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Oney Servicios Financieros S.A devuelve 6.812,56 € a un usuario de EZ tras la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo con un interés usurario del 21,64 % TAE

Oney Servicios Financieros S.A devuelve 6.812,56 € a un usuario de EZ tras la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo con un interés usurario del 21,64 % TAE

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas declara la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo de Oney Servicios Financieros S.A por aplicar un interés usurario del 21,64 % TAE y condena a la entidad a la retribución de 6.812,56 € a un usuario de EZ.

La parte actora suscribió con la entidad demandada un contrato de línea de crédito revolving en fecha 23 de abril de 2004, obteniendo una tarjeta de crédito Alcampo.

En el momento de la firma del contrato, la entidad no entregó copia del mismo a la demandante ni le informó de las condiciones generales del contrato firmado.

En dicho crédito, se interpuso un tipo de interés con una TAE del 21,64 %, mientras que el TAE medio en España de los créditos al consumo en ese momento era del 8,53 %.

Ante lo expuesto, el interés fijado es notablemente superior al interés del mercado para los préstamos de consumo, por lo que debe considerarse manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Asimismo, la entidad financiera que concedió la tarjeta revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés tan elevado en las operaciones de crédito al consumo, por lo que procede la nulidad del contrato litigioso.

Estimando la demanda interpuesta contra la entidad Oney Servicios Financieros S.A, el Magistrado del caso declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Alcampo por usura y condena a la parte demandada a la devolución a la actora de la cantidad que exceda del capital efectivamente prestado, suma que se eleva a 6.812,56 €.

Se efectúa expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

D. Rodrigo Pérez Del Villar Cuesta, Letrado colaborador de Economía Zero, ha sido el encargado de llevar a acabo el presente procedimiento.

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Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Figueres

Procedimiento ordinario 151/2019 -C1

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: LOURDES GALVE GARRIDO

Parte demandada/ejecutada: WIZINK BANK,S.A

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

Vistos por mí, , Magistrada-Juez del Juzgado de 1ªInstancia nº8 de Figueres por sustitución reglamentaria, los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de contrato, seguidos en este juzgado con el número 151/2019, a instancia de la Procuradora XXXX , en nombre y representación de XXXX , asistido de la letrada Lourdes Galvé Garrido, contra WIZINK BANK, SA, representado por la Procuradora XXXX, con la asistencia letrada de XXXX , es procedente dictar la siguiente

SENTENCIA Nº 52/2020

Magistrada: XXXX

Figueres, 9 de marzo de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito que fue turnado a este juzgado en fecha 11 de junio de 2019, se interpuso demanda por la Procuradora XXXX , en nombre y representación de , contra WIZINK BANK SA, solicitando se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010.

Subsidiariamente se declarara la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de dicha cláusula, y se condene a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo, o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de efectos; así como al pago de intereses legales y procesales, y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, fue emplazada la parte demandada, presentándose escrito de contestación el 13/09/2019. Se celebró la audiencia previa el 12/11/2019. Se desestimó la excepción procesal de defecto en el modo de proponer la demanda interpuesta por el demandado en su escrito de contestación.

Se admitió la prueba propuesta por las partes, y se celebró el acto del juicio el 24 de febrero de 2020, en el que, al renunciarse la prueba acordada, se realizó el trámite de conclusiones, quedando los autos vistos para sentencia; documentándose el acto en el correspondiente soporte de la grabación efectuada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ACCIÓN. Ejercita la actora la acción contemplada en el art. 1 de la Ley de 23 de junio de 1908, de la Usura, respecto del contrato concertado el 8 de abril de 2010, cuando encontrándose en el aeropuerto fue abordado por un comercial del entonces Citibank, ahora representado por la demandada, quien le ofreció la contratación de un crédito al consumo instrumentalizado mediante una tarjeta Citibank.

Para poder sobrellevar más fácilmente los gastos del hogar Comunicándole las grandes ventajas que la misma le reportaría ya que tendría una línea de crédito con unos intereses muy bajos y que además podría pagar en cómodos plazos de su elección.

Siendo obvio que la iniciativa de la contratación surgió de la entidad predisponente en el marco de una campaña agresiva de captación en el aeropuerto fuera del establecimiento de la entidad y sin que mediara previa solicitud del demandante el actor suscribió la tarjeta sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de capitalización de intereses del crédito al consumo litigioso todo ello enmascarado en la falta absoluta de información clara sobre lo que pagaba cada mes y el coste real de la financiación.

