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Una sentencia a Wizink Bank obliga a devolver 33.125,90 € a un usuario de Economía Zero

Una sentencia a Wizink Bank obliga a devolver 33.125,90 € a un usuario de Economía Zero.

Entre las partes se llevó a cabo, con fecha el 25 de octubre de 2001, un contrato de tarjeta tipo revolving en el cuál se estableció un tipo de interés anual inicial de un TAE de 24,6%, llegando a alcanzar un 27,24%, según extractos de movimientos aportados desde 2008 a 2017.

En la fecha en la que se concertó el contrato en 2001, siendo la fecha recogida de 2003, era de un 8,44% TAE y una media histórica desde 2003 hasta 2017 de 9,062%.

El usuario de Economía Zero presentó una demanda extrajudicial, solicitando la nulidad del contrato por usurario, así como la devolución de todo el dinero pagado por encima del capital prestado, oponiéndose a ello la entidad financiera Wizink Bank S.A.

Por lo anteriormente señalado, el usuario de Economía Zero se vio obligado a presentar una demanda judicial, reclamando la nulidad del contrato suscrito entre las partes por usurario y abusivo.

El magistrado del caso estima íntegramente la demanda interpuesta contra Wizink Bank S.A. y en consecuencia, declara nula por usura la clausula de interés remuneratorio del 24,6% TAE del contrato de tarjeta de crédito revolving, suscrito entre las partes y por lo que sentencia a Wizink Bank a la extinción del contrato y a la devolución de todas las cantidades que excedan el capital prestado inicialmente, cantidad que asciende a 33.125,90 €.

Igualmente condena a Wizink al abono de las costas judiciales derivadas de la demanda. 

Toda la reclamación ha sido llevada por la abogada colaboradora de Economía Zero, Dña María Lourdes Galve Garrido.

¡¡¡ RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO LA NULIDAD DE TU CONTRATO VISA CITI TWIN DE WIZINK BANK Y RECUPERA TU DINERO !!!

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3   ELCHE (ALICANTE)

 Procedimiento: Asunto Civil 000759/2018 –

 PARTE DEMANDANTE: XXXX

 Abogado: GALVE GARRIDO, MARIA LOURDES

 Procurador: XXXX

 PARTE DEMANDADA WIZINK BANK S.A.

 Abogado: XXXX

 Procurador: XXXX

OBJETO DEL JUICIO: Nulidad

S E N T E N C I A Nº 67/2020

 En Elche, a 15 de abril de 2020.

Vistos por Dña. XXXX , Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de los de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, registrado con el número 759/2018 y seguidos a instancia de D. XXXX , representado por la Dª. XXXX , con la asistencia letrada de Dª. Lourdes Galve Garrido, contra la entidad Wizink Bank, S.A., representada por el Procurador D. XXXX y bajo la asistencia letrada D. XXXX , sobre declaración de nulidad por usura y reclamación de cantidad, por las facultades que me otorga la Constitución y en nombre de S.M el Rey dicto la presente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada demanda de juicio ordinario por la parte actora que por turno de reparto, correspondió conocer del asunto, se formuló acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito por usurario y subsidiaria acción de nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios, en relación con el contrato de tarjeta de consumo de 25 de octubre de 2001.

En base a los fundamentos de derecho que alega solicita el dictado de una sentencia estimatoria por la que se declare;

A.- La nulidad del contrato referido por usura.

B.- Subsidiariamente, se declare la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de las cláusulas de intereses remuneratorios y composición de pagos del contrato, cláusula de variación unilateral de las condiciones del contrato, de comisión de impagados y seguros vinculado.

C.- Subsidiariamente, nulidad del contrato de seguro vinculado por falta de consentimiento.

Todo ello con condena a la entidad demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución con reciprocidad de tales efectos, más los intereses del art. 576.1 de la Lec y pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Por Decreto de 25 de septiembre de 2018, se admitió a trámite la demanda emplazando a la parte demandada para presentar escrito de contestación y personarse. Dentro del plazo por la representación procesal de Wizink Bank, S.A.

