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Se declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de BBVA por abusivo

Se declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de BBVA por abusivo

Una usuaria de Economía Zero, consigue la nulidad por usura del contrato de tarjeta “Affinity Card” de BBVA suscrito.

La demanda fue dirigida por la abogada de Economía Zero Natalia Rodríguez Picallo.

La Sentencia hace un exhaustivo estudio del artículo 1 de la Ley de reprensión de la usura de 23 de julio de 1908 (en adelante Ley de la Usura) establece que será nulo, entre otras causas, todo contrato en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales, siendo varias las cuestiones que se plantean en relación a dicho precepto y que serán examinadas a continuación

Y la sentencia, en base a este artículo 1 de la Ley de la Usura, no duda en calificar el contrato objeto de recurso como “crédito revolving”, pues el artículo 9 de la misma ley se refiere a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero y así se ha reconocido por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil en Pleno) en la Sentencia núm. 628/2015, de 25/11.

La declaración pues de nulidad del interés remuneratorio pactado, tiene como consecuencia la obligación y por ello la condena a BBVA a devolver a la usuaria demandante lo que hubiera recibido, sea en concepto de capital o intereses, y que hubiera excedido del capital prestado.

La sentencia estimó íntegramente la demanda contra BBVA, condenando a ésta al pago de las costas del procedimiento.

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XDO. PRIMEIRA INSTANCIA Nº 3 FERROL
ORD. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000072/2019

Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. XXXXXXXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXXXXXXX
Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Procurador/a Sr/a. XXXXXXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXXXXXX

SENTENCIA 00034/2020

En Ferrol, a veinte de marzo de dos mil veinte.

Vistos por DOÑA XXXXXXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Ferrol, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos ante este Juzgado, con el número 72 del año 2019, en el ejercicio de una acción nacida de contrato, sobre reclamación de cantidad, a instancias de DOÑA XXXXXXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXXXXXX, y asistida por la Letrada Sra. Rodríguez Picallo, contra la entidad mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXXXXXXXX, y asistida por la Letrada Sra. XXXXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de la actora se presentó, telemáticamente, en fecha 21 de enero de 2019 demanda en el ejercicio de una acción de nulidad de condiciones generales de la contratación, y subsidiaria de nulidad del contrato por considerar los intereses remuneratorios pactados usurarios, con la accesoria legal de reclamación de cantidad en reclamación de cantidad, fijando la cuantía de la demanda como indeterminada, contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (en adelante BBVA), la cual una vez fue turnada correspondió, por reparto, para su tramitación a este Juzgado.

Expuestos los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, finalizó con la súplica en la interesada se dicte sentencia por la que:

  1. Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta “Affinity Card” suscrito por la demandante con FINANZA, BANCO DE CRÉDITO, S.A. (actualmente BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.) con el núm. de contrato XXXXXXXXXX y núm. de tarjeta XXXXXXXXXX (actualmente núm. XXXXXXXXXX) el día 20 de noviembre de 2004, condenando si procede a la entidad demandada a restituir a Doña XXXXXXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.
  2. Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad por abusiva -por no superar el control de inclusión ni el de transparencia- de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta “Affinity Card” suscrito por la demandante con FINANZA, BANCO DE CRÉDITO, S.A. (actualmente BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.) con el núm. de contrato XXXXXXXXXX y núm. de tarjeta XXXXXXXXXX (actualmente núm. XXXXXXXXXX) el día 20 de noviembre de 2004, condenando a la entidad demandada a restituir a Doña XXXXXXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.
  3. Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, por Decreto de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, de fecha 20 de febrero de 2019, se acordó dar traslado de la misma, y de la documentación adjunta, a la parte demandada, emplazándola por 20 días para contestar a la demanda con los apercibimientos legales e inherentes correspondientes.

Consta, unida a los autos, la diligencia de notificación de la demanda y documentos adjuntos, así como de emplazamiento a la entidad demandada llevada a cabo, en fecha 5 de marzo de 2019, tal y como consta en la diligencia practicada por el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de los Juzgados de Bilbao, unida al procedimiento.

