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Hucha de reclamaciones de EZ

Bankinter condenado a retribuir 7.997,18 € a un usuario de EZ por daños y perjuicios tras la nulidad de un contrato de cobertura de cuota fija

Bankinter condenado a retribuir 7.997,18 € a un usuario de EZ por daños y perjuicios tras la nulidad de un contrato de cobertura de cuota fija

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Cuenca declara la existencia de negligencia por parte de la entidad Bankinter al negar información diligente, leal y veraz a un usuario de EZ en un contrato de cobertura de cuota fija, por lo que deberá retribuirle 7.997,18 €.

La Letrada Dña. María-Lourdes Galvé Garrido ha sido la encargada de la defensa del presente procedimiento.

Las partes llevaron a cabo un contrato de cobertura de cuota fija, suscrito el día 3 de julio de 2007, en el que se estipularon cláusulas abusivas, no negociadas individualmente

En el presente caso, no consta que se informara a los demandantes de los efectos que las variaciones del Euribor podrían ocasionarles, ya que en el supuesto de una bajada porcentual del mismo la relación de cobertura pasaría a ser a favor del banco y en contra del cliente.

Además, existe falta de transparencia en la información suministrada por la entidad y en la redacción del contrato que resulta confusa y poco clarificadora.

Ante lo expuesto, procede declarar la existencia de negligencia por parte de la entidad demandada en el cumplimiento de sus obligaciones de información diligente, leal y veraz en el contrato litigante, por lo que las cláusulas contenidas deben considerarse abusivas.

El Juez del caso estima la demanda contra la entidad financiera Bankinter, S.A. y, en consecuencia, declara que la entidad demandada obró negligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones de información diligente, leal y veraz en el contrato de Cobertura de Cuota Fija suscrito con los demandantes.

Consecuentemente, se condena a la entidad demandada a indemnizar a los actores, en concepto de daños y perjuicios, en la cantidad de 5.715,01 €, más los correspondientes intereses legales desde el día 2 de marzo de 2009, fecha de la reclamación extrajudicial, hasta la fecha de la presente resolución, y a partir de la misma, el interés previsto en el artículo 576 LEC.

Se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

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Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Figueres

Procedimiento ordinario 151/2019 -C1

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: LOURDES GALVE GARRIDO

Parte demandada/ejecutada: WIZINK BANK,S.A

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

Vistos por mí, , Magistrada-Juez del Juzgado de 1ªInstancia nº8 de Figueres por sustitución reglamentaria, los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de contrato, seguidos en este juzgado con el número 151/2019, a instancia de la Procuradora XXXX , en nombre y representación de XXXX , asistido de la letrada Lourdes Galvé Garrido, contra WIZINK BANK, SA, representado por la Procuradora XXXX, con la asistencia letrada de XXXX , es procedente dictar la siguiente

SENTENCIA Nº 52/2020

Magistrada: XXXX

Figueres, 9 de marzo de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito que fue turnado a este juzgado en fecha 11 de junio de 2019, se interpuso demanda por la Procuradora XXXX , en nombre y representación de , contra WIZINK BANK SA, solicitando se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010.

Subsidiariamente se declarara la nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de dicha cláusula, y se condene a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo, o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de efectos; así como al pago de intereses legales y procesales, y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, fue emplazada la parte demandada, presentándose escrito de contestación el 13/09/2019. Se celebró la audiencia previa el 12/11/2019. Se desestimó la excepción procesal de defecto en el modo de proponer la demanda interpuesta por el demandado en su escrito de contestación.

Se admitió la prueba propuesta por las partes, y se celebró el acto del juicio el 24 de febrero de 2020, en el que, al renunciarse la prueba acordada, se realizó el trámite de conclusiones, quedando los autos vistos para sentencia; documentándose el acto en el correspondiente soporte de la grabación efectuada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ACCIÓN. Ejercita la actora la acción contemplada en el art. 1 de la Ley de 23 de junio de 1908, de la Usura, respecto del contrato concertado el 8 de abril de 2010, cuando encontrándose en el aeropuerto fue abordado por un comercial del entonces Citibank, ahora representado por la demandada, quien le ofreció la contratación de un crédito al consumo instrumentalizado mediante una tarjeta Citibank.

Para poder sobrellevar más fácilmente los gastos del hogar Comunicándole las grandes ventajas que la misma le reportaría ya que tendría una línea de crédito con unos intereses muy bajos y que además podría pagar en cómodos plazos de su elección.