Tuvo entrada escrito de contestación en el que se oponían la no nulidad de las cláusulas del contrato, los intereses remuneratorios no incumplen el control de transparencia ni son usurarios, la legalidad vigente en materia de intereses remuneratorios basada en el principio de libertad de tasa de interés, art. 315 del CCo, la no aplicación del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, la legibilidad del clausulado del contrato.

Así expuestos los motivos de oposición a la demanda, solicita la desestimación de la misma con condena en costas a la parte demandante.

TERCERO.- Por Decreto de 31 de julio de 2019, se convocó a las partes para la celebración del acto de la audiencia previa el día 20 de febrero de 2020. Llegado el día al acto comparecieron todas las partes las cuales tras ratificarse en sus respectivos escritos, formular las aclaraciones oportunas y fijados los hechos controvertidos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Dado que la única prueba admitida fue la documental, quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción de reclamación de cantidad, basada en la nulidad por usura del contrato de tarjeta de crédito suscrito con la entidad Citibank S.A., el 25 de octubre de 2001. En las condiciones particulares consta un tipo nominal anual inicial de un TAE de 24,6%, llegando a alcanzar un,

27,24%, según extractos de movimientos aportados desde 2008 a 2017, (documento nº 6). Efectuada reclamación extrajudicial en 4 de octubre de 2017, no atendieron al requerimiento, se solicita la nulidad del contrato por usura de los intereses remuneratorios,

de un TAE del 26,6%, es decir, un interés notablemente superior al normal, o interés medio de los créditos al consumo en operaciones de 1 a 5 años, en la fecha en la que se concertó el contrato en 2001, siendo la fecha recogida de 2003, era de un 8,44% TAE y una media histórica desde 2003 hasta 2017 de 9,062%.

Subsidiariamente solicita que se declare el carácter abusivo por falta de transparencia e incorporación de las cláusulas de intereses remuneratorios, comisiones por posiciones deudoras, y variación unilateral de las condiciones del contrato y la prima del seguro vinculado,

solicitando en ambos casos la condena de la entidad demandada a restituir las cantidades percibidas que excedan del capital dispuesto por el demandante.

La parte demandada, alega que el contrato de tarjeta de crédito con Citibank, S.A., fue suscrito el 25 de octubre de 2001, y resuelto en 2009, con la consiguiente condonación del 50% de la deuda, incluidos los intereses y comisiones.

Se opone a tipo de referencia comparativo para determinar el carácter usurario de los intereses remuneratorios debiendo de estar a los fijados por el Banco de España desde 2010 para este tipo de operaciones en concreto.

SEGUNDO.- En el presente caso nos encontramos ante un contrato de tarjeta de crédito en su modalidad de revolvente “revolving”, o de pago aplazado, que se caracteriza por dos notas; el modo de pago, mediante una cuota periódica, como si de un préstamo se tratara,

a diferencia de las de crédito que se abonan de una vez las cantidades adeudadas, y la otra característica es el capital que se debe devolver, ya que el importe de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible (de ahí su denominación).

Así estamos ante un crédito que se renueva de manera automática a su vencimiento mensual, como una línea de crédito permanente, con un tipo de interés pactado, generalmente más elevado que en otros tipos de préstamos,

ya que la deuda impagada se capitaliza nuevamente con el devengo de más intereses, más en caso, comisiones por reclamación o disposiciones en de efectivo.

La operativa de esta modalidad de tarjeta provoca, primero, que al sumarse los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles al resto de operaciones (reintegros de cajero y pagos en comercio o internet),

si se pagan cuotas mensuales bajas respecto al importe total de la deuda, la amortización del principal se prolongue en el tiempo, con la consecuencia de que se pague una cifra elevada de intereses a medio y largo plazo, que se calculan sobre el total de la deuda pendiente;

y, segundo, que no sea posible emitir un cuadro de amortización previo, dada la variabilidad de las cuotas mes a mes, según el capital pendiente y las disposiciones efectuadas con la tarjeta, lo que justifica que la normativa de transparencia no exija que esta información figure entre la que periódicamente se debe facilitar al titular de la tarjeta, sino únicamente el detalle de las transacciones realizadas y el reflejo de la deuda pendiente.

