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Cofidis es condenado a anular el contrato de crédito suscrito con un usuario de EZ debiendo retribuir la entidad 6.665,06 €

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El Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de León declara nulo el contrato de crédito suscrito por un usuario de EZ con la crediticia Cofidis S.A. por aplicar un interés remuneratorio usurario del 24,51 %.

El contrato de crédito litigante fue suscrito entre las partes en fecha 11 de marzo de 2014, estipulándose un interés remuneratorio del 24,51 % TAE, muy superior al interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el presente contrato que ascendía al 9,62 %.

El interés remuneratorio pactado debe ser considerado notablemente superior al normal del dinero.

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario, es necesario que, además, el interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Por la entidad demandada no se ha probado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un tipo de interés tan elevado como el del caso, por lo que debe declararse el carácter usurario del interés remuneratorios.

Lo expuesto, supone la nulidad del contrato pactado entre las partes por su carácter usurario.

Con estimación de la demanda interpuesta contra la entidad Cofidis, S.A, la Magistrada del caso declara la nulidad por usurario del contrato suscrito el 11 de marzo de 2014, debiendo devolver la demandada a la demandante todas las cantidades percibidas por cualquier concepto que superen el capital dispuesto, suma que se eleva a 6.665,06 €.

Con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

La letrada Dña. Lourdes Galvé Garrido ha sido la encargada de llevar a cabo el presente procedimiento.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE LEON

SENTENCIA: 00008/2020

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000162/2019

Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: Dña. XXXXXX
Procuradora: Dña. XXXXXX
Abogada: Dña. MARIA LOURDES GALVÉ GARRIDO

DEMANDADO D/ña. COFIDIS SA
Procurador: D. XXXXXX
Abogada: Dña. XXXXXX

SENTENCIA

En León, a 2 de enero de 2020.

Dña. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de León, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos con el nº162-19, sobre nulidad contractual, a instancia de la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX, y defendida por la Letrada Dª. Lourdes Galvé Garrido, contra la entidad COFIDIS, S.A, con domicilio en XXXXXX, representada por el Procurador D. XXXXXX y defendida por la Letrada Dña. XXXXXX.

Y a tenor de los siguientes hechos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Procuradora Dña. XXXXXX formula, en nombre y representación de Dña. XXXXXX, demanda de Juicio Ordinario contra la entidad Cofidis, S.A, en virtud de la cual suplica se dicte sentencia la que se declarase la nulidad del contrato de crédito suscrito entre las partes por su carácter usurario, con la restitución recíproca de las prestaciones correspondientes.

Con carácter subsidiario, la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio, con la devolución de todas las cantidades cobradas por la demandada en aplicación de dicha cláusula.

Y finalmente, y para el caso de que se desestimarán las dos peticiones anteriores, solicita que se declare la nulidad por el carácter abusivo de otras cláusulas como la del seguro, comisión por devolución y penalización por incumplimiento, con la condena al reintegro de las cantidades abonadas en virtud de dicha estipulación, con los intereses del art. 576 LEC.

Y todo ello con imposición de costas a la entidad demandada.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se emplaza a la parte demandada a fin de que en el plazo de 20 días, y asistida de Abogado que le defienda y de Procurador que le represente conteste a la demanda.

El Procurador D. XXXXXX presenta, en nombre y representación de la entidad Cofidis, S.A, escrito de contestación a la demanda en virtud del cual suplica la desestimación íntegra de la misma.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.

TERCERO: A continuación se cita a las partes a celebrar la audiencia previa, en la que las mismas manifiestan subsistir el litigio entre ellas así como no existir circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

No se formula alegación complementaria alguna, se pronuncian sobre los documentos aportados de contrario, fijan los hechos sobre los que existe conformidad y sobre los que discrepan, y tras exhortar a las partes a que lleguen a un acuerdo sin resultado positivo, las mismas proponen los siguientes medios de prueba:

1) La parte actora documental, y

2) la parte demandada documental.

