A medida que comienzan a agotarse las reservas de combustibles fósiles las compañías energéticas destinan cada vez más recursos a explorar nuevos métodos de explotación para extraer reservas de difícil extracción que hasta hace poco no les resultaban rentables.
Este es el caso del “gas pizarra”, que se encuentra almacenado en rocas poco porosas y de baja permeabilidad y a mayor profundidad que el gas convencional.
Para extraer el gas contenido en estas rocas se utiliza el “fracking” o fractura hidráulica, que consiste en inyectar varias toneladas de agua mezclada con arena y sustancias químicas a alta presión a través de una perforación de miles de metros de profundidad en el subsuelo.
Esta técnica genera gran cantidad de impactos negativos sobre el medio, entre los que se encuentra la posible contaminación tanto del aire como de acuíferos y de aguas superficiales (ríos, arroyos…) con algunas de las sustancias químicas utilizadas para la inyección, siendo muchas de ellas tóxicas, cancerígenas o mutagénicas (como el xileno, el tolueno, el cianuro o el etilenglicol, entre muchas otras).
Esta contaminación se ha podido comprobar en numerosos lugares de EEUU próximos a este tipo de pozos, donde ha causado enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada.
Además, para fracturar la roca en la que se encuentra el gas y facilitar su salida se utilizan enormes cantidades de agua (entre 9.000 y 29.000 toneladas de agua por pozo) en cada inyección, y se genera gran cantidad de aguas residuales de difícil almacenamiento y tratamiento.
Debido a los riegos que supone esta práctica, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, las empresas productoras se están encontrando con una fuerte oposición ciudadana que está conduciendo a la aprobación de prohibiciones y moratorias en países como Francia, Bulgaria, Australia, Irlanda del Norte, algunos estados de EEUU, etc.
También en el Estado español está habiendo movilizaciones en contra de la fractura hidráulica y se han creado varias plataformas de oposición, tanto en la cornisa cantábrica como en Catalunya, que incluyen tanto a sectores del 15M como al movimiento vecinal, ecologistas e incluso a organizaciones políticas y sindicatos en el caso de la de Álava (Fracking Ez Araba).
De momento, ya se ha conseguido una pequeña victoria en Cantabria, donde se está tramitando un proyecto de ley para prohibirla.
Autora: Tamara Ruiz (Ambientóloga y militante de En lucha)
Fuente: En lucha