Dicho contrato está sujeto a la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, las Directivas 93/13, 48/2008, así como la LGDCU, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del

cliente de servicios bancarios, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, que impone un nivel de diligencia superior.

Finalmente tratándose de créditos a distancia, resultará de aplicación la Ley 22/2007, de 11 de julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

TERCERO.- El principio de libertad de tasa de interés y de autonomía negocial, consagrado en los arts. 1.255 CC y 351 CCo tiene como límite, además del control de incorporación y del control de transparencia —invocable únicamente en materia de consumo y cuyo incumplimiento permite aplicar el control de abusividad—, las normas sobre represión de la usura, contenidas en la Ley de 23 de julio de 1908, cuyo art. 1 dispone:

“será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Del examen de la jurisprudencia sobre este tipo de contratos resulta necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.ª Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos a que se refiere el art. 1, sino que basta con que se den los previstos en el primer inciso, es decir, los requisitos de carácter objetivo:

que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigible que, acumuladamente, se demuestre que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

2.ª El tipo de interés a tener en cuenta para determinar si el pactado es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal (TIN), sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración todos los pagos que el prestatario haya de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados (art. 32 y parte I del anexo I de LCCC).

3.ª El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal o habitual del dinero», es decir, el interés medio del mercado, no el interés legal o cualesquiera otros tipos fijados para operaciones o situaciones concretas.

En este sentido la jurisprudencia se inclina por hacer la comparativa con el interés generalmente aplicado a los préstamos o créditos al consumo. En este sentido la STS (Pleno Sala 1.ª) de 25 de noviembre de 2015 (Ponente),

en un supuesto de tarjeta «revolving», utiliza como tipo comparativo, no el que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito, sino el interés normal del mercado para las operaciones crédito al consumo en la fecha en que se formalizó la operación.

Y ello a pesar de que para este tipo de tarjetas de crédito se aplican un tipo muy alto para la financiación, la diferencia esta que justificar la concurrencia en el caso particular de circunstancias especiales, sin que resulte suficiente los tipos estadísticos de las entidades para incrementar por sí solo, el precio del servicio que se desvía ampliamente del estándar habitual en la financiación de actos de consumo.

A continuación la STS de 4 de marzo de 2020, viene a fijar que el tipo medio de las operaciones con tarjeta de crédito o revolving es ya excesivo al ser de un 20%, por lo que cualquier subida no justificada sobre la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, puede estimarse usuraria.

4.º Para calificar la operación de usuaria deberá atenderse al momento de perfección del contrato y no a la realidad social existente cuando se pretende que la efectividad del contrato, aunque se hayan variado las circunstancias iniciales.

5.º En la medida que la normalidad se presume, incumbe a la entidad financiera que invoque la existencia en el caso concreto de circunstancias excepcionales que justifiquen la imposición de un interés notablemente superior al de las operaciones de que se trate circunstancias normalmente relacionadas con el riesgo de la operación, la expectativa de beneficio y la existencia y naturaleza de las posibles garantías.

6.º Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos,

y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital,

hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

7.º No puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas)

y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Para el Tribunal Supremo, el carácter usurario conlleva su nulidad absoluta sin posibilidad de subsanación. Considerando que el prestatario solo está obligado a entregar la suma recibida; y si ha satisfecho principal e intereses, el prestamista le devolverá lo que exceda del capital prestado.

El Tribunal Supremo considera que si bien el contrato no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sí era una operación sustancialmente equivalente conforme el art. 9

De conformidad con la doctrina expuesta corresponde a la entidad bancaria acreditar las circunstancias, que legitimen la imposición de un interés superior al normal del dinero.

Así el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

La STS de 25 de noviembre de 2015, señala que para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España,

tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) n.º 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras;

y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia».

