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Juzgado nº4 de San Vicente del Raspeig dicta condena contra Cofidis por usura y obliga a devolver 2.356,19€.

La demandante expuso en su demanda que el día 4 de febrero de 2017, suscribió un contrato de tarjeta de crédito con COFIDIS en el cual se estipuló un interés TAE del 22,12% un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. 

En febrero de 2017 los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito eran del 8,42%.

La Magistrada del caso estima la demanda interpuesta y dicta condena contra Cofidis declarando la nulidad del contrato por usurario y condena a la entidad a devolver todas las cantidades pagadas por encima del capital prestado inicialmente, cantidad que suma 2.356,19€.

En la condena contra Cofidis se condena a la entidad al pago de las costas del proceso.

El Letrado colaborador de Economía Zero Don José Carlos Gómez Fernández ha sido el encargado de conseguir la siguiente condena contra Cofidis.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº4 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] – 000270/2021-E De:

D/ña. Procurador/a Sr/a. XXXX

Contra: D/ña. COFIDIS SA

Procurador/a Sr/a. XXXX

D/Dª XXXX, LETRADO A. JUSTICIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 DE S. VICENTE DEL RASPEIG, DOY FE Y TESTIMONIO de que en el Procedimiento Ordinario [ORD] – 000270/2021 , que se tramita en este Juzgado a instancias de XXXX, frente a COFIDIS SA, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA núm. 108/21

En San Vicente del Raspeig, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Doña XXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Vicente del Raspeig y su partido judicial, ha visto los autos del Juicio Ordinario número 270/2021 promovidos por don XXXX, representado por el Procurador de los Tribunales, don XXXX, y asistido por el Letrado, don José Carlos Gómez Fernández, contra COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por la Procuradora, doña XXXX, y asistido por la Letrada, doña XXXX, sobre NULIDAD DEL CONTRATO REVOLVING Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 15 de marzo de 2021,el Procurador de los Tribunales, don XXXX, en el nombre y representación acreditados, presentó demanda de Juicio Ordinario frente COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA por la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes, terminaba suplicando, en síntesis, el dictado de una Sentencia por la que se declarara la nulidad del contrato suscrito entre las partes por su carácter usurario, con reclamación de cantidades indebidamente abonadas; subsidiariamente la nulidad de la cláusula referente a las comisiones de demora, con devolución de cantidades satisfechas e intereses; y las costas procesales.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 30 de abril de 2021, se emplazó a la parte demandada para personarse y contestar a la demanda interpuesta de contrario.

Tercero.- El día 7 de junio de 2021, la Procuradora de los Tribunales, doña XXXX, actuando en nombre y representación del COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó escrito contestando y oponiéndose a la demanda interpuesta de contrario.

Cuarto.- El Letrado de la Administración de Justicia dictó Decreto el siguiente día 7 de junio de 2021, en el que admitía a trámite el escrito de contestación y convocaba a las partes para la celebración de la Audiencia Previa, que tuvo lugar en fecha de 23 de septiembre de 2021; y a la que comparecieron todas las partes.

En ella, se analizaron y desestimaron las excepciones de indeterminación de la cuantía e indebida acumulación de acciones.

Con carácter previo, mediante auto de 2 de septiembre, se denegó la petición de suspensión por prejudicialidad.

Fijados los hechos controvertidos, y al no haber más prueba que la documental obrante en autos, quedaron las actuaciones vistas para Sentencia.

Quinto.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Objeto del Proceso. En la presente litis, la parte actora ejercitó frente a la demandada una acción de nulidad del contrato suscrito entre las partes por considerarlo usurario; y subsidiariamente la nulidad de otras cláusulas previstas en el contrato, con los efectos inherentes a tal declaración y costas.

En concreto, la demandante expuso en su demanda que el día 4 de febrero de 2017, don XXXX suscribió un contrato de tarjeta de crédito con COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Para la acreditación de este extremo adjuntó el documento 4 de su escrito, consistente en el contrato.

La actora reivindicó su carácter usurario al fijar unos intereses notablemente superiores a los normales del dinero y resultar desproporcionado en perjuicio del consumidor (documento 5).

El actor aseveró que el contrato no fue negociado individualmente, sino impuesto unilateralmente de modo general por la entidad, generando desequilibrio y desigualdad entre las partes.

COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA no permitió alternativa posible al adherente, sino que incluyó las cláusulas que consideró pertinentes.

