6695-TARJETA-WIZINK-4.914E

El Juzgado Nº67 de Madrid declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito Visa Barclaycard Oro y dicta condena contra Wizink por usura.

El actor contrató una tarjeta Visa Barclaycard Oro suscrita el 5 de enero de 2016 en la que se estipuló una TAE 27,24%, siendo muy superior al precio normal del dinero y por ello procede la siguiente condena contra Wizink Bank.

En la siguiente sentencia a Wizink queda demostrada la falta de transparencia por parte de la entidad.

Por el actor se llevo a cabo una reclamación extrajudicial a la financiera, solicitando la nulidad del contrato por usurario, siendo negado por la entidad.

La Magistrada-Juez del caso estimando la demanda, declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes, y dicta condena contra Wizink obligando al pago de las cantidad que resulte de restar al capital recibido, el importe abonado por todos los conceptos, más intereses legales. Suma que asciende a 4.914,60€.

En la siguiente condena contra Wizink procede imponer las costas derivadas del procedimiento judicial a la parte demandada.

D. Daniel González Navarro letrado colaborador con Economía Zero ha sido el encargado de conseguir la siguiente condena contra Wizink bank. 

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 67 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 970/2021 Materia: Estado civil: Otras cuestiones

Demandante: D./Dña. XXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXX

Demandado: WIZINK BANK, S.A.

PROCURADOR D./Dña. XXXX

SENTENCIA Nº237/2022

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXX

Lugar: Madrid

Fecha: dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

Vistos por la Sra. Dña. XXXX, Magistrada-Juez de Primera Instancia del Juzgado número Sesenta y Siete de esta Ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario nº 970/2021, seguidos a instancias de D. XXXX, representado por la Procuradora Dña. XXXX, contra Wizink Bank S.A., representada por la procuradora Dña. XXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D. XXXX, representado por la Procuradora Dña. XXXX, se formuló demanda de Juicio Ordinario contra Wizink Bank S.A., en la que, por medio de párrafos separados exponía los hechos en que fundaba su pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y hacía alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba con la súplica de que, tras su legal tramitación, se dictara Sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1.- Declarando la nulidad de la relación contractual por usura, así como la condena a la devolución de la cantidad pagada que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto.

2.- Subsidiariamente, declarando la no incorporación o nulidad de las cláusulas relativas a la fijación del interés remuneratorio, y por tanto la nulidad de contrato, así como la condena a la devolución de la cantidad pagada que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto.

3.- Con carácter subsidiario a los dos puntos anteriores, declarando la nulidad por abusividad de la cláusula que permite la modificación unilateral de las condiciones del contrato así como de la comisión por reclamación de cuota impagada. Todo ello con expresa condena a las costas del procedimiento a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó dar traslado a la parte demandada, emplazándola por el término de veinte días para contestar, compareciendo dentro del plazo concedido formulando oposición a las pretensiones de contrario, solicitando su desestimación. Habiendo interesado la suspensión de las actuaciones por concurrir una cuestión prejudicial, fue desestimada con carácter previo.

TERCERO.- Convocados los litigantes para la celebración de la audiencia previa, el día señalado comparecieron ambas partes personadas, poniendo de manifiesto la subsistencia del litigio y la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambos.

Una vez fijados los hechos controvertidos, se acordó recibir el procedimiento a prueba.

Habiendo sido propuesta únicamente documental, no siendo necesaria la celebración de vista, quedaron las presentes actuaciones conclusas para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han respetado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercitan en el presente procedimiento sendas acciones en relación con el contrato de tarjeta Visa Barclaycard Oro suscrita el 5 de enero de 2016 por el actor, D. XXXX, con la entidad Wizink Bank S.A., interesando los siguientes pronunciamientos: 1.- En primer lugar, solicita que se declare la nulidad de la relación contractual por usura, así como la condena a la devolución de la cantidad pagada que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto

2.- Subsidiariamente, que se declare la no incorporación o nulidad de las cláusulas relativas a la fijación del interés remuneratorio, y por tanto la nulidad de contrato, así como la condena a la devolución de la cantidad pagada que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto.

