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Un Juzgado de Madrid declara la nulidad por usuario de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink Bank al 28,20 % TAE

Un Juzgado declara la nulidad por usuario de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink Bank al 28,20 % TAE

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid declara la nulidad por usurario del contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito por un usuario de Economía Zero con la entidad Wizink Bank.

El Letrado D. Juan Aguilar Alonso, colaborador de Economía Zero, ha sido el encargado de llevar este caso a juicio.

En el caso de autos, se estableció en Abril de 2005 un contrato de tarjeta de crédito revolving entre las partes siendo el interés remuneratorio contenido en el contrato del 20,90 % TAE, el cuál fue elevado posteriormente por la entidad (Abril 2012) hasta el 28,20 % TAE, siendo el interés medio de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años en la fecha en que se concertó el contrato del 8,11 % TAE.

Ante lo expuesto, cabe afirmar que el tipo de interés establecido por la entidad supera notablemente el interés medio de los créditos al consumo y su carácter usurario

Asimismo, la entidad demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

La Magistrada-Juez del presente litigio declara la nulidad parcial del contrato suscrito entre las partes con fecha de 21 de Abril de 2005 por ser usuraria la cláusula que define el interés remuneratorio y condena a la demandada a reembolsar a la actora las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula nula por encima del capital prestado como principal, más el interés legal desde el 26 de Septiembre de 2017.

La parte actora tiene como obligación solamente la devolución del principal, todo ello con imposición a la demandada de las costas causadas.

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Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Madrid

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 203/2018

Materia: Nulidad

Demandante: Dña. XXXXXX
PROCURADOR: Dña. XXXXXX

Demandado: WIZINK BANK S.A.
PROCURADOR: D. XXXXXX

SENTENCIA Nº 144/2019

JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ: Dña. XXXXXX
Lugar: Madrid
Fecha: tres de julio de dos mil diecinueve

Vistos por mí, Dña. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de esta ciudad, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado, y registrados bajo el nº 203/18, promovido a instancia de Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX, y defendida por el Letrado D. Juan Aguilar Alonso, contra WIZINK BANK, representada por el Procurador de los tribunales D. XXXXXX, y defendida por el Letrado D. XXXXXX, sobre DECLARACIÓN DE NULIDAD DE CONTRATO DE CRÉDITO/TARJETA, por usurario, y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 9 de Febrero de 2018 se presentó la presente demanda de Juicio Ordinario promovida por Dña. XXXXXX representada por la Procuradora Dña. XXXXXX frente a WIZINK BANK, S.A., demanda que fue admitida a trámite mediante Decreto dictado en fecha 12 de Junio de 2018.

SEGUNDO.- Que tras el emplazamiento practicado a la parte demandada y contestada por ésta la demanda en tiempo y forma, se dictó Diligencia de Ordenación en fecha 5 de octubre de 2018 en la que se señaló el día 9 de mayo de 2019 horas para la celebración de la Audiencia Previa al Juicio.

TERCERO.- Que el día señalado tuvo lugar la celebración de la Audiencia Previa compareciendo la parte actora y la demandada con el resultado que obra en autos.

La actora pretendió introducir como hechos nuevos la existencia de cláusulas abusivas, no siendo permitido en dicho acto, por entrañar una modificación esencial de sus pedimentos, proscrita en pro del principio de evitar indefensión, y por hallarse precluida la fase procesal en que pueden plantearse por la parte dichas cuestiones, o ser examinadas de oficio.

CUARTO.- Siendo que ambas partes presentan únicamente prueba documental, los autos quedaron conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora Dña. XXXXXX formula demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad por usuario del contrato de tarjeta XXXXXX suscrito el 21 de Abril de 2005 con la entidad Barclays Bank S.A. (cuyo negocio de tarjetas de crédito fue vendido a la entidad POPULAR-E, cuya actual denominación social es WIZINK BANK), invocando el carácter de consumidor y argumentando que el contrato fue redactado unilateralmente por la demandada sin posibilidad alguna de negociación bajo un modelo propio estandarizado, contrato que presenta un importante desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes destacando dos cláusulas en concreto, que son:

Interés remuneratorio: 20,90 % TAE.

Respecto al interés destaca el carácter usurario del mismo y pone como ejemplo el interés medio de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años en la fecha en que el contrato se concertó y que era del 8,11 % TAE, siendo la firmada en el presente contrato mayor del doble.

