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Un juzgado declara la nulidad de un contrato de crédito revolving de Evo Finance por aplicar un interés de usura del 26,9 %

Un juzgado declara la nulidad de un contrato de crédito revolving de Evo Finance por aplicar un interés de usura del 26,9 %

El Juzgado de Primera Instancia N° 41 de Madrid declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito revolving de Evo Finance, Establecimiento Financiero de Crédito S.A.U. por aplicar un tipo de interés de usura.

En el contrato litigioso suscrito por las partes, se estipula que el crédito concedido devengará diariamente un TAE del 18,9 %, el cuál fue incrementado de forma unilateral por la entidad crediticia hasta el 26,9 %, siendo el tipo de interés aplicado por las entidades de crédito a los créditos al consumo en la fecha de la firma del contrato (enero de 2006) del 8,68 %.

La entidad demandada no ha acreditado que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la fijación de un interés tan elevado por lo que, ante lo expuesto, cabe calificar el contrato como notablemente superior al normal de dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso.

La Magistrada del caso, estimando la demanda contra la entidad Evo finance Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.U., declara nulidad, por usurario, del contrato de crédito suscrito entre las partes y condena a la entidad a la restitución a la actora de la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, más los intereses legales devengados de dicha cantidad.

Las costas del proceso judicial son expresamente impuestas a la entidad demandada. 

El litigio de autos ha sido llevado a cabo por el Letrado colaborador con Economía Zero, D. Daniel Navarro Salguero, experto en este tipo de casos.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 41 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 533/2018

Materia: Nulidad

Demandante: D. XXXXXX 
PROCURADOR: Dña. XXXXXX 

Demandado: EVO FINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO SAU
PROCURADOR: Dña. XXXXXX 

SENTENCIA Nº 47/2019

En Madrid a 7 de marzo de 2019

Vistos por S Sª. Dña. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia N° 41 de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario n° 533/18 promovidos a instancia de la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad Evo Finance, Establecimiento Financiero de Crédito S.A.U. representada por la procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX.

HECHOS

PRIMERO.- Por la parte actora se formuló demanda de Juicio ordinariamente solicitando el dictado de una sentencia por la que:

CON CARÁCTER PRINCIPAL

a) Se declare la nulidad RADICAL, ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato por tratarse de un contrato USURARIO con los efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el art. 1303 del Código Civil;

b) Se CONDENE en virtud del art. 1303 del CC y el artículo 3 de la Ley Azcárate, a la entidad Evo Finance, Establecimiento Financiero de Crédito S.A.U. a fin de que devuelva a mi demandante la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante;

c) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

CON CARÁCTER SUBSIDIARIO

a) Se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de información y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan.

b) Se CONDENE, en virtud del art. 1303 del CC, a la entidad EVO FINANCE ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.U., a fin de que reintegre a mi representado las cantidades abonadas como intereses, que se determinará en ejecución de sentencia.

c) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la parte demandada para que contestara a la demanda en el plazo de 20 días, lo que verificó mediante la presentación de escrito en el que solicitaba la desestimación de las pretensiones deducidas de contrario con expresa condena en costas a la actora.

TERCERO.- Citadas las partes a la audiencia previa la misma tuvo lugar el día 5 de noviembre de 2018. En ella se oyó a las partes quienes se ratificaron en sus respectivos escritos y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Recibido el pleito a prueba propusieron la que tuvieron por conveniente y tras resolver sobre su admisión fueron citadas al acto del juicio que tuvo lugar el día 4 de marzo de 2019.

CUARTO.- En el acto del juicio se procedió a la práctica de la prueba propuesta y declarada pertinente y tras conceder la palabra a las partes para resumen de prueba, quedaron los autos vistos y conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se formuló demanda de Juicio ordinario frente a la entidad financiera demandada en la que solicita como pretensión principal que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito al consumo bajo el sistema revolving objeto de este procedimiento y suscrito en fecha 24 de noviembre de 2006 entre las partes por su carácter usurario por razón del interés remuneratorio fijado en el mismo, con las consecuencias contempladas en la Ley de Represión de la Usura.

La parte precisa que la Tasa Anual Equivalente del crédito al tiempo de la suscripción del contrato era del 18,9 % y a fecha de demanda del 26,95 %.

La parte añade que no se le entregó copia del contrato, ni se le explicaron las características y condiciones del mismo, estando en presencia de un contrato de adhesión, con condiciones prerredactadas e impuestas por la entidad financiera.