Siendo obvio que la iniciativa de la contratación surgió de la entidad predisponente en el marco de una campaña agresiva de captación en el aeropuerto fuera del establecimiento de la entidad y sin que mediara previa solicitud del demandante el actor suscribió la tarjeta sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de capitalización de intereses del crédito al consumo litigioso todo ello enmascarado en la falta absoluta de información clara sobre lo que pagaba cada mes y el coste real de la financiación.

Posteriormente con la creencia de tener un crédito a precio de mercado el actor utilizó la tarjeta en diversas ocasiones, efectuando diversas disposiciones de la línea de crédito sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de capitalización de intereses de los créditos al consumo.

Subsidiariamente ejercitaba la acción de nulidad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio del contrato por no superar el control de inclusión ex art. 80 del RD Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre; subsidiariamente acción de nulidad de la cláusula de fijación del interés remuneratorio por no superar el control de transparencia según STS de 9 de mayo de 2013; y para el caso de no ser estimadas las acciones anteriores, o que siendo estimadas se reconozca que únicamente deben restituirse los intereses vencidos y no otros conceptos sobre comisiones de impago, cuotas seguro, etc., se ejercitaba acción de nulidad de las condiciones generales de la contratación por ser abusivas.

El demandado se opone a la demanda, alegando que el cliente y demandante estuvo informado en todo momento de las condiciones del contrato. Que el procedimiento de contratación se inicia siempre con las explicaciones verbales que el demandado realiza a los potenciales clientes por teléfono.

La presentación incluye siempre una descripción de las características esenciales del producto, y si el interesado desea contratar la tarjeta debe leer y firmar el formulario o solicitud de contratación. Que tras la forma del formulario de adhesión, éste se remite al Banco para que verifique la calidad crediticia el solicitante, y en su caso, autorice la apertura e una nueva línea de créditos a su favor.

Y que una vez aprobada la solicitud, el equipo de atención al cliente del banco contacta con el solicitante por teléfono para anunciarle la conformidad de banco con la operación, y explicarle una vez más las características esenciales de la tarjeta, su funcionamiento, y los servicios asociados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL PLEITO. El debate se centra por tanto en la cuestión de determinar si el contrato es usurario o subsidiariamente la cláusula del interés remuneratorio es nula por no superar el control de inclusión, o de transparencia. Y en defecto de lo anterior, si la condición general del interés remuneratorio es abusiva y únicamente deben restituirse los intereses vencidos y no otros conceptos estipulados en el contrato.

TERCERO.- La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, fijó al respecto la siguiente doctrina jurisprudencial:

i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal.

Sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo.

Como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

CUARTO.- La STS nº 149/2020 de 4 de marzo ha resuelto definitivamente la cuestión planteada, resolviendo un litigio con el mismo demandado y por los mismos motivos planteados en el presente procedimiento.

Dice el Tribunal Supremo que no fue objeto del recurso resuelto en aquella sentencia de 2015 determinar si, en el caso de las tarjetas revolving, el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» es el interés medio correspondiente a una categoría determinada, de entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España.

En la instancia había quedado fijado como tal término de comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo (entre las que efectivamente puede encuadrarse el crédito mediante tarjetas revolving), sin que tal cuestión fuera objeto de discusión en el recurso de casación, puesto que lo que en este se discutía en realidad es si la diferencia entre el interés del crédito revolving objeto de aquel litigio superaba ese índice en una proporción suficiente para justificar la calificación del crédito como usurario.

Tan solo se afirmó que para establecer lo que se considera «interés normal» procede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España sobre los tipos de interés que las entidades de crédito aplican a las diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

A lo anteriormente expuesto se añadía el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo, lo que puede explicar que en el litigio se partiera de la premisa de que el índice adecuado para realizar la comparación era el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España.

Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.).

Pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero».

Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia.

Era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

La determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso es determinante a la hora de resolver sobre la presente reclamación.

Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso [...]».

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés.

«Notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso.

Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente.

Las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil.

(En ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito. Como consecuencia de lo expuesto, el recurso de casación debe ser desestimado.

QUINTO.- En el presente caso, el interés aplicado a las disposiciones del cliente y actor, según Doc. 6 de la demanda, extractos de tarjeta en los que se aplica un interés remuneratorio del 24% (TIN), T.A.E. del 26,82%. Por ello, y en aplicación de la jurisprudencia citada, dictada en un supuesto idéntico, con el mismo porcentaje de interés y estipulaciones coincidentes, procede, conforme al art. 1.6 del Código Civil.