En base a ello el Banco de España, incluyó en el Capítulo 19.4, columna 7ª de su Boletín Estadístico, a partir de marzo de 2017, el interés normal del dinero para las operaciones de crédito al consumo correspondiente a las tarjetas de crédito que han solicitado el pago aplazado y tarjetas «revolving».

A fin de ofrecer una información concreta sobre las tarjetas de créditos que englobadas dentro del segmento de crédito al consumo, presenta una características distintas que hace que los tipos aplicados a estos créditos a través de tarjetas (de pago aplazo o revolving) sean claramente distintos de los que se aplican a los tradicionales créditos al consumo.

Así en la actualidad en el portal del cliente bancario del Banco de España, (https://clientebancario.bde.es/pcb/es/), da la posibilidad de acudir a dos enlaces:

1 de obligación de informar de los tipos de intereses aplicados a productos financieros, productos revolving y tarjetas de crédito (19.4) y otro de tablas de tipos de interés, activos y pasivo.

La reciente STS de 4 de marzo de 2020, señala que en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés

«notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

Y concluye que la referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

En segundo lugar, en la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario, la Sala tiene en cuenta que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado, siendo este el tipo de referencia recogido en la sentencia de instancia como el doble del tipo de interés medio para las operaciones de crédito al consumo.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso, en el que el tipo de interés fijado en el contrato supera en gran medida el índice tomado como referencia, ha de considerarse como notablemente superior a dicho índice.

Así señala que cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

La cuestión controvertida para valorar el tipo de referencia de la tarjeta de crédito objeto del procedimiento que fue contratada en el año 2001, esta en la falta de publicación de los TAEs medios por el Banco de España ya que los datos estadísticos que elaboraba el Banco de España hasta el año 2010 englobaban los tipos de interés de los créditos revolving en la modalidad de crédito al consumo,

sin que existiera una información desglosada de los tipos de interés de las diferentes modalidades de operaciones de crédito al consumo, siendo a partir de marzo de 2017 que el Banco de España a través de su Boletín Estadístico, dentro del apartado general del crédito al consumo, incluyó en el Capítulo 19.4 una columna autónoma e independiente, con información específica sobre los tipos de interés en tarjetas de crédito y tarjetas revolving, dentro del apartado general del crédito al consumo.

En este sentido, como señala la AP de Alicante Sección 8ª en su sentencia de 3 de octubre de

2019, la financiación instrumentalizada a través de tarjeta de crédito de pago aplazado no difiere con la apertura de crédito destinada a financiar operaciones al consumo porque su carga financiera es similar pues en ambos casos se pagan intereses sobre el saldo del capital dispuesto, por parte de su titular que se arrastra durante un largo período de tiempo.

De conformidad con el art. 1 de la LRU, debe atenderse a la realidad de la operación financiera sin confundirnos con calificaciones formales de los boletines estadísticos, como si las operaciones nuevas de las tarjetas de crédito de pago aplazado, fueran un instrumento financiero totalmente distinto a los créditos al consumo.

Finalmente las Secciones de lo Civil de la Audiencia Provincial de Alicante en noviembre de 2019, han adoptado el siguiente acuerdo respecto al contrato de préstamo revolving:

La entidad financiera alega la imposibilidad de calificar el interés como «notablemente superior al normal del dinero» porque debe compararse con el «tipo medio aplicable a las tarjetas de crédito de pago aplazado» que figura como operación financiera independiente en los boletines estadísticos del Banco de España, distinto del «tipo de interés medio de los préstamos y créditos al consumo.»

En el caso de que la financiación instrumentalizada a través de la tarjeta de crédito de pago aplazado no difiera de la apertura de crédito destinada a financiar operaciones de consumo porque su carga es similar en ambos casos al pagar intereses sobre el saldo del capital dispuesto por parte de su titular que se arrastra durante un largo período de tiempo,

hemos de atender a la realidad de la operación financiera concreta sin que puedan dar lugar a confusión las calificaciones formales de los boletines estadísticos.