Según señala el demandante ha dispuesto de un total de 12.308,58 € que ha devengado 17.180,79 € de intereses y por diferentes comisiones, por lo que a pesar de haber abonado la cantidad de 20.967,68 € aún le quedan por amortizar 8.512,69 €.

De forma subsidiaria la parte solicita que se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios y de cuales quiera otras cláusulas que puedan apreciarse abusivas de oficio por el Juzgador al no superar el control de incorporación ni el de información y transparencia.

SEGUNDO.- La demandada por su parte se ha opuesto a las pretensiones deducidas de contrario señalando que el actor fue informado verbalmente de las condiciones del contrato, las cuales, además, se recogían en el mismo por escrito del cual se le entregó un ejemplar, siendo su contenido claro, conciso y sencillo.

Posteriormente el demandado recibió en su domicilio la tarjeta de crédito.

El demandante decidió activar la tarjeta mediante la solicitud de un puente Cash, lo que supone la aceptación de las condiciones aplicables. Además, el mismo recibía mensualmente en su domicilio un extracto de las operaciones efectuadas.

Igualmente opone que se le comunicaron fehacientemente las alteraciones de los tipos de interés.

La parte muestra su conformidad con las cantidades fijadas de contrario en el escrito de demanda, siendo el demandante el que optó por amortizar la deuda con una cuota baja.

La parte señala que el interés remuneratorio pactado en el contrato durante los seis primeros meses fue del 10,9 % y posteriormente del 18,9 % y dado que solicitó 8 puente Cash el tipo que se le aplicó fue del 10,9 % durante cuatro años.

Posteriormente el interés se incrementó hasta el 26,5 por necesidades del mercado.

La parte señala que el Boletín Estadístico del Banco de España es un índice inoperativo ya que contiene una tabla con los tipos de interés solo para los préstamos personales, siendo el Banco de España el que distingue los préstamos revolving de los préstamos personales, debiendo diferenciarse las operaciones de tarjeta de crédito y otras operaciones, siendo así que en las operaciones con tarjeta las entidades aplican un TAE habitualmente superior al 20 %.

Por lo señalado la parte interesa el dictado de un pronunciamiento desestimatorio de los pedimentos contenidos en el escrito de demanda.

TERCERO.- Planteado en estos términos el debate suscitado y entrando a conocer de la pretensión ejercitada con carácter principal, debe señalarse que según resulta del contrato suscrito, la opción relativa a la aplicación del 10,9 % TAE no aparece marcada en el contrato.

Por el contrario en el reverso del mismo relativo a las condiciones de la tarjeta de crédito contratada lo que se señala es que el crédito concedido devengará diariamente un TAE del 18,9 %, que se vio incrementado de forma unilateral por la entidad financiera hasta el 26,9 %.

Como pone de manifiesto la reciente ST de la AP de A Coruña de 28 de diciembre de 2018 en un supuesto similar relativo a un crédito revolving:

1.-NORMATIVA Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE.

1.1 Señala la sentencia 628/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 25 de noviembre de 2015 que:

«1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que has ido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art.1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido«.

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio,113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria a través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo,como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como»notablemente superior al normal del dinero«.

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art.1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado».

1.2. Resumiendo, dicha sentencia dictada en relación en un crédito «revolving», como el que nos ocupa, se refiere al concepto de «interés notablemente superior» y para integrarlo recurre a dos reglas principales:

El porcentaje que ha de tomarse en consideración no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE).

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Además, cabe añadir que el índice de referencia para declarar si el interés pactado es o no superior al normal del dinero es aquél en el que, a la fecha del contrato objeto de juicio, se ofertaban en el mercado las operaciones de créditos y préstamos a la financiación o al consumo, sin contraerse a los específicos con los que se comercializaban los contratos de tarjeta de crédito rotativos.

En el caso analizado, concluye dicha sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que el interés de un préstamo revolving con un TAE al 24,6 % es ‘notablemente superior’ por cuanto excede del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se había concertado.

Se exige también que se trate de un interés «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» estableciendo que dicha desproporción se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito «revolving» acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales (v.gr., una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo que justificara que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal).

1.3.- En el presente caso, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del Art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualquier operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

2.- APLICACIÓN DE DICHA DOCTRINA AL SUPUESTO OBJETO DE JUICIO.

2.1.- El interés remuneratorio fijado en el contrato entre las partes de un TAE del 24,51 %.

Conforme al Banco de España, el tipo de interés aplicado por las entidades de crédito en abril de 2008, al crédito al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años fue del 9,02 % y el TAE fue del 10,48 %.

2.2.- La diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

2.3.- La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, conforme a la jurisprudencia expuesta.