Estimar la demanda en cuanto a su petición principal, y declarar la nulidad por usura del contrato de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010; así como condenar al demandado a abonar al actor la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor.

SEXTO.- INTERESES. En cuanto a los intereses solicitados en la demanda, no procede la condena a los mismos, pues la cantidad a cuyo abono se condena a la demandada es claramente ilíquida, no solo con anterioridad al pleito, sino incluso tras este mismo, dados los términos de la pretensión deducida por el propio demandante, que por su propio planteamiento ha eludido su cuantificación incluso dentro de la fase declarativa del proceso.

Por lo que no cabe entender que la deudora haya incurrido en mora culpable conforme a los arts. 1.101 y 1.108 CC por la no devolución de una cantidad que no se ha pedido determinar en la sentencia; por ello no procede la condena al pago de los intereses contemplados en el art. 576 LEC, que impone los intereses por mora procesal solo en el caso de condenas liquidas, sin perjuicio de que se devenguen » ope legis» en su momento y desde la resolución en que se liquide la deuda y como efecto directo de tal liquidación.

SÉPTIMO.- COSTAS. En base a lo expuesto y a la estimación de la demanda, a la vista del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas a la parte demandante.

Debe mantenerse la imposición de las de la instancia pese a la desestimación de la demanda en cuanto a la pretensión del pago de intereses, pues esto no impide la consideración de que la estimación ha sido sustancial en cuanto a la pretensión de nulidad y la condena a la restitución.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

QUE, CON ESTIMACIÓN de la demanda interpuesta por la Procuradora XXXX, en nombre y representación de XXXX, contra WIZINK BANK, SA,

1.- SE DECLARA LA NULIDAD POR USURA DEL CONTRATO de tarjeta al consumo suscrito entre las partes en fecha 08/04/2010.

2.- SE CONDENA AL DEMANDADO a abonar al actor la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los conceptos por el actor.

3.- Con imposición al demandado de las costas del juicio.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, ante este juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Girona; previo depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo. La Magistrada


JDO. DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE CUENCA

SENTENCIA: 00112/2019

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

JVB JUICIO VERBAL 0000521/2017

Procedimiento origen: / Sobre OTROS VERBAL

DEMANDANTE: D. XXXXXX, Dña. XXXXXX
Procuradora: Sra. XXXXXX
Abogada Sra. MARIA LOURDES GALVÉ GARRIDO

DEMANDADO D/ña. BANKINTER, S.A.
Procuradora Sra. XXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA

En Cuenca, a 5 de marzo de 2019.

D. XXXXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca, ha visto los autos de Juicio Verbal registrados con el número 521/2017, promovidos por D. XXXXXX y Dña. XXXXXX, representados por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistidos por la Letrada Dña. María-Lourdes Galvé Garrido contra la entidad financiera BANKINTER, S.A. representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistida del Letrado D. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D. XXXXXX y Dña. XXXXXX, a través de su representación procesal, se presentó demanda frente a la entidad mercantil BANKINTER, S.A., S. A., en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación, terminó, en síntesis, suplicando al Juzgado que se dicte sentencia en la que:

1.- Se declare la negligencia de la demandada en el cumplimiento de sus obligaciones de información diligente, leal y veraz en la operación swap suscrita.

2.- Se condene a la entidad demandada a indemnizar a los actores en 5.053,26 € en concepto de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las pérdidas producidas como consecuencia de las liquidaciones negativas devengadas y el importe de cancelación anticipada del producto.

3.- Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO. – Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada para que compareciese y la contestase, lo que hizo en el sentido de oponerse a las pretensiones de la actora, e interesando sentencia desestimatoria de la demanda.

TERCERO. – Convocadas las partes a la vista, que tuvo lugar con asistencia de ambas partes, actora y demandada, que ratificaron sus correspondientes escritos de demanda y de contestación e interesaron el recibimiento a prueba, lo que así se verificó, practicándose las pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos.

Todo lo cual consta debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En el presente caso se ejercita por la parte actora, como acción principal, una acción que pretende que se declare la negligencia de la entidad bancaria finalmente demandada en el cumplimiento de su obligación de informar a sus clientes adecuada y correctamente en el contrato de Cobertura de Cuota Fija que suscribieron el día 3 de julio de 2007.