Posteriormente con la creencia de tener un crédito a precio de mercado el actor utilizó la tarjeta en diversas ocasiones, efectuando diversas disposiciones de la línea de crédito sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de capitalización de intereses de los créditos al consumo.

Subsidiariamente ejercitaba la acción de nulidad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio del contrato por no superar el control de inclusión ex art. 80 del RD Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre; subsidiariamente acción de nulidad de la cláusula de fijación del interés remuneratorio por no superar el control de transparencia según STS de 9 de mayo de 2013; y para el caso de no ser estimadas las acciones anteriores, o que siendo estimadas se reconozca que únicamente deben restituirse los intereses vencidos y no otros conceptos sobre comisiones de impago, cuotas seguro, etc., se ejercitaba acción de nulidad de las condiciones generales de la contratación por ser abusivas.

El demandado se opone a la demanda, alegando que el cliente y demandante estuvo informado en todo momento de las condiciones del contrato. Que el procedimiento de contratación se inicia siempre con las explicaciones verbales que el demandado realiza a los potenciales clientes por teléfono.

La presentación incluye siempre una descripción de las características esenciales del producto, y si el interesado desea contratar la tarjeta debe leer y firmar el formulario o solicitud de contratación. Que tras la forma del formulario de adhesión, éste se remite al Banco para que verifique la calidad crediticia el solicitante, y en su caso, autorice la apertura e una nueva línea de créditos a su favor.

Y que una vez aprobada la solicitud, el equipo de atención al cliente del banco contacta con el solicitante por teléfono para anunciarle la conformidad de banco con la operación, y explicarle una vez más las características esenciales de la tarjeta, su funcionamiento, y los servicios asociados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL PLEITO. El debate se centra por tanto en la cuestión de determinar si el contrato es usurario o subsidiariamente la cláusula del interés remuneratorio es nula por no superar el control de inclusión, o de transparencia. Y en defecto de lo anterior, si la condición general del interés remuneratorio es abusiva y únicamente deben restituirse los intereses vencidos y no otros conceptos estipulados en el contrato.

TERCERO.- La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, fijó al respecto la siguiente doctrina jurisprudencial:

i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal.

Sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo.

Como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

CUARTO.- La STS nº 149/2020 de 4 de marzo ha resuelto definitivamente la cuestión planteada, resolviendo un litigio con el mismo demandado y por los mismos motivos planteados en el presente procedimiento.

Dice el Tribunal Supremo que no fue objeto del recurso resuelto en aquella sentencia de 2015 determinar si, en el caso de las tarjetas revolving, el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» es el interés medio correspondiente a una categoría determinada, de entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España.

En la instancia había quedado fijado como tal término de comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo (entre las que efectivamente puede encuadrarse el crédito mediante tarjetas revolving), sin que tal cuestión fuera objeto de discusión en el recurso de casación, puesto que lo que en este se discutía en realidad es si la diferencia entre el interés del crédito revolving objeto de aquel litigio superaba ese índice en una proporción suficiente para justificar la calificación del crédito como usurario.

Tan solo se afirmó que para establecer lo que se considera «interés normal» procede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España sobre los tipos de interés que las entidades de crédito aplican a las diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

A lo anteriormente expuesto se añadía el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo, lo que puede explicar que en el litigio se partiera de la premisa de que el índice adecuado para realizar la comparación era el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España.

Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.).

Pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero».

Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia.

Era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

La determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso es determinante a la hora de resolver sobre la presente reclamación.

Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso [...]».

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés.

«Notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso.

Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente.

Las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil.

(En ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito. Como consecuencia de lo expuesto, el recurso de casación debe ser desestimado.

QUINTO.- En el presente caso, el interés aplicado a las disposiciones del cliente y actor, según Doc. 6 de la demanda, extractos de tarjeta en los que se aplica un interés remuneratorio del 24% (TIN), T.A.E. del 26,82%. Por ello, y en aplicación de la jurisprudencia citada, dictada en un supuesto idéntico, con el mismo porcentaje de interés y estipulaciones coincidentes, procede, conforme al art. 1.6 del Código Civil.

Estimar la demanda en cuanto a su petición principal, y declarar la nulidad por usura del contrato de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010; así como condenar al demandado a abonar al actor la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor.