CUARTO: Habiéndose propuesto por las partes únicamente documental, quedan los autos para sentencia.

QUINTO: En la sustanciación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Delimitación de las cuestiones objeto de controversia:

La parte actora suplica se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del contrato de crédito suscrito entre las partes por su carácter usurario, con la restitución recíproca de las prestaciones correspondientes.

Con carácter subsidiario, la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio, con la devolución de todas las cantidades cobradas por la demandada en aplicación de dicha cláusula.

Y finalmente, y para el caso de que se desestimarán las dos peticiones anteriores, solicita que se declare la nulidad por el carácter abusivo de otras cláusulas como la del seguro, comisión por devolución y penalización por incumplimiento, con la condena al reintegro de las cantidades abonadas en virtud de dicha estipulación, con los intereses del art. 576 LEC.

Y todo ello con imposición de costas a la entidad demandada.

La parte demandada se opone a la pretensión actora suplicando la desestimación íntegra de la demanda.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.

SEGUNDO: En el caso que nos ocupa no hay duda alguna en la condición de consumidor de la actora.

Por otro lado, y con carácter principal se solicita en el suplico de la demanda la declaración de nulidad del contrato de crédito, por su carácter usurario.

Así pues, el contrato cuya nulidad se pide implica la concesión de un crédito, del que puede disponerse mediante la compra de bienes y servicios en establecimientos o mediante Internet, mediante retirada de efectivo en cajeros o realizando transferencias con cargo a la cuenta del contrato, mientras que su devolución puede realizarse acudiendo al pago de la totalidad del crédito dispuesto al final de la liquidación o en la modalidad de pago aplazado, cuando al final del periodo de liquidación, el cliente no devuelve todo, sino una cantidad fija o un porcentaje del crédito dispuesto, respetando un mínimo, aplazándose el importe no devuelto, principal e intereses remuneratorios, hasta el siguiente periodo de liquidación en el que se vuelve a aplicar el mismo sistema de opciones de pago.

En este sentido es preciso traer a colación que el art. 1 de Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura establece que:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Efectivamente, la sentencia de Pleno dictada por el Tribunal Supremo el 25 de noviembre de 2015, prescinde del requisito subjetivo para considerar como usurario un préstamo, y considera suficiente a estos efectos que concurran los dos presupuestos objetivos, a saber: se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Dicha Sentencia del Tribunal Supremo en un contrato idéntico al del caso que nos ocupa, denominado “crédito revolving”, en el que el consumidor puede disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realicen ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, concluye que aun no tratándose propiamente de un contrato de préstamo, le es de aplicación la Ley de Usura (LEG 1908, 57), puesto que su artículo 9 prevé que:

Lo dispuesto en esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”, por lo que considera que esa norma debe de ser aplicada a toda operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

Esa misma sentencia reconoce el principio de libertad de la tasa de interés del art. 315 del Código de Comercio (LEG 1885, 21), y señala, recogiendo la doctrina ya expuesta, que mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

Sienta asimismo la doctrina de que, para que un préstamo pueda considerarse usurario, no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la Ley, siendo suficiente que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigible que concurran los otros presupuestos, esto es, que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

De forma más detallada y en orden a determinar el interés a tener en cuenta como elemento de referencia, precisa que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (T.A.E), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Y precisa, que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«, que no es el legal del dinero, sino el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente”, de modo que para establecer lo que se considera interés normal puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés, que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

En el mismo sentido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de junio de 2012 señaló que la Ley de Consumidores y Usuarios (RCL 1984, 1906) en su actual redacción no permite que la valoración del carácter abusivo de una cláusula pueda extenderse ni a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución por una parte, ni tampoco a los servicios o fines que hayan de proporcionarse como contrapartida, esto es, que el control de contenido no permite entrar a enjuiciar la justicia y el equilibrio contraprestacional de los elementos esenciales del contrato y, por tanto, a valorar la posible abusividad del interés convenido, aunque podrán ser objeto de control además de por la vía de su carácter usurario por la vía de la inclusión y la transparencia (artículos 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (RCL 1998, 960 y artículo 10.1.a) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Por otro lado, ya son varias las audiencias provinciales que se han pronunciado sobre supuestos idénticos al caso que nos ocupa, debiendo destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 21 de diciembre de 2017, sección 7ª, en la que se indica que no es este el tipo comparativo, el que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito, el que utiliza la mentada resolución del Tribunal Supremo como índice para determinar el precio normal del dinero, sino que parte del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo.

