No hay que darle tiempo a los corruptos

Les voy a dar diez razones para limitar los mandatos de los políticos:

Primera razón: Manuel Bustos.

Alcalde de Sabadell. Imputado por el «Caso Mercurio». Corrupción urbanística. Según las conversaciones grabadas por la policía, Bustos, a quien llamaban «El Capo», estaba, como mínimo, sal corriente del pago de comisiones por adjudicaciones de obra.

Llevaba 21 años ininterrumpidos como concejal y alcalde en Sabadell. Antes había sido diputado en el Parlament de Catalunya. Actualmente ocupaba más de 20 cargos distintos sumando los municipales y los orgánicos dentro del PSC.

Su sueldo, sumando lo que cobraba como alcalde y como miembro de la Diputación de Barcelona, superaba los 120.000 euros anuales. Antes de su carrera política, Bustos había trabajado como conserje en un museo.

Segunda razón: Francisco Camps.

President de la Generalitat valenciana entre 2003 y 2011. Imputado y finalmente absuelto por el «Caso de los trajes». Sigue abierto todo el sumario del «caso Gürtel» por el cual distintos colaboradores de Camps están imputados judicialmente.

Se acusa al gobierno que presidía, así como al partido del que era el máximo responsable, el PP, de distintos delitos ligados a la malversación de caudales públicos y la financiación ilegal de las campañas electorales.

La carrera política de Francisco Camps empezó en 1991, cuando Rita Barberá lo nombró concejal de Tráfico de Valencia. Posteriormente fue diputado estatal y autonómico, miembro de la Mesa del Congreso, Secretario de Estado y Delegado del Gobierno en el País Valenciano.

Encadenó 20 años de dedicación a la política. Licenciado en Derecho, no tiene otro currículum profesional que la política.

Tercera razón: Bertomeu Muñoz.

Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Implicado en el «Caso Pretoria» de corrupción urbanística. Está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude y  falsedad de documento oficial.

Empezó como concejal en Santa Coloma en 1983 y no dejó el Ayuntamiento hasta su detención en 2009. Fueron 26 años seguidos. Desde 2004 también ocupaba la vicepresidencia de la Diputación de Barcelona.

Cuarta razón: Alberto López Viejo.

Viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes del gobierno de Madrid presidio por Esperanza Aguirre. Dimitíó por su implicación en el «caso Gürtel». El juez le imputó  cinco delitos diferentes: cohecho, prevaricación, malversación, fraude fiscal y fraude contra la Administración.

López Viejo, licenciado en Derecho, empezó como concejal en el ayuntamiento de Alcobendas en 1991, después pasó por el ayuntamiento de Madrid y el Parlamento autonómico.

El caso es que cuando dejó la consejería de Deportes por sus problemas judiciales, López Viejo llevaba 18 años encadenando responsabilidades políticas, trufadas, por cierto, por mil escándalos.

Quinta razón: Rafael Blasco.

Consejero del gobierno de la Generalitat Valenciana y portavoz parlamentario del PP hasta 2012. Imputado en el «Caso Cooperación». La causa investiga el presunto desvío de ayudas concedidas por la consejería de Solidaritat para proyectos de Cooperación en el Tercer Mundo.

Dinero que tenía que ir para proyectos solidarios acabaron invertidas en pisos en Valencia y en cuentas en Miami. A Blasco se le imputan presuntos delitos de prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Rafael Blasco, que empezó militando en el FRAP durante el franquismo, ya fue Consejero de la Generalitat valenciana en los años 80 con el gobierno del PSOE.

Siendo consejero de Urbanismo con Joan Lerma, éste le destituyó por su implicación en un caso de corrupción urbanística que no desembocó en condena ya que las grabaciones policiales base de la investigación fueron anuladas por defectos de forma.

Blasco sigue como diputado autonómico del PP. Con los socialistas encadenó 10 años de cargo en cargo; con el PP, lleva 17.

Sexta razón: Antonio Fernández García.

Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010. Imputado y encarcelado por el «caso de los ERE» en Andalucía (prejubilaciones irregulares). Llegó pagarse un ERE para si mismo. Entró en política en 1983 como concejal en Jerez de la Frontera. Estuvo en ella 27 años ininterrumpidos.

Séptima razón: Enrique Crespo.

Alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Imputado en el «caso Emarsa» que investiga posibles delitos societarios, de estafa y malversación de caudales públicos.

