6189-PRESTAMO-RAPIDO-CASHPER-600E

El Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Oviedo dicta sentencia contra Cashper (Novum Bank LTD) y es condenada a anular un contrato de préstamo suscrito con un usuario de Economía Zero por aplicar usura.

La actora suscribió con la demandada un contrato de crédito el 19 de noviembre de 2019 en el que se establecía un interés del 1252,71% TAE, el TAE publicado por el Banco de España para los préstamos al consumo del 8,58 %, por lo que el interés estipulado es notablemente superior al del mercado y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

La entidad financiera demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, por lo que la operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria.

La Magistrada del caso estima la demanda contra la entidad mercantil Novum Bank LTD (CASHPERdeclarando la nulidad del contrato de préstamo suscrito en fecha 19 de noviembre de 2019.

Asimismo, condena a la entidad demandada a restituir a la actora la suma de las cantidades percibidas en la vida de los contratos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, cantidad que suma 600,38€.

En la sentencia contra Cashper se hace expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

La Letrada colaboradora de Economía Zero Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, especialista en este tipo de reclamaciones ha conseguido la sentencia contra Cashper.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.10 OVIEDO

SENTENCIA: 00150/2022 ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000400 /2021

Procedimiento origen: / Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. NOVUM BANK LTD

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA nº150/2022

En Oviedo a 18 de mayo de 2022.

Vistos por Dña. XXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo y su Partido Judicial, los autos del Juicio ordinario núm. 400/21, promovidos por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXX en representación de Dña. XXXX, asistido de la Letrada Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo frente a Novum Bank Ltd. representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXX y asistido del Letrado D. XXXX, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX, en la representación que tiene encomendada en el presente procedimiento se interpuso demanda de juicio ordinario que turnada correspondió al presente Juzgado (núm. 400/21), sobre la base de los hechos que plasmó en el escrito iniciador del procedimiento, que aquí se dan por reproducidos en aras a la brevedad, para, a continuación, tras alegar los fundamentos de derecho que consideró oportunos terminar suplicando que se dictase una sentencia por la que: Se declare la nulidad del contrato suscritos entre las partes por usurario, con las consecuencias previstas en el artículo 3 de la Ley de represión de Usura.

Subsidiariamente, se declare la nulidad del contrato por falta de cumplimiento del requisito de transparencia con las mismas consecuencias. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

La demanda tiene su base en los siguientes hechos: la actora suscribió con la demandada un contrato de crédito el 19 de noviembre de 2019 en el que se establecía un interés del 1252,71%TAE.

Considera la parte actora que el interés estipulado es usurario y, en consecuencia debe declararse la nulidad del contrato de manera que la actora está obligada únicamente a abonar el importe efectivamente prestado, debiendo, en su caso, la prestataria, restituirle las cantidades cobradas y que excedan de dicha cantidad.

SEGUNDO.- Por decreto, se admitió a trámite la demanda presentada, de la que se dio traslado a la demandada, quien no contestó, en tiempo y forma, por lo que fue declarada en rebeldía si bien posteriormente se personó en las actuaciones.

TERCERO.- El día y hora señalados se celebró audiencia previa en la que la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito y en la que ambas partes solicitaron el recibimiento del juicio a prueba. Como medios de prueba, ambas partes solicitaron que se tuviera por reproducida la de tal carácter obrante en autos, por lo que, tras su admisión, quedaron los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora solicita, en primer término, la declaración de nulidad del contrato suscrito entre las partes habida cuenta que el interés pactado es claramente usurario. Según se desprende de la documentación aportada, el contrato establece un interés del 1.252,71% TAE.

El artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, dispone que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 señala que «aunque la noción de usura se refiera etimológicamente al plano de los intereses, el control se proyecta sobre la relación negocial considerada en su unidad contractual, de forma que, sobre la noción de lesión o perjuicio de una de las partes, el control se proyecta de un modo objetivo u objetivable a través de las notas del «interés notablemente superior al normal del dinero» y de su carácter de «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», para extenderse, a continuación, al plano subjetivo de la valoración de la validez del consentimiento prestado concretado alternativamente a la situación angustiosa del prestatario, a su inexperiencia o a la limitación de sus facultades mentales”.

