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Sentencia contra Banco Santander devuelve 1.056€

El Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Massamagrell dicta sentencia contra Banco Santander y declara la nulidad de un contrato de préstamo revolving por aplicar un tipo de interés del 16,5597% TAE.

Por las partes, se suscribió un contrato de préstamo en fecha 2009. 

Siendo el tipo pactado en el contrato suscrito con la parte actora en la modalidad referida de un TAE del 16,5597%, resulta que dicha cuantía supone prácticamente el doble del índice de referencia normal para los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años, el tipo aplicable a la fecha de la contratación, junio de 2009, era el 8,74 %.

Posteriormente, la demandante presentó, una reclamación extrajudicial ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad, la cuál fue rechaza por la misma, lo que dio lugar a la interposición de la presente demanda judicial.

El interés pactado en el contrato debe calificarse como notablemente superior al normal del dinero. 

Estimando la demanda, el Juez del caso dicta sentencia contra Banco Santander declarando la nulidad por usura del contrato de préstamo al consumo suscrito por la demandante con Banco Santander, S.A., condenando a la entidad demandada a restituir a la actora la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados.

En la sentencia contra Banco Santander las costas son impuestas a la parte demandada.

D. José Carlos Gómez Fernández letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la sentencia contra Banco Santander.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº3 DE MASSAMAGRELL

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] – 000567/2021-A

De: D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Contra: D/ña. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA

Procurador/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA Nº193/21

En Massamagrell, a 13 de Diciembre de 2021.

Vistos por D. XXXX, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Massamagrell, los presentes autos de Juicio Ordinario nº567/21, seguidos ante este Juzgado a instancia de D. XXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales, Dña. XXXX, y asistido del Letrado, D. José Carlos Gómez Fernández, contra la entidad, SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXX, y asistida del Letrado, D. XXXX, en el ejercicio de acción individual de nulidad por usura y nulidad de cláusulas abusivas, y en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Presentada el día 10 de junio de 2021, demanda de juicio ordinario en el decanato, turnada al presente Juzgado, por la Procuradora de los Tribunales, Dña. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, por la que exponiendo los fundamentos de derecho y hechos que tuvo por convenientes, se solicitaba que, previo los trámites legales, se dicte sentencia por la que se declare la nulidad por usura del contrato de préstamo de fecha 24 de junio de 2009 y se condene a la demandada a la restitución de todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto más intereses legales y procesales, y al pago de las costas del pleito.

Subsidiariamente, solicitó que se declare la nulidad por abusividad de la cláusula de interés moratorio/penalización por mora y se condene a la demandada a la restitución de todas las cantidades abonadas en su concepto más los intereses legales y procesales, y al pago de las costas del pleito.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la demandada para que en el plazo de veinte días compareciera y contestase a la demanda, lo que así hizo en legal forma.

TERCERO.- Las partes fueron citadas para la celebración de la audiencia previa, en aras a resolver los puntos controvertidos, compareciendo las partes, que tras ratificar sus escritos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

CUARTO.- Se recibió el juicio a prueba y se propuso: Por la actora: documental por reproducida.

Por la demandada: documental por reproducida. Admitida la prueba propuesta y declarada pertinente, quedaron los autos conclusos para sentencia en virtud del artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; habiéndose observado en la tramitación del presente procedimiento las prescripciones legales vigentes, a excepción del plazo para dictar la presente resolución, dada la carga de trabajo de este Juzgado, que tiene asumida, a su vez, la competencia en materia de violencia de género.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La parte actora ejercita la acción de nulidad del contrato de préstamo al consumo suscrito con la entidad demandada, el 24 de junio de 2009, por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio en un 16,5597%.

Subsidiariamente, ejercita la actora la acción de declaración de abusividad de la cláusula de interés moratorio y penalización por mora, al infringir el art. 80 y concordantes del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, causando en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones que se derivan del contrato.

En su contestación a la demanda, SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. sostuvo, que el interés aplicado no puede considerarse usurario, pues se trata de un un tipo de interés dentro de los usuales para este tipo de financiación, que viene establecido con meridiana claridad en las condiciones particulares, con letra mayúscula y en lugar destacado, teniendo pleno conocimiento el demandante del interés aplicado y el importe que por intereses pagará al finalizar el contrato, si atiende a todas las cuotas con regularidad a sus vencimientos.

Respecto al examen de una posible usura, reseña la demandada, que las tablas que publica mensualmente el Banco de España, contienen tipos de intereses medios, por lo que el tipo de interés que aparece en la tabla es una mera referencia a la media de los tipos aplicados, no pudiendo considerar que el tipo medio que consta en la tabla sea el límite aceptable de una operación de préstamo al consumo, sino que el hecho de que sea el tipo medio, es que existen tipos muy superiores que son totalmente válidos sin incurrir en usura.

Señala la demandada que la tabla del Banco de España que debe tomarse en consideración para encontrar el tipo medio para este tipo de préstamo es la –Serie 19 -6.2, donde puede observarse que, en el año 2009, los tipos de interés para operaciones de préstamo al consumo estaban al alza y en la que los tipos medios de interés superaban el 11%, de tal suerte, que existen préstamos con tipos de interés tanto superiores como inferiores.

Y en relación con la solicitud subsidiaria de declaración de abusividad de condiciones generales de la contratación, aduce la demandada, que la comisión de reclamación de posiciones deudoras se corresponde con el resarcimiento de una serie de costes efectivos y, por tanto, es una indemnización que guarda proporción con el coste soportado, razón, por la que entiende que la acción ejercitada de contrario, debe ser desestimada.