TERCERO.- En fecha 2 de abril de 2019 se registró telemáticamente con el núm. 10.058/2019, en la oficina de registro y reparto civil del Decanato de los Juzgados de Ferrol, la contestación a la demanda, presentada por la representación procesal de la demandada, en la cual, en exposición ahora sucinta se oponía a las pretensiones de la parte actora señalando:

  1. Todas las cláusulas del contrato superan el control de transparencia;
  2. Los intereses remuneratorios previstos en el reglamento de la tarjeta de crédito no pueden ser calificados de usurarios;
  3. La actuación de la actora contraviene sus actos propios.

Por lo que, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, finalizaba con la súplica en la cual interesaba se dicte sentencia por la que se desestime la demanda interpuesta y se impongan las costas a la parte actora.

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación, de fecha 4 de abril de 2019, de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, se acordó admitir a trámite la contestación a la demanda y señalar como fecha para la celebración de la Audiencia Previa el día 30 de mayo de 2019.

Llegado el día de celebración de la audiencia, a la misma comparecieron las partes procesales representadas por procurador y asistidas de letrado, así que, una vez abierto el acto, ambas partes se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación a la demanda, y no siendo posible, por las partes, llegar a un acuerdo, se propuso prueba, la cual consta en la minuta detallada de prueba unida a los autos, siendo la misma admitida y declarada pertinente en los términos que constan reflejados en el acta de grabación.

Por lo que, se fijó fecha para la celebración de juicio que quedó señalada para el día 9 de octubre de 2019.

En la fecha prevista para la celebración de juicio se procedió a la practica de prueba, interrogatorio de la parte actora. Así que practicada la misma, las parte evacuaron conclusiones, quedando los autos vistos para dictar sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales, con excepción del plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto de contienda.

En el presente procedimiento ejercita la parte actora, sobre la base del contrato suscrito con la demandada, en fecha 20 de noviembre de 2004 que califica como “contrato de tarjeta Affinity Card” suscrito con la entidad Finance Banco de Crédito, S.A., de nulidad del contrato siendo los intereses remuneratorios pactados usurarios, y subsidiariamente tratándose de un contrato de condiciones generales de la contratación celebrado con un consumidor por abusividad siendo la cláusula de intereses remuneratorios abusiva por no superar el control de inclusión y transparencia, en tanto señala que:

1º. La actora desconocía el contenido del citado contrato.

2º. La información prestada sobre los intereses, forma de devengo y acumulación de capital pendiente de abono, fue escasa, hallándose las citadas estipulaciones predispuestas por la entidad financiera.

Por lo que, interesa la actora, la declaración de usura respecto de los intereses remuneratorios pactados, y subsidiariamente la declaración de nulidad de las condiciones generales dispuestas y predispuestas por en el contrato de tarjeta de crédito, en ambos casos, con las consecuencias accesorias a esta declaración.

A estas pretensiones de la parte actora se opuso la demandada, señalando como motivos de oposición reseñados, esquemáticamente, y desarrollados en su escrito de contestación:

1º.- Todas las cláusulas del contrato superan el control de transparencia;

2º.- Los intereses remuneratorios previstos en el reglamento de la tarjeta de crédito no pueden ser calificados de usurarios;

3º.- Y, la actuación dela demandante contraviene sus actos propios.

SEGUNDO.- Expuestos en los anteriores términos las pretensiones de la parte actora, y los motivos de oposición a ella reseñados por la demandada, se ha de señalar, como hecho relevante para la resolución de esta contienda que: la firma del contrato de tarjeta de crédito realizada por el actor lo fue en fecha 20 de noviembre de 2004.

Teniendo por válido el negocio jurídico de contrato de tarjeta de crédito que vinculaba a las partes son hechos relevantes a destacar, en atención a la acción entablada, que señala que los intereses remuneratorios son cuando no abusivos usuarios, los siguientes:

1º.- En el contrato de tarjeta de crédito se establece que la concesión de la tarjeta lleva aparejada el otorgamiento de un crédito personal de acuerdo con los límites y las condiciones generales consignadas en el reverso.

2º.- Examinado el contrato suscrito resulta que se fija un TAE 22,42 que se incrementa al 24,60 %.

3º.- La forma de pago pactada o fijada en este contrato era la de pago fraccionado, o aplazado, cuya modalidad de pago aparece reseñada en el condicionado general de tarjeta de crédito.