Más en concreto la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2013 dispone que: “El primero de los motivos se funda en la infracción de los artículos 1 y 3 de la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908, conocida como «Ley Azcárate » y derogadas sus normas procesales por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 enero. En el desarrollo del motivo se insiste en que tanto el interés remuneratorio (en la primera parte del motivo) como el interés moratorio (en la segunda parte) no son intereses notablemente superiores a lo normal del dinero ni manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, como exige la primera de las normas citadas como infringida.

La prestación de intereses es la obligación accesoria que acompaña a la obligación pecuniaria principal y que viene determinada en relación al tiempo de cumplimiento y a la cuantía de ésta.

Aparte de los intereses legales (así, artículo 1108 del Código civil), los convencionales se establecen por los sujetos de la obligación principal, como remuneratorios previstos para el cumplimiento normal o a término y como moratorios, para la demora en el cumplimiento de la obligación principal.

Unos y otros tienen la cuantía libremente pactada por las partes (artículo 1108, «intereses convenidos» y 1255 del Código civil, principio de la autonomía de la voluntad) pero con la limitación que impone la mencionada Ley de usura en su artículo 3 que establece la nulidad del contrato con la consecuencia de que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

Hay dos razones para desestimar el motivo. La primera se halla en la previsión del artículo 2 de la Ley de usura y que está derogada y sustituida por el artículo 319. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone: «En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo.

Lo que significa que se impone la facultad discrecional del órgano judicial de instancia (sentencia de 9 enero de 1990) o amplísimo arbitrio judicial (sentencias de 31 marzo de 1997, 10 mayo 2000) basándose en criterios más prácticos que jurídicos (sentencia de 29 septiembre de 1992) valorando caso por caso (sentencia de 13 mayo 1991), con libertad de apreciación (sentencia de 10 mayo 2000), formando libremente su convicción (sentencia de 1 de febrero de 2002).

La segunda razón viene de la propia argumentación de la sentencia recurrida: un préstamo, cuyo vencimiento es a los seis meses, con un interés remuneratorio de 10% semestral (20% anual) cuyo semestre es el plazo de cumplimiento y si no devuelve el capital en este breve plazo, comienza el interés moratorio del 22%, está Sala lo considera, como ha dicho el Tribunal a quo, notablemente superior al normal del dinero, no sólo teniendo en cuenta, como orientativo, el interés legal en aquel tiempo (5,50%), sino las circunstancias del caso (urgencia, intermediación) que lo hacen manifiestamente desproporcionado.

Con tipos de interés parecidos, la sentencia de 7 mayo 2002 declara usurario el préstamo, en estos términos: «Cierto es que la calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario. De ahí que un tipo de interés que en una época es muy alto, en otra se entienda que es normal.

Pero la sentencia recurrida ha prestado atención a ello; no sólo ha tenido presente el tipo acordado, sino el básico del Banco de España y el de obtención de créditos en el mercado hipotecario (folio 228). Siendo éstos del 10% y entre el 14 y 16% anual, respectivamente, es de una claridad meridiana que el interés pactado en un préstamo con garantía hipotecaria del 29% anual excede con mucho de cualquier límite razonable.

El criterio de interés normal del dinero lo marca el mercado, en una situación de libertad en su estipulación. La sentencia recurrida también destaca que en el préstamo litigioso se pactó un interés de demora del 30% sobre el principal e intereses, y además una cláusula de penalización del 10% sobre el importe adeudado.

Aunque parezca inverosímil, en el motivo en examen se defiende la legalidad y licitud de tales estipulaciones, toda vez que la práctica bancaria aplica intereses de demora muy altos, y que los arts. 1.108, 1.109 y 1.152 Cód. civ. permiten los pactos en cuestión.

Tal como recuerda la reciente sentencia de 18 de junio de 2012, la ley de represión de la usura se encuadra dentro del esquema liberal de nuestro Código Civil que sienta la base del sistema económico sobre el libre intercambio de bienes y servicios y la determinación de su respectivo precio o remuneración en orden a la autonomía privada de las partes contratantes, «pacta sunt servanda».

