se solicita la restitución de los efectos dimanantes del contrato nulo, con los intereses del art. 576 de la LEC más costas procesales.

El demandante solicitó de forma automática un crédito de 2.000 euros y desde entonces viene satisfaciendo un interés y comisiones altísimos.

No se le remitió contrato hasta un años después por lo que no aparece firmado. No se le explicó que tenía que abonar una TAE de 134,06 % ni se le dio ninguna explicación sobre el producto contratado.

Considera que el TAE establecido es leonino (el tipo medio de TAE para el 2017 era de 8,79 %) y por ello el contrato usurario.

Subsidiariamente considera que las cláusulas del contrato no superan el control de transparencia y además que la cláusula de comisión de impagados (20 euros, cláusula 10) es abusiva, así como la cláusula 13 (vencimiento anticipado) y de interés remuneratorio.

SEGUNDO: Se admitió a trámite la demanda por decreto de fecha 29 de marzo de 2019 y se emplazó a la demandada que comparecieron en tiempo y forma. La demandada contestó a la demanda el 9 de mayo de 2019 oponiéndose a la misma.

En primer lugar, niega que la contratación se desarrollase de forma automática y sin explicación alguna al consumidor.

En segundo lugar, alega que el TAE no puede ser considerado usurario por cuanto el TAE es anual y se concedió un préstamo semestral, siendo este TAE habitual entre los préstamos de corta duración.

El importe total que el prestatario tiene que abonar por ese préstamo es de 2.578,42 euros (según tabla adjunta).

Alega que el contrato supera el control de transparencia y que el actor recibió toda la información y se le remitió vía correo electrónico toda la documentación necesaria. Solicita la desestimación de la demanda.

Una vez contestada la demanda, se citó a las partes para la celebración de la audiencia previa.

TERCERO.- El día señalado para la audiencia previa, el 5 de noviembre de 2019, comparecieron todas las partes y manifestaron no haber llegado a acuerdo que pusiese fin al pleito.

Al no existir conformidad en los hechos, se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación. Se fijaron los hechos controvertidos y cada parte propuso las pruebas que fueron de interés.

Al limitarse la prueba propuesta a la documental, en aplicación del art. 429.8 de LEC, quedaron las actuaciones conclusas y pendientes de dictar sentencia una vez aportada una documentación requerida por la demandante en dicho acto y realizadas conclusiones por escrito.

CUARTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se ejercita una acción declarativa de nulidad con fundamento en la Ley Azcárete de 23 de julio de 1908 y subsidiariamente, acción declarativa de abusividad de determinadas cláusulas contractuales con fundamento en la LDCU y LCGC.

SEGUNDO.- Se alega fundamentalmente por la actora la abusividad del préstamo en atención a la Ley de represión de la usura de 23 de diciembre de 1908, conocida como Ley Azcárate.

Se afirma que el interés ordinario y el moratorio son intereses notablemente superiores a lo normal del dinero en la época de constitución del negocio jurídico, considerando la demandada que no son ni manifiestamente desproporcionados si se atiende en que estamos en sede de préstamos entre particulares.

La prestación de intereses es (tal y como dispone la Sentencia del Tribunal Supremo 867/2013, de 22 de febrero, que seguimos en adelante) la obligación accesoria que acompaña a la obligación pecuniaria principal y que viene determinada en relación al tiempo de cumplimiento y a la cuantía de ésta.

Aparte de los intereses legales (así, artículo 1108 del Código Civil ), los convencionales se establecen por los sujetos de la obligación principal, como remuneratorios previstos para el cumplimiento normal o a término y como moratorios, para la demora en el cumplimiento de la obligación principal.

Unos y otros tienen la cuantía libremente pactada por las partes (artículo 1108, «intereses convenidos» y 1255 del Código Civil, principio de la autonomía de la voluntad) pero con la limitación que impone la mencionada Ley de usura en su artículo 3 que establece la nulidad del contrato con la consecuencia de que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

El artículo 2 de la Ley de usura y que está derogada y sustituida por el artículo 319.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone:

«En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo».