TERCERO.- Ateniendo a los hechos relevantes y a la documental unida a los autos, ninguna duda se suscita en cuanto a que el contrato que nos comprende es un contrato de adhesión, con cláusulas generales predispuestas impuestas a la actora, que es una consumidora, no negociadas y entre ellas la cláusula que fija el tipo de interés remuneratorio.

Procede de este modo examinar los motivos en los que la actora funda sus pretensiones de nulidad del condicionado del contrato de tarjeta de crédito.

De este modo, en cuanto al carácter abusivo del interés remuneratorio pactado se debe señalar, que la cláusula que fija este tipo de interés, habida cuenta de las manifestaciones de la parte demandante, ha de examinarse desde una doble perspectiva la de su carácter abusivo y usurario, doble análisis que es perfectamente compatible tal y como así lo declaró el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su sentencia nº 406/2012, de 18 de junio.

Comenzando por el examen de la abusividad, deberemos concretar si la actora es un consumidor y si el referido pacto es una condición general de la contratación o, al menos, una cláusula no negociada individualmente.

  1. De la condición de consumidor.

Tanto la Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC) desarrollaron, por un lado, el art. 51 de la Constitución Española, que exige a los poderes públicos que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios y, por otro, las diversas directivas comunitarias que pretenden idéntica finalidad, entre ellas, tiene especial relevancia la Directiva 1993/13/CEE.

Con posterioridad, por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007 se aprobó el vigente texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCYU 2007).

En el presente caso, no se discute la condición de consumidor de la demandante, como no podría ser de otra manera.

Así, la Directiva 1993/13/CEE establece en su artículo 2 b) que tendrá la consideración de consumidor toda persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional, concepto que se ve ampliado por el artículo 3 LGDCYU 2007 al incluir a las personas jurídicas que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial, ampliación que tiene su amparo en el artículo 8 de la citada Directiva que permite que las disposiciones nacionales mejoren la protección de los consumidores europeos.

En el caso de autos, estamos ante un contrato de crédito revolving asociado a una tarjeta de crédito que es celebrado entre una entidad de crédito que se dedica profesionalmente a la concesión de financiación como la que nos ocupa y un particular con la finalidad de consumo, sin que conste que dicho acto se enmarque en el seno de una actividad empresarial, comercial o profesional del actor.

  1. Del carácter de condición general de la contratación y de las condiciones que debe reunir.

La LCGC establece en su artículo 1 que son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de su autoría, su apariencia externa, su extensión y cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

La referida ley es de aplicación a los contratos que contengan dichas condiciones generales y se hayan celebrado entre un profesional o predisponente y una persona física o jurídica o adherente -artículo 2-, sujetos a la legislación española -artículo 3, aunque existen excepciones- y no excluidos por el artículo 4.

Por otra parte, en su artículo 5 se exige que hayan sido incorporadas y aceptadas por el adherente y que su redacción sea clara, concreta, sencilla y transparente, refiriéndose el artículo 5 de la Directiva 1993/13/CEE a la exigencia de claridad y comprensibilidad.

Además, en el artículo 8 de la LCGC dispone que serán nulas las condiciones generales de la contratación abusivas incorporadas a contratos con consumidores, entendiendo por abusivas las definidas en el artículo 10 bis y en la disposición adicional primera de la Ley 26/1984.

La LGDCYU en su artículo 80.1 c) prohíbe que, en los contratos con consumidores y usuarios en los que existan cláusulas no negociadas individualmente, se inserten cláusulas abusivas y, en particular, establece que las cláusulas no negociadas individualmente deberán cumplir los requisitos de:

a) concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual;

b) entrega del documento o copia acreditativo de la contratación;

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilización de cláusulas abusivas.

El artículo 82 de la LGDCYU, y el artículo 3 de la Directiva 1993/13, define las cláusulas abusivas como aquellas estipulaciones no negociadas individualmente -la carga de la prueba de la negociación es del empresario- que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Dicho carácter abusivo deberá apreciarse teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio objeto del contrato, las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como las demás cláusulas del contrato o de otro del que dependa, en el mismo sentido se pronuncia el artículo el 4 de la Directiva 1993/13.