3.- Finalmente, con carácter subsidiario a los dos puntos anteriores, declarando la nulidad por abusividad de la cláusula que permite la modificación unilateral de las condiciones del contrato así como de la comisión por reclamación de cuota impagada.

Expone en la demanda que suscribió la tarjeta actuando en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional, como consumidor. Tratándose de un contrato con condiciones generales, no negociadas individualmente y cuya incorporación al contrato ha sido impuesta por una de las partes.

Señala que para la concesión de la tarjeta la parte demandada no tuvo en cuenta la situación concreta del actor, ni efectuó un estudio de riesgos que justificara un tipo de interés tan elevado.

Añade que, el 15 de octubre de 2020 envió una reclamación previa al Servicio de Atención al Cliente de Wizink dejando constancia de su disconformidad con el tipo de interés por considerarlo usurario.

Por parte de la demandada se formuló oposición a las pretensiones de contrario, solicitando su desestimación.

Por lo que se refiere al fondo, formula oposición por los siguientes motivos: 1.- Considera que todas las cláusulas del contrato superan el doble control de inclusión y transparencia.

2.- El tipo de interés remuneratorio, en tanto elemento esencial del contrato, no está sujeto al control de abusividad.

3.- Las comisiones cobradas por el banco son válidas y eficaces.

4.- Las cláusulas cuya abusividad se solicita son lícitas y no abusivas. 5.- La actuación del Sr XXXX contraviene sus actos propios.

Después de exponer la naturaleza del producto contratado y el procedimiento seguido para su suscripción, haciendo especial incidencia en la información facilitada al cliente, añade que, durante los 5 años que el contrato ha estado en vigor el actor: – Ha dispuesto de un total de 10.772’75 euros – Ha abonado la cantidad de 15.687’35 euros.

Por lo que considera que, de los cuadros de movimientos de tarjeta aportados y extractos mensuales que se enviaban a su domicilio, permite apreciar que el actor no era una persona que contratase la tarjeta de crédito por ignorancia o desconocimiento sobre las condiciones o el funcionamiento del producto, o que lo hiciese forzado al encontrarse en situación de angustia o necesidad.

Añadiendo que el tipo de bienes y servicios que adquirió tampoco encaja en la categoría de gastos necesarios, básicos e imprescindibles, sino en el de gastos superfluos.

SEGUNDO.- DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA. En el presente caso, como se viene indicando, se interesa se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes, por contener un interés remuneratorio usurario, con las consecuencias derivadas de dicho pronunciamiento.

Solicitando de forma subsidiaria que se declare la nulidad de la cláusula que fija el interés remuneratorio, por no superar los controles de incorporación y transparencia, y se proceda a la devolución de las cantidades abonadas por este concepto.

En orden a resolver la cuestión litigiosa, procede indicar con carácter previo que no se puede negar la condición de consumidor del demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 TRLCU, al tratarse de una persona física y no haber sido acreditado que la contratación tuviera por objeto su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Del mismo modo, no se discute que nos encontramos ante condiciones generales de contratación, al haber sido redactadas de antemano por la entidad financiera, sin que el cliente haya podido influir en su contenido, por más que las haya podido conocer y, consciente o no de la naturaleza y consecuencias de las cláusulas, las acepte en lo que constituye la expresión de un consentimiento voluntario y libre, pero no por ello debidamente formado.

Destacando que una cosa es conocer la existencia de la estipulación y otra diferente, sobre todo en determinado tipo de negocios complejos, interiorizar la naturaleza, derechos, obligaciones y riesgos que comporta el producto y, por ende, la aceptación del contrato, normalmente determinada por la ausencia de alternativas suficientemente fundadas, bien porque no existan, bien porque el cliente se encuentra en una posición de inferioridad tanto en lo que se refiere al nivel de información como a la capacidad de negociación propiamente dicha.