Tampoco le informó del funcionamiento de esta modalidad contractual, ni de sus implicaciones económicas; razón por la que el consumidor no tuvo un conocimiento claro de sus consecuencias.

La parte demandante adujo que la entidad redactó de modo confuso el contrato, de manera que resultaba complicada una comprensión de los pactos concertados, ante la falta de transparencia.

En su articulado se fijó una TAE del 24,51%; porcentaje muy superior al normal y ordinario para el período contratado (documento 6).

Todo ello revela una falta de proporcionalidad entre los derechos y obligaciones de las partes y debe tacharse de usurario, al haberse aprovechado la entidad de la inexperiencia del consumidor.

Pese al requerimiento extrajudicial al demandado, no fue posible llegar a un acuerdo amistoso (documentos 2 y 3).

Por todo ello, reivindicó la nulidad del contrato, y subsidiariamente de ciertas estipulaciones del mismo, con los efectos inherentes a tal declaración y costas procesales.

El demandado, por su parte, se opuso a las pretensiones articuladas de contrario.

En primer lugar, adujo que el contrato de tarjeta de crédito con pago aplazado revolving fue debidamente consentido por el demandante tras un período de negociación individual, tras haber proporcionado informaciones oportunas sobre las características del producto.

Una vez formalizado el contrato, la entidad envió periódicamente extractos mensuales de las liquidaciones, en los que se detallaban las operaciones realizadas, forma de pago, fechas de cargos, intereses y comisiones, así como importe a pagar.

En este sentido, el demandado negó de plano que el contrato fijara unos intereses notablemente superiores a los normales del dinero, así como la existencia de una desproporción manifiesta en atención a las circunstancias del caso.

Según esgrime esta parte, el contrato resulta perfectamente válido y lícito, ya que además de haberse pactado expresamente, se cumplieron los deberes de transparencia exigibles.

Por todo ello, terminaba suplicando la desestimación de la demanda con imposición de costas para la parte actora.

Segundo.- Cuestiones controvertidas. Sentadas de este modo las pretensiones de las partes en el presente procedimiento, debe esclarecerse si el contrato reviste carácter usurario, si hubo negociación individual del mismo y si se cumplieron los deberes de transparencia.

A contrario sensu, no resulta controvertida la condición de consumidor del actor, ni consecuentemente, la aplicación de la normativa protectora para estos sujetos jurídicos.

Tercero.- Criterios jurisprudenciales sobre el contrato revolving. La Jurisprudencia ha tenido numerosas ocasiones para pronunciarse sobre la materia que nos ocupa, de manera que los criterios a aplicar se encuentran fijados por el Alto Tribunal, así como por las Audiencias Provinciales.

En este sentido, se hace necesario traer a colación lo dispuesto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que en su Sentencia 182/2018, de 20 de abril, concluye que: “La reciente STS, del Pleno, de 25 de noviembre del 2015 , efectúa una serie de razonamientos de extraordinario interés al caso, que pueden compendiarse en los siguientes:

i) Como punto de partida, rige el principio de libertad para la fijación del interés remuneratorio ( art. 315 del Código de Comercio, desarrollado por la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios).

ii) No cabe controlar el carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio, por cuanto dicho interés equivale al precio del servicio.

iii) es la Ley de Represión de la Usura la que opera como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

iv) La jurisprudencia del TS ha interpretado la literalidad del art. 1 LRU, en el sentido de que, para que un préstamo pueda considerarse usurario, basta que « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea preciso, además, « que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales ».

v) En cuanto al primer requisito legal (interés notablemente superior al normal del dinero), la comparación ha de hacerse entre la tasa anual equivalente (TAE, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo) del préstamo en cuestión, y el interés » normal del dinero «, que no es el «legal», sino con el « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia », que se puede determinar de acuerdo con las estadísticas que publica el Banco de España.

vi) El interés remuneratorio, a la vista de dicha comparativa, podría ser excesivo, pero lo relevante es que sea notablemente superior al normal del dinero (en el caso enjuiciado en la sentencia antedicha, el TS considera notablemente superior al normal del dinero un interés del 24,6% TAE, que apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato).

vii) Respecto del segundo requisito legal para que el interés pueda ser calificado como usuario (que dicho interés sea « manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso »), es la entidad financiera la que debe justificar la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de ese interés notablemente superior al normal, sin que necesariamente el riesgo de la operación (por ser menores las garantías concertadas) pueda justificar una elevación del tipo de interés cuando sea desproporcionado, sin perjuicio de que sí pudiera serlo cuando » el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo «, puesto que entonces, la entidad que lo financia, » al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal «;

viii) Cuando se den los dos requisitos indicados (interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado), se habrá producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura , que acarreará la nulidad del préstamo, « radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva », con la consecuencia (art. 3 LRU) de que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida”.