No obstante, considera que son abusivas las cláusulas referidas en las categorías de los actuales artículos 85 a 90:

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario;

b) priven de los derechos básicos del consumidor;

c) determinen falta de reciprocidad en el contrato;

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba;

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Finalmente, la Directiva 1993/13 contempla en su anexo un listado indicativo de cláusulas abusivas.

En el caso que nos ocupa, la condición cuya nulidad se postula no hay duda de que se trata de una condición general de la contratación al cumplir con todos los requisitos anteriormente señalados y, desde luego, es una cláusula no negociada individualmente, pues, como dijimos, la prueba de su negociación corresponde al empresario y en el presente caso no se ha cumplido con éxito dicha carga.

  1. Sí la cláusula que fija el tipo de interés remuneratorio puede ser objeto del control de abusividad.

Una de las cuestiones que se debemos plantearnos es si la cláusula examinada incurre en la prohibición de control del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE que indica que “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”.

El TJUE en la sentencia de fecha de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, establece que la apreciación de si la cláusula define o no el objeto principal del contrato corresponde al tribunal que esté examinándola, debiendo para ello atender a la naturaleza, sistema general y las estipulaciones del contrato, así como a su contexto jurídico y de hecho.

En el caso que nos ocupa, ninguna duda cabe de que el pacto controvertido fija el precio o contraprestación a abonar por el actor y forma parte de las condiciones esenciales del contrato.

No obstante lo anterior, la exclusión del análisis de su abusividad sólo actuaría si la cláusula fuera clara y comprensibles, lo que supone, no sólo la comprensibilidad formal y gramatical, sino también que el consumidor pueda evaluar las consecuencias económicas a su cargo, tal y como ha afirmado el TJUE en la referida sentencia de 30/04/2014 asunto C-26/13.

Así, dicho tribunal, razona que el artículo 5 de la Directiva 1993/13/CEE establece que las cláusulas deberán estar redactadas de forma clara y comprensible y que es fundamental que el consumidor pueda disponer antes de la celebración del contrato de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias que para él tiene la contratación, pues en función de dicha información decidirá quedar o no quedar vinculado contractualmente.

A este concepto amplio de la comprensibilidad se refiere la Sentencia nº 241/2013 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013 manifestando que el control de transparencia supone que: el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la “carga económica” que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.

En definitiva, se debe determinar si, a la vista de la publicidad e información recibida en el marco de la negociación, el consumidor medio -normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso- podía evaluar las importantes consecuencias económicas que para él tenía la aplicación de la cláusula y, por tanto, el coste total de su préstamo.

Lo que implica, a los efectos del redactado de la cláusula, que exponga con claridad, comprensibilidad y transparencia el funcionamiento concreto de las cláusulas que regulan la contraprestación o consecuencias económicas a cargo del consumidor.

  1. Control de inclusión o incorporación, de transparencia y, en su caso, de abusividad.

Como se señalaba, el primer control a realizar es el de incorporación en los términos de los artículos 5 y 7 de la LCGC.

Así, en el análisis del control de incorporación se trata de aplicar, en primer lugar, el filtro negativo del artículo 7 de la LCGC: no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato.

Salvado ese primer filtro, es necesario superar un segundo filtro, ahora positivo, que es el previsto en este caso en los artículos 5.5 y 7 de la misma Ley: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

Tras superar el control de incorporación debe superarse el denominado control de transparencia material o segundo control de transparencia, para poder considerar que una cláusula es válida.

No basta con que una cláusula sea clara y comprensible (primer control). Es necesario que el consumidor sea informado para la “comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato (f 215, STS 241/2013).

Es un control que se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato y que tiene por objeto que el adherente o consumidor conozca o pueda conocer con sencillez, en primer lugar, la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial a cambio de la prestación económica que se quiere obtener; y, en segundo lugar, la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.

En el caso de autos, en atención a los documentos unidos a los autos aportados por la demandada se considera que el pacto, en cuanto fija el tipo de interés remuneratorio, es claro, meridiano y transparente, perfectamente comprensible para todo consumidor medio que contrata un préstamo o crédito de la naturaleza de los que hoy nos ocupan.

No pudiendo representarse como posible que la actora no conociera y comprendiera qué regulaba el tipo de interés que se le aplicaría para retribuir el crédito del que disponía.