Y, acumulada a la anterior, ejercita acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia del referido contrato, y solicita que se condene a la entidad demandada a indemnizar a los actores en 5.053,26 € en concepto de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las pérdidas producidas como consecuencia de las liquidaciones negativas devengadas y el importe de cancelación anticipada del producto.

Según la parte actora, la entidad demandada le ocultó intencionadamente información privilegiada que tenía a cerca de la inmediata evolución a la baja del Euribor y no les informó de los riesgos económicos que el contrato implicaba; que tampoco les informó de que ante una eventual bajada del Euribor la relación de cobertura pasaría a ser a favor del banco y a cargo del cliente; que la información facilitada fue sesgada ya que solo se les explicó qué ocurriría ante una subida del Euribor, pero nada se les informó acerca de qué ocurriría si el Euribor bajaba; que los hoy demandantes no recibieron información previa, clara y comprensible por parte de aquélla, y del verdadero alcance del contrato; así, arguye la parte actora que hubo falta de transparencia en la información suministrada y en la propia redacción del contrato, existiendo un vicio del consentimiento por error en los demandantes.

Por su parte, la entidad demandada sostiene que se informó por parte del banco a los clientes de forma clara, trasparente y veraz de la naturaleza del contrato que iban a suscribir y que finalmente suscribieron, que los clientes quedaron perfectamente enterados de todas sus cláusulas y de las consecuencias de su aplicación; que no fue la entidad bancaria las que les propuso ese producto a los clientes sino que fueron ellos mismos los que le propusieron al banco suscribir el contrato.

Por tanto, la cuestión controvertida en autos, se centra en determinar si la la entidad bancaria demandada cumplió con su obligación de ser veraz y clarividente en su obligación de informar a los hoy demandantes del contenido y consecuencias del contrato de Cobertura de Cuota Fija que finalmente suscribieron el día 3 de junio de 2007, y, en su caso, determinar las consecuencias que se derivan de la falta de información y de claridad contractual.

En definitiva, debemos estudiar, en primer término, si las cláusulas contenidas en el citado contrato se pueden considerar o no abusivas y, en su caso, las consecuencias jurídicas que se derivan del carácter abusivo de aquellas.

Debemos dejar sentado que se consideran cláusulas abusivas las que no se hayan negociado individualmente y, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

En este sentido, resulta aplicable en este supuesto, como legislación específica en materia de consumidores y usuarios, la Ley General núm. 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hoy contenida en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, LGDCU).

Asimismo, es de aplicación la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación, de 13 de abril (en adelante, LCGC), además de la teoría general de las obligaciones y contratos.

Así, de conformidad con el artículo 1089 del Código Civil (en adelante, CC), las obligaciones nacen de los contratos, teniendo fuerza de ley entre las partes contratantes y debiendo cumplirse a tenor de los mismos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.091 del CC.

De este modo, resulta del artículo 82.1 de la LGDCU que:

«Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato«, mientras que en virtud del artículo 83 del mismo cuerpo legal:

«Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.

A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas».

Por otra parte, de conformidad con el artículo 5.5 de la LCGC:

«La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez», mientras que a la luz del artículo 7 de la misma Ley:

«No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato».

Por otro lado, establece el artículo 8 de la LCGC que:

«Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor«.

En el presente caso, para calificar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales contenidas en el contrato suscrito por la partes el día 3 de julio de 2007, hay que tener en cuenta que según se desprende de la documentación obrante en autos y, concretamente, del citado contrato, es que no consta que se informara a los demandantes que en el supuesto de una bajada porcentual del Euribor la relación de cobertura pasaría a ser a favor del banco y en contra del cliente; solo se les explicó, y así consta en el contrato, qué consecuencia reportaría para los clientes una subida del Euribor, pero no una bajada.

Además, la redacción contractual resulta confusa y muy poco clarificadora para un consumidor de tipo medio, como es el caso de los demandantes.

Así, la estipulación II señala:

Las partes están interesadas en contratar un derivado financiero por el que el CLIENTE obtenga en efecto económico de neutralizar el riesgo de variación de su cuota o tipo de interés a través de un intercambio de su actual tipo de interés o de su cuota del PRÉSTAMO por otro tipo o por otra cuota respectivamente…”.

La falta de claridad es más que evidente.

Además, se añade la posibilidad de que el banco pueda revocar el contratocuando concurran circunstancias sobrevenidas en el Mercado de Tipos de Interés que a juicio de Bankinter alteren sustancialmente la situación existente a la firma del contrato”, lo que todo punto constituye una estipulación abusiva.

