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Condena contra Wizink por usura devuelve 17.109,05€

El Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Orihuela dicta condena contra Wizink por usura y falta de transparencia obligando a devolver 17.109,05€.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta de crédito ( tipo revolving ), con fecha año 2012 en el cual se estipularon unos intereses del 26,77% muy superior al precio del dinero en esas fechas.

El actor presentó requerimiento extra judicial solicitando la nulidad del contrato por su carácter usurario oponiéndose a ello la entidad demandada.

El Magistrado del caso estima la demanda y dicta condena contra Wizink anulando el contrato suscrito entre las partes por considerarlo usurario, obligando a la entidad a devolver todo lo pagado por encima del capital prestado inicialmente suma que asciende a 17.109,05€.

En la siguiente condena contra Wizink se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

El Letrado colaborador de Economía Zero Don Daniel González Navarro, ha sido el encargado de conseguir la siguiente condena contra Wizink.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 DE ORIHUELA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] – 001130/2020-

De: D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Contra: D/ña. WIZINK BANK SA

Procurador/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA Nº6/2022

En Orihuela, a 13 de enero de 2022, vistos por mí, D. XXXX, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº4 de esta ciudad y su partido, los presentes autos de juicio ordinario 1130/2020, promovidos por el Procurador D. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, asistido por el Letrado D. Daniel González Navarro, contra la mercantil Wizink Bank SL, representada por la Procuradora Dña. XXXX y asistida por el Letrado D. XXXX, en ejercicio de la acción para declarar la usura, procede dictar, en nombre de Su Majestad El Rey Felipe VI de España, lo siguiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 13 de octubre de 2020 se registró demanda presentada por el Procurador D. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, solicitando sentencia estimatoria por la que se declare.

A.- La nulidad por usura de la relación contractual objeto del presente contrato, condenando a la demandada a la restitución de todos los efectos dimanantes de la nulidad , junto con intereses y costas procesales.

B.- Subsidiariamente, declare la nulidad de determinadas cláusulas, con obligación de devolver las cantidades cobradas en aplicación de las mismas, junto con intereses y costas procesales.

SEGUNDO: Por decreto de 17 de noviembre de 2020 fue admitida la demandada, una vez subsanados los defectos apreciados en la misma, siendo emplazada la parte demandada para proceder a su contestación.

TERCERO: Por escrito fechado el 18 de febrero de 2021 se presentó contestación a la demanda, solicitando la desestimación de la misma con imposición de costas a la parte actora.

CUARTO: El 12 de enero de 2022 se celebró la audiencia previa. Siendo la prueba admitida la documental obrante en autos, el juicio quedó visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Tal como se ha expuesto en los antecedentes de hecho de la presente sentencia, la pretensión principal tiene por finalidad la declaración de usurario del tipo de interés remuneratorio fijado en el contrato celebrado por las partes en el año 2012, siendo este un TAE del 26,77%, cifra no impugnada por la demandada.

Si bien alega una reducción voluntaria como consecuencia de los dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020, solicitando subsidiariamente la declaración de nulidad de determinadas cláusulas.

La mercantil demandada considera ajustado a derecho el tipo pactado, alegando, tal como se ha expuesto, la reducción voluntaria del mismo, considerando que todas las cláusulas del contrato cumplen con los requisitos necesarios para su incorporación.

Como cuestiones procesales alego la suspensión por interposición de cuestión prejudicial, así como la cuantía del procedimiento.

SEGUNDO: Sobre la suspensión por prejudicialidad civil, denegada en el acto de la audiencia previa, cabe traer a colación, por ejemplo, el auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de julio de 2021, estimatorio del recurso interpuesto contra la decisión de suspender el procedimiento, donde se expone: “Debemos partir de lo que lo que, en términos generales, señala la STS, Sala 1ª, de 20 de septiembre de 2011.

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha destacado -así en la Sentencia de 6 de octubre de 1982 (C-283/81)- que la cuestión prejudicial constituye un útil mecanismo de cooperación para hacer posible que cumpla con la mayor eficacia su función de indicador de las pautas que han de tener en cuenta los Tribunales nacionales al interpretar y aplicar el derecho comunitario, incluso aunque no haya estricta identidad entre las cuestiones debatidas en los respectivos procesos.

