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Oney Servicios Financieros condenado a anular una deuda de 2.585,55 € a un usuario de EZ por aplicar usura

Oney Servicios Financieros condenado a anular una deuda de 2.585,55 € a un usuario de EZ por aplicar usura

El Juzgado Mixto Nº 4 de Linares, condena a la empresa Oney Servicios Financieros EFC SAU a la nulidad, por usura, del contrato de préstamo de una tarjeta de crédito revolving Alcampo Oney.

El interés remuneratorio pactado entre las partes por dicha tarjeta revolving fue del 19,92 % TIN y 21,84 % TAE mientras que, en el momento de suscribir la solicitud de Crédito, el interés medio para operaciones de préstamos al consumo era del 9,80 %.

Todo lo anterior conlleva a dictar el interés impuesto en el contrato como desproporcionado y, por tanto, usurario. Por ello, la parte actora sólo deberá abonar al demandado la cantidad realmente prestada.

La Magistrada del caso, ante los hechos que se muestran, declara nulo el contrato de tarjeta de crédito y condena a la sociedad a la devolución a la parte actora de la cantidad pagada por ésta que haya excedido del total del capital efectivamente prestado.

Los intereses legales de dichas cantidades desde la interposición de la demanda se imponen a la demandada, así como las costas del proceso judicial.

Ésta reclamación fue ejecutada por nuestro Letrado colaborador Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, gracias al cual el usuario de Economía Zero pudo recuperar el dinero indebidamente pagado a Oney.

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JUZGADO MIXTO Nº 4 DE LINARES

Demandante: D. XXXXX
Abogado: D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta
Procuradora: Dña. XXXXX

Demandado: D. WIZINK BANK, S.A.
Abogado: D. XXXXX
Procuradora: Dña. XXXXX

SENTENCIA Nº 113/2019

En Linares, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.

La Sra. Dª. XXXXX, MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO MIXTO Nº 4 DE LINARES, habiendo visto y oído el juicio ordinario promovido por la Procuradora Dª. XXXXX en representación de D. XXXXX, defendido por el Letrado D. RODRIGO PEREZ DEL VILLAR CUESTA, contra ONEY SERVICIOS FINANCIEROS EFC SAU, representado por la Procuradora Dª. XXXXX y defendido por el Letrado D. XXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Dª. XXXXX en representación de D. XXXXX formuló demanda de juicio ordinario contra la demandada. Admitida la misma se dio traslado a la demandada, la cual contestó en el plazo legal.

SEGUNDO.- Se citó a las partes a la celebración de la Audiencia Previa, admitidas las pruebas que se estimaron convenientes, se citó a las partes a la celebración del Juicio, tras la práctica de la prueba y las conclusiones orales quedaron los Autos vistos para Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte demandante acción individual de nulidad de contrato de préstamo por usuario, alegando que el contrato de la tarjeta de crédito Alcampo Oney (revolving) de 22 de junio de 2007, se le ha aplicado una TASA ANUAL EQUIVALENTE de 21,84 %, siendo la misma abusiva, además de ser el contrato ilegible. La demandada se opone alegando que la demandante sigue debiendo dinero y que la demandada se está confundiendo ya que en las tablas del Banco de España se excluyen los intereses aplicados a la tarjeta de crédito con pago aplazado, como es la tarjeta en cuestión. El contrato en el que se basa la reclamación es un contrato de tarjeta de crédito.

SEGUNDO.- En cuanto al fondo de la cuestión, lo primero que se debe de advertir es que el interés remuneratorio que es el precio que se paga por tomar dinero a préstamo forma parte esencial del contrato y, consecuentemente, la cláusula que lo establece queda excluida de cualquier control de abusividad, pero ello no significa que el interés remuneratorio se encuentre exento de cualquier control, así lo está al de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, en el caso de intereses remuneratorios desproporcionados o manifiestamente excesivos que originan un desequilibrio entre las prestaciones pactadas por las partes.

En relación con la aplicación de la Ley de Represión de la Usura al contrato de crédito debe decirse que la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 declara en relación con un contrato de revolving que «aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece:

«Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo» y que «la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente » al préstamo«.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo procede analizar si los intereses establecidos en el contrato son usurarios, teniendo presente que en la anteriormente citada sentencia del Tribunal Supremo se declara que «para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«, criterios, o requisitos estos, que la demandada mantiene que sí tienen que darse, lo que no se acepta.

TERCERO.- En el presente supuesto, el interés remuneratorio fue del 19,92 % TIN y 21,84 % TAE, debiendo ser dicho interés el que ha de tomarse en consideración para determinar si es notablemente superior al normal del dinero, recordando el Tribunal Supremo que «para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)«.

Asimismo debe tenerse presente que si el interés resulta anormalmente alto habrá que valorar si concurren circunstancias excepcionales relacionadas con el riesgo de la operación, sin que quepa, como dice el Tribunal Supremo, alegar como riesgo que justifica dicho interés el «alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

En el supuesto que aquí se examina en el momento de suscribir la solicitud de Crédito, junio de 2007, el interés medio que ofrecían las entidades bancarias españolas para operaciones de préstamos al consumo de entre uno a cinco años era del 9,80 % y en las operaciones de otros fines por plazo superior a cinco años el interés era del 6,69 %.

Por tanto, un interés remuneratorio del 21,84 % resulta claramente desproporcionado, sin que la entidad bancaria haya acreditado que concurran circunstancias excepcionales que justificasen dicho interés, debiendo ser declarado usurario.

El carácter usurario del crédito conlleva su nulidad, siendo las consecuencias de la misma las previstas en el art. 3 de la ley de Represión de la Usura, debiendo el prestatario devolver sólo la cantidad recibida, como ha solicitado la demandante, además se debe tener en cuenta la ilegibilidad de contrato.

CUARTO.- Las cantidades devengarán los intereses legales desde la reclamación judicial, tal como se ha probado la misma.

QUINTO.- Conforme dispone el Artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y habiéndose estimado la demanda íntegramente, las costas causadas se imponen a la demandada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;

FALLO

Que estimando íntegramente como estimo la demanda interpuesta debo declarar y declaro usurarios los intereses remuneratorios establecidos en el contrato firmado por el demandante con la demandada, intereses de las tarjetas de crédito contratadas en junio de 2007, declarándose la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 22 de junio de 2007 y se condena a la demandada a que devuelva a la demandante la cantidad pagada por ésta que haya excedido del total del capital efectivamente prestado, más los intereses legales de dichas cantidades desde la interposición de la demanda y con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días ante este Juzgado que será resuelto por la Ilma Audiencia Provincial de Jaén.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada Juez que la ha dictado estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que yo la Secretaria doy fe.

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