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Oney Servicios Financieros S.A devuelve 6.812,56 € a un usuario de EZ tras la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo con un interés usurario del 21,64 % TAE

Oney Servicios Financieros S.A devuelve 6.812,56 € a un usuario de EZ tras la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo con un interés usurario del 21,64 % TAE

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas declara la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo de Oney Servicios Financieros S.A por aplicar un interés usurario del 21,64 % TAE y condena a la entidad a la retribución de 6.812,56 € a un usuario de EZ.

La parte actora suscribió con la entidad demandada un contrato de línea de crédito revolving en fecha 23 de abril de 2004, obteniendo una tarjeta de crédito Alcampo.

En el momento de la firma del contrato, la entidad no entregó copia del mismo a la demandante ni le informó de las condiciones generales del contrato firmado.

En dicho crédito, se interpuso un tipo de interés con una TAE del 21,64 %, mientras que el TAE medio en España de los créditos al consumo en ese momento era del 8,53 %.

Ante lo expuesto, el interés fijado es notablemente superior al interés del mercado para los préstamos de consumo, por lo que debe considerarse manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Asimismo, la entidad financiera que concedió la tarjeta revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés tan elevado en las operaciones de crédito al consumo, por lo que procede la nulidad del contrato litigioso.

Estimando la demanda interpuesta contra la entidad Oney Servicios Financieros S.A, el Magistrado del caso declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Alcampo por usura y condena a la parte demandada a la devolución a la actora de la cantidad que exceda del capital efectivamente prestado, suma que se eleva a 6.812,56 €.

Se efectúa expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

D. Rodrigo Pérez Del Villar Cuesta, Letrado colaborador de Economía Zero, ha sido el encargado de llevar a acabo el presente procedimiento.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 03 DE ALCOBENDAS

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 799/2019

Materia: Contratos bancarios

Demandante: D. XXXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXXX

Demandado: ONEY SERVICIOS FINANCIEROS EFC
PROCURADOR Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 21/2020

En Alcobendas a 22 de enero de 2020.

Dña. XXXXXX Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas ha visto los presentes autos del Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con el número 799/19 a instancia de la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS S.A en ejercicio de una acción de declaración de nulidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS S.A solicitando previa alegaciones de hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenatoria frente a la parte demandada.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se le dio traslado a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días.

Contesto a la demanda solicitando una sentencia desestimatoria de la pretensión del demandante, alegando para ello los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación.

Contestada la demanda, se convoca a las partes a la celebración de la audiencia previa que tuvo lugar el día 20 de enero de 2020, las partes fueron exhortadas para llegar a un acuerdo y no manifestando su conformidad, y a continuación se propusieron los medios de prueba por las partes y se admitieron las que se consideraron pertinentes.

Y admitiéndose solo la prueba documental en aplicación del artículo 429.8 de la LEC quedaron las actuaciones para dictar sentencia.

TERCERO: Se han observado en la tramitación de este juicio los términos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se ejercita por la parte actora acción de declaración de nulidad del contrato de línea de crédito revolving firmado con la entidad financiera en fecha 23 de abril de 2004 doc. nº 4, obteniendo una tarjeta de crédito Alcampo.

Alegando que el demandante no se le dio copia del contrato hasta que no lo solicito en el año 2019, sin informarle de las condiciones generales del contrato firmado.

La demandante es consumidor y se le impuso un interés elevado y de carácter usuario un tipo TAE del 21,64 %, mientras que el TAE medio en España de los créditos de consumo era de inferior, siendo en el año 2004 de un 8,53 %.

En el caso la entidad financiera redacto unilateralmente el contrato incluyendo la cláusula que estimo pertinente, imponiéndosela al cliente sin mayor información.

Por todo ello se solicita se declare que las condiciones generales incluidas en el contrato que regulan los intereses y comisiones no superan el control de trasparencia con lo que deben tenerse por no puestas y se declare la nulidad del contrato de crédito por tipo de intereses usurario y se condene a la demandada a restituir a la demandante la totalidad de las cantidades abonadas durante la vida del crédito que excedan a la cantidad dispuesta más intereses y costas.