En suma, si hay un elemento que el consumidor medio español tiene en cuenta a la hora de concertar su crédito no es otro que el tipo de interés, pues ello determina el precio de lo que debe pagar.

Superado el control de transparencia, no cabe entrar, pues, en el examen de la abusividad. Por lo que la pretensión de abusividad del interés remuneratorio debe ser desestimada.

CUARTO.- En lo que respecta al carácter usurario que la parte actora también atribuye a este tipo de interés se debe recordar que el artículo 1 de la Ley de reprensión de la usura de 23 de julio de 1908 (en adelante Ley de la Usura) establece que «será nulo, entre otras causas, todo contrato en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales, siendo varias las cuestiones que se plantean en relación a dicho precepto y que serán examinadas a continuación«.

Se suscita la duda en un contrato como el que nos ocupa “crédito revolving” de si pese a la dicción del artículo 1 de la Ley de la Usura, que se refiere a préstamo, sería aplicable a otro tipo de operaciones de financiación y, en concreto a este crédito.

La respuesta no puede ser otra que afirmativa, pues el artículo 9 de la misma ley se refiere a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero y así se ha reconocido por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil en Pleno) en la Sentencia núm. 628/2015, de 25/11.

En cuanto a los requisitos subjetivos y objetivos que deben concurrir, para calificar un tipo de interés como usurario se debe señalar que no es necesario que concurran todos los requisitos subjetivos y objetivos del artículo 1, por el contrario, basta con que se den los requisitos del primer inciso, es decir, que se estipule un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea necesario que, acumuladamente, se exija haber sido aceptado a consecuencia de la situación angustiosa del prestatario, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales- en el mismo sentido la citada STS núm. 628/2015 (EDJ 2015/216418).

Con respecto a los elementos de comparación a los que se refiere la demandada en su contestación para calificar de usura el interés pactado en relación con el interés normal del dinero en este tipo de operaciones.

En este punto, en cuanto a qué elementos deben ser objeto de comparación para determinar la falta de proporcionalidad, el precepto se refiere a, por un lado, al interés pactado y, por otro lado, al tipo de interés normal del dinero, debiéndose referir esta magnitud, no al interés legal del dinero, sino al normal o habitual que será el que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras y que es objeto de publicación por el Banco de España, así se ha afirmado por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil en Pleno) en la citada sentencia nº 628/2015, de 25/11.

Finalmente, en cuanto a las consecuencias de la apreciación del carácter usurario, se debe afirmar que nos encontramos ante un supuesto de nulidad radical, absoluta y originaria que no admite convalidación confirmatoria, fatalmente insubsanable, ni susceptible de prescripción.

Por tanto, una vez declarada la nulidad, conforme al artículo 3 de la Ley de usura, el prestatario o acreditado deberá entregar la suma o sumas recibidas, debiendo el prestamista a concedente del crédito devolver al prestatario o acreditado lo que hubiera recibido, sea en concepto de capital o intereses, y excediere de capital prestado, si bien esta última consecuencia requerirá reclamación expresa del prestatario como sucede en el caso que nos comprende.

QUINTO.- En este caso concreto, como así se admite por la demandada nos encontramos con un crédito revolving, vinculado a una tarjeta de crédito, con límite de disposición que habida cuenta de los documentos aportados por la demandada se va ampliando a lo largo del tiempo, sin que conste que de dicho límite- ampliación se haya informado al demandante-, con interés remuneratorio pactado del 1,85% nominal mensual, 24,60% TAE con plazo de devolución mediante cuotas mensuales fraccionadas y aplazadas en función de la disposición del crédito.

La parte actora considera que el tipo de interés remuneratorio pactado es usurario, pues en el año 2004 el tipo de interés legal era del 8,33% y el tipo medio de interés de los créditos al consumo era del 8,22%. Ahora bien, es la demandada quien, a la vista de la reciente Sentencia, que se citará, del Tribunal Supremo aporta un dato relevante que: el tipo de interés medio de las tarjetas revolving entre los años 2012 y 2017 era de aproximadamente un 20%. (folio 12 de la contestación a la demanda). Por ello ateniendo a este dato el interés remuneratorio pacto debe estimarse usurario.