A partir del 1 de Abril de 2012, la demandada comenzó a aplicar una TAE del 28,20 %.

También habla de falta de transparencia, por cuanto en el frontal del contrato no se hace mención alguna al tipo de interés que se le va a aplicar, teniendo que buscarlo en el reverso, entre un extenso e ilegible clausulado, e invoca su condición de consumidor.

Todo ello en base a los hechos y fundamentos de la demanda entre ellos LGDCU art. 3 RDL 1/2007 de 16 de noviembre; Ley 23 de julio de 1908; Ley 7/1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, así como reiterada jurisprudencia recaída.

La parte demandada WIZINK BANK, S.A. se opone a la pretensión formulada de contrario exponiendo las características del contrato suscrito, defendiendo que la existencia de un clausulado no negociado tiene que venir vinculado al hecho negativo de la infracción de los derechos del cliente que la legislación al tiempo de la suscripción le reconoce y que el hecho de que el clausulado no haya sido negociado no supone que se hayan incumplido esos contratos.

También sostiene que el actor recibía mensualmente los extractos donde se detallan los saldos dispuestos, autorizados y pendientes, habiendo hecho uso de la tarjeta durante trece años.

En la contestación a la demanda niega el carácter de complejo del producto contratado que no es otro que una tarjeta o contrato revolving siendo una herramienta de pago cómoda y con la que acceder a financiación de forma rápida, libremente escogida por el cliente, basándose el sistema en pagos aplazados a través de una cuota fija mensual o con un porcentaje de deuda, de tal manera que a medida que la deuda está siendo saldada ese dinero vuelve a estar disponible para que su titular haga uso de él, tratándose de una vía de financiación similar a una línea de crédito.

Por tanto, está justificado el cobro de un tipo de interés ordinario superior y alega numerosa jurisprudencia recaída en torno a este tipo de contratos, destacando la STS de 25 de noviembre de 2015 y descartando el carácter usurario de los intereses objeto de autos, resaltando que el tipo de interés medio para los préstamos al consumo invocado por el actor, resulta irrelevante para el objeto del pleito ya que lo que se cuestiona en este procedimiento es otro tipo de financiación.

La demandada continúa relatando en la contestación a la demanda que la legalidad vigente en materia de intereses remuneratorios está constituida por el principio de libertad de la tasa de interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del Código de Comercio y artículo 4 de la Orden Ministerial EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios y el “interés normal” a la luz del cual debe decidirse si el interés de la tarjeta de crédito es “notablemente superior” al interés ofrecido normalmente en el mercado, en el caso concreto de las tarjetas, debe entenderse según continúa relatando que este mercado es el de las tarjetas de crédito sin garantías y el TAE aplicado es conforme al normal del mercado.

SEGUNDO.- Centrada así la cuestión litigiosa conviene en primer lugar definir y apuntar cómo funciona la denominada tarjeta revolving tratándose de un tipo de tarjeta de crédito en la que todas las compras o disposiciones de efectivo que se realizan con ella, quedan aplazadas automáticamente brindando al usuario la posibilidad de realizar compras en plazos y las compras que se realizan no se cargan de forma inmediata sino que se aplazan para ser abonadas en un momento posterior, cuotas que elige el usuario esos si con una serie de intereses que se especifican en el contrato.

Aun cuando se ha definido este tipo de contrato como ventajoso sin embargo no se puede obviar que al obtenerse un crédito de forma sencilla y eligiendo la cuantía de la cuota y el aplazamiento ello en realidad puede encubrir una operación más costosa, toda vez que el alto tipo de interés que usualmente se exige, la opción por una cuota reducida y la posibilidad de disponer nuevamente del crédito que se va devolviendo puede dar lugar a que el cuadro de amortización se prolongue ocasionando un grave endeudamiento.

En realidad nos encontramos ante una línea de crédito cuyo coste puede dispararse de no llevar un adecuado control de las disposiciones realizadas y del devengo de intereses que se va produciendo a lo largo de la vida del contrato.