Lo que significa que se impone la facultad discrecional del órgano judicial de instancia (Sentencia del TS de 9 enero de 1990) o amplísimo arbitrio judicial (Sentencias del TS 31 marzo de 1997, 10 mayo 2000) basándose en criterios más prácticos que jurídicos (Sentencia del TS de 29 septiembre de 1992) valorando caso por caso (Sentencia del TS de 13 mayo 1991), con libertad de apreciación (Sentencia del TS de 10 mayo 2000), formando libremente su convicción (Sentencia del TS de 1 de febrero de 2002).

Estando así las cosas, un préstamo con garantía hipotecaria cuyo importe debe devolverse a corto plazo (seis meses) al que se agrega un interés ordinario de un 10 % (en un momento en que el interés legal es de un 5 % mensual) y con un TAE de 134,06 %, comisión de apertura del 10 %, comisión de devengo de 33,33 euros mensuales penalizaciones para caso de incumplimiento debe ser considerado entera y manifiestamente desproporcionado.

La TAE (Tasa Anual Equivalente) es un porcentaje anual que nos muestra de manera estandarizada cuál será el coste de la financiación que queremos contratar.

Esta cifra incluye tanto los intereses que nos cobrarán por prestarnos el dinero que solicitamos como otros costes relacionados como las comisiones de formalización (de estudio y apertura) y los costes de los productos vinculados como un seguro de protección de pagos y nos permitirá comparar entre dos créditos diferentes para conocer cuál tendrá un coste más bajo.

Si atendemos a la Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades de crédito publicada por el Banco de España para el año 2017, en operaciones de crédito al consumo, el TAE ponderado no superaba el 8,30 % mensual y que en el propio contrato que nos ocupa se especifica en la cláusula 7.4 que:

El tipo de interés ordinario aplicable expresado en las cláusula 7.1 y el TAE expresado en la cláusula 7.3 no incluyen costes adicionales fuera del control del prestamista y de los posibles costes por mora en los que pudiese incurrir el prestatario de conformidad con lo previsto en la cláusula 11.3”.

Resulta que pese a lo elevado y desproporcionado del TAE, el coste concreto del préstamo puede todavía verse incrementado, lo que a todas luces resulta exorbitado.

En el caso que nos ocupa, por un préstamo de dos mil euros a seis meses, la entidad recibía 2.578,42 euros.

Una ganancia de 578,42 euros en seis meses para un capital de 2.000 euros supone una rentabilidad global de casi un 30 %.

Atendido que en el 2017 el interés legal del dinero era de un 3 %, una rentabilidad del 30 % debe considerarse forzosamente leonina.

A mayor abundamiento, no se justifica en modo alguno, atendidas posibles circunstancias concretas del prestatario, un interés tan notablemente elevado.

El mero hecho aducido por la demandada consistente en que las operaciones de crédito al consumo a corto plazo son de alto riesgo dado el elevado impago de las mismas no justifica que en este caso concreto se apliquen intereses desorbitados.

Hacemos nuestros los razonamientos de la Sentencia del TS de 7 mayo 2002 que declara usurario el préstamo, cuando afirma:

«Cierto es que la calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario.

De ahí que un tipo de interés que en una época es muy alto, en otra se entienda que es normal. Pero la sentencia recurrida ha prestado atención a ello; no sólo ha tenido presente el tipo acordado, sino el básico del Banco de España y el de obtención de créditos en el mercado hipotecario (folio 228).

Siendo éstos del 10 % y entre el 14 y 16 % anual, respectivamente, es de una claridad meridiana que el interés pactado en un préstamo con garantía hipotecaria del 29 % anual excede con mucho de cualquier límite razonable.

El criterio de interés normal del dinero lo marca el mercado, en una situación de libertad en su estipulación.

La sentencia recurrida también destaca que en el préstamo litigioso se pactó un interés de demora del 30 % sobre el principal e intereses, y además una cláusula de penalización del 10 % sobre el importe adeudado.