La parte demandada se opone a la demanda, alegando los siguientes hechos, que no procede nulidad alguna ya que la modalidad de crédito/tarjetas revolving es una cómoda herramienta de pago para acceder a una financiación de forma rápida y siempre libremente escogida por el cliente siendo el que decide la modalidad de pago, con pagos aplazados a través de una cuota fija o con un porcentaje de deuda, según se elija, además de que a medida que la deuda va siendo saldada, ese dinero vuelve a estar a disposición del cliente convirtiendo este medio de pago en una vía de financiación similar a una línea de crédito, lo que se conoce como crédito rotativo.

El tipo de interés para las tarjetas de crédito no es desproporcionado, con lo que no procede declaración de abusividad, de esta cláusula y de ninguna otra al ser cláusulas claras legibles y precisas.

Solicitando por todo ello la desestimación de la demanda interpuesta y costas.

SEGUNDO: Entrando en el fondo del asunto, efectivamente, la ineficacia -como reacción sancionadora del ordenamiento jurídico frente a un negocio jurídico irregular- de los contratos viene determinada por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:

I.- Por su nulidad radical y absoluta o inexistencia.

II.- Por su nulidad relativa o anulabilidad.

III.- Por su rescindibilidad.

Y, por su parte, la nulidad absoluta y radical de un negocio jurídico, puede tener lugar:

a. Porque se hayan traspasado los límites que señala el ordenamiento jurídico -artículo 1255 del Código Civil para el juego de la autonomía de la voluntad.

b. Porque el negocio jurídico carezca de los requisitos esenciales del artículo 1261 del Código Civil o de los que el ordenamiento jurídico imponga por razón del tipo negocial concreto.

c. Porque el negocio jurídico omite cualquiera de los elementos que su naturaleza o tipo exige.

d. Porque el negocio jurídico tenga por objeto cosas fuera del comercio de los hombres o servicios que sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres -artículo 1271 del Código Civil.

e. Porque el negocio jurídico adolezca de una causa ilícita en el sentido del artículo 1275 del Código Civil.

f. Porque el negocio jurídica carezca de la forma exigida.

En la presente resolución deben resolverse dos cuestiones: la primera, si las cláusulas contenidas en el contrato suscrito entre las partes, son nulas por abusivas, atendiendo a la condición o no de consumidor del demandado, y la segunda, qué efectos debe tener en este procedimiento una decisión estimatoria de esa nulidad total del contrato.

Se entiende como cláusula abusiva, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 1993/13/CEE:

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

La abusividad de determinadas cláusulas en este tipo de contrato de préstamo ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así como por nuestro Tribunal Supremo.

Este último, en una importante Sentencia de 22 de abril de 2015 se pronunció en el sentido siguiente:

“Tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, lo que es lo mismo, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Es más, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) que desarrolla la Directiva 1993/13/CEE ha resaltado la importancia que en el sistema de Derecho comunitario tiene el control de abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores.

La STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-488/11, caso Asbeek Brusse y de Man Garabito, ha declarado que el artículo 6.1 de la Directiva 1993/13/CEE es una disposición de carácter imperativo, equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público, y que dicha Directiva en su totalidad constituye una medida indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta (apartados 43 y 44).

En conclusión, el cumplimiento de los fines perseguidos por la Directiva 93/13/CEE ha forjado como un principio de interés general del Derecho de la Unión la supresión de las cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico, para conseguir un mercado libre de situaciones de desequilibrio contractual en perjuicio de los consumidores.

Este interés general, situado en el terreno de los principios y por encima del interés particular de cada consumidor en cada caso concreto, es el que justifica la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas, y que, como veremos más adelante, tal desvinculación deba ser apreciada de oficio por los órganos judiciales, en una dimensión que entronca con el orden público comunitario.

La protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores es un principio esencial del ordenamiento jurídico (artículo 169 TFUE), que debe actuar particularmente frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos”.

No se discute la condición de consumidor del demandante.

En este supuesto es ilustrativa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 24 de enero de 2019.

En supuestos prácticamente idénticos al que ahora se enjuicia, las sentencias de esta Sección de 26 de junio de 2017 y de 17 de enero de 2018 recordaban la del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que compendia la doctrina del propio tribunal expresada en anteriores resoluciones, en particular, la sentencia de 18 de junio de 2012 y también la de 2 de diciembre de 2014.

Indica el Alto Tribunal que la usura debe ser apreciada desde los principios de unidad y sistematización, de manera que ha de entenderse que las tres modalidades de usura previstas en la ley conllevan un mismo tipo de ineficacia, cual es la de nulidad integral de la operación.