Debe traerse a colación lo resuelto por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil en Pleno) en la ya citada sentencia nº 628/2015, de 25/11, que ante un contrato de similar naturaleza al que nos ocupa consideró que un tipo de interés TAE del 24,6% superior al doble del interés de los créditos al consumo en la fecha que se concertó el contrato debe ser tenido como usurario por ser notablemente superior al normal del dinero.

Ahora bien, sin perjuicio de lo dispuestos en esta Sentencia se debe tener presente lo establecido en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 149/2020, de 4 de marzo. Recurso 4813/2019. Ponente: XXXXXXXXXX, que establece respecto a la “referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero.

(…)

3.- En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

4.- En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

5.- Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

QUINTO.- Decisión del tribunal (III): la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

1.- Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

2.- El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece: (…)

3.- A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés “notablemente superior al normal del dinero” y “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

4.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20 %, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82 % (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

5.- En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de “interés normal del dinero” y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso.

Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

6.- El tipo medio del que, en calidad de “interés normal del dinero”, se parte para realizar la comparación, algo superior al 20 % anual, es ya muy elevado.

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de “interés normal del dinero”, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50 %.

7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de “interés normal del dinero” y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como “notablemente superior” a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor “cautivo”, y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

10.- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como “interés normal del dinero” de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito.

Atendiendo a lo expuesto, teniendo presente que en este caso el TAE es superior al interés de las tarjetas revolving de un 20 %, así como aplicando la STS que considera que «el tipo medio del que, en calidad de “interés normal del dinero”, se parte para realizar la comparación, algo superior al 20 % anual, es ya muy elevado».

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de “interés normal del dinero”, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

Ello determina, en el supuesto sometido a enjuiciamiento, la declaración de nulidad del interés remuneratorio pactado, siendo consecuencia de esta declaración la obligación y por ello la condena de la demandada a devolver al prestatario lo que hubiera recibido, sea en concepto de capital o intereses, y que excediere de capital prestado.

SEXTO.- No obstante la declaración de usura del interés remuneratorio pactado en este contrato, que se determina en el precedente fundamento jurídico, con sus consecuencias accesorias, hemos de analizar los otros motivos de oposición que, en cuanto fondo, refiere la parte demandada en su contestación a la demanda.

Entre esos motivos señala la parte demandada que la determinación del carácter usurario del interés remuneratorio exige tomar como módulo de comparación -para determinar la existencia o no de usura-, los intereses fijados en el mercado para este tipo concreto de operación crediticia, esto es para el articulado a medio de tarjetas de crédito.

El rechazo de este motivo deriva de lo expuesto ya en el precedente fundamento de derecho en tanto que se considera usurario una TAE del 24,65 % cuando el interés medio de las tarjetas revolving es de un 20 % pues en este caso “cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de “interés normal del dinero”, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”.

No concurren tampoco circunstancias excepcionales en el tipo de crédito o producto que justifique ese interés notablemente superior al normal del dinero, razonando que:

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada”, concluyendo que ese carácter del crédito al consumo por el tipo de operación, no constituye circunstancia extraordinaria que lo justifique, razonando al respecto que:

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

A ello se añade que, en este caso de concurrir alguna circunstancia excepcional, al margen del tipo de operación, ni alegó ni acreditó la entidad financiera demandada su concurrencia, por lo que siendo ello carga probatoria que le correspondía a ella, a la misma debe perjudicar esa ausencia de prueba sobre tal extremo.

SÉPTIMO.- Finalmente, igual desestimación procede en este caso del último motivos de oposición a la demanda que formula la parte demandada -actos propios- que guarda relación al tiempo transcurrido desde la fecha de celebración del contrato a la actual reclamación entablada por la parte actora, más de diez años computados desde la firma del contrato, con cumplimiento de los pagos aplazados según el interés ahora impugnado sin mostrar objeción alguna, lo que invoca como hecho obstativo al éxito de la acción de nulidad, en aplicación de la doctrina de los actos propios y la confirmación por ello del contrato en general y de la cláusula que fija los interés remuneratorios por aplazamiento en particular, en base a lo dispuesto en el art. 1303 del CC.