Este es el criterio que ha venido siguiendo esta Audiencia Provincial ante tales alegaciones (así sentencias de la Sección 4ª de 29 de septiembre de 2017 (JUR 2017, 258212), de la 5ª del 16 de octubre de 2017 (JUR 2017, 289686) o de la 6ª del 06 de octubre de 2017 (JUR 2017, 258412), o esta misma Sala en sus sentencias de 30 de marzo (JUR 2017, 121413) y 8 de junio de 2017 (JUR 2017, 190066), y es que una cosa es el interés normal del dinero, del que debe partirse para realizar la comparación, y otra distinta es que diversas circunstancias puedan justificar que se supere ese interés normal.

Es cierto que estadísticamente dichos índices a los que alude la apelada ponen de manifiesto que en la práctica bancaria existe una tendencia a contratar a unos tipos remuneratorios notoriamente superiores a los que pueden considerarse como normales en operaciones de crédito al consumo, más como señala la citada sentencia de la Sección 5ª:

«La práctica habitual disponiendo un interés remuneratorio muy superior a otros medios de financiación no puede servir de sustento y justificación bastante, sino que, a partir de la constatación de que ese interés es notablemente superior al normal en la financiación del consumo, para soslayar la reprobación de aquella Norma y sus efectos debería acreditarse a concurrencia de una especial circunstancia que los justifique«.

El propio Tribunal Supremo expresamente ha señalado que ello puede venir justificado «con las circunstancias del caso«, pero, tal como señaló el Alto Tribunal, estas circunstancias deben ser acreditadas por la demandada, y si bien tales circunstancias, implicar la concesión de crédito con un mayor riesgo para el prestamista al ser menores las garantías concertadas, aún cuando ello:

«Puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LEG 1908, 57), un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

En el mismo sentido declarando la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por su carácter usurario, se pronuncian también la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, en Sentencia de 15 de noviembre de 2015 y la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, en Sentencia de 14 de diciembre de 2018, entre otras.

En SAP León de 22 de febrero de 2019 se establece:

Suscrito en fecha 22 de mayo de 2007, por el cual se puso a disposición del Sr. XXXXXX una línea de crédito utilizable por importe de 6.000,00 euros.

En el mismo se especifican las condiciones de préstamo, siendo el TIN del 19,98 %y el TAE del 21,92 %.

De la liquidación aportada por la propia actora (doc. nº 5 de la demanda) resulta que se han aplicado unos intereses TAE, según las fechas, del 20,40 %, del 21,24 %, del 19,56 %, y 22,08 %.

Se trata, por tanto, de una operación de crédito en el que no se discute que el Sr. XXXXXX ostenta la condición de consumidor y a la que le es aplicable la Ley 23 de julio de 1908 sobre la nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de acuerdo con su artículo 9 que establece que:

«Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido«.

Procede entrar a resolver en primer lugar la cuestión relativa a la validez o no de los intereses remuneratorios en relación a las disposiciones de la Ley de Represión de la Usura, declarando así la nulidad del contrato de préstamo controvertido.

Sobre la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura , el texto de la misma a tener presente es el siguiente:

Artículo 1: «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Al respecto de esta cuestión procede traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Pleno, Sala de lo Civil, nº 628/2015, de fecha 25 de noviembre de 2015, sentencia que es aplicable al caso que nos ocupa por las similitudes esenciales entre ambos supuestos, que declara:

«El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operaciones de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio,113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

En la misma Sentencia se refiere al concepto de «interés notablemente superior» y para integrarlo recurre a dos reglas principales:

1) que el porcentaje que ha de tomarse en consideración no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE); y

2) que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«, señalando que:

«Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)».