Es cierto, por otro lado, que el Reglamento (CE) 1/2003 establece mecanismos de cooperación entre las autoridades responsables de la competencia y los Tribunales de los Estados miembros, como consecuencia de inspirarse en el propósito de garantizar, en un sistema de competencias paralelas, el respeto de los principios de seguridad jurídica y aplicación uniforme de las normas comunitarias a que se refiere – considerandos 8 y 22-.

Ello, sin embargo, no implica admitir que las infracciones denunciadas en el recurso – referidas no a la negativa del planteamiento de la cuestión, sino a la de suspender el trámite – se han producido.

El artículo 16 del mencionado Reglamento contempla – bajo el epígrafe » aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia » – la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales suspendan la tramitación de los procedimientos que ante ellos se tramiten cuando deban adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con alguna de la Comisión prevista en procedimientos que dicho órgano ya haya incoado.

No se refiere, sin embargo, a la suspensión de un proceso por haberse planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial pendiente de decisión – sobre ello, nuestra sentencia 382/2011, de 13 de junio -.

El artículo 234 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea hoy 267 del de Funcionamiento de la Unión Europea – no impone a los órganos jurisdiccionales nacionales la suspensión del procedimiento cuando se esté tramitando una cuestión prejudicial sobre alguna materia relacionada con la que en él sea » res iudicanda «.

Sólo contempla la posibilidad de someter la cuestión al Tribunal de Justicia y el deber de hacerlo sólo si las decisiones de aquellos no fueran susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, y, como precisó la antes citada sentencia de 6 de octubre de 1982 (C-283/81 ).

«A menos que hayan comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente o que la comunitaria de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia o que la correcta aplicación del derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna».

El artículo 43 de la ley de enjuiciamiento civil contempla la posibilidad de la suspensión del curso de las actuaciones, a petición de las dos partes o de una, oída la contraria, a la espera de que finalice el proceso que tenga por objeto una cuestión prejudicial civil. Pero no se refiere a la prejudicialidad comunitaria, sometida a un régimen particular y distinto.»

Por tanto, tal y como aduce el apelante, el Alto Tribunal aclara que: a) el 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no impone a los órganos jurisdiccionales nacionales la suspensión del procedimiento cuando se esté tramitando una cuestión prejudicial sobre alguna materia relacionada con la que en él sea » resiudicanda «.

Sino que sólo contempla la posibilidad de someter la cuestión al Tribunal de Justicia y el deber de hacerlo sólo si las decisiones de aquellos no fueran susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, y b) lo dispuesto en el art.43 LEC no se refiere a la prejudicialidad comunitaria, sometida a un régimen particular y distinto.

Por tanto, como bien se señala en el auto objeto de recurso, no procede acordar la prejudicialidad civil solicitada por la demandada ex art.43 LEC. Lo procedente, en su caso, sería que el Juzgado plantease, a su vez, una cuestión prejudicial, lo cual se reconoce en la resolución recurrida que es una potestad.

Pero no una obligación, puesto que el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE prevé la obligación de plantear la cuestión aquel tribunal cuya resolución no sea susceptible de ulterior recurso en el Derecho interno. Y, en este caso, la sentencia que se dicte es susceptible de recurso de apelación”.

Por lo expuesto, el planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de otro órgano judicial, no obliga a la suspensión de este procedimiento en aplicación del Art. 43 LEC.

Con relación a la cuantía del procedimiento, cabe igualmente desestimar la alegación de la parte demandada, puesto que, tratándose de un contrato que permanece vigente, no es hasta la declaración de nulidad del mismo cuando se puede conocer el momento final con el que hacer el cómputo de los intereses indebidamente abonados.

Por lo que, hasta esa fecha, en caso de estimarse la pretensión principal, no puede conocerse realmente el importe de cada una de las partidas que correspondería abonar a cada parte.

TERCERO: La sentencia de 6 de mayo de 2021 de la sección novena de la Audiencia Provincial de Alicante, señala.

“Segundo.- Intereses remuneratorios .

Aplicación de la Ley de Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908 . Contrato de tarjeta de crédito .

