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Hucha de reclamaciones de EZ

Cofidis se allana y es condenada a anular un crédito Direct-Cash de un usuario de EZ que recupera 12.257,10 €

Cofidis se allana y es condenada a anular un crédito Direct-Cash de un usuario de EZ que recupera 12.257,10 €

Cofidis se allana y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Astorga declara la nulidad del contrato de crédito Direct-Cash suscrito con un usuario de EZ que recupera 12.257,10 €.

La Letrada Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, colaboradora de Economía Zero, ha sido la encargada del presente litigio.

Por las partes, se pactó un contrato de crédito Direct-Cash, con fecha Julio del 2000, en el que se estableció un interés remuneratorio usurario.

La actora del presente litigio realizó una reclamación extrajudicial, con fecha 17 de julio de 2019, recibida por la entidad demandada por la que se dio respuesta por la misma negando la abusividad de los intereses remuneratorios contractuales

Ante lo anterior, se interpuso por parte de la actora demanda judicial  contra la Sucursal, suplicando la nulidad del presente contrato.

La entidad financiera presentó escrito allanándose a la demanda interpuesta, por lo que procede la declaración de nulidad del contrato litigioso.

La Juez del caso, tras estimar la demanda interpuesta contra Cofidis, S.A., sucursal en España, declara la nulidad por usura del contrato de crédito Direct-Cash suscrito entre las partes, así como del contrato de seguro asociado.

Asimismo, condena a la entidad demandada a restituir a la actora la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, suma que se eleva a 12.257,10 €.

Igualmente se efectúa expresa imposición de las costas procesales a la entidad demandada.

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JDO. PRIMERA INST. E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ASTORGA

SENTENCIA: 00024/2020

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000324 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE Dña. XXXXXX
Procuradora Dña. XXXXXX
Abogada Sra. Rodríguez Picallo

DEMANDADO D/ña. COFIDIS SA SUCURSAL EN ESPAÑA
Procurador D. XXXXXX
Abogada Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 24/20

En ASTORGA, a DIECISIETE de FEBRERO de DOS MIL VEINTE.

VISTOS por la Ilma. Sra. Dña. XXXXXX, MAGISTRADA-JUEZ Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Astorga y su partido judicial, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos bajo el número 324/19 entre partes, de una, como demandante, Dña. XXXXXX representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y defendida por la Letrada Sra. Rodríguez Picallo, y, de otra, como demandada, COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX y defendida por la Letrada SDña. XXXXXX, sobre ACCIÓN DE NULIDAD CONTRACTUAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX en nombre y representación de Dña. XXXXXX se interpuso demanda de juicio ordinario contra COFIDIS, S.A. Sucursal en España, sobre nulidad contractual; en cuya demanda, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes en apoyo de su pretensión, terminó con la súplica al Juzgado que, previa la tramitación del juicio, se dictase sentencia por la que, estimando la demanda se acuerde que:

1.-Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de solicitud de crédito DIRECT-CASH con nº XXXXXX suscrito por Dña. XXXXXX y COFIDIS, S.A., Sucursal en España, en Julio del año 2000, así como del contrato de seguro, condenando a la entidad demandada a restituir a Dña. XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.-Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare:

– La nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia–de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de solicitud de crédito DIRECT-CASH con nº XXXXXX, suscrito en Julio del año 2000, y se condene a la entidad demandada a restituirle a Dña. XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

– La nulidad por abusiva de la cláusula de comisión de devolución del contrato de solicitud de crédito DIRECT-CASH con nº XXXXXX, suscrito en Julio del año 2000, y se condene a la entidad demandada a restituirle a Dña. XXXXXX la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.-Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, emplazándole para que la contestase en el plazo de veinte días.

TERCERO.- Que por la demandada, COFIDIS, S.A. Sucursal en España y en su representación por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX se mostró allanamiento a la demanda, solicitando la no imposición de costas, quedando el juicio concluso para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretende la actora Dña. XXXXXX, con carácter principal, se declare la nulidad del contrato de préstamo denominado “Direct- Cash” suscrito con la entidad Cofidis S.A. Sucursal en España en julio de 2000, (documento nº 3 de la demanda) basándose en la nulidad de los intereses remuneratorios conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura y la STS de 25 de noviembre de 2015.

Subsidiariamente, solicita se declaren nulas, por abusivas, las cláusulas contractuales sobre interés remuneratorio y de comisión por devolución.

SEGUNDO.- Ante el allanamiento mostrado por la demandada a la pretensión que se le opone y no siendo, en el supuesto enjuiciado, el allanamiento contrario al interés general ni yendo en perjuicio de tercero ni conllevando el mismo fraude de ley, de conformidad con el último inciso del número 1 del artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede dictar sentencia en la forma que se dirá en la parte dispositiva de la presente resolución.

TERCERO.En materia de costas en efecto la parte demandada, una vez presentada la demanda, con posterioridad a su admisión a trámite y dentro del plazo para contestar, presentó escrito allanándose a la demanda y anunciando que procedería a la consignación de la cantidad, que calculada por esta parte, excedería del capital financiado, de 10.039,84 €.