Esas tres modalidades, conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908, son las de (i) interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso, (ii) situación angustiosa del prestatario, y (iii) entrega de menor cantidad de la aparente.

La misma resolución advierte que no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos para poder declararse el préstamo como usurario.

Basta que se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, de modo que no es preciso que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, inexperiencia o limitación de facultades mentales.

Según la sentencia, esto es lo que se quería decir en las SSTS 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014, de 2 de diciembre, cuando se enfatizaban los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la LRU.

La modalidad de contrato usurario propiamente dicho se caracteriza porque contiene la estipulación de «un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso«, como resulta, como se ha dicho, del primer párrafo del artículo 1 de la Ley de julio de 1908, es distinta la modalidad de contrato leonino, que se define por tratarse de un préstamo aceptado por el prestatario a causa «de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

En concreto, la referida sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 considera usurario por excesivo un interés remuneratorio TAE del 24,60 % contenido en un crédito de consumo tipo tarjeta revolving de julio de 2001.

El caso enjuiciado presenta grandes similitudes con el resuelto por dicha sentencia de casación.

Pues bien, según resulta de la estadística que publica el Banco de España con informaciones procedentes de las propias entidades objeto de supervisión, el tipo de interés legal del dinero en España estaba situado para los años 2010 y 2011 en un 4 %, mientras que el tipo de interés de referencia para los créditos al consumos otorgados por entidades bancarias en la anualidad de 2010, según se desprende de la tabla estadística aportada por la demandada, fue del 9,80 %.

No ha ofrecido Cofidis Hispania E.F.C., S.A. la más mínima explicación del interés remuneratorio que en su día impuso a Dña. XXXXXX (21,90 % anual), y que rebasa claramente el duplo del «interés normal del dinero» para ese tipo de operaciones.

Tampoco identifica la entidad apelada la razón de excepción justificativa de la estipulación de un interés «manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso«, puesto que nada se indica acerca de un supuesto acusado riesgo de la operación justificativo del tipo del 21,90 % anual.

Se significa al respecto que la precitada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 proclamaba que «para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo«.

En suma, la operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:

1º. El interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;

2º. La entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la Sra. XXXXXX.

En realidad, Cofidis Hispania E.F.C., S.A. ni siquiera afirma que para la concesión del crédito a la demandada apelante se practicase evaluación previa alguna del riesgo de la operación, siendo así que la Circular 4/2004 del Banco de España -y antes la Circular número 13/1993- impone a las entidades de crédito unas determinadas políticas y procedimientos -adecuadamente justificados y documentados- para la concesión de crédito (exige el máximo cuidado y diligencia en el estudio riguroso e individualizado del riesgo de crédito de las operaciones), basados primordialmente en «la capacidad de pago del prestatario para cumplir, en tiempo y forma, con el total de las obligaciones financieras asumidas» (tratándose de particulares debe atenderse de modo principal a su fuente primaria de renta habitual), y en la fijación de una política de precios orientada a cubrir «los costes de financiación, de estructura y riesgo de crédito inherente a cada clase de operaciones de crédito ofertadas».

En definitiva, como expresara la ya centenaria sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1912, la usura concurre «cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital» (en esa misma línea se inscribe la STS de 22 de febrero de 2013), y en el presente caso nada sugiere que el riesgo de insolvencia de la cliente exigiera un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito superior al doble del interés de mercado en las financiaciones de consumo.

En consecuencia, el carácter usurario del contrato determina su nulidad de pleno derecho, lo que acarrea el efecto de que Dña. XXXXXX deberá únicamente reintegrar el capital recibido de la prestamista en aquella parte que no hubiere sido devuelta por medio de las cuotas mensuales satisfechas, sea en concepto de capital propiamente dicho o de abono de intereses, todo lo cual habrá de determinarse en ejecución de sentencia”.

Teniendo como base la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y examinado el contrato doc. nº 4 a la demanda, no se fijó el TAE en el contrato en la cláusula 5 no lo fija, siendo en el doc. nº 3 donde se informa por la demandada que es del 21,64 %, y debemos considerar que el interés fijado y no pactado era superior al interés de mercado para los préstamos de consumo.

Y ello es así porque la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, fijó como parámetro de comparación o límite para declarar usurarios los intereses remuneratorios, que los pactados duplicaran el normal de mercado aplicable a los préstamos al consumo a la fecha de concertar el contrato.

