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Hucha de reclamaciones de EZ

Anulada la tarjeta Wizink de un usuario de EZ y conseguida la devolución de 1.222,36 €

Anulada la tarjeta Wizink de un usuario de EZ y conseguida la devolución de 1.222,36 €

El Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Oviedo declara nulo por usura el contrato de una tarjeta WiZink al considerar desmesurados los intereses que repercutía sobre el cliente. La entidad ha sido condenada a devolver a su cliente -usuario de EZ- todas las cantidades que éste le pagó por encima del capital que efectivamente le fue prestado.

La Ley de Represión de la Usura, en su artículo 1 establece que «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y en ella se ha apoyado el Magistrado de la sala a la hora de determinar el carácter usurario del contrato de la tarjeta WiZink.

El tipo de interés normal del dinero se situaba en el momento de la celebración del contrato en torno al 9,60 % TAE, menos de la mitad del TAE soportado por la tarjeta WiZink: 26,70 %. Además, la entidad demandada no pudo probar la concurrencia de circunstancias especiales que justificasen tal desproporcionalidad.

El magistrado condenó -en base a la estimación íntegra de la demanda- a la entidad al pago íntegro de las costas procesales, así como a la devolución al usuario de EZ de todos los importes aportados por este por encima de la cantidad que efectivamente le fue prestada.

Así, el cliente demandante -cuyo caso fue dirigido por la Letrada Natalia Rodríguez Picallo, colaboradora desde hace años de Economía Zero-, no solo vio anulada la deuda de 309,25 € que le reclamaba la entidad, si no que también le fueron devueltos 913,11 € por arte de la misma, obteniendo un beneficio económico total de 1.222,36 €.

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Si tienes o has tenido una tarjeta de crédito Wizink, Barclaycard, Carrefour PASS, Caixabank o cualquier otra entidad, o un préstamo de COFIDIS, Celeris, Creditea, Vivus, CCLoan, etc., es muy posible que tenga unos intereses de usura.

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JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº 11 OVIEDO
SENTENCIA: 00181/2018
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000437/2018
Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE D/ña. XXXXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXXXX
Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. WIZINK BANK S.A.
Procurador/a Sr/a. XXXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXXX

SENTENCIA

En Oviedo, a diez de julio de dos mil dieciocho. El Ilmo. Sr. Don XXXXXXX, Magistrado Juez del juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo, ha visto los autos de juicio ordinario seguidos ante el mismo bajo el número de registro 437/18, promovidos por Don XXXXXXX, y en su nombre por la procuradora Sra. XXXXXXX, con la asistencia de la letrada Sra. Rodríguez Picallo, contra Wizink Bank, SA, que compareció representada por el procurador Sr. XXXXXXX y defendida por la letrada Sra. XXXXXXX

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora Sra. XXXXXXX, en la representación de autos, presentó demanda de juicio ordinario contra Wizink Bank, SA, en donde tras exponer los hechos que constan en la demanda y que en aras a la brevedad se dan por reproducidos y tras alegar los fundamentos jurídicos que estimó aplicables al caso, terminó suplicando se declare la nulidad del contrato celebrado entre Barclaycard, SA y el demandante, con el efecto de que ésta sólo tiene obligación de entregar el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada reintegrar todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado.

SEGUNDO.- Se admitió a trámite la demanda por resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, acordando emplazar a la demandada para que contestara a la demanda, lo que hizo interesando su desestimación.

TERCERO.- El día de hoy se celebró la audiencia previa al juicio con el objeto previsto en los artículos 414 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y tras fracasar el intento de acuerdo o transacción entre las partes, la demandada renunció a la impugnación de la cuantía del procedimiento y sin que suscitaran más cuestiones procesales, ambas partes se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación a la misma. Recibido el procedimiento a prueba, se admitió la propuesta en los términos que constan en el acta, limitándose a la prueba documental.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO– En la demanda rectora de los presentes autos Don XXXXXXX expone que celebró contrato de tarjeta de crédito con la mercantil Barclays Bank en el mes de mayo de 2013, en cuyo anexo se consignó que se aplicaría un interés del 26,70 % TAE, así como otras comisiones. Barclays Bank transfirió la propiedad de su negocio de tarjetas a Wizink Bank S.A.. Ejercita la acción de nulidad del citado contrato, al atribuirle la consideración de usuario, y la aplicación al mismo de las consecuencias previstas en la Ley de Represión de la Usura.

En la contestación a la demanda el banco aduce que la TAE del interés aplicado no es notablemente superior al tipo de interés habitual en el mercado de tarjetas de crédito revolving, que se situó por encima del 20 % anual y que no existe desproporción entre el tipo de interés cobrado y las circunstancias del caso, así como que la actuación de la demandante vulnera la regla que impide actuar contra sus propios actos, constituye un ejercicio antisocial de su derecho y produce un enriquecimiento injusto.

SEGUNDO.- Carácter usurario del préstamo. Es necesario partir de la doctrina emanada de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que reconduce la interpretación jurisprudencial sobre la Ley de Represión de la Usura:

“1.– Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» .