El allanamiento es el acto de causación de la parte demandada por la que reconoce el fundamento de la pretensión y acepta sus consecuencias.

Si a ese acto se une el pago de lo reclamado, no por ello existe una auténtica satisfacción extraprocesal, en cuanto se produce no fuera o al margen del proceso, sino en el seno del mismo.

En tal caso, el pago será un complemento del allanamiento y constituirá un factor más a valorar para enjuiciar la conducta del que se allana.

Pues bien, desde esta perspectiva, la contestación contiene de forma expresa un allanamiento, pues en el él se dan todas las notas que lo caracterizan: reconocimiento del derecho subjetivo deducido en juicio y aceptación de la pretensión.

Dicho esto, y sobre el caso que nos ocupa, esto es el régimen de costas en el allanamiento, la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencias de fechas 12 de mayo de 2017, 25 de enero de 2018 y 22 de febrero de 2018 entre otras decía que:

Para resolver el recurso, hemos de partir de la regla general que, en el supuesto de allanamiento, es la no imposición de costas, salvo que se aprecie mala fe en el allanado«.

A tal respecto, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de febrero de 2016, recordando lo ya expuesto en las de 3 de julio de 2014, 22 de noviembre de 2012 y de 11 de julio, 11 de septiembre y 14 de noviembre de 2013, declaraba que:

La buena fe, que exonerará del pago de costas, resulta incompatible con la conducta de quien, sabedor de su obligación y de la reclamación del crédito, no trata de solventarlo extrajudicialmente, sino que obliga al acreedor a iniciar un proceso, que, a todas luces, se muestra innecesario en cuanto no haya base objetiva para la discusión.

Los derechos se crean y desenvuelven con vocación de ser respetados voluntariamente por quien a ello se ha obligado, de modo que el proceso ha de ser considerado como absolutamente subsidiario del cumplimiento voluntario, íntegro, incondicionado y temporáneo.

De otro modo, es decir, en caso de incumplimiento, el deudor incurre en responsabilidad (artículo 1.101 del Código Civil), siendo consecuencia de esta responsabilidad el deber de dejar indemne al acreedor, eliminando los perjuicios que el incumplimiento le haya originado, entre cuyos perjuicios se han de incluir los gastos precisos para reclamar judicialmente aquello que nunca debió llegar al ámbito del proceso.

De ahí que un importante sector de la doctrina entienda y enseñe que las costas han de imponerse al demandado, no obstante, su allanamiento, cuando se trate de reclamación de una deuda líquida, vencida y exigible, pues de lo contrario el reconocimiento del derecho, que incluso el propio demandado hace, sería un reconocimiento parcial, al deducirse del importe de la deuda los gastos realizados por el acreedor en el proceso”.

Por ello, se concluye que:

La mala fe procesal del allanado es la conducta del deudor que:

a) con conciencia de su obligación y de su plena exigibilidad,

b) mantiene una persistente y resuelta voluntad de impago o incumplimiento,

c) pese a la reclamación extrajudicial del acreedor, que ha manifestado, a su vez, que la relación obligatoria no está silente o latente, sino viva y en situación prelitigiosa”.

En este sentido, el artículo 395.1 de la LEC establece una presunción iuris et de iure de mala fe, en el caso de que, tratándose de una deuda líquida, vencida y exigible, haya mediado requerimiento fehaciente y justificado de pago o se haya iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra el deudor acto de conciliación.

Más ello no implica que la mala fe no pueda ser apreciada en otros supuestos, en los que, al no entrar en juego la presunción legal, habrá de determinarse la concurrencia de la mala fe por las circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la doctrina expuesta.

Pero en todo caso, la mala fe que sanciona el precepto citado no es la mera actitud pasiva del deudor, que identificaría cualquier incumplimiento con mala fe, sino la cualificada que deriva de conocer que el acreedor reclama el cumplimiento y, no obstante, no atenderlo sin razón alguna válida en Derecho.

En este caso, teniendo en cuenta que el presente procedimiento fue instado por la parte actora tras el envío a la parte demandada de la reclamación fechada el 17 de julio de 2019 (documento nº 1 de la demanda) siendo la contestación recibida por COFIDIS, S.A., sucursal en España de fecha 21 de agosto de 2019 negando la abusividad de los intereses remuneratorios (documento nº 2 de la demanda), se puede evidenciar que constituyen dicho requerimiento incardinable en los supuestos que el artículo 395.1 de la LEC enumera y que determina la imposibilidad de eximir a la accionada del pago de las costas procesales devengadas en el presente juicio.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX en nombre y representación de Dña. XXXXXX contra COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA declaro la nulidad por usura del contrato de solicitud de crédito DIRECT-CASH con nº XXXXXXX suscrito por Dña. XXXXXX y COFIDIS, S.A., Sucursal en España, en Julio del año 2000, así como del contrato de seguro, condenando a la entidad demandada a restituir a Dña. XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, según se determine en ejecución de sentencia, más los intereses legales devengados de dichas cantidades y con expresa imposición de costas a la demandada.

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACION ante este Juzgado dentro del plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación, recurso que se interpondrá de conformidad con lo establecido en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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