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La desobediencia civil no violenta es un arma al alcance de la gente común

La desobediencia civil no violenta es un arma al alcance de la gente común

Quienes llevan años de experiencia en la desobediencia civil no violenta, como Carlos Pérez Barranco, la consideran como algo “fortalecedor y al alcance de cualquiera”. No es una práctica limitada a especialistas, expertos y mártires. A partir de unos conocimientos básicos, “es un arma que puede utilizar la gente común”.

Carlos Pérez Barranco participó desde mediados de los 90 en el movimiento de insumisión en los cuarteles en el estado español. Su coherencia le llevó a la prisión. Permaneció un año y cuatro meses en la cárcel, primero preventiva y en la segunda ocasión cumpliendo una condena por deserción. El activista ha compartido su experiencia en materia de desobediencia civil no violenta en la Asociación de Vecinos de Vilanova del Grao (Valencia).

Pueden aportarse numerosos ejemplos históricos de resistencia civil no violenta. Algunos, como Gandhi, Mandela o Martin Luther King, casi se han convertido en tópicos. “Pero no son los únicos ni siquiera los más destacados”, matiza Carlos Pérez. “Prefiero destacar las campañas de colectivos sin necesidad de que cuenten con un líder”, añade.

Otros ejemplos más cercanos, como la insumisión al servicio militar obligatorio en España, también supusieron un enfrentamiento abierto con la legalidad vigente. Los activistas arrostraban la amenaza de cárcel, pero también utilizaban las condenas de prisión como herramientas a favor de sus reivindicaciones. La ocupación de las plazas el 15 de mayo de 2011 y el movimiento de resistencia a los desahucios ponen de manifiesto el desarrollo de estas prácticas en los últimos tiempos.

Por principio, la desobediencia civil es “ilegal”, explica Carlos Pérez Barranco. Pone el ejemplo de las acciones de la PAH. Ante una orden judicial, los manifestantes oponen resistencia en la puerta de la casa donde va a producirse el desahucio. Pretenden así evitar que una acción “legal” se lleve a término. Pese a ser “ilegal”, subraya Carlos Pérez, “las acciones de desobediencia civil no se esconden; se trata de atraer la atención y denunciar algo que normalmente se oculta”.

La primera reacción ante los actos de desobediencia es tacharlos de “ilegales”. ¿Cómo responder? Según el activista, haciendo explícita “nuestra legitimidad”. En el caso de la campaña por la insumisión en los cuarteles, “nos justificábamos con nuestra oposición al servicio militar, la guerra y los ejércitos”. Las acciones de la PAH se legitiman con argumentos como la “estafa bancaria” o el derecho a la vivienda. Se presenta siempre, así pues, un conflicto entre “legalidad” y “legitimidad”.

En las acciones de desobediencia civil no sirve cualquier motivación. Ésta no ha de ser personal, sino colectiva. “Las acciones deben apelar a valores que compartimos muchos, como la paz, la justicia o el medio ambiente, lo que nos legitima para actuar en contra de la ley”. “Por eso se trata de acciones de carácter político y transformador”, añade Carlos Pérez.

En resumen, los actos de desobediencia han de ser públicos, conscientes y planificados, y responder a una motivación colectiva. Se trata, en definitiva, de abrir un debate social en torno a un problema que interesadamente se invisibiliza. Estas acciones reivindicativas se sitúan en un terreno intermedio entre las marchas y manifestaciones tradicionales (que para algunos se antojan ya insuficientes) y el recurso a la violencia.

Pero tampoco existe una definición cerrada de desobediencia civil que la agote en un marco teórico. Según Pérez Barranco, “se trata de una ideología muy ligada a la práctica, no un concepto que haya inventado un catedrático de Filosofía del Derecho; la desobediencia civil no violenta se define y construye sobre la práctica”. Es, además, “radicalmente democrática; apela a valores sociales y de base”. “Tampoco se busca manipular a nadie ni hacer de las personas un instrumento para alcanzar determinados fines”.

¿Qué sentido tienen estos actos de resistencia cívica hoy, en plena coyuntura de crisis? El activista de Alternativa Antimilitarista-MOC responde que se trata de acciones “eficaces” y “que permiten cambiar las cosas, aunque no son la panacea”. Desde su experiencia en las campañas contra el servicio militar obligatorio (que en la década de los 80 era casi sagrado, pero que en 2001 se derogó), “cuando la desobediencia civil se ha usado de manera inteligente y sostenida, y ha conectado con la sociedad, ciertamente ha logrado transformaciones”. Prueba de la eficacia de esta herramienta son las acciones de la PAH, que han generado un debate social al denunciar un problema (los desahucios) que padece en carne viva la población.