TERCERO.- Sentado lo anterior y con carácter general para analizar este tipo de contrato conviene citar literalmente una serie de resoluciones que pasamos a exponer sobre la materia y así la sentencia de la Sección 21 de la AP de Madrid número 346/2016 de 22 de septiembre nos dice en su fundamento cuarto:

Llegados a este punto, debemos entrar a analizar el resto de los motivos de impugnación alegados por la parte apelante contra la resolución adoptada en instancia, no estando conforme la misma con que la Juzgadora no haya procedido a declarar la nulidad de determinadas cláusulas abusivas contenidas en el contrato de tarjeta por ella pactado con Citibank España S.A, que no era sino un contrato de adhesión, entendiendo eran nulas por abusivas las cláusulas referidas al tipo de interés y la referida al anatocismo, tras indicar que entendía que la parte actora en el procedimiento había incurrido en dejación de sus obligaciones al no haber evaluado su capacidad crediticia a la hora de concederle un crédito, para terminar refiriéndose al retraso desleal en todo caso de la entidad actora en la litis para reclamar lo que decía se le adeudaba”.

…………, que la primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico se recogió de forma unitaria una protección a los consumidores y usuarios frente a un profesional fue con la Ley 26/1984, de 19 de julio de 1984 (RCL 1984, 1906), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Con posterioridad a esta Ley, se dictó por la Unión Europea la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071) del Consejo de la Comunidades Europeas de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la transposición de esta Directiva a la legislación española se hizo por la Ley 7/1998, de 13 de abril de 1998 (RCL 1998, 960) que regula las condiciones generales de la contratación, que viene a dar una nueva redacción a algunos preceptos de la Ley 26/1984, de 19 de julio de 1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que fue nuevamente modificada en alguno de sus preceptos por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre de 2006 (RCL 2006, 2339), de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, Ley ésta que fue finalmente derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) que aprobó el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que viene a recoger de forma unitaria la defensa del consumidor frente al profesional.

Realmente, La Directiva 93/13/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores pretende que, en los contratos celebrados después del día 31 de diciembre de 1994 entre un profesional (toda persona física o jurídica que en ese contrato actúe dentro del marco de su actividad profesional ya sea pública o privada) y un consumidor (toda persona física que en ese contrato actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional), queden eliminadas todas aquellas cláusulas contractuales que, no habiendo sido negociadas individualmente por el profesional y el consumidor contratantes (lo que sucederá cuando el profesional la ha redactado previamente y el consumidor no ha podido influir en su contenido), sean abusivas, es decir contraria a las exigencias de la buena fe, causando, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, y, para ello, se exige de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que adopten las medidas necesarias para que no quede vinculado un consumidor por una cláusula abusiva que hubiere aceptado.

Ciertamente la existencia de un contrato de adhesión presupone o conlleva la existencia de una serie de cláusulas en un contrato no negociadas individualmente por los contratantes, pero ello no supone per se que tales contratos de adhesión no sean válidos y eficaces, sino que lo que son las cláusulas o condiciones de aquéllos no negociadas individualmente que sean abusivas en perjuicios de los derechos de un consumidor a quien se le hubieran impuesto aquéllas las que deben ser declaradas nulas.

Partiendo de estas genéricas consideraciones, conviene igualmente que aclaremos llegados a este punto, recogiendo en este punto que, como se dice en numerosas resoluciones de nuestro Tribunal Supremo, pudiendo citar por ejemplo la de 25 de Noviembre de 2015 (recurso de casación 2341/13), «mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable», resultando que, como se indica por nuestro Alto Tribunal en la sentencia referida de 25 de Noviembre de 2015, es la Ley de Represión de la Usura la que viene a establecer un límite a la autonomía de la voluntad a que se refiere el art 1255 del Código Civil (LEG 1889, 27) a las operaciones de crédito, como la que es objeto de discusión en la litis, habiendo venido matizando nuestro Tribunal Supremo la exigencia de los requisitos objetivos y subjetivos a que se refiere el art 1 de la mencionada Ley para que pudiera considerarse un préstamo como abusivo….”.

Por otra parte, y pese a las alegaciones efectuadas por la parte apelante, cabe la posibilidad de anatocismo en un supuesto como el que tratamos, si expresamente se hubiera pactado, como se dice por nuestro Alto Tribunal en sentencia de fecha 12 de Enero de 2015 (recurso de casación 2820/11), por lo que haciendo nuestros los acertados razonamientos contenidos en el inciso final del fundamento jurídico segundo de la resolución recurrida, y ello con el fin de evitar repeticiones innecesarias, tampoco cabe que prosperen las pretensiones en este punto deducidas por la parte apelante”.

Por su parte la S de la AP de Alicante Sección 9 número 6/2014 de 14 de enero dice:

 “Ciertamente la cuestión es más dudosa respecto a los intereses remuneratorios.