SEXTO.- INTERESES. En cuanto a los intereses solicitados en la demanda, no procede la condena a los mismos, pues la cantidad a cuyo abono se condena a la demandada es claramente ilíquida, no solo con anterioridad al pleito, sino incluso tras este mismo, dados los términos de la pretensión deducida por el propio demandante, que por su propio planteamiento ha eludido su cuantificación incluso dentro de la fase declarativa del proceso.

Por lo que no cabe entender que la deudora haya incurrido en mora culpable conforme a los arts. 1.101 y 1.108 CC por la no devolución de una cantidad que no se ha pedido determinar en la sentencia; por ello no procede la condena al pago de los intereses contemplados en el art. 576 LEC, que impone los intereses por mora procesal solo en el caso de condenas liquidas, sin perjuicio de que se devenguen » ope legis» en su momento y desde la resolución en que se liquide la deuda y como efecto directo de tal liquidación.

SÉPTIMO.- COSTAS. En base a lo expuesto y a la estimación de la demanda, a la vista del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas a la parte demandante.

Debe mantenerse la imposición de las de la instancia pese a la desestimación de la demanda en cuanto a la pretensión del pago de intereses, pues esto no impide la consideración de que la estimación ha sido sustancial en cuanto a la pretensión de nulidad y la condena a la restitución.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

QUE, CON ESTIMACIÓN de la demanda interpuesta por la Procuradora XXXX, en nombre y representación de XXXX, contra WIZINK BANK, SA,

1.- SE DECLARA LA NULIDAD POR USURA DEL CONTRATO de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010.

2.- SE CONDENA AL DEMANDADO a abonar al actor la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor.

3.- Con imposición al demandado de las costas del juicio.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, ante este juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Girona; previo depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo. La Magistrada


JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 03 DE ALCOBENDAS

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 799/2019

Materia: Contratos bancarios

Demandante: D. XXXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXXX

Demandado: ONEY SERVICIOS FINANCIEROS EFC
PROCURADOR Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 21/2020

En Alcobendas a 22 de enero de 2020.

Dña. XXXXXX Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas ha visto los presentes autos del Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con el número 799/19 a instancia de la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS S.A en ejercicio de una acción de declaración de nulidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS S.A solicitando previa alegaciones de hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenatoria frente a la parte demandada.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se le dio traslado a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días.

Contesto a la demanda solicitando una sentencia desestimatoria de la pretensión del demandante, alegando para ello los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación.

Contestada la demanda, se convoca a las partes a la celebración de la audiencia previa que tuvo lugar el día 20 de enero de 2020, las partes fueron exhortadas para llegar a un acuerdo y no manifestando su conformidad, y a continuación se propusieron los medios de prueba por las partes y se admitieron las que se consideraron pertinentes.

Y admitiéndose solo la prueba documental en aplicación del artículo 429.8 de la LEC quedaron las actuaciones para dictar sentencia.

TERCERO: Se han observado en la tramitación de este juicio los términos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se ejercita por la parte actora acción de declaración de nulidad del contrato de línea de crédito revolving firmado con la entidad financiera en fecha 23 de abril de 2004 doc. nº 4, obteniendo una tarjeta de crédito Alcampo.

Alegando que el demandante no se le dio copia del contrato hasta que no lo solicito en el año 2019, sin informarle de las condiciones generales del contrato firmado.

La demandante es consumidor y se le impuso un interés elevado y de carácter usuario un tipo TAE del 21,64 %, mientras que el TAE medio en España de los créditos de consumo era de inferior, siendo en el año 2004 de un 8,53 %.

En el caso la entidad financiera redacto unilateralmente el contrato incluyendo la cláusula que estimo pertinente, imponiéndosela al cliente sin mayor información.

Por todo ello se solicita se declare que las condiciones generales incluidas en el contrato que regulan los intereses y comisiones no superan el control de trasparencia con lo que deben tenerse por no puestas y se declare la nulidad del contrato de crédito por tipo de intereses usurario y se condene a la demandada a restituir a la demandante la totalidad de las cantidades abonadas durante la vida del crédito que excedan a la cantidad dispuesta más intereses y costas.