En el caso analizado consideró que un préstamo «revolving» al 24,6 % T.A.E., se trataba de un interés notablemente superior por cuanto excedía del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se había concertado.

Se exige también que se trate de un interés «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, estableciendo que dicha desproporción se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito «revolving» acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales (v.gr. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal).

Y se señala que: «Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

En definitiva, las peculiaridades que ofrece este tipo de créditos como el que ahora nos ocupa, no justifican tampoco el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio como el aquí aplicado del 20,40 %, del 21,24 %, del 19,56 %, y 22,08 %, que no existe duda es anormalmente alto, en cuanto supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el contrato, que era del TAE 9,59 %.

La existencia de diferentes productos financieros de crédito al consumo y la peculiaridad que respecto de ellos ofrece la línea de crédito que nos ocupa, no puede justificar ni amparar un tipo de interés como el aquí aplicado.

En todo caso, como también señala el Tribunal Supremo, el que de ello pudiera resultar un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, no puede justificar una elevación del tipo de interés, tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que existía en el supuesto que contemplaba el Tribunal Supremo, que era similar al aquí contemplado.

Siendo de aplicación al caso, la doctrina de la referida sentencia del Tribunal Supremo, procede apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato objeto de este procedimiento, lo que conlleva su nulidad, que, como dice la expresada STS de 25 de noviembre de 2015, «ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio».

TERCERO: Aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa, de la prueba documental obrante en autos resulta que el interés remuneratorio estipulado en la fecha de la contratación el día 11 de marzo de 2014 fue un TAE de 24,51 %.

La demandada sostiene que el tipo aplicado tratándose de operaciones realizadas con tarjeta de crédito, se ajusta al tipo de interés aplicable al mercado de tarjetas de crédito.

Sin embargo, el tipo de interés remuneratorio al 24,51 %, es muy superior al 9,62 % fijado por el Banco de España.

Por todo ello, resulta evidente esa disparidad entre el T.A.E fijado para la operación litigiosa y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el contrato litigioso, pues supera casi más de tres veces el reseñado interés, por lo que el remuneratorio pactado debe de considerarse notablemente superior al normal del dinero.

Cumplido el primer requisito es necesario, también, para que el préstamo pueda ser considerado usurario, que el interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, para ello el Tribunal Supremo, partiendo de que la normalidad no precisa de especial prueba, debiendo ser alegada y probada, hace descansar en la entidad financiera que concedió el crédito «revolving«, la prueba de la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, y lo cierto es, que en el caso de autos, la demandada no ha probado la concurrencia de circunstancias excepcionales que así lo justifiquen como pudiera ser la posible falta de solvencia de la demandante o cualquier otra que pudiera explicar ese elevado interés, no siendo suficiente la alegación de asunción de un teórico alto riesgo, pues ciertamente fue asumido libremente por la entidad financiera que decidió no exigir garantía alguna a la demandante, consumidora destinataria del producto.

Consecuencia de lo dicho, y sin que sea necesario adentrarse en el estudio de los otros presupuestos, esto es, que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, debe declararse el carácter usurario de los intereses remuneratorios, lo que supone la nulidad del contrato por prescripción legal, con las consecuencias del artículo 3 de la mentada ley represora de la usura (LEG 1908, 57), que expresamente dice:

«El prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado» y que ha sido calificada por el TS en la sentencia de 14-07-2009 (RJ 2009, 4467) y posteriormente en la de 25-1(sic)-2015 (RJ 2015, 5001), como radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva, lo que excluye la aplicación al caso de autos de la doctrina de los actos propios, y determina que la demandada deberá devolver a la parte actora la suma que exceda del capital dispuesto.