Los citados presupuestos se consideran de aplicación al presente caso, añadiendo que, de acuerdo con la norma general sobre la disponibilidad y la facilidad de la prueba (artículo 217.6 LEC), no consta que las cláusulas discutidas hubieran sido negociadas individualmente con el actor.

De acuerdo con las citadas premisas, al encontrarnos ante condiciones generales de la contratación, debe incidirse en el especial deber de información que debe presidir la contratación crediticia, debiendo las entidades que operan en este ámbito dotar de claridad y transparencia a las operaciones que realizan, por la especial complejidad que presenta el sector financiero y la contratación en masa, pesando sobre ellas la carga de probar el cumplimiento de ese deber.

En este sentido, resulta muy ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015, Van Hove, asunto C-96/14, en la que expresamente se refiere a lo que debe entenderse por «redacción clara y comprensible», señalando lo siguiente (40): El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter comprensible de aquéllas en un plano formal y gramatical.

Por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva (véanse, en este sentido, las sentencias Kásler y Káslerné Rábai [TJCE 2014, 105], C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 71 y 72, y Matei [JUR 2015, 71847], C-143/13, EU:C:2015:127, apartado 73).

En la citada resolución, el Tribunal de Justicia, en relación a la interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 añade que el órgano jurisdiccional debe constatar que la cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es decir, que no sólo resulte inteligible para el consumidor en el plano gramatical, sino también que el contrato exponga de manera transparente tanto el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula como la relación entre dicho mecanismo y el que establezcan otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

De acuerdo con tales principios, con la sentencia de Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, sienta una serie de principios generales en la materia, relativas incluso a las cláusulas referidas al objeto principal del contrato, ya que cumplen una función definitoria esencial.

Añadiendo que ello no obsta a su consideración como condición general de contratación, pues ésta puede referirse al objeto principal del contrato.

El problema estribará, entonces, en el grado de control que la ley articula en tal caso, donde están en juego, por un lado, los intereses del empresario, al amparo del principio de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado (artículo 38 de la CE), y, por otro, la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 51 de la CE). Tampoco excluye la naturaleza de condición general de la contratación el cumplimiento por el empresario de los deberes exigidos por la legislación sectorial.

Por lo que la existencia de una regulación bancaria al respecto no es óbice para que sea aplicable la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en este sentido, ya se pronunciaba también la sentencia de la Sala 1ª del TS de 2 de marzo de 2011).

Por otra parte, y teniendo en cuenta que se plantea la declaración de nulidad, por el supuesto carácter abusivo de las cláusulas relativas a intereses remuneratorios, debe tenerse en cuenta a su vez, como continúa la citada Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del TS de 9 de mayo de 2013, inspirada en la Directiva 93/13 (en su considerando decimonoveno y en su artículo 4.2) y en lo que exponía en la anterior Sentencia del 18 de junio de 2012 (donde señalaba que el control de contenido del posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al del equilibrio de las contraprestaciones, por lo que no cabría un control sobre el precio), que, como regla general, no cabe realizar un control de abusividad sobre lo que constituye el objeto principal del contrato.

Pero establece, asimismo, a continuación, una importante precisión, al señalar que lo que sí cabe es someter a las condiciones generales a ello referidas a un doble control de transparencia.

Ese doble control consiste en: 1º) Superar el filtro de incorporación o de consideración de las mismas como incluidas en el contrato (artículos 5.5 y 7 de la LCGC), lo que se entenderá cumplido si las cláusulas son claras, concretas y sencillas, el adherente ha tenido oportunidad real de conocerlas de manera completa al tiempo de celebrar el contrato y no son ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles, y 2º) Superar, además, una vez que puedan considerarse cumplidos los requisitos de incorporación a los contratos con consumidores, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta.