Expone la resolución impugnada que para analizar si el tipo de interés remuneratorio pactado es usurario «debe tomarse en consideración el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, obteniendo este dato de las estadísticas publicadas por el Banco de España con base en la información recibida de las propias entidades financieras.

Y ello porque en esa época no se publicaba otro índice más específico».

Pues bien, esta concreta cuestión ha sido resuelta por la STS. (Pleno de la Sala Primera) nº149/20, de 4 de marzo, en cuyo fundamento de derecho cuarto expone.

«Decisión del tribunal (II): la referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero.

Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias.

(Duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving(que en  el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%), ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20% , por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado   por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados«.

En consecuencia, esta pretensión de la parte apelante debe ser estimada, procediendo en el siguiente fundamento jurídico a decidir si, aplicando las estadísticas oficiales publicadas por el Banco de España en relación con el tipo medio utilizado para las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving.

Y comparando dichos tipos medios con el interés remuneratorio pactado en el contrato de tarjeta de crédito estipulado entre las partes, el mismo debe declararse usurario, con las consecuencias jurídicas oportunas.

Tercero.- Naturaleza usuraria del tipo de interés remuneratorio pactado en el contrato .

Nuevamente resulta de aplicación para resolver esta cuestión la STS. nº149/20, de 4 de marzo , la cual declara en su fundamento de derecho quinto lo siguiente.

«Decisión del tribunal (III): la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

 El extremo del art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura , que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece: «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal  del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso «.

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario.

En España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el   que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

6 .- El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al20% anual, es ya muy elevado.

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las  propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente.

Las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada    proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre , no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito».

Siendo el TAE aplicado de un 26,77%, siendo el tipo medio en el año 2013 para esta clase de operaciones de un 20,68%, reconociendo incluso la parte demandada como rebajó el tipo fijado, debe considerarse el mismo como usurario, ya que supone un incremento desproporcionado e injustificado sobre el tipo normal aplicable.

En este punto, no cabe considerar que la rebaja del tipo realizada por la entidad demandada, en modo alguno voluntaria, sino para evitar los efectos de un tipo usurario, permita la desestimación de la demanda.

Tal como señala la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, tampoco cabe aquí entender que la recepción prolongada en el tiempo de extractos de movimientos con el tipo aplicado suponga actos propios del consumidor, por cuanto la institución que aquí se aplica es la nulidad absoluta, no susceptible de convalidación.

En similar sentido, la Audiencia Provincial de León, en sentencia de 20 de julio de 2020 de su sección primera, considera: “El carácter usurario del crédito concedido conlleva su nulidad, que ha sido calificada como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva».

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura , esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Estas consecuencias operan por disposición legal, por lo que no es de aplicación la doctrina de los actos propios al no ser posible un acto confirmatorio de un acto radicalmente nulo.

Un acto jurídico reprobado por el ordenamiento jurídico no puede ser convalidado; ni siquiera aplicando la doctrina de actos propios. Así lo establece reiterada jurisprudencia que se refleja, entre otras, en la sentencia 654/2015 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 19 de noviembre .

«Pero debe tenerse en cuenta que, tratándose de nulidad radical (inexistencia) no cabe la confirmación o convalidación posterior del contrato.

Siendo doctrina reiterada de esta Sala que la inexistencia o nulidad radical no puede ser objeto de confirmación, o convalidable por los actos propios ( Sentencias de 11 de diciembre de 1986, 7 de enero de 1993 , 3 de mayo de 1995, 21 de enero y 26 de julio de 2000.

CUARTO: De conformidad con el Art. 394 LEC, la parte demandada deberá abonar las costas causadas.

FALLO

Debo estimar y estimo la demanda presentada por el Procurador D. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, contra la mercantil Wizink Bank SL, declarando la nulidad por usura del contrato celebrado entre las partes, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esa declaración, con lo efectos inherentes a la misma, entre ellos el de abonar por la actora solo el crédito efectivamente dispuesto, y, si se hubiese abonado una cantidad superior.

Condenar a la demandada al pago de la diferencia, junto con los correspondientes intereses y costas procesales.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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