La parte demandada se opone a la demanda, alegando los siguientes hechos, que no procede nulidad alguna ya que la modalidad de crédito/tarjetas revolving es una cómoda herramienta de pago para acceder a una financiación de forma rápida y siempre libremente escogida por el cliente siendo el que decide la modalidad de pago, con pagos aplazados a través de una cuota fija o con un porcentaje de deuda, según se elija, además de que a medida que la deuda va siendo saldada, ese dinero vuelve a estar a disposición del cliente convirtiendo este medio de pago en una vía de financiación similar a una línea de crédito, lo que se conoce como crédito rotativo.

El tipo de interés para las tarjetas de crédito no es desproporcionado, con lo que no procede declaración de abusividad, de esta cláusula y de ninguna otra al ser cláusulas claras legibles y precisas.

Solicitando por todo ello la desestimación de la demanda interpuesta y costas.

SEGUNDO: Entrando en el fondo del asunto, efectivamente, la ineficacia -como reacción sancionadora del ordenamiento jurídico frente a un negocio jurídico irregular- de los contratos viene determinada por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:

I.- Por su nulidad radical y absoluta o inexistencia.

II.- Por su nulidad relativa o anulabilidad.

III.- Por su rescindibilidad.

Y, por su parte, la nulidad absoluta y radical de un negocio jurídico, puede tener lugar:

a. Porque se hayan traspasado los límites que señala el ordenamiento jurídico -artículo 1255 del Código Civil para el juego de la autonomía de la voluntad.

b. Porque el negocio jurídico carezca de los requisitos esenciales del artículo 1261 del Código Civil o de los que el ordenamiento jurídico imponga por razón del tipo negocial concreto.

c. Porque el negocio jurídico omite cualquiera de los elementos que su naturaleza o tipo exige.

d. Porque el negocio jurídico tenga por objeto cosas fuera del comercio de los hombres o servicios que sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres -artículo 1271 del Código Civil.

e. Porque el negocio jurídico adolezca de una causa ilícita en el sentido del artículo 1275 del Código Civil.

f. Porque el negocio jurídica carezca de la forma exigida.

En la presente resolución deben resolverse dos cuestiones: la primera, si las cláusulas contenidas en el contrato suscrito entre las partes, son nulas por abusivas, atendiendo a la condición o no de consumidor del demandado, y la segunda, qué efectos debe tener en este procedimiento una decisión estimatoria de esa nulidad total del contrato.

Se entiende como cláusula abusiva, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 1993/13/CEE:

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

La abusividad de determinadas cláusulas en este tipo de contrato de préstamo ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así como por nuestro Tribunal Supremo.

Este último, en una importante Sentencia de 22 de abril de 2015 se pronunció en el sentido siguiente:

“Tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, lo que es lo mismo, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Es más, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) que desarrolla la Directiva 1993/13/CEE ha resaltado la importancia que en el sistema de Derecho comunitario tiene el control de abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores.

La STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-488/11, caso Asbeek Brusse y de Man Garabito, ha declarado que el artículo 6.1 de la Directiva 1993/13/CEE es una disposición de carácter imperativo, equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público, y que dicha Directiva en su totalidad constituye una medida indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta (apartados 43 y 44).

En conclusión, el cumplimiento de los fines perseguidos por la Directiva 93/13/CEE ha forjado como un principio de interés general del Derecho de la Unión la supresión de las cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico, para conseguir un mercado libre de situaciones de desequilibrio contractual en perjuicio de los consumidores.

Este interés general, situado en el terreno de los principios y por encima del interés particular de cada consumidor en cada caso concreto, es el que justifica la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas, y que, como veremos más adelante, tal desvinculación deba ser apreciada de oficio por los órganos judiciales, en una dimensión que entronca con el orden público comunitario.

La protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores es un principio esencial del ordenamiento jurídico (artículo 169 TFUE), que debe actuar particularmente frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos”.

No se discute la condición de consumidor del demandante.

En este supuesto es ilustrativa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 24 de enero de 2019.

En supuestos prácticamente idénticos al que ahora se enjuicia, las sentencias de esta Sección de 26 de junio de 2017 y de 17 de enero de 2018 recordaban la del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que compendia la doctrina del propio tribunal expresada en anteriores resoluciones, en particular, la sentencia de 18 de junio de 2012 y también la de 2 de diciembre de 2014.

Indica el Alto Tribunal que la usura debe ser apreciada desde los principios de unidad y sistematización, de manera que ha de entenderse que las tres modalidades de usura previstas en la ley conllevan un mismo tipo de ineficacia, cual es la de nulidad integral de la operación.