Sentado lo anterior, lo primero a tener en cuenta será determinar si el interés pactado resulta o no notablemente superior al normal del dinero, en la fecha en que se concertó el contrato.

En efecto, en el presente caso, el contrato se formalizó el 4 de febrero de 2017, y se pactó una TAE del 22,12% para saldos pendientes entre 0 y 6.000 euros.

Como establece el Tribunal Supremo «… para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc. )».

Dado que se trata de datos oficiales, debidamente publicados, y puestos de relieve por las partes, no se advierte impedimento para su consulta.

Así, en febrero de 2017 los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito eran del 8,42 %.

En consecuencia, los tipos pactados en el contrato que nos ocupa resultan notablemente superiores a los que pudieran reputarse normales del dinero, en la fecha de la operación.

Por otro lado, sigue diciendo la Audiencia Provincial de Alicante que “El segundo requisito para considerar el interés como usurario, acumulativo al anterior, es que sea « manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », correspondiendo a la entidad financiera la justificación de la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de ese interés notablemente superior al normal.

Sin que necesariamente el riesgo de la operación (por ser menores las garantías concertadas) pueda justificar una elevación del tipo de interés cuando sea desproporcionado, sin perjuicio de que sí pudiera serlo cuando » el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo «, puesto que entonces, la entidad que lo financia, » al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal «.

En el presente caso, don contrató un préstamo mercantil, por importe de 478,88 euros, a rembolsar en 10 meses, en la que no se mencionó el uso al que el consumidor la iba a destinar, ni tampoco se solicitó información al respecto por la entidad bancaria.

En cualquier caso, se especifica que no tiene comisión de apertura y que la TAE es del 22,12%, en caso de saldos pendientes entre 0 y 6.000 euros, tal y como acontece, en el presente caso.

Como establece la Audiencia en la resolución citada, “Que la concesión de crédito mediante este tipo de tarjetas se efectúe habitualmente sin exigencia de garantías, o que produzcan morosidad, o que los costes de persecución de la deuda sean altos, o que haya «escaso incentivo para la devolución del préstamo», no son » circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal » sino, más bien, circunstancias que se tildan por la parte como habituales en este ámbito de contratación.

Téngase en cuenta, además, que la documental aportada por la entidad bancaria pone de manifiesto lo extremadamente laxa que fue en comprobar la capacidad de pago del acreditado.

Incidir, por último, en lo elevado del interés respecto del normal en el caso que nos ocupa, con lo que, nuevamente en palabras del Supremo, «… no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento «.

En base en lo anterior, y teniendo en cuenta la prueba practicada, el demandado no ha acreditado que el interés notablemente superior al normal del dinero fuera proporcionado a las circunstancias del caso; carga que le incumbía al amparo de lo dispuesto en el artículo 217.3 LEC.

Lo expuesto conlleva, sin más, a estimar íntegramente la demanda, sin necesidad de analizar el resto de cuestiones objeto de controversia.

Quinto.- Consecuencias de la nulidad. Como consecuencia del carácter usurario del crédito «revolving» procede la declaración de su nulidad «radical, absoluta y originaria». En consecuencia, la entidad devolverá los intereses satisfechos por la parte actora, con los intereses desde la presentación de la demanda.

Sexto.- Costas Procesales. En materia de costas, atendiendo al principio de vencimiento objetivo del artículo 394 LEC, procede imponerlas a la parte demandada, al haber visto desestimadas íntegramente sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, don XXXX, actuando en nombre y representación de don XXXX, frente a COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, y en consecuencia:

1. DECLARO LA NULIDAD DEL CONTRATO de tarjeta de crédito objeto de autos, suscrito por las partes, por su carácter usurario.

2. Condeno a COFIDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA a devolver al demandante los intereses satisfechos por la parte actora, con los intereses desde la presentación de la demanda.

3. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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