De esta forma, acudiendo a la importante STS de 9 de mayo de 2013, dictada en relación a las llamadas “cláusulas suelo”, pero aplicable en su integridad al caso que nos ocupa, establece en su apdo. 215 que la transparencia en la negociación de una cláusula contractual “incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato, señalando en este sentido la necesidad de que “la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato”.

En este sentido, aplicando la anterior doctrina al caso de autos, se ha de tomar en consideración que la entidad demandada no ha acreditado, correspondiéndole la carga probatoria ex artículo 217.3 de la LEC, que se diese información previa adecuada veraz y trasparente a los demandantes sobre la incidencia que una bajada del Euribor pudiera tener en la economía del contrato, a pesar de haber alegado dicho extremo en su contestación a la demanda.

En atención a todo lo anteriormente expuesto debemos declarar que, tal como sostiene la parte actora, hubo claramente negligencia por parte de la entidad demandada en el cumplimiento de sus obligaciones de información diligente, leal y veraz en el contrato finalmente suscrito.

SEGUNDO.- Consecuencias jurídicas de la falta de diligencia por parte de la entidad bancaria en el cumplimiento de su deber de información diligente, leal y veraz.

La falta de información adecuada por parte de la entidad demandada derivada de la mala práctica bancaria demostrada por su parte, ha repercutido claramente en la producción de unos daños y perjuicios a los demandantes, generados como consecuencia de las liquidaciones negativas y la cancelación anticipada; daños que se traducen en unas pérdidas de 5.715,01 €, sin que tal extremo haya sido desvirtuado de contrario.

Todo lo cual genera en la entidad bancaria finalmente demandada la obligación de indemnizar a los demandantes por tales daños y perjuicios, ex artículo 1.101 del CCivil, en 5.715,01 €.

TERCERO.- En cuanto al devengo de intereses, resulta del artículo 1.100 del CC que incurren en mora los obligados a entregar alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación, mientras que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.108 del mismo cuerpo legal, si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.

En el presente caso se desprende de la documentación obrante en autos, que el requerimiento extrajudicial de pago a la parte demandada tuvo lugar con fecha 2 de marzo de 2009, en que consta que decepcionó el requerimiento que le hicieron los actores, fechado el 18 de febrero de 2009. (documento 9 de la demanda).

Por tanto, habrá de entenderse que la demandada incurrió en mora desde que el día 2 de marzo de 2009 recepcionó el requerimiento extrajudicial de pago, por lo que deberá abonar los intereses moratorios del artículo 1108 del CC en concepto de indemnización de daños y perjuicios desde el día 2 de marzo de 2009, devengándose igualmente los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución.

CUARTO.– Dada la estimación de la demanda, procede condenar a la demandada al pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 LECivil.

Además, los demandantes han acreditado haber intentado llegar a una solución extrajudicial del asunto con la entidad demandada, sin que esta accediera al intento negociados que le propusieron.

En este sentido, el documento número 9 acompañado junto al escrito de demanda no deja lugar a la duda a ese respecto; acredita que el día 18 de febrero de 2009 los demandantes remitieron a la entidad carta en ese sentido que fue recepcionada el día 2 de marzo de 2009 y contestada por el banco el día 7 de mayo de 2009 negándose absolutamente a la propuesta de solución extrajudicial.

Y como consecuencia de ello, los demandantes no han tenido más opción que plantear la acción judicial que dio origen al presente procedimiento, teniendo que contratar los servicios profesionales de Abogado y Procurador, lo que les ha supuesto unos gastos que no hubieran sido necesarios si la entidad demandada hubiera accedido a negociar con los actores una solución extrajudicial del asunto.

Gastos que deberán ser compensados mediante el pago por la demandada de las costas del presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. XXXXXX en nombre y representación de D. XXXXXX y Dña. XXXXXX contra la entidad financiera BANKINTER, S.A. y, en consecuencia:

1. Declaro que la entidad demandada BANKINTER, S.A. obró negligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones de información diligente, leal y veraz en el contrato de Cobertura de Cuota Fija suscrito con los demandantes el día 3 de julio de 2007.