Esas tres modalidades, conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908, son las de (i) interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso, (ii) situación angustiosa del prestatario, y (iii) entrega de menor cantidad de la aparente.

La misma resolución advierte que no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos para poder declararse el préstamo como usurario.

Basta que se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, de modo que no es preciso que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, inexperiencia o limitación de facultades mentales.

Según la sentencia, esto es lo que se quería decir en las SSTS 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014, de 2 de diciembre, cuando se enfatizaban los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la LRU.

La modalidad de contrato usurario propiamente dicho se caracteriza porque contiene la estipulación de «un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso«, como resulta, como se ha dicho, del primer párrafo del artículo 1 de la Ley de julio de 1908, es distinta la modalidad de contrato leonino, que se define por tratarse de un préstamo aceptado por el prestatario a causa «de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

En concreto, la referida sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 considera usurario por excesivo un interés remuneratorio TAE del 24,60 % contenido en un crédito de consumo tipo tarjeta revolving de julio de 2001.

El caso enjuiciado presenta grandes similitudes con el resuelto por dicha sentencia de casación.

Pues bien, según resulta de la estadística que publica el Banco de España con informaciones procedentes de las propias entidades objeto de supervisión, el tipo de interés legal del dinero en España estaba situado para los años 2010 y 2011 en un 4 %, mientras que el tipo de interés de referencia para los créditos al consumos otorgados por entidades bancarias en la anualidad de 2010, según se desprende de la tabla estadística aportada por la demandada, fue del 9,80 %.

No ha ofrecido Cofidis Hispania E.F.C., S.A. la más mínima explicación del interés remuneratorio que en su día impuso a Dña. XXXXXX (21,90 % anual), y que rebasa claramente el duplo del «interés normal del dinero» para ese tipo de operaciones.

Tampoco identifica la entidad apelada la razón de excepción justificativa de la estipulación de un interés «manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso«, puesto que nada se indica acerca de un supuesto acusado riesgo de la operación justificativo del tipo del 21,90 % anual.

Se significa al respecto que la precitada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 proclamaba que «para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo«.

En suma, la operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:

1º. El interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;

2º. La entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la Sra. XXXXXX.

En realidad, Cofidis Hispania E.F.C., S.A. ni siquiera afirma que para la concesión del crédito a la demandada apelante se practicase evaluación previa alguna del riesgo de la operación, siendo así que la Circular 4/2004 del Banco de España -y antes la Circular número 13/1993- impone a las entidades de crédito unas determinadas políticas y procedimientos -adecuadamente justificados y documentados- para la concesión de crédito (exige el máximo cuidado y diligencia en el estudio riguroso e individualizado del riesgo de crédito de las operaciones), basados primordialmente en «la capacidad de pago del prestatario para cumplir, en tiempo y forma, con el total de las obligaciones financieras asumidas» (tratándose de particulares debe atenderse de modo principal a su fuente primaria de renta habitual), y en la fijación de una política de precios orientada a cubrir «los costes de financiación, de estructura y riesgo de crédito inherente a cada clase de operaciones de crédito ofertadas».

En definitiva, como expresara la ya centenaria sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1912, la usura concurre «cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital» (en esa misma línea se inscribe la STS de 22 de febrero de 2013), y en el presente caso nada sugiere que el riesgo de insolvencia de la cliente exigiera un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito superior al doble del interés de mercado en las financiaciones de consumo.

En consecuencia, el carácter usurario del contrato determina su nulidad de pleno derecho, lo que acarrea el efecto de que Dña. XXXXXX deberá únicamente reintegrar el capital recibido de la prestamista en aquella parte que no hubiere sido devuelta por medio de las cuotas mensuales satisfechas, sea en concepto de capital propiamente dicho o de abono de intereses, todo lo cual habrá de determinarse en ejecución de sentencia”.

Teniendo como base la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y examinado el contrato doc. nº 4 a la demanda, no se fijó el TAE en el contrato en la cláusula 5 no lo fija, siendo en el doc. nº 3 donde se informa por la demandada que es del 21,64 %, y debemos considerar que el interés fijado y no pactado era superior al interés de mercado para los préstamos de consumo.

Y ello es así porque la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, fijó como parámetro de comparación o límite para declarar usurarios los intereses remuneratorios, que los pactados duplicaran el normal de mercado aplicable a los préstamos al consumo a la fecha de concertar el contrato.