Al haberse estimado la petición interesada con carácter principal de declarar la nulidad del contrato por su carácter usurario, se considera innecesario entrar a valorar el resto de las peticiones subsidiarias del suplico de la demanda.

Por todo ello, la declaración de nulidad del contrato por usurario conlleva que la prestataria únicamente venga obligada a entregar tan sólo la suma recibida, lo que en el supuesto aquí analizado conlleva la obligación de Cofidis, S.A, de devolver a Dña. XXXXXX lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado (cantidades satisfechas por conceptos diferentes al importe prestado, es el caso de los intereses, comisiones y primas de seguro de protección de pagos satisfechas, afectadas por la declaración de nulidad declarada, sin perjuicio de las compensaciones a que hubiera lugar por el capital dispuesto pendiente de pago a fecha actual), según se determine en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito remitidos al cliente desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada, más los intereses del art. 576 LEC desde la fecha de la presente resolución.

Por todo lo expuesto, se declara la nulidad del contrato de crédito suscrito entre las partes, y de conformidad con el artículo 1303 del Código Civil la declaración de nulidad o anulabilidad de una cláusula general de la contratación comporta un efecto restitutorio pleno (ex tunc), apreciable de oficio y dirigido a que las partes vuelvan a la situación personal y patrimonial anterior al efecto invalidante.

Más concretamente, en relación con la actuación de oficio del tribunal en orden a la determinación de los efectos restitutorios derivados de la declaración de nulidad, la STS 716/2016, de 30 de noviembre menciona que:

«Es más, para hacer efectivas las consecuencias restitutorias de la declaración de ineficacia de un contrato y para impedir, en todo caso, que queden en beneficio de uno de los contratantes las prestaciones recibidas del otro, con un evidente enriquecimiento sin causa, la jurisprudencia (sentencias núm. 105/1990, de 24 de febrero; 120/1992, de 11 de febrero; 772/2001, de 20 de julio; 81/2003, de 11 de febrero; 812/2005, de 27 de octubre; 934/2005, de 22 de noviembre; 473/2006, de 22 de mayo; 1385/2007, de 8 de enero de 2008; 843/2011, de 23 de noviembre; y 557/2012, de 1 de octubre) viene considerando innecesaria la petición expresa del acreedor para imponer la restitución de las prestaciones realizadas, con inclusión de sus rendimientos, al considerar que se trata de una consecuencia directa e inmediata de la norma”.

CUARTO: Por lo que se refiere a las costas, las mismas habrán de ser satisfechas por la parte demandada, cuyas pretensiones han sido desestimadas íntegramente, de conformidad con el art. 394 LEC.

FALLO

1º.- Con estimación de la demanda interpuesta por Dña. XXXXXX, contra la entidad COFIDIS, S.A, DEBO DECLARAR Y DECALRO la nulidad por usurario del contrato suscrito el 11 de marzo de 2014, debiendo devolver la demandada a la demandante todas las cantidades percibidas por cualquier concepto que superen el capital dispuesto, sin perjuicio de las compensaciones a que hubiera lugar por el capital dispuesto pendiente de pago a fecha actual, a determinar en ejecución de sentencia, con devengo de los intereses previstos por el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución.

2º.- Todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

3º.- Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio a los autos.

4º.- Contra esta resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse mediante escrito que se presentará ante este juzgado en plazo de VEINTE DÍAS a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, y en el que se indicará la resolución que se apela y la voluntad de recurrirla con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos y se encuadernará el original; lo acuerdo, mando y firmo.

4 comentarios para Cofidis es condenado a anular el contrato de crédito suscrito con un usuario de EZ debiendo retribuir la entidad 6.665,06 €

  • Claudia

    Buenos días,

    me quedo a la orden que me indiquéis y en ese mismo momento realizaré la transferencia,

    mil gracias por vuestra gestión y os recomendaría sin lugar a duda. Un saludo

    • Economía Zero

      Hola Claudia

      Qué gran noticia es para nosotros que COFIDIS te haya devuelto todo el dinero que te había cobrado.