2.4.- En la impugnación al recurso se cuestiona que se acuda como tipo comparativo al tipo medio para los créditos al consumo.

Se mantiene que debe partirse es de los tipos medios usuales y propios de los créditos mediante tarjeta, particularmente en este caso de los denominados créditos revolving.

Sin embargo, se comparte el criterio mantenido por la Audiencia Provincial de Asturias. Así, en diversas de sus resoluciones, se afirma que, tras la entrada en vigor de la Circular del Banco de España 1/2010, de 27 de enero, que modificó la Circular 4/2002, relativa a los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito a los depósitos y a los créditos concedidos a hogares y sociedades no financieras, para adaptarla a las modificaciones que ha introducido el Reglamento (CE) 290/2009 del Banco Central Europeo, de 31 de marzo, el Banco de España diferencia entre los tipos de interés de las operaciones de créditos al consumo de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito, y efectivamente, como señala en el capítulo 19 de su Boletín Estadístico de julio-agosto de 2010, «los cambios de la nueva Circular afectan significativamente a los datos de «Crédito al consumo hasta un año», que, a partir de los datos de junio de 2010, deja de incluir las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito.

Estas operaciones se  proporcionarán próximamente por separado, una vez que se disponga de series representativas».

Ahora bien, no es este el tipo comparativo, el que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito, el que utiliza la mentada resolución del Tribunal Supremo como índice para determinar el precio normal del dinero, si no que parte del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo.

Este es el criterio que ha venido siguiendo dicha audiencia provincial ante tales alegaciones.

Una cosa es el interés normal del dinero, del que debe partirse para realizar la comparación, y otra distinta es que diversas circunstancias puedan justificar que se supere ese interés normal.

Es cierto que estadísticamente dichos índices a los que alude la impugnante ponen de manifiesto que en la práctica bancaria existe una tendencia a contratar a unos tipos remuneratorios notoriamente superiores a los que pueden considerarse como normales en operaciones de crédito al consumo, sin embargo, la práctica habitual disponiendo un interés remuneratorio muy superior a otros medios de financiación no puede servir de sustento y justificación bastante, sino que, a partir de la constatación de que ese interés es notablemente superior al normal en la financiación del consumo, para soslayar la reprobación de aquella norma y sus efectos debería acreditarse la concurrencia de una especial circunstancia que los justifique.

El propio Tribunal Supremo expresamente ha señalado que ello puede venir justificado «con las circunstancias del caso», pero, tal como señaló dicho tribunal, estas circunstancias deben ser acreditadas por la actora, y si bien tales circunstancias, implicar la concesión de crédito con un mayor riesgo para el prestamista al ser menores las garantías concertadas, aun cuando ello puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

2.5.- No cabe presumir que el uso de la tarjeta pudiera tener como finalidad realizar operaciones de riesgo.

Que la concesión de crédito mediante este tipo de tarjetas se efectúe habitualmente sin exigencia de garantías o que produzcan morosidad o que los costes de persecución de la deuda sean altos o que haya escaso incentivo para la devolución del préstamo, no son circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal sino, más bien, circunstancias habituales en este ámbito de contratación.

En conclusión, no se ha probado que el interés notablemente superior al normal del dinero fuera proporcionado a las circunstancias del caso.

3.- CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DEL CRÉDITO COMO USURARIO.

3.1.- El carácter usurario del crédito «revolving» concedido por COFIDIS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, al demandado conlleva su nulidad radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es insubsanable y no es susceptible de prescripción extintiva.

3.2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

En el caso objeto del recurso, conforme el documento número 2 presentado con la demanda, extracto de movimientos de la cuenta que se corresponde con la línea de créditos:

a) el capital financiado fue de 5.204 euros;

b) los intereses, 4.679,31 euros;

c) seguro; 1.460,42 euros;

d) recibidos emitidos, -13.295 euros;

e) impagado, 6.741,20 euros;

f) gastos de indemnización por vencimiento anticipado; 337,11 euros;

g) comisiones, 364 euros; y

h) saldo, 5.491,04 euros.

Al supuesto saldo pendiente, hay que deducir las cantidades derivadas de las comisiones por devolución e indemnización por vencimiento anticipado, al ser declaradas abusivas dichas cláusulas.

En consecuencia, la suma abonada por el recurrente ha sido superior al capital financiado.

3.3.- Así pues, el recurso de apelación debe prosperar, procediendo la revocación de la sentencia recurrida, declarándose la nulidad del interés remuneratorio pactado por las partes y, en consecuencia, absolverá D. XXXXXX de la demandada formulada por el procurador de los tribunales D. XXXXXX, en nombre y representación de la entidad mercantil COFIDIS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA”.