E incluso en caso contrario considera esta Juzgadora que no es necesario ese parámetro de duplicidad, de forma que si el pactado excede notoriamente de los mismos aunque no alcance ese parámetro de la duplicidad, en la fecha de concertarse el contrato, siendo notablemente superior al del mercado para los préstamos al consumo, ha de considerarse manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

La entidad financiera que concedió la tarjeta revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

La operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:

1º. El interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;

2º. La entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la demandante.

Por todo ello debe de ser estimada la demanda declarando nulo el contrato de tarjeta de crédito firmado por contener un tipo de interés usurario y todo ello origina unos actos jurídicos con lo que correspondería devolver al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales.

TERCERO: Estimada la demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, se imponen las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS S.A y debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Alcampo suscrita en fecha 23 de abril de 2004 por tipo de interés usurario con todos los efectos jurídicos correspondientes y debo condenar y condeno a la parte demandada que devuelva al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifiques esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

4 comentarios para Oney Servicios Financieros S.A devuelve 6.812,56 € a un usuario de EZ tras la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo con un interés usurario del 21,64 % TAE

  • Dana

    Buenas noches.

    Tengo una tarjeta Oney desde el 2006. Casi 22% de intereses en aplazamiento de compra-ahora mismo ya no me cobran intereses.

    El problema es que no encuentro ningún recibo, he acudido al OMIC, no me quieren hacer llegar ninguno, pero sí reconocen que desde el 2010 hasta casi hace 2 años, he pagado casi 7000€ de intereses. Era para saber si se podía hacer algo.

    Gracias de antemano.

    • Economía Zero

      Buenas Dana y gracias por contactar con nosotros.

      La TAE aplicada que nos indicas, según los últimos criterios del Tribunal Supremo, no es de usura. Esto se debe a que el Tribunal Supremo sentenció el pasado marzo de 2020 que las tarjetas de crédito pueden reclamarse cuando tienen una TAE que supere en varios puntos porcentuales el 20 %.

      No obstante, si el contrato es anterior a junio de 2010, como es tu caso, la reclamación es totalmente viable. Además, es bastante posible que el contrato tenga una serie de defectos que pueden provocar también la nulidad del contrato y conseguir la devolución de todos los intereses, comisiones y demás cobros indebidos que te han aplicado (que es el que conseguimos cuando tenemos una TAE superior al 22’50 %). Esto es lo que se llama comúnmente «falta de transparencia en la contratación» y existe cuando desde la entidad emisora no te han informado de cómo funciona la tarjeta, de cuánto ibas a pagar de intereses, del método revolving. También existe cuando no firmaste el contrato, o no te entregaron una copia o han modificado las condiciones del mismo unilateralmente, etc.

      Yendo a la reclamación en sí, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, mediante este procedimiento lo que conseguimos es que se declare la nulidad de la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos.

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad de la tarjeta es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal de la cantidad prestada y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales, ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del contrato, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos en un PDF las fases de la reclamación y los posibles costes.

      Cualquier duda que tengas, puedes llamarnos al 987 025 011.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos necesarios para formalizar tu reclamación son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI y copia escaneada del mismo.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de tarjeta con la que identificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tienes recibos mensuales, extractos o contratos de las tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conserves todo o directamente nos lo envíes para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Estamos a tu disposición para cualquier aclaración que precises.

      Saludos cordiales.

  • Juan

    Buen día Sergio, por lo que leo, Oney no quiere rescindir nada.

    Pues sigamos adelante, yo con que rescindan el contrato y me den 800€ ya lo veo justo.

    No quisiera dilatar más la cosa, me quito un peso de encima y me basta para pagarles a Uds.

    Así que ya me contaras los pasos a seguir.

    Un saludo.

    • Economía Zero

      Hola Juan

      Perfecto! Tomamos nota de lo que nos comentas, y vamos a derivar tu caso al Despacho de Abogados para que comiencen con la tramitación de la parte judicial de esta tarjeta, dejando la tarifa pendiente de pago para cuando finalice el procedimiento.

      En los próximos días te enviaremos un email con los datos de contacto de este despacho para que sepas desde qué número te van a llamar y conozcas su correo electrónico.

      Quedamos a tu disposición ante cualquier duda o consulta.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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