Corren buenos tiempos para la desobediencia civil. Actualmente el colectivo antimilitarista transmite su experiencia de años en este ámbito, “tras una larga travesía en el desierto en la que nadie nos hacía ni caso”, apunta Pérez Barranco. Imparten talleres en los que se enseñan nociones teóricas, cómo organizar una campaña de desobediencia y las circunstancias que pueden surgir en la misma. “Hoy vivimos un momento de efervescencia”, apunta Carlos Pérez, entre otras razones, por las limitaciones que presentan herramientas tradicionales como manifestaciones, concentraciones o recogida de firmas.

Además, según el activista contra los ejércitos, “hubo un momento en que esta forma de resistencia era una opción; pero sucede que nos están arrinconando tanto, que dentro de poco será la única. Por eso es tan importante que se extienda cierta cultura de la desobediencia cívica”. Para este convencido antimilitarista, resulta “muy gratificante” ver cómo gente que, sin responder a un perfil militante, opta por formas de desobediencia sin partir de teorías y sin dar publicidad a sus actos. Así ocurre con las familias que, en Sevilla, Valencia o Cataluña, ocupan los pisos en los que vivían u otras viviendas después de ser desahuciados.

Conviene, sin embargo, delimitar bien la cuestión. La desobediencia civil no es la vía más cómoda y sin riesgos para transformar las cosas. El miembro del movimiento antimilitarista advierte ante posibles confusiones: “las acciones pueden tener un coste personal; es un error pensar lo contrario; si alguien quiere evitar un juicio o pasar por la cárcel, es preferible que haga otra cosa. Sobre todo, por una razón. Porque estamos cometiendo una acción ilegal”. Además, “si se produce un juicio o condena, ha de utilizarse como altavoz, como una parte de la misma acción de desobediencia”. “Pero tampoco -matiza Carlos Pérez- nos gusta ser unos mártires que pretendamos ingresar en la prisión”. Por eso, “hace falta una preparación previa y calcular las consecuencias de las acciones, también organizar grupos de apoyo”.

Se trata, además, de que la represión afecte a los poderes que la ponen en práctica. Y es posible conseguirlo. Por ejemplo, los discursos que criminalizan a los activistas de la PAH por los escraches se vuelven contra el PP. “La gente conoce casos cercanos de desahucios y no se cree las acusaciones de nazismo”, apunta Carlos Pérez Barranco. Finalmente, el objetivo es lograr una especie de efecto bumerán o, como sucede en las artes marciales (singularmente el Jiu-Jitsu), utilizar la fuerza del adversario para derribarlo y vencerlo. “Si los desobedientes están bien organizados y conectan con la gente, ésta ve los castigos como algo desproporcionado, y el coste político y en imagen lo termina pagando el enemigo”.

Redes sociales y medios de comunicación alternativos desempeñan un rol esencial para conseguir el efecto bumerán. Entre otros muchos ejemplos, esto pudo apreciarse durante la represión de la “primavera valenciana” o las cargas policiales en el barrio valenciano del Cabanyal, en 2010. Las imágenes de los golpes brutales a personas que se manifestaban en actitud pacífica recorrieron el mundo. Al día siguiente, y dada la difusión de vídeos y fotografías, la policía recibió órdenes de no actuar. “Ésa es la fuerza y la protección fundamental de quienes practican la desobediencia civil no violenta”, subraya el activista.

Dentro de las variopintas formas de enfrentarse al poder, la de violencia es, junto a la de participar o no en las instituciones, una de las que suscita mayores debates en las organizaciones sociales. Carlos Pérez Barranco entra en la polémica: “Primero hemos de vacunarnos contra lo que el poder nos dice que es violencia; consideran que lo es poner una pegatina en la puerta de la casa de un diputado, pero no echar a una familia de su hogar; eso sí, con la ley de su parte”. Ahora bien, introduce matices. Dice que en las acciones y campañas de desobediencia “hemos de ser cuidadosos”. Sin entrar en el ámbito moral de las condenas, “lo políticamente adecuado, si se quiere conectar con la gente, es evitar imágenes de fuego en contenedores; es un error político que le pone las cosas muy fáciles al poder”.

A esto se añade otro argumento de mucho calado. La relación entre los medios y los fines. Según Carlos Pérez, “cuando se quiere practicar la desobediencia civil, el método sí importa; aunque el fin sea legítimo, no sirve cualquier medio”. Es más, “los medios prefiguran el fin por el que uno está luchando”. Así pues, “el sufrimiento y el dolor hemos de canalizarlo de manera ilegal, pero no violenta”. Sin caer en caricaturas simplonas, como la de “poner la otra mejilla”, concluye.

Fuente: Rebelión

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