En este punto se ha de señalar que es reiterada y consolidada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige para la apreciación de esa vinculación a los actos propios que los invocados como tales sean jurídicamente válidos y eficaces en derecho para producir el efecto jurídico que les es propio, excluyendo, por ello, que puedan invocarse como tales los llevados a cabo en cumplimiento de un contrato, que como el de autos esta incurso en causa de nulidad radical.

En tal sentido se pronuncia entre otras muchas y, por citar una de las más recientes, la STS de 7 de abril de 2015, con cita de su precedente de 16 de febrero de 2012, en la cual se recuerda que “la jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios, cuya base legal se encuentra en el artículo 7.1 CC, con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias:

I) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente;

II) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior;

III) que el acto sea concluyente e indubitado, constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto.

Pero como presupuesto esencial para su aplicación, resulta imprescindible que el acto sea susceptible de ser confirmado”.

Añadiendo que “(…) la jurisprudencia de esta Sala establece que sólo son susceptibles de ser confirmados los contratos que reúnan los requisitos del artículo 1261, a saber los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, en definitiva, la doctrina de los actos propios, no es aplicable en materia de nulidad (SSTS 10 de junio y 10 de febrero de 2003)”.

Tampoco es por ello aplicable la convalidación por el transcurso del plazo de cuatro años legalmente establecido en el art. 1301 del CC, que tiene su ámbito específico en los contratos anulables esto es aquellos en que concurren los requisitos del art. 1261 del CC, y no a los radicalmente nulos como es el caso, en cuanto esa es la sanción establecida en la Ley de Usura, y así lo declara expresamente la tan citada sentencia del TS de pleno de 25 de noviembre de 2015, con cita de su precedente de 14 de julio de 2009, cuando dice que “El carácter usurario del crédito “revolving” (…) conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”, siendo por ello las consecuencias derivadas de tal declaración las previstas en el art. 3 de la Ley de Reprensión de la Usura, la nulidad, con limitación de la obligación del prestatario a entregar tan solo la suma o principal recibido, lo presupone el exceso abonado por cualquier otro concepto.

Finalmente señalar que, al objeto de evitar errores en cuanto a las consecuencias accesorias a esta declaración, reclamación de cantidad, y fijación de la cantidad que, en su caso, debe ser reintegrada a la parte actora, en el caso de falta de acuerdo entre las parte se difiere la decisión de la cuantificación exacta al trámite de ejecución de sentencia, pues: en primer lugar, la condena a la devolución de la cantidad abonada en concepto de intereses remuneratorios, es una consecuencia ineludible de la nulidad que se declara (art. 1303 del Código Civil), y que aun cuando ciertamente la suma a devolver sería el resultado de la diferencia entre el capital dispuesto y la cantidad efectivamente abonada por la actora para la devolución del crédito, dichos factores se desconocen con exactitud.

OCTAVO.- En cuanto a las costas, habiendo sido la demanda estimada, ante la declaración de nulidad del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC procede imponer a la parte demandada las costas causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por DOÑA XXXXXXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXXXXXX, contra la entidad mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXXXXXXXX, y, en consecuencia, debo declarar y declaró la nulidad radical del contrato de crédito litigioso, y condenando a la demandada la entidad mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. a pasar por esta declaración y a abonar a la actora, DOÑA XXXXXXXXXX, la cantidad cobrada exceso respecto de lo que se corresponde con el concepto de capital prestado o dispuesto por la demandante, lo que se determinará, a falta de acuerdo entre las partes, en ejecución de sentencia teniendo en cuenta las liquidaciones practicadas desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación realizada.

La cantidad resultante devengará el interés legal del dinero desde la fecha de interpelación judicial hasta sentencia y desde esta hasta su completo pago los del art. 576 LEC.

Ello con expresa condena en costas, en esta instancia, a la parte demandada.

NOTIFÍQUESE a las partes la presente resolución advirtiendo no ser firme la misma, pudiéndose interponer RECURSO DE APELACIÓN en un plazo de 20 DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, junto con la interposición del recurso de apelación deberá acreditarse la constitución de un depósito de 50 EUROS efectuado en la Cuenta de Depósitos y

Consignaciones de este Juzgado, sin el cual el referido recurso será inadmitido a trámite. Y todo ello sin perjuicio del abono de las tasas que, en su caso, resulten procedentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncia, manda y firma, DOÑA XXXXXXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol, y su partido.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Sra. Magistrada-juez que la suscribe en el mismo día de su fecha, hallándose celebrando audiencia pública; doy fe.