Éste debe proyectarse sobre la comprensibilidad real de la importancia de la cláusula en el desarrollo del contrato, lo que supone que podrá ser considerada abusiva la condición general si se llegase a la conclusión de que el consumidor no percibiría que se trataba de una previsión principal, que iba a incidir en el contenido de su obligación de pago, o no se le permitiera un conocimiento real y razonablemente completo de cómo aquélla puede jugar en la economía del contrato, porque resulta indispensable que se garantice que el consumidor dispone de la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa.

Este examen debe realizarse tomando en cuenta, incluso, el contexto en el que se enmarca la cláusula.

TERCERO.- CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. De acuerdo con la doctrina expuesta, la primera cuestión que debe ponerse de relieve en orden a valorar el cumplimiento del filtro de incorporación (artículos 5.5 y 7 de la LCGC), es que, si bien el actor disponía del condicionado y la posibilidad de examinarlo, el tipo de letra utilizado resulta prácticamente ilegible.

Habiendo mantenido la jurisprudencia menor en relación con modelos de contrato similares al que ahora nos ocupa, que el citado tipo de letra impide que el consumidor pueda atender al contenido del clausulado y examinar detenidamente sus estipulaciones.

Llegando incluso a afirmar que no se alcanza otra razón para presentar el contrato de este modo que el buscar deliberadamente la imposibilidad real de su compresión, exigente de un intensísimo y penoso esfuerzo que no resulta exigible para el consumidor medio (Sentencia de la AP Pontevedra de 18 de mayo de 2017). Además, ponen de relieve que las condiciones se expresaban de forma abigarrada e ilegible en el reverso.

Precisando que en dicho reverso no se exigía la firma del consumidor, por lo que no podía constar su conocimiento, ni consentimiento expreso. Aludiendo a su vez a la ausencia de prueba de haberse suplido dicha omisión con algún tipo de información precontractual.

Sin perjuicio de ello, y aun en el supuesto de considerar, a meros efectos dialécticos, que el consumidor conoció las condiciones del contrato y que éstas superan el control de incorporación, en ningún caso superaría el doble control de transparencia o control de contenido, en cuanto exige que el consumidor tenga conciencia de la carga económica real que representa el contrato.

Debiendo valorarse que las cláusulas económicas del contrato, a pesar de recoger el tipo de interés aplicable, comisiones, penalizaciones por descubierto, y otros gastos, no resultan inteligibles para un consumidor medio que, como ocurre en el caso del actor, no consta tuviera conocimientos financieros.

Apreciando que, incluso en el caso de haber procedido, a pesar del diminuto tamaño de la letra empleada, a una lectura detenida del condicionado, no habría podido representarse el coste de la operación.

En particular no se explican debidamente las consecuencias económicas que conlleva la modalidad de pago aplazado, consistente en abonar una cantidad fija o un porcentaje del crédito dispuesto, cuota que ni siquiera se precisaba, de manera que prácticamente solo se amortizaban intereses, sin reducir el capital.

Consecuencia de ello era, como se viene indicando, que a pesar de haber abonado una cantidad muy superior a la financiada, todavía mantiene una deuda elevada. Señalar a su vez y en relación con los intereses aplicados, que en todo caso resultaría de aplicación la normativa de la Represión de la Usura, teniendo en cuenta, como señala el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de noviembre de 2.015, que las previsiones que en dicha ley se establecen son de aplicación a operaciones de crédito sustancialmente equivalentes a los préstamos al consumo y la operación en que sustenta sus pretensiones la entidad demandante.

Recordando que la contratación de la tarjeta es una forma de instrumentalizar el contrato de préstamo, que le sirve de base y soporte para su entrega y el Tribunal Supremo al considerar aplicable la Ley de Represión de la Usura, con base en lo establecido en el artículo 9 de dicha ley, lo hace al interpretar esta ley conforme a las diversas circunstancias sociales y económicas concurrentes y la aplica a toda operación crediticia, que por sus circunstancias, pueda ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo, calificación que encaja en el supuesto aquí analizado desde el momento en que el primer paso para formalizar la relación contractual es cumplimentar la solicitud y una vez recibida ésta la entidad financiera concede préstamos mediante ingresos en cuenta.