      Todo el equipo de Economía Zero te damos la enhorabuena por esta resolución tan rápida y tan satisfactoria. En los próximos días, procederemos a sumar a nuestra hucha de reclamaciones los 1.688,10 € que te han devuelto.

      Te adjuntamos la factura de los honorarios acordados (15 % + IVA del beneficio económico conseguido). El número de cuenta donde tienes que hacer el ingreso es el siguiente: ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank). Para que podamos identificar tu transferencia con mayor facilidad, te agradeceríamos que en el concepto de la misma indicases este texto: «EXP. XXXXX».

      Muchas gracias por confiar en nosotros.

      Quedamos como siempre, a tu disposición ante cualquier otra consulta.

      Recibe un cordial saludo.

  • Aurora

    Buenos días.

    Te remito la documentación firmada para que puedas comenzar los trámites que veas oportunos en vista a la reclamación contra Cofidis.

    Con respecto al párrafo «MUY IMPORTANTE: Si además quieres que te mantengamos informado con nuestros boletines (nunca más de 2 al mes) y estar al día sobre las nuevas reclamaciones y noticias relacionadas, sólo tienes que marcar la casilla SÍ y darnos tu consentimiento.» por supuesto que quiero estar al tanto de todo ya no sólo de las novedades que vayáis teniendo sino, como no podía ser de otra forma, de todos aquellos pasos que se vayan dando y que me afecten directamente pero no encuentro la casilla que debo marcar con un «Sí».

    La documentación de las otras entidades que te pido revises para ver si ha lugar una reclamación o no te la enviaré en cuanto la ordene un poco.

    Muchas gracias por todo.

    Un saludo.

    • Economía Zero

      Buenas Aurora

      Nos ponemos en contacto contigo en relación a la reclamación frente a Cofidis en la que estamos trabajando.

      Respecto de la documentación RGPD, te enviamos de nuevo el formulario para que lo firmes y marques la casilla de «Sí», como nos indicas que deseas hacer. Dicha casilla te la señalamos en el documento PDF que te enviamos como «RGDP EZ». Siempre te mantendremos al tanto de las novedades que experimente el asunto, la firma de este documento nos autoriza a comunicarnos contigo y la casilla «Sí» a notificarte de otra información que pueda ser de tu interés como, por ejemplo, otro tipo de reclamaciones.

      En el día de ayer hemos realizado el envío certificado de la reclamación extrajudicial a Cofidis S.A., Sucursal en España.

      En cuanto tengamos una respuesta nos pondremos en contacto contigo para informarte de la contestación que nos traslade la entidad. Si la respuesta la recibes en tu domicilio tendrás que enviárnosla para que podamos valorar la misma. Esta entidad suele tener un tiempo de respuesta aproximado de 2 meses. Por lo tanto, si ves que no te hemos respondido en ese período de tiempo, no te preocupes, significa que aún no nos han contestado.

      MUY IMPORTANTE: Es posible que recibas una propuesta por parte de la entidad, en la que probablemente intenten que no te puedas asesorar antes de aceptar y que les contestes en ese mismo momento. Las ofertas que la mayoría de usuarios ya nos han trasladado son irrisorias y no llegan ni al 25 % de la cuantía que te correspondería recuperar.

      Por lo tanto, ante cualquier propuesta, sea mediante una llamada, por email o por correo postal, no debes aceptar sin que antes nos puedas dar traslado de ella para que podamos estudiarla y valorar la misma conforme a tus intereses.

      Recuerda que cualquier acuerdo o propuesta de acuerdo que la entidad te remita a partir de este momento se considerará consecuencia de la reclamación que nos has encargado y que ya hemos efectuado y estará sujeta a los honorarios que acordamos.

      Para acabar, te recordamos que continuamos a la espera de que nos envíes el resto de documentación sobre otros préstamos para que podamos estudiarla.

      Quedamos, como siempre, a tu disposición para cualquier aclaración que precises.

      Un cordial saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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