4 comentarios para Se declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de BBVA por abusivo

  • Jose Carlos

    Buenas, os escribo, para preguntar si existe otro modelo de carta para pedir anular el contrato de una tarjeta revolving y pedir la documentación al banco, tras la sentencia del supremo del pasado marzo, para utilizar el modelo de carta de siempre o bien hay que añadir algo. No la he encontrado el modelo en economiazero.

    Yo ya estoy pendiente de juicio con wizink, pero también quiero reclamar dos tarjetas de bbva, que son tarjeta después y tarjeta a tu ritmo.

    Soy Jose Carlos XXXXXX, escribo desde XXXXXXXX, mi telefono es XXXXXXXX y es para hace reclamación a BBVA

    Gracias. Un Saludo.

    • Economía Zero

      Hola José Carlos

      Efectivamente, tras la Sentencia del Supremo modificamos las cartas y las personalizamos para cada usuario, por eso no las encuentras en la Web.

      Te indicamos el nuevo procedimiento que estamos llevando a cabo desde ECONOMÍA ZERO:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir:

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado (sumando compras, disposiciones de efectivo y demás) un total de 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 500 €, deberás devolverles únicamente la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, ya que solo tendrás que devolverle a la entidad la cantidad que realmente te prestó.

      Si por el contrario, en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, te han prestado 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales terminaste por pagar 1.500 €, deberán devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, además de anular la deuda que dicen que aún mantienes con ellos.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te anulan 500 € de deuda y te devuelven 500 € en dinero, te cobraremos el 15 % + IVA de los 1.000 € que obtienes de beneficio (esto son 181,50 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima toda la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono. Si nos dejas tu número podemos llamarte en la franja horaria que nos indiques. O si lo prefieres, puedes llamarnos tú al 689 661 685.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos de encargo y las cartas son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad.

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que indentificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tenéis recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conservéis todo o directamente nos lo enviéis para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

  • Alberto

    Buenos días,

    Quería comentarles el caso de mi mujer con una tarjeta affinity, que ahora creo que es UNO-E. Tiene esta tarjeta desde hace mucho.

    Se que en 2006 pedimos un préstamo y cancelamos unos 7000€ y la dejamos a cero, pero se volvió a gastar y estuvo utilizándola y pagando cuotas creo que hasta 2015.

    La tarjeta hacía tiempo que no la usaba pero seguía pagando cuotas hasta que dejó de pagarlas y empezaron las llamadas y cartas, le reclaman unos 11000 y pico euros (o eso ponía en asnef).

    Queremos saber si se puede hacer algo al respecto como conseguir el contrato, pedir movimientos, etc… y así ver si se puede denunciar.

    Me gustaría que estudiaran el caso y que nos asesoraran.

    Espero su respuesta.

    Un saludo

    • Economía Zero

      Hola Alberto

      Nos ponemos en contacto contigo desde Economía Zero para responder a tu consulta sobre la posibilidad de reclamar la tarjeta Affinity que tiene asociados intereses abusivos.

      No te preocupes porque vamos a ayudaros a solucionar esta situación. En primer lugar, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, mediante este procedimiento lo que conseguimos es que se declare la nulidad del préstamo o la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos (superiores al 20 % ya sea o no tipo revolving).

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad del préstamo o la tarjeta es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales, ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del préstamo, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      En consecuencia, lo especialmente relevante es el tipo de interés del préstamo.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir:

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado (sumando compras, disposiciones de efectivo y demás) un total de 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 500 €, deberás devolverles únicamente la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, ya que solo tendrás que devolverle a la entidad la cantidad que realmente te prestó.

      Si por el contrario, en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, te han prestado 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales terminaste por pagar 1.500 €, deberán devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, además de anular la deuda que dicen que aún mantienes con ellos.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te anulan 500 € de deuda y te devuelven 500 € en dinero, te cobraremos el 15 % + IVA de los 1.000 € que obtienes de beneficio (esto son 181,50 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima toda la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos de encargo y las cartas son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad.

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que indentificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tenéis recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conservéis todo o directamente nos lo enviéis para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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