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Hucha de reclamaciones de EZ

Condena contra Cofidis por usura restituye 3.047,95€

El Juzgado nº4 de de Las Palmas dicta condena contra Cofidis por usura y obliga a devolver 3.047,95€ a una usuaria de Economía Zero.

La parte actora presentó demanda judicial solicitando la  nulidad del contrato suscrito con la entidad financiera demandada con fecha de 3 de agosto de 2017 por haberse estipulado un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. O dicho de otra manera, el carácter usuario del crédito con TAE: 24,51%.

El Magistrado del caso estima la demanda interpuesta por el usuario de Economía Zero y declara la nulidad del contrato por usurario y dicta condena contra Cofidis teniendo que devolver todas las cantidades pagadas por encima del capital prestado inicialmente.

En la condena contra Cofidis se imponen las costas del proceso a la entidad al perder la demanda.

El Letrado colaborador de Economía Zero Don Francisco De Borja Virgos De Santisteban ha sido el encargado de conseguir la siguiente condena contra Cofidis.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO LA NULIDAD DE TUS LÍNEAS DE CRÉDITO, CONSIGUE UNA CONDENA CONTRA COFIDIS Y RECUPERA LO QUE ES TUYO !!!

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº4

Materia: Obligaciones Resolución: Sentencia 000139/2021 IUP: PR2021007194

Intervención: XXXX

Interviniente: XXXX

Abogado: XXXX

Procurador: XXXX

Demandante Francisco De Borja Virgos De Santisteban

Demandado COFIDIS SA SUCURSAL EN ESPAÑA

SENTENCIA

En Puerto del Rosario, a 30 de septiembre de 2021.

Don XXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de esta ciudad y su partido judicial ha visto los autos de juicio ordinario 161/2021, promovidos por Dña. XXXX, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. XXXX y asistida de letrado Sr Virgós de Santisteban, contra COFIDIS SA, representada por el Procurador Sr. XXXX y asistida de letrada Sra XXXX, en ejercicio de la acción de nulidad del contrato por existencia de usura en el tipo de interés pactado y subsidiaria de no incorporación de cláusula de intereses nominales y TAE y nulidad por abusividad de comisión de reclamación de impagos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 4 de marzo de 2021 se presentó demanda de juicio ordinario por Dña. XXXX  frente a COFIDIS SA, en donde se exponían los hechos que constan en la demanda y que en aras a la brevedad se dan por reproducidos y, tras alegar los fundamentos jurídicos que estimó aplicables al caso, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se declare que el contrato de crédito Cofidis suscrito entre las partes el 3 de agosto de 2017 es nulo por usurario y, en consecuencia, el prestatario está obligado sólo a entregar al prestamista la suma recibida, condenando a la entidad demandada a restituir cantidades que ya hubiera recibido la actora, y que se determinarán en ejecución de sentencia, así como los intereses. 

Subsidiariamente se declare no tener por incorporada la cláusula del 24,51% TAE, y se restituya las cantidades indebidamente pagas en ese concepto con intereses, así como abusividad de cláusula de reclamación de impagados con restitución de cantidades pagadas en ese concepto con intereses.

SEGUNDO.- Se admitió a trámite la demanda por resolución de 10 de marzo de 2021, acordando emplazar a la demandada para que contestara a la demanda contra la misma formulada, lo que así hizo interesando su desestimación.

TERCERO.- Se citó a las partes para la celebración de la Audiencia Previa que tuvo lugar en fecha 21 de septiembre de 2021. Una vez propuesta y practicada la prueba admitida (documental por reproducida), quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- De las pretensiones de las partes En la demanda rectora de los presentes autos, se expone que Dña. XXXX celebró contrato de crédito al consumo con la mercantil demandada en fecha 3 de agosto de 2017 (doc. 1 de la demanda), pactándose un interés del 24,51% TAE.

Sobre la anterior base fáctica, acciona la actora como pretensión principal conforme a los artículos 1 y 3 de la Ley, de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura, en adelante LRU, al atribuirle la consideración de usuario, y la aplicación al mismo de las consecuencias previstas en la LRU. 

Dicho artículo 1 dispone que:  “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. 

Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos.” Por su parte, el artículo 3 señala que:  “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida? y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

En la contestación a la demanda el banco aduce, en síntesis, que la TAE del interés aplicado no es notablemente superior al tipo de interés habitual en el mercado de tarjetas de crédito revolving, y que no existe desproporción entre el tipo de interés cobrado y las circunstancias del caso. Por todo ello, pedía la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- De la jurisprudencia aplicable a usura. Respecto al carácter usurario del préstamo, es necesario partir de la doctrina emanada de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que reconduce la interpretación jurisprudencial sobre la Ley de Represión de la Usura: “1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6% TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura , que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» .

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril , y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio.

Siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. 

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio , 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley. 

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario , que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. 

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario , la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley”.