2. Como consecuencia, de lo anterior condeno a la entidad demandada a indemnizar a los actores, en concepto de daños y perjuicios, en la cantidad de 5.715,01 €, más los correspondientes intereses legales desde el día 2 de marzo de 2009, fecha de la reclamación extrajudicial, hasta la fecha de la presente resolución, y a partir de la misma, el interés previsto en el artículo 576 LEC.

Condeno a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, instruyéndoseles que contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso de apelación, que deberá presentarse ante este mismo Juzgado, en el plazo de veinte días desde el siguiente a su notificación, para su conocimiento por la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca.

Líbrese testimonio de la presente, que quedará unido a los autos de su razón, incorporándose el original en el libro de sentencias de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

8 comentarios para Bankinter condenado a retribuir 7.997,18 € a un usuario de EZ por daños y perjuicios tras la nulidad de un contrato de cobertura de cuota fija

  • Lina

    Buenos días Raúl, te envío captura de pantalla del acuerdo de Bankinter para que le des el visto bueno.

    Un saludo.

    • Economía Zero

      Buenas Lina

      Nos ponemos en contacto contigo tras haber revisado el acuerdo ofrecido por Bankinter.

      Por nuestra parte esta todo correcto. Te damos la enhorabuena de parte de todo el equipo que formamos EZ.

      En breve sumaremos a la hucha de reclamaciones los 2.184,50 € que has recuperado (1.750 € que te han devuelto y 434,50 € que te han anulado).

      Los honorarios de Economía Zero, los puedes ingresar en el nº de cuenta ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank) indicando en el concepto: “EXP. XXXXX? una vez hayas recibido el ingreso por parte de Bankinter.

      Por favor, recuerda enviarnos una copia del acuerdo firmado o algún justificante de presentación del mismo.

      Quedamos a la espera de novedades y, como siempre, a tu disposición.

      Un cordial saludo.

  • Sarai

    Hola David, estos son los documentos firmados.

    Para el DNI te va bien que te envié la foto por delante y por detrás??

    Gracias.

    • Economía Zero

      Hola Sarai,

      Nos ponemos en contacto para confirmarte que hemos recibido correctamente los documentos firmados y procedemos a incluirlos en tus expedientes.

      Respecto al DNI puede enviármelo en una fotografía realizada desde arriba sobre un fondo blanco, una vez recibamos dicho documentos procederemos a enviar la carta de reclamación antes la entidad.

      Quedamos a la espera de tu respuesta y a tu disposición para cualquier duda.

      Un saludo.

  • Andrés

    Buenos quisiera información sobre unas tarjeta que tengo de bankinter y carrefour para saber si son aplicables al cobro excesivo.

    Adjunto copia de extractos.

    Gracias.

    Un saludo

    • Economía Zero

      Hola Andrés

      No te preocupes porque vamos a ayudaros a solucionar esta situación. En primer lugar, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, mediante este procedimiento lo que conseguimos es que se declare la nulidad del préstamo o la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos (igual o superior al 22,50 % ya sea o no tipo revolving). En tu caso, la tarjeta Carrefour que tiene un tipo de interés inferior, puede ser reclamable por falta de transparencia, por lo que habrá que valorar este aspecto. Con respecto a la tarjeta Vodafone, el tipo de interés supera el 24 % TAE, por lo que es totalmente reclamable por usura.

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad del préstamo o la tarjeta es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales, ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del préstamo, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos en un PDF las fases de la reclamación y los posibles costes.

      Cualquier duda que tengas, puedes llamarnos al 987 025 011.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos necesarios para formalizar tu reclamación son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que identificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tienes recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conserves todo o directamente nos lo envíes para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Estamos a tu disposición para cualquier aclaración que precises.

      Un saludo.

  • Teresa

    Hola

    Me dicen de caixabank q tengo 7 días para decir algo.

    Ya les dije q no por teléfono… q era irrisorios.

    SI BANKINTER era una visa de menos y me ofrecían 1400.

    Mirar q dicen. Cuál es siguiente paso?

    Me dicen algo porfavor?

    • Economía Zero

      Hola Teresa

      Tal y como hemos comentado por teléfono, vamos a proceder a rechazar formalmente la propuesta de la entidad y reiteramos nuestra reclamación de documentación así como la devolución de todos los gastos desde la contratación de la tarjeta.

      En cuanto tengamos respuesta de la entidad, nos pondremos en contacto contigo para informarte de la misma. Si la respuesta la recibes en tu domicilio tendrás que enviárnosla para que podamos valorar la misma.

      Quedamos a tu disposición ante cualquier duda o consulta.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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