Pueden ser distintas la forma de operar de la apertura de crédito y de una tarjeta de crédito pero su carga financiera es muy similar:

se pagan intereses periódicamente según el saldo de las cantidades dispuestas por el acreditado. No puede entenderse que la carga financiera cuando se opera mediante una tarjeta de crédito destinada a financiar actos de consumo de su titular sea superior a cuando se opera con un crédito destinado a financiar operaciones de consumo del acreditado.

 No resultaría comprensible declarar que un tipo de interés superior al 20% no es usurario cuando se opera con tarjetas de crédito y; por el contrario, sí es usurario para un crédito al consumo, encontrándonos en ambas formas de operar ante una situación semejante: pago de intereses sobre saldos deudores arrastrados y prolongados en el tiempo.

La consecuencia es que el tipo medio de interés a considerar es el propio de los préstamos y créditos al consumo, por lo que si el aplicado a la tarjeta litigiosa excede en más del doble, habrá que concluir que el préstamo es usurario porque el interés pactado es notablemente superior al interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, conforme al criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo n.o 628/2015, de 25 de noviembre».

En el supuesto objeto de autos, el tipo de interés pactado inicialmente TAE es de 24,6, si bien según las tablas de TAE aportadas del Banco de España de 2003, el TAE medio para el crédito al consumo en operaciones a plazo de 1 a 5 año estaba en un 8,44%.

En este sentido, la parte demandada no justifica en nada la subida en el tipo de interés para los intereses remuneratorios de la tarjeta concertada por el demandado en más del doble del tipo medio aplicado para el crédito al consumo en operaciones a plazo de 1 a 5 años en el año 2003, por lo que el TAE de un 24,6% ha de ser declarado usurarios, atendiendo al propio mercado de las tarjetas de crédito, ya que la LRU está pensada para declarar usuario un concreto contrato cuando supera ampliamente el tipo de interés normal de mercado de un determinado producto.

CUARTO.- Finalmente, respecto a las consecuencias de la apreciación del carácter usurario de la cláusula de intereses, los arts. 1 y 3 LRU son categóricos: al contrario de lo que sucede con la calificación de una cláusula contractual como abusiva

nulidad de la cláusula y expulsión del contrato, que se mantiene en sus propios términos siempre que fuera posible su subsistencia sin la cláusula en cuestión—, la consideración de que estamos ante intereses usurarios determina la nulidad del contrato y la obligación del prestatario de

«entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado», pero obligación de restitución cuya materialización exigirá, como es lógico, la preceptiva reclamación, sea por vía de acción o de reconvención.

En atención a lo expuesto, procede declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Citibank nº suscrito el día 25 de octubre de 2001, objeto del procedimiento al considerarse usurario, y lo que implica que la entidad demandada venga obligada a reintegrar al demandante de las cantidades percibidas, hasta el importe del capital dispuesto de conformidad con lo establecido en el art. 3 de la LRU.

 QUINTO.– Por lo que se refiere a las costas procesales, conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser estimada la demanda, una vez declarada la nulidad del contrato con restitución de prestaciones, procede imponer las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 Que debo estimar y estimo, la demanda formulada por D. XXXX , representado por la Dª. XXXX, contra la entidad Wizink Bank, S.A., representada por el Procurador D. XXXX; y debo declarar y declaro, la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes de tarjeta de crédito Citibank nº suscrito el día 25 de octubre de 2001, por usuario, con los efectos inherentes a tal declaración;

y debo condenar y condeno, a la demandada a abonar a la actora el importe de los cargos que se hayan efectuado y que excedan del capital prestado, a determinar en ejecución de sentencia, sin perjuicio del devengo de los intereses de demora procesal tras el dictado de esta sentencia; todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, desde la notificación de esta resolución, ante este tribunal y será resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante.

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO Y TASA PARA RECURRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de

50 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco SANTANDER, en la cuenta correspondiente a este expediente 

 indicando, en el campo “concepto” el código “01 Civil-Apelación” y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo “concepto” el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

Sin perjuicio del abono de la tasa judicial prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, imputable a las personas jurídicas no titulares del derecho de asistencia jurídica gratuita, tras la reforma introducida por el Real Decreto Ley,

1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ

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