SEGUNDO.-Entrando a resolver el fondo del asunto, sobre el sobre el carácter usurario del interés remuneratorio la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de noviembre de 2015,matizada por la más reciente de 4 de marzo de 2020, se desprende que:

1.- Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, esto es, (i) que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y (ii) manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigible que, acumuladamente, haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

2.- Que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia.

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

Y, dado que conforme al artículo 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

3.- Para determinar el «interés normal» la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 acudió a las estadísticas que publica periódicamente el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas, estimando que en la medida que sobrepase el doble del tipo medio ponderado en operaciones de crédito al consumo, ha de reputarse usurario.

Este término comparativo o índice de referencia fue matizado en la Sentencia del Alto Tribunal de 4 de marzo de 2020, declarando que la referencia que debe utilizarse es el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada; y así, si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo).

Deberá utilizarse la categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

4.- En cuanto a la segunda premisa que conforma la calificación de usura, esto es, que el interés sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, el Tribunal Supremo señala en su Sentencia de fecha 4 de marzo de 2020 que los tipos de las tarjetas de crédito publicados son, de por sí, muy elevados, y de muy dudosa justificación por su notoria desproporción con los previstos para los créditos al consumo.

Se puede entender una operación de alto coste financiero a muy corto plazo, pero cuando se produce el impago la deuda se convierte en un saldo deudor cuya remuneración (tipo de interés) no difiere de la que pudiera suponer cualquier otro derivado de otras modalidades de préstamo o crédito.

De ahí, que el Tribunal Supremo advierta y señale un margen muy restrictivo para calificar como usuario un tipo de interés. Manifiesta literalmente que:

«6.- El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes».

Se ha de atender, además, a otras consideraciones de naturaleza sociológica:

«8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia».

TERCERO.- En la situación de hecho que aquí se contempla, de conformidad con la jurisprudencia del TS referenciada en el fundamento anterior, queda claro, pues, que la comparación del interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, deberá realizarse con la categoría de que se trate la operación crediticia cuestionada, y en este caso, el índice que debe ser tomado como referencia es el tipo medio de intereses activos aplicados por las entidades de crédito en 2009 (fecha de formalización del contrato de préstamo al consumo) a los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años, publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

Por tanto, siendo el tipo aplicable a la fecha de la contratación, junio de 2009, el 8,74 % (véasela tabla “Tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito en 2009” del Banco de España, donde se indica expresamente los tipos de interés fijados para los “créditos al consumo” “operaciones a plazos entre 1 y 5 años”, Docs.6-1,6.2-6.3 de la demanda).

Y siendo el tipo pactado en el contrato suscrito con la parte actora en la modalidad referida de un TAE del 16,5597%, resulta que dicha cuantía supone prácticamente el doble del índice de referencia normal para los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años (habiéndose pactado en nuestro caso concreto por un plazo de 2 años, esto es, 24 meses), lo que conlleva que, al amparo de la jurisprudencia citada, el contrato objeto de autos deba reputarse nulo al vulnerar lo dispuesto en la ley de represión de usura.

En efecto, nos encontramos ante un T.A.E estipulado en el contrato que supone prácticamente el doble del interés medio determinado en el momento de celebración del contrato (junio de 2009), correspondiente a la categoría que corresponde a la operación crediticia cuestionada.

Por lo demás, tampoco aparece acreditada la concurrencia de circunstancias excepcionales que pudieran justificar la estipulación de un interés tan elevado, y mucho menos que el riesgo concurrente sea superior a prácticamente el doble del tipo medio de interés cobrado en operaciones de consumo a plazo entre 1 y 5 años, siendo sobre la propia demandada sobre quien recaía la carga de la prueba, ya que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, debiendo advertirse en todo caso, como ya se razonaba en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 y ahora se reitera en la de 4 de marzo de 2020, que no puede justificarse una elevación del tipo de interés en tales operaciones sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario.

Por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico, y, por lo tanto, que la aplicación de un interés superior al tipo medio considerado no puede fundarse en esa circunstancia.

El carácter usurario del crédito concedido conlleva su nulidad, que ha sido calificada como radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, en tanto, en el caso de la prestamista, comporta la restitución de todas las cantidades que excedan del capital, teniendo en cuenta las ya abonadas por todos los conceptos por el actor, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia, con devengo desde entonces de los intereses legales procesales del artículo 576 de la L.E.C..

A determinar, todo ello, en ejecución de sentencia, sin que, por su parte, el prestatario, aquí consumidor, haya de retribuir con interés alguno a la entidad demandada por la cantidad prestada, en cuanto ello no es sino la sanción y efectos que la ley prevé para los supuestos de nulidad de préstamos por usura. Estimada la acción principal, ningún pronunciamiento procede realizar sobre la acción ejercitada de forma subsidiaria.

CUARTO.-La estimación total de la demanda determina la imposición de costas a la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 394 LEC.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey, pronuncio el siguiente.

FALLO

Estimo la demanda formulada por D. XXXX, representado por el Procurador de los Tribunales, Dña. XXXX, contra la entidad, SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A, representada por el Procurador de los Tribunales Dña. XXXX, y en su virtud, debo declarar y declaro la nulidad del contrato de préstamo al consumo suscrito entre las partes, el pasado 24 de junio de 2009, por su carácter usurario.

Con la anudada consecuencia legal de que la entidad demandada deberá abonar al actor la cantidad que exceda del capital, teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonados por todos los conceptos por la actora, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia, con devengo desde entonces de los intereses legales procesales del art. 576 de la LEC, a determinar, todo ello, en ejecución de Sentencia.

Con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

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