Aunque parezca inverosímil, en el motivo en examen se defiende la legalidad y licitud de tales estipulaciones, toda vez que la práctica bancaria aplica intereses de demora muy altos, y que los arts. 1.108, 1.109 y 1.152 Cód. civ. permiten los pactos en cuestión«.

Tal como recuerda la reciente Sentencia del TS de 18 de junio de 2012, la ley de represión de la usura se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes, «pacta sunt servanda«.

De esta forma, artículo 1293, el Código subraya la derogación de la legislación Antigua sobre la materia, caso de Partidas que admitía, al compás de nuestro Derecho histórico, la rescisión por lesión en la compraventa, proscribiéndose toda suerte de rescisión por lesión que afectase al tráfico patrimonial.

De ahí, entre otros extremos, su referencia expresa al «contrato«, no considerando como tal la partición de la herencia cuya rescisión por lesión quedó permitida en el seno del artículo 1074 del Código.

La libertad de precios, según lo acordado por las partes, se impone como una pieza maestra de la doctrina liberal en materia de contratos (SSTS 9 de abril 1947, RJ 1947, 898, 26 de octubre de 1965, RJ 1965, 4468, 29 de diciembre 1971, RJ 1971, 5449 y 20 de julio 1993, RJ 1993, 6166).

De este modo, el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos.

TERCERO.- Por todo lo expuesto, consideramos nulo el contrato de crédito al consumo de fecha 28 de agosto de 2017 y en consecuencia de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, la actora únicamente estará obligada a restituir la cantidad prestada sin ninguna otra contraprestación.

No procede valorar las acciones subsidiarias instadas por la demandante al estimarse la pretensión principal.

CUARTO.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se impondrán a la parte cuyas pretensiones fueren rechazadas y en este caso, por tanto, han de ser impuestas a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX dirigidos por el Letrado Sr. Martí Solà Yagüe frente a OKEY MONEY SPAIN, SL y en consecuencia DEBO DECLARAR Y DECLARO:

– La nulidad del contrato de préstamo celebrado el 28 de agosto de 2017.

Al ser dicha nulidad consecuencia de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, la actora únicamente estará obligada a restituir la cantidad prestada sin ninguna otra contraprestación.

Las costas del presente procedimiento deben ser abonadas por la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el término de VEINTE días a partir del siguiente al de su notificación, y ante este mismo juzgado.

Además deberá acreditarse que se ha consignado en la oportuna entidad de crédito y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado depósito por importe de 50 euros.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.

2 comentarios para Un Juzgado declara la nulidad de un contrato de préstamo de Okey Money por usura

  • David

    Soy David, tengo un préstamo rápido con moneymas con un 49% de interés, esto se puede reclamar o hacer algo, te envío el adjunto del contrato.

    • Economía Zero

      Hola David, muchas gracias por contactar con nosotros.

      No te preocupes porque vamos a ayudaros a solucionar esta situación. Resumiendo un poco el contenido del procedimiento, lo que conseguimos es que se declare la nulidad del préstamo, crédito o la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos (superiores al 22,50 % ya sea o no tipo revolving) sin importar si esta está ya amortizada por completo o no.

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad del préstamo es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales (sumando cualquier pago que hayas hecho), ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del préstamo, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      Por lo tanto, lo especialmente relevante es el tipo de interés del préstamo. Tras examinar el contrato que nos envías, tiene el 49 % TAE, por lo que la reclamación es totalmente viable.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo con las cantidades que nos indicas podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir.

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado un total de 4.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 7.280 €, COFIDIS deberá devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 3.280 €.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te devuelven 500 €, te cobraremos el 15 % + IVA de los 500 € (esto son 90,75 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono. Si nos dejas tu número podemos llamarte en la franja horaria que nos indiques. O si lo prefieres, puedes llamarnos tú al 689 661 685.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos con los que empezaremos la reclamación son son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad.

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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