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero» .

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado”.

TERCERO.- Debe trasladarse la anterior doctrina al supuesto ahora valorado, del que destacamos los siguientes extremos: 1º El contrato de celebró en mayo de 2013; 2º Se estableció un interés TAE del 26,70 %; 3º El interés legal se encontraba en ese momento al 4,00 %. Según la información estadística que facilita el Banco de España de los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito en operaciones activas, en el mes de mayo de 2013 las operaciones de consumo financiadas entre uno y cinco años tuvieron en España un interés medio del 10,44 %, mientras que la T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos) fue del 9,60 %; y 3º El banco no adujo en su contestación la concurrencia de circunstancia particular alguna que pudiera ser considerada para valorar la desproporción del interés en el caso concreto, al margen de la ausencia de otras garantías del préstamo y la celeridad en su concesión.

Las circunstancias expuestas permiten establecer que el interés establecido en el contrato en relación con el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado es «notablemente superior al normal del dinero», al ser muy superior al doble de éste y es superior al considerado en la sentencia del TS antes transcrita parcialmente. Y, en segundo lugar, no consta circunstancia alguna que justifique un interés tan elevado.

Las alegaciones de la demandada (falta de garantías, falta de comprobación de la solvencia, falta de vinculación con el banco emisor y alta tasa de morosidad) ya son expresamente respondidas en la argumentación del Tribunal Supremo. Únicamente se aduce como novedad la publicación por el BDE de una tabla con datos a partir del daño 2010 relativos a determinados segmentos del crédito, que no entorpecen la argumentación del Alto tribunal, ni la referencia que toma como «interés normal del dinero».

En consecuencia, ha de considerarse abusivo en los términos establecidos en el art. 1 LRU. La sentencia de 17 de julio de 2017 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Asturias, que compartimos plenamente y seguidamente reproducimos, argumenta: “La demandante pretende defender la razonabilidad de esos intereses confrontándolos con los que se aplican en las tarjetas de crédito o en créditos revolving, sosteniendo que cuando se dice que para determinar si el interés es o no desproporcionado ha de compararse con el interés normal del dinero, debe hacerse con el habitual de las que considera operaciones similares.

Aunque podría asimilarse el crédito litigioso a los que se conceden a través de la utilización de tarjetas de crédito, en tanto en ambos casos existe la posibilidad de incrementar el crédito disponible e ir ajustando los pagos a realizar, lo que tiene dicho el Tribunal Supremo en la citada sentencia, dictada precisamente a propósito de un crédito de esta naturaleza en el que el interés era parecido al aquí enjuiciado (24 %), que consideró usurario, es que no cabe justificar la elevación desproporcionada de los tipos de interés en contraprestación a la concesión irresponsable de créditos que facilitan el sobreendeudamiento del consumidor y que no pueden ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

No es de recibo pretender que tan elevado como abusivo interés sólo ha de compararse con el establecido por otras entidades en contratos similares, pues aunque pudiera considerarse hecho notorio el que en algunos ámbitos del mundo financiero se establecen intereses de ese orden, ello no es motivo que permita sanar su nulidad. El interés ha de compararse con el «normal del dinero» según establece la Ley de Usura y recuerda la repetida sentencia de 25 de noviembre de 2015.

Y el normal no es el que establecen esas entidades cuando en nada se corresponde con el que habitualmente se concede a los consumidores para acceder a un crédito personal, que, a la postre, es en lo que se traduce el contrato litigioso. En este sentido se viene pronunciando esta Sala en diversas resoluciones, entre otras, en la de 10 de mayo del año en curso”

Las consecuencias que se derivan para este procedimiento son la nulidad del contrato y que el prestatario viene obligado a devolver exclusivamente la suma recibida (art. 3 LRU). Y el ejercicio de la acción no supone un acto fraudulento o antisocial, como se postula por la entidad de crédito, sino que por el contrario afecta al ámbito de protección de los terceros y al interés público (Sentencia de 18 de junio de 2012), sin que se aprecie un ejercicio tardío de la acción y, menos aún, un enriquecimiento injusto del acreditado, toda vez que la queja de la demanda se dirige precisamente a las consecuencias legalmente previstas como sanción para su ilícito proceder. Las razones apuntadas llevan a estimar íntegramente la demanda.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil, las costas procesales deben imponerse a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Estimando la demanda formulada por la procuradora Sra. XXXXXXX, en la representación de autos, contra Wizink Bank, SA, debo declarar y declaro la nulidad por usurario del contrato de tarjeta de crédito celebrado por ambas partes con fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, estando obligada la acreditada a entregar tan solo la suma recibida, y, en consecuencia, condeno a la demandada a abonar a la actora todas las cantidades que hubiera aplicado en exceso del capital prestado, más el interés legal, todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.

PUBLICACIÓN.- Para hacer constar que la anterior sentencia ha sido publicada en el mismo día de ser dictada, en audiencia pública, mediante lectura íntegra de la misma. Doy fe.

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