«Esta Sala (entre otras Sentencia 19 abril 2013 (JUR 2013, 257600)), entiende que los intereses remuneratorios no pueden ser sometidos a control de abusividad por formar parte nuclear del contrato -al igual que tampoco se somete a dicho control el precio de una compraventa o la renta en un arrendamiento-.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, sin que ello signifique que queden excluidos de todo control pues siempre quedarán sometidos a la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura (Ley de Usura (LEG 1908, 57) o Ley de Azcárate) la cual se muestra más acorde con el esquema liberal de nuestro Código Civil en donde la libertad de precios, según lo acordado por las partes, se impone como una pieza maestra en materia de contratos.

Como dice la STS de 18 de junio de 2012 (RJ 2012, 8857) «el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1.255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos«”.

 Por su parte la sentencia de la sección 1º de la Audiencia Provincial de Cáceres número 599/2017 de 20 de noviembre nos dice literalmente:

TERCERO:

En consecuencia, siendo válido el contrato de Tarjeta de Crédito, se trata de determinar si la estipulación relativa al devengo de los intereses ordinarios o remuneratorios debe considerarse válida (criterio de la entidad financiera demandada, admitido por el Juzgado de instancia) o nula por abusiva (que es la tesis que mantiene la parte actora apelante).

En función de este planteamiento inicial, puede adelantarse que esta cláusula financiera incorpora una cláusula abusiva por acusadamente desproporcionada, cuya nulidad será declarada por este Tribunal, teniéndose por no puesta, al establecer un tipo de interés ordinario objetivamente elevado (16,9 % T.A.E., que es el contractual inicial, después de un periodo promocional de seis meses del 9,9 % T.A.E., que ha experimentado incrementos al alza hasta alcanzar el tipo del 26,9 % T.A.E.) en relación con escenarios similares o análogos a los propios que, en la práctica generalidad de los casos, se establecían por las entidades financieras en la fecha de suscripción del contrato: tampoco se corresponde con los índice habitualmente aplicados, ni con los tipos porcentuales normalmente pactados, en los que el tipo de interés ordinario (o remuneratorio) era notablemente menos elevado.

Entendemos, asimismo, que la cláusula no es clara ni transparente porque no explicita el alcance de la misma, de tal modo que la indicada cláusula ocasiona, objetivamente considerada, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato; apreciándose por este Tribunal, en definitiva, todos los condicionantes establecidos -y exigidos- por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para declarar la nulidad de esta cláusula en aplicación del Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071).

Este criterio lo abraza este Tribunal en aplicación de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de fecha 26 de Enero de 2017, donde, especialmente, se abordan las cuestiones relativas a la eventual declaración de nulidad, por abusivas, de las cláusulas insertas en contratos celebrados con consumidores referentes al interés ordinario o remuneratorio (que es la cuestión que ahora nos ocupa) y la cláusula de vencimiento anticipado.

En este sentido, la expresada Sentencia establece -y es cita literal- que:

«Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta.

55 Mediante las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, fundamentalmente, orientación acerca de los criterios que deben tomarse en consideración, con arreglo al artículo 3, apartado 1, y al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, para apreciar el eventual carácter abusivo de cláusulas como las controvertidas en el litigio principal, referidas al cálculo de los intereses ordinarios y al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado.

56 Es necesario comenzar señalando que, a la luz de la jurisprudencia expuesta en el apartado 30 de la presente sentencia, estas cuestiones son inadmisibles en cuanto pretenden que se determine si el juez nacional puede, en el marco del examen que realice acerca del eventual carácter abusivo de una cláusula contractual -y más concretamente de la cláusula 6 bis del contrato sobre el que versa el litigio principal-, tomar en consideración circunstancias posteriores a la celebración del contrato.

En efecto, la resolución de remisión no precisa con claridad de qué circunstancias posteriores se trata.

En esta situación, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho necesarios para realizar una apreciación y, en consecuencia, no se encuentra en condiciones de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil a efectos de la resolución del litigio principal.

57 Por lo que se refiere a los demás aspectos que suscitan las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, debe precisarse, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en esta materia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la misma Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual específica en función de las circunstancias propias del caso.

De ello se desprende que el Tribunal de Justicia ha de limitarse a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula de que se trate (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164, apartado 66 y jurisprudencia citada).

58 Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164, apartado 67 y jurisprudencia citada).

59 Pues bien, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido.

Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si -y, en su caso, en qué medida- el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente.

Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164, apartado 68).

60 En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «contrariamente a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que, habida cuenta del decimosexto considerando de la Directiva 93/13, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164, apartado 69).

61 Por otra parte, según el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración (sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C243/08, EU:C:2009:350, apartado 39, y de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C137/08, EU:C:2010:659 , apartado 42).

De ello se desprende que, en esta perspectiva, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164 , apartados 71 y jurisprudencia citada).

62 En segundo lugar, debe recordarse que, según el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, las cláusulas que se refieran a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarle como contrapartida, por otra -cláusulas comprendidas en el ámbito regulado por esta Directiva-, sólo quedan exentas de la apreciación sobre su carácter abusivo cuando el tribunal nacional competente estime, tras un examen caso por caso, que han sido redactadas por el profesional de manera clara y comprensible (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C26/13, EU:C:2014:282, apartado 41, y de 9 de julio de 2015, Bucura, C348/14, EU:C:2015:447, apartado 50).

63 El órgano jurisdiccional remitente debe apreciar a la luz de estas consideraciones el carácter abusivo de las cláusulas a las que se refieren las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta.

64 Por lo que se refiere, por una parte, a la cláusula 3 del contrato controvertido en el litigio principal, relativa al cálculo de intereses ordinarios, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que, pese a estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, esa cláusula no estaba redactada de manera clara y comprensible en el sentido de dicha disposición.

En estas circunstancias, como señaló el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar el carácter abusivo de dicha cláusula y, en particular, si ésta causa, en detrimento del consumidor de que se trate, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 58 a 61 de la presente sentencia.

65 El órgano jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por la referida cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado.

En particular, deberá comprobar si la circunstancia de que los intereses ordinarios se calculen utilizando un año de 360 días, en lugar del año natural de 365 días, puede conferir carácter abusivo a la mencionada cláusula 3. (…)

67 Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que:

El examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si ésta causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato.

– Este examen debe realizarse teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, los medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de cláusulas, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuestión, y todas las circunstancias que concurran en su celebración.

En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que una cláusula contractual relativa al modo de cálculo de los intereses ordinarios, como la controvertida en el litigio principal, no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva.

En el marco de este examen, el órgano jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por esa cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado«.

CUARTO.- En el caso de autos la acción promovida por la actora ha de ser estimada y ello por cuanto es evidente que nos encontramos ante un contrato de los denominados tarjeta revolving, tratándose por tanto, de un préstamo al consumo bajo la forma de pago aplazado, sobrepasando los límites de lo razonable, siendo el interés remuneratorio contenido en el contrato del 20,90 % TAE (ver Doc 2) y que por tanto, supera notablemente el interés medio de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años partiendo de la fecha en que el contrato se concertó y que no es otra que el 21 de Abril de 2005.

Volviendo a la Sentencia del pleno del Tribunal Supremo 628/2015 de 25 noviembre 2015, primera y única vez en que dicho Tribunal se ha pronunciado acerca de los contratos de tarjeta de crédito revolving, estableció expresamente que en los contratos de tarjeta de crédito revolving, el porcentaje que debía aplicarse para determinar si el interés pactado era superior al normal del dinero, no era nominal, son la tasa anual equivalente (TAE).

De igual manera, indicó que para determinar si dicho porcentaje TAE constituye un interés notablemente superior al normal del dinero, debe compararse con el que se contemple en las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitar las sociedades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales a un año y hasta tres años, hipotecarios más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)

En aplicación de los referidos criterios nuestro alto tribunal dispuso en el caso enjuiciado, similar al que nos ocupa, de la comparación del porcentaje TAE estipulado en el contrato revolving con el interés medio de los préstamos al consumo que es notablemente superior al normal de dinero, razón por la cual resultó usurario.

El Banco de España, hasta el año 2010, (nótese que el presente contrato es del año 2005) englobaba en sus estadísticas los tipos de interés de las tarjetas de crédito en la modalidad de crédito de consumo en sentido estricto.

Sin embargo, a partir del año 2010, el Banco de España realizó un desglose de los tipos de interés de las grandes modalidades de operaciones de crédito al consumo, explicitando desde ese momento concretamente, los tipos de intereses aplicados a las tarjetas de crédito.

Nos hallamos con un contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito en 2005 debiendo por lo tanto comparar el interés del mismo con los tipos de interés de préstamos al consumo.