Lo anterior, debe completarse con la reciente sentencia del Tribunal Supremo 149/2020, de 4 de marzo, en la cual se precisa lo que debe entenderse por interés normal del dinero, y señala en sus FJ 3º, 4º y 5º que: “3º.-La doctrina jurisprudencial que fijamos en la sentencia del pleno de esta sala 628/2015, de 25 de noviembre, cuya infracción alega la recurrente, puede sintetizarse en los siguientes extremos: i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia. 

La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. 

No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

De lo expuesto se desprende que no fue objeto del recurso resuelto en aquella sentencia determinar si, en el caso de las tarjetas revolving, el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» es el interés medio correspondiente a una categoría determinada, de entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España. 

En la instancia había quedado fijado como tal término de comparación el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo (entre las que efectivamente puede encuadrarse el crédito mediante tarjetas revolving), sin que tal cuestión fuera objeto de discusión en el recurso de casación, puesto que lo que en este se discutía en realidad es si la diferencia entre el interés del crédito revolving objeto de aquel litigio superaba ese índice en una proporción suficiente para justificar la calificación del crédito como usurario. 

Tan solo se afirmó que para establecer lo que se considera «interés normal» procede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España sobre los tipos de interés que las entidades de crédito aplican a las diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

A lo anteriormente expuesto se añadía el hecho de que el Banco de España no publicaba en aquel entonces el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, sino el más genérico de operaciones de crédito al consumo, lo que puede explicar que en el litigio se partiera de la premisa de que el índice adecuado para realizar la comparación era el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo publicado por el Banco de España.

4º- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. 

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. 

No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia. Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

5º.- Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece: Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés notablemente superior al normal del dinero y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». 

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso. 

Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. 

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. 

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. 

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito.”

TERCERO.- De la aplicación de la jurisprudencia citada al caso concreto Teniendo en cuenta la jurisprudencia transcrita, el Alto Tribunal considera que, para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. 

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias.

Expuesto lo anterior, según la documental aportada por la actora (doc 2 de la demanda), que también menciona la demandada, y fácilmente contrastable con la web del Banco de España (al efecto (https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1904.html) el interés medio de las operaciones de crédito al consumo en las categorías de “hasta 1 año” era del 3,33% en el momento de la formalización del contrato (2017). 

En la categoría de “más de 1 año y hasta 5 años” era del 8,49%, y en la de “más de 5 años” era del 7,89%. Incluso la categoría de “tipo medio ponderado” era del 7,24 % en 2017. 

Y siguiendo lo expuesto por el Tribunal Supremo, en cuanto a utilizar la categoría más concreta para realizar la comparación (en este caso interés de tarjetas de crédito y revolving), el tipo fijado por el BDE en 2017 era del 20,80 %, tal y como Se escoja la categoría que se escoja de entre las propuestas para realizar la comparativa con 2017, las circunstancias expuestas permiten establecer que el interés establecido en el contrato (24,51 % TAE) en relación con el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado es “notablemente superior al normal del dinero” (más del doble y en algunos casos el triple? siendo casi 4 puntos porcentuales superior en caso de tarjetas revolving) y, en consecuencia, ha de considerarse usurario el crédito en los términos establecidos en el art. 1 LRU. 

Ello porque además, el supuesto examinado por el Tribunal Supremo en la sentencia citada, analizaba una tarjeta revolving con TAE similar al presente caso, 26,82 %, comparándolo con un interés medio algo superior al 20% en la sentencia transcrita, y reputándolo usurario. 

Por todo ello, debe considerarse usurario el contrato suscrito por las partes.

Las consecuencias que se derivan para este procedimiento son la nulidad del contrato de préstamo y que el prestatario viene obligado a devolver exclusivamente la suma recibida (art. 3 LRU), lo que lleva a estimar íntegramente la demanda, con la devolución por la demandada de aquellas cantidades que ya haya pagado la actora y excedan del capital prestado.

Evidentemente, en caso de que el prestatario todavía no haya devuelto el préstamo, o lo haya devuelto parcialmente, sólo estará obligado a devolver el principal efectivamente prestado. 

Si el actor ha abonado cantidades que exceden del capital efectivamente prestado, ésas serán las que deberá devolver el demandado.

Estimándose la pretensión principal, la subsidiaria no necesita ser resuelta.

CUARTO.- De las costas De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, las costas procesales deben imponerse a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales doña XXXX, en la representación indicada y, en consecuencia, DECLARO la NULIDAD radical del contrato de préstamo suscrito entre las partes el 3 de agosto de 2017, por establecer intereses remuneratorios usurarios, y, como consecuencia de dicha declaración.

CONDENO a la entidad demandada a la devolución de las cantidades percibidas que excedan del total del capital prestado, y que hayan sido satisfechas por la demandante por cualquier concepto, más los intereses legales devengados desde cada liquidación, cantidades que deberán determinarse en ejecución de sentencia? todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.        

Así por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma D. XXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Puerto del Rosario.

EL JUEZ.

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