Aplicando la doctrina mencionada al caso de autos, las conclusiones que se alcanzan son las mismas que las de la sentencia que se acaba de trascribir.

En efecto, el tipo de interés aplicado por las entidades de crédito a los créditos al consumo en enero de 2006 según la página web del Banco de España (que es cuando se suscribió el contrato de autos) era de 8,68 %.

Por su parte, el interés remuneratorio fijado en el contrato de autos fue de más del doble (18,9 %), incrementándose posteriormente y de forma unilateral por la entidad financiera hasta el 26,9 % TAE, lo que conduce a calificarlo como notablemente superior al normal de dinero.

Por otro lado, la entidad actora tampoco ha acreditado que en el presente caso concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la fijación de un interés tan elevado, que en todo caso deben estar relacionadas con el riesgo de la operación en función del destino que pueda darse al importe del préstamo, sobre lo que nada se ha precisado ni desde luego se acredita por la entidad demandada, sin que se pretenda en ningún caso que estemos ante una operación de riesgo.

Tampoco puede justificarse la elevación tan desmesurada del tipo de interés remuneratorio en la ausencia de garantías, por el hecho de que estemos en presencia de operaciones que se conciertan con agilidad y sin comprobar la capacidad económica y de pago del solicitante del préstamo y en los que la devolución deba verificarse en un periodo de tiempo inferior al habitual, por cuanto y como señala la doctrina expuesta, la concesión irresponsable de préstamos no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico, como tampoco y por los motivos expuestos, puede justificarse esa elevación del tipo de interés en las características propias del crédito revolving ofertado y concedido.

Finalmente tampoco se comparte la alegación relativa a que los intereses de los que debe partirse para valorar el carácter usurario de los estipulados son los propios de los créditos mediante tarjeta, particularmente en el caso de los créditos revolving, pues estamos en todo caso ante una operación de crédito al consumo por más que se utilice una tarjeta de crédito, siendo así que no es a este tipo comparativo de los créditos mediante tarjeta al que atienden las entidades financieras en sus operaciones crediticias, de forma que aunque en la práctica bancaria existe una tendencia a la fijación de intereses remuneratorios muy superiores a los normales en operaciones de crédito al consumo, sin embargo ello no puede servir de justificación para su aplicación, más que cuando concurran circunstancias excepcionales que así lo justifiquen, pues no cabe presumir por el mero hecho de usar una tarjeta de crédito, que las operaciones a verificar sean de riesgo.

Por lo señalado procede concluir que en el caso de autos nos encontramos ante un interés remuneratorio notablemente superior al normal de dinero sin que se haya acreditado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su aplicación, ni desde luego su elevación unilateral y desproporcionada por la entidad bancaria, lo que conduce a declarar el carácter usurario del mismo y como consecuencia de ello, la nulidad radical y absoluta del préstamo concedido de forma que, de acuerdo en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, el prestatario únicamente quedará obligado a devolver la suma recibida.

Así las cosas y partiendo de la liquidación verificada por la parte actora con la que la entidad demandada ha mostrado su conformidad, resulta que a fecha de demanda la suma restituida por el actor era superior al importe de las sucesivas disposiciones verificadas, pues éste dispuso de un total de 12.308,58 € habiendo abonado la suma de 20.967,68 €.

Por lo señalado procede condenar a la entidad demanda a restituir al actor la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante, lo que habrá de verificarse en ejecución de sentencia.

En materia de intereses, no habiendo formulado la parte actora solicitud alguna al respecto, solo cabe concederlos de la mora procesal del artículo 576 de la LEC, apreciables de oficio.

CUARTO.- En materia de costas, habiéndose estimado íntegramente las pretensiones de la parte actora, procede su imposición a la entidad demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad Evo finance Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.U. representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, debo declarar y declaro la nulidad por usurario del contrato de crédito objeto de la presente litis y condeno a la demandada a restituir al actor la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante, lo que habrá de verificarse en ejecución de sentencia.

Dicha cantidad devengará los correspondientes intereses legales indicados en el último párrafo del Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución.

Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Esta sentencia no es firme, contra la misma podrá interponerse recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Póngase en conocimiento de las partes que en el momento de la interposición del recurso de apelación deberán consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, con el concepto “recursos”, la cantidad de 50 euros, bajo apercibimiento de inadmisión.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe en el día de su fecha estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá certificación a los autos correspondientes, lo pronuncio, mando y firmo.

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