Aplicando al caso, la doctrina según el supremo, y en consecuencia tomando como referencia el tipo de interés normal del dinero, dicha anormalidad no precisa especial prueba, mientras que su excepcionalidad necesita ser alegada y probada por la entidad bancaria, y si bien no puede equipararse con el interés legal, tampoco puede hacerse con el interés habitual, que son realidad lo que se pretende al señalar como referencia el tipo de interés medio establecido para las tarjetas de crédito revolving y respeto esta situación, también señala el Tribunal Supremo, que la habitualidad de la aplicación de un interés desproporcionado no elimina el carácter de usurario que pudiera atribuírsele en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable o normal, prácticas que por sí son reprobables.

A la hora de analizar el riesgo derivado del alto nivel de impago de las operaciones de crédito al consumo concedidas de modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, comunicar el alto tribunal, que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae consecuencias que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del alto nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Así, la tesis de que tan elevados intereses sólo habrían de confrontarse con los establecidos por otras entidades en contratos similares no podría prosperar.

El interés normal del dinero al que se refiere la ley de la usura no es el que fijan estas entidades cuando en nada se corresponde con el que habitualmente se concede a los consumidores para acceder a un crédito personal, que es en lo que se traduce a la postre el uso de estas tarjetas.

Por tanto, sólo cabe concluir teniendo a la vista las tablas publicadas por el Banco de España, que es un interés claramente usurario y todo ello, además si se comparan las estadísticas publicadas considerando la tasa media ponderada de todos los plazos (TAE) oscilando entre (2012 y 2017) en una horquilla que va entre el 9,12 % y el 8,76 % en función del año y mes que se tenga en cuenta.

Así pues, este Tribunal no comparte la comparativa que hace la demandada en las tablas aplicadas a las tarjetas de crédito, por cuanto sin necesidad de nuevas reiteraciones este contrato no se corresponde con una tarjeta de crédito sin más.

Por su parte tampoco por el Banco se ha desplegado una actividad probatoria sólida para intentar defender la claridad y transparencia, en este concreto caso de la operación suscrita, por lo que basta analizar el porcentaje de intereses remuneratorios aplicado para acceder a la nulidad.

QUINTO.- Por tanto, procede estimar la demanda, habida cuenta de que la entidad demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que aclaren la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, debiendo como efecto la entidad, devolver en su caso, las cantidades indebidamente cobradas por encima del capital prestado y efectivamente dispuesto, a calcular en ejecución de sentencia lo que conlleva que el actor únicamente podrá ser obligado a la devolución de principal, sin que proceda integración o moderación del interés al ser una nulidad “radical y absoluta”.

SEXTO.- En materia de intereses se aplicará interés legal sobre las cantidades indebidamente cobradas pero desde el 26 de Septiembre de 2017, fecha de la reclamación extrajudicial efectuada por el actor (doc. 3 y 4 de la demanda) conforme a los art. 1100 y 1.108 del CC.

SÉPTIMO.- Por tanto, procede estimar la demanda pero no acogiendo la petición de NULIDAD TOTAL DEL CONTRATO, habida cuenta que no se ha litigado por el resto de cláusulas y por ende dado que lo “normal” y no precisa especial prueba y que la entidad demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que aclaren la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo se declara la nulidad parcial de dicha cláusula debiendo como efecto la entidad, devolver en su caso, las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula nula por encima del capital prestado y efectivamente dispuesto, a calcular en ejecución de sentencia lo que conlleva que el actor únicamente podrá ser obligado a la devolución de principal, sin que proceda integración o moderación del interés al ser una nulidad “radical y absoluta.

Al estimarse la acción planteada procede imponer las costas a la parte demandada, todo ello conforme al artículo 394 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación

FALLO

Que ESTIMANDO parcialmente la demanda formulada por la Procuradora, Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX, declaro la nulidad parcial del contrato suscrito el 21 de Abril de 2005 de la cláusula que define el interés remuneratorio, condenando a la demandada a reembolsar a la actora las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula nula por encima del capital prestado y dispuesto a calcular en ejecución de sentencia más el interés legal desde el 26 de Septiembre de 2017, lo que conlleva que el actor únicamente podrá ser obligado a la devolución del principal caso de impago todo ello con imposición a la demandada de las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de VEINTE DÍAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 50 euros, en la cuenta XXXXXX de este Órgano.

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la cuenta número IBAN XXXXXX, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos XXXXXX.

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez

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