De manera que, a la vista de las condiciones de contratación y circunstancias personales del usuario, es claro que nos encontramos ante una operación de crédito al consumo, consideración general que no se pierde por el hecho de que exista una disposición sucesiva de crédito, ni por la posibilidad de optar por el pago aplazado o porque éste se efectúe a través de entidades que no sean las tenedoras de las cuentas a cuyo cargo se pagan (sistema revolving).

Destacar en relación con este extremo, a pesar de las alegaciones de la parte demandada, que el interés remuneratorio pactado del 24% TIN (26’82% TAE), no puede considerarse normal o habitual en el mercado.

En este sentido debe estarse al criterio mantenido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 en la que se mantiene que para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

Añade que a estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico. Indicando que en el caso examinado era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero».

Y a esta cuestión debía contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

Por lo que consideraba que la TAE del 27,24% del crédito revolving debía compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

Añadiendo que no se había alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia y que al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evitaba que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

De acuerdo con lo expuesto concluye que debía entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving era notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las siguientes razones: – El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado.

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Reiterando la doctrina de la Sentencia 628/2015, de 25 de noviembre para mantener que no podía justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

En suma, sostiene que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito.

Por todo lo expuesto debe mantenerse que también concurrirían en este caso los presupuestos para apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato objeto de este procedimiento, y, en consecuencia, su nulidad por este motivo.

CUARTO.- En cuanto a las consecuencias de los citados pronunciamientos, declarado el carácter usurario del interés remuneratorio aplicado, y por ende, la nulidad del contrato de tarjeta suscrito, las mismas han de ser las que se derivan del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura en relación con el 1303 del Código Civil; de manera que el consumidor deberá devolver tan solo la suma efectivamente dispuesta, sin que pueda verse la misma incrementada con los intereses remuneratorios de la misma.

En consecuencia, en el caso examinado conlleva la obligación de la demandada de devolver la cantidad reclamada como principal por importe de cuatro mil novecientos catorce euros con sesenta céntimos (4.914’60 €), diferencia entre la suma abonada por el actor 15.687’35 euros y el importe de lo dispuesto, 10.772’75 euros, hasta la fecha del escrito de contestación.

La citada cantidad devengará los intereses legales desde la presente resolución, fecha en que ha sido concretado el importe de lo debido (artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil en relación con el 576 de la LEC).

Lo expuesto se entiende sin perjuicio de las cantidades que se pudieran determinar en ejecución de sentencia, en caso de acreditarse la realización de nuevos pagos con posterioridad al escrito de contestación. No devengándose intereses, al no haber quedado concretadas en este momento procesal.

QUINTO.- Al estimarse íntegramente la demanda, procede hacer expresa imposición de costas a la parte demandada por aplicación del principio de vencimiento (artículo 394 de la LEC). Vistas las disposiciones legales citadas y demás en general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por D. XXXX, contra Wizink Bank S.A., debo: 1.- Declarar la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato de tarjeta suscrito, por tratarse de un contrato usurario, con los efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la Usura.

2.- Como consecuencia del citado pronunciamiento se condene a la demandada a que reintegre al actor la suma de cuatro mil novecientos catorce euros con sesenta céntimos (4.914’60 €) cantidad abonada hasta el escrito de contestación por encima de la cantidad dispuesta.

La citada cantidad devengará los correspondientes intereses legales desde la presente resolución (artículo 576 de la LEC).

Lo expuesto se entiende sin perjuicio de las cantidades que se pudieran determinarse en ejecución de sentencia, en caso de acreditarse la realización de nuevos pagos con posterioridad al escrito de contestación.

No devengándose intereses sobre el importe que se determine, al no haber quedado concretado en este momento procesal.

Se hace expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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