E incluso en caso contrario considera esta Juzgadora que no es necesario ese parámetro de duplicidad, de forma que si el pactado excede notoriamente de los mismos aunque no alcance ese parámetro de la duplicidad, en la fecha de concertarse el contrato, siendo notablemente superior al del mercado para los préstamos al consumo, ha de considerarse manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

La entidad financiera que concedió la tarjeta revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

La operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:

1º. El interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;

2º. La entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la demandante.

Por todo ello debe de ser estimada la demanda declarando nulo el contrato de tarjeta de crédito firmado por contener un tipo de interés usurario y todo ello origina unos actos jurídicos con lo que correspondería devolver al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales.

TERCERO: Estimada la demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, se imponen las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS S.A y debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Alcampo suscrita en fecha 23 de abril de 2004 por tipo de interés usurario con todos los efectos jurídicos correspondientes y debo condenar y condeno a la parte demandada que devuelva al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifiques esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

4 comentarios para Oney Servicios Financieros S.A devuelve 6.812,56 € a un usuario de EZ tras la nulidad de una tarjeta de crédito Alcampo con un interés usurario del 21,64 % TAE

  • Dana

    Buenas noches.

    Tengo una tarjeta Oney desde el 2006. Casi 22% de intereses en aplazamiento de compra-ahora mismo ya no me cobran intereses.

    El problema es que no encuentro ningún recibo, he acudido al OMIC, no me quieren hacer llegar ninguno, pero sí reconocen que desde el 2010 hasta casi hace 2 años, he pagado casi 7000€ de intereses. Era para saber si se podía hacer algo.

    Gracias de antemano.

    • Economía Zero

      Buenas Dana y gracias por contactar con nosotros.

      La TAE aplicada que nos indicas, según los últimos criterios del Tribunal Supremo, no es de usura. Esto se debe a que el Tribunal Supremo sentenció el pasado marzo de 2020 que las tarjetas de crédito pueden reclamarse cuando tienen una TAE que supere en varios puntos porcentuales el 20 %.

      No obstante, si el contrato es anterior a junio de 2010, como es tu caso, la reclamación es totalmente viable. Además, es bastante posible que el contrato tenga una serie de defectos que pueden provocar también la nulidad del contrato y conseguir la devolución de todos los intereses, comisiones y demás cobros indebidos que te han aplicado (que es el que conseguimos cuando tenemos una TAE superior al 22’50 %). Esto es lo que se llama comúnmente «falta de transparencia en la contratación» y existe cuando desde la entidad emisora no te han informado de cómo funciona la tarjeta, de cuánto ibas a pagar de intereses, del método revolving. También existe cuando no firmaste el contrato, o no te entregaron una copia o han modificado las condiciones del mismo unilateralmente, etc.

      Yendo a la reclamación en sí, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, mediante este procedimiento lo que conseguimos es que se declare la nulidad de la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos.

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad de la tarjeta es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal de la cantidad prestada y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales, ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del contrato, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos en un PDF las fases de la reclamación y los posibles costes.

      Cualquier duda que tengas, puedes llamarnos al 987 025 011.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos necesarios para formalizar tu reclamación son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI y copia escaneada del mismo.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de tarjeta con la que identificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tienes recibos mensuales, extractos o contratos de las tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conserves todo o directamente nos lo envíes para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Estamos a tu disposición para cualquier aclaración que precises.

      Saludos cordiales.

  • Juan

    Buen día Sergio, por lo que leo, Oney no quiere rescindir nada.

    Pues sigamos adelante, yo con que rescindan el contrato y me den 800€ ya lo veo justo.

    No quisiera dilatar más la cosa, me quito un peso de encima y me basta para pagarles a Uds.

    Así que ya me contaras los pasos a seguir.

    Un saludo.

    • Economía Zero

      Hola Juan

      Perfecto! Tomamos nota de lo que nos comentas, y vamos a derivar tu caso al Despacho de Abogados para que comiencen con la tramitación de la parte judicial de esta tarjeta, dejando la tarifa pendiente de pago para cuando finalice el procedimiento.

      En los próximos días te enviaremos un email con los datos de contacto de este despacho para que sepas desde qué número te van a llamar y conozcas su correo electrónico.

      Quedamos a tu disposición ante cualquier duda o consulta.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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