Emarsa era una empresa pública de depuración de aguas en la que se detectó un agujero económico que podría rondar los 40 millones de euros. Crespo era su presidente. Enrique Crespo entró como concejal en el ayuntamiento de Manises en 1995 y desde 1999 hasta 2012 fue su alcalde, cargo que compatibilizó con el de diputado provincial vicepresidente de la corporación.

En total, 17 años. Ahora tiene una segunda causa abierta ya que en Navidades de 2011 el segundo premio de la Lotería Nacional le tocó al PP de Manises, partido que él presidía. Crespo reconoció que había resultado agraciado con bastante dinero pero, cuando el juez se lo reclamó ante posibles responsabilidades por el «caso Emarsa», negó tener ningún boleto.

Ahora él, junto a sus padres y un hermano, han sido imputados por alzamiento de bienes, ya que, para presentarse como insolvente, Crespo habría repartido entre su familia los décimos premiados.

Octava razón: Francisco Rodríguez.

Alcalde de Orense. Dejó su cargo hace apenas dos meses al verse implicado en el «Caso Pokémon». La juez le imputó por presunto cohecho y prevaricación. En el «caso Pokémon» se investiga una presunta trama de comisiones ilegales a partir de distintas adjudicaciones de obras.

Además de Rodríguez, socialista, hay otros concejales y alcaldes gallegos imputados, tanto del PP como del BNG. Francisco Rodríguez llegó en 1983 al ayuntamiento de Orense y ocupó su alcaldía desde 2007 hasta su dimisión en septiembre pasado. También ha sido diputado autonómico. Lleva, pues, 29 años seguidos en política.

Novena razón: Jaume Matas.

President del Consell de les Illes Balears y ministro de Medio Ambiento en el gobierno de José María Azar. Está imputado por doce presuntos delitos diferentes en distintas causas: prevaricación, delito electoral, malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal…

Matas se estrenó en cargos públicos en 1989 como director general de Presupuesto con Gabriel Cañellas de president balear. Encadenó, pues, 18 años de cargo en cargo. A nivel orgánico, Matas también era el líder de PP balear.

Décima razón: Carlos Fabra.

Presidente de la Diputació de Castellón y concejal en Castellón. Empezó militando en UCD y de ahí a Alianza Popular, luego Partido Popular. Concejal desde 1987, presidió de la Diputación Provincial de Castellón entre 1995 y 2011.

Fabra ha estado 24 años  seguidos con responsabilidades públicas, siendo, al mismo tiempo, líder de su partido en la provincia. Nada pasaba en Castellón sin que Carlos Fabra lo supiera y lo aprobase.

En resumen, ¿qué tienen en común mis diez razones? Pues que ninguno de lo mencionados llevaba menos de diecisiete años seguidos en política. ¿Esto quiere decir que todos los que llevan diecisiete o más años en política son corruptos? No.

Simplemente, repito, y no me parece un dato menor, que todos los implicados en los casos de corrupción comentados llevaban diecisiete o más años de cargo público en cargo público, de jefatura orgánica en jefatura orgánica.

Por tanto, y por más que alguien pueda decir que igual pagan justos por pecadores o que se truncan dignísimas carreras políticas, nadie debería eternizarse ni en los ni en los cargos públicos, ni en las cúpulas de los partidos.

El ejercicio de la política no puede ser la estación definitiva para nadie. Es muy peligroso. Llámese tentación, llámese como se quiera pero es un hecho objetivo que las posibilidades de entrar en una trama corrupta aumentan según los políticos se acostumbran a su puesto. Se tiene que estar de paso.

Ejercer y parar; descansar, alejarse del poder y, si se quiere, pasado un tiempo volver. Si la política es vocacional que lo sea de verdad, no hay que estar viviendo de la vocación. Es imprescindible limitar los  mandatos, poner topes a la continuidad en determinados cargos: ¿ocho, diez, doce años…? Ni uno más.

Es urgente e importante. Renovación, imposibilidad de eternizarse, procurar que no se disponga de tiempo para adquirir más vicios de los necesarios, no desconectar del mundo real, no perder la profesión de origen, no profesionalizar la política, no generar redes clientelares.

Por todo eso, se debería legislar sobre limitación de mandatos y hacerlo ya.

Fuente: Juliá Álvaro