De esta forma, artículo 1293, el Código subraya la derogación de la legislación Antigua sobre la materia, caso de Partidas que admitía, al compás de nuestro Derecho histórico, la rescisión por lesión en la compraventa, proscribiéndose toda suerte de rescisión por lesión que afectase al tráfico patrimonial. De ahí, entre otros extremos, su referencia expresa al «contrato», no considerando como tal la partición de la herencia cuya rescisión por lesión quedó permitida en el seno del artículo 1074 del Código.

La libertad de precios, según lo acordado por las partes, se impone como una pieza maestra de la doctrina liberal en materia de contratos (SSTS 9 de abril 1947, RJ 1947, 898, 26 de octubre de 1965, RJ 1965, 4468, 29 de diciembre 1971, RJ 1971, 5449 y 20 de julio 1993, RJ 1993, 6166). De este modo, el control que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos usurarios o leoninos.”

Es decir, para poder declarar que el interés remuneratorio de un préstamo es usurario o leonino deben tenerse en cuenta o valorarse dos aspectos: si se trata de un interés notablemente superior al establecido en préstamos de la misma naturaleza y si es manifiestamente desproporcionado teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Respecto del primero de los extremos, la sentencia del TS de 4 de marzo de 2020 señala que “Parea determinar la referencia que ha de utilizarse como “interés normal del dinero” para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigo y valorar si el mismo es usurario, debe utilizar el tipo medio de interés, en el momento de la celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionado.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo) deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuales el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc) pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédio, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

Es decir, la comparación debe realizarse con el tipo medio de interés en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada, si ese índice medio es conocido.

Deben tenerse en cuenta, para ello, las estadísticas oficiales. En este caso, no existen estadísticas oficiales sobre este tipo en concreto de contrato por lo que la comparación deberá hacerse con contratos de préstamo al consumo. El contrato que nos ocupa fue suscrito en noviembre de 2019.

Conforme a los datos estadísticos facilitados por el Banco de España en su sitio web, el interés medio en este tipo de operaciones en los referidos años era de, en torno al 7%/8%. Por tanto, realizando la comparación con ese índice resulta evidente que el interés pactado es excesivo.

Además, señala el TS en la sentencia antedicha que “cuando más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada como usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%”.

Por lo tanto, en este caso, el interés es absolutamente desproporcionado respecto del interés medio, lo que conlleva la declaración de nulidad del préstamo suscrito.

SEGUNDO.-.En cualquier caso, es absolutamente imprescindible tener en cuenta que el interés no es el único hecho a valorar ya que como indica el Tribunal Supremo «Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.”

En este caso resulta evidente que el interés podría terminar siendo antieconómico para su destinatario, y que las únicas personas que accederían a tales condiciones lo harían movidas por una necesidad imperiosa de liquidez, lo que produce que las empresas que facilitan esta financiación, se beneficien de una situación angustiosa de los prestatarios y ello implique una mayor reprochabilidad en su conducta.

La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 continúa afirmando que «Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea « manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió los créditos no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo.

No puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

Esto mismo se reitera en la sentencia de 4 de marzo de 2020 (“Como ya dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015 de 25 de noviembre de 2015, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superior a los normales que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas y las revolving no puede fundarse en esta circunstancia.”). En este caso, no se ha acreditado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la imposición de un interés superior al normal para los créditos al consumo en la fecha de formalización del contrato.

Las consecuencias de la declaración como usurario del interés remuneratorio vienen recogidas en el artículo 3 de la Ley Azcárate y son que conlleva la nulidad absoluta y radical del préstamo, debiendo el prestatario devolver únicamente la suma recibida. En cuanto a los intereses, si resulta cantidad a favor de la parte actora, devengará los intereses legales desde la interposición de la demanda.

TERCERO.- Respecto de las costas, de conformidad a lo establecido en el artículo 394 de la LEC, y al haber sido íntegramente estimada la demanda, se imponen a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados, la jurisprudencia y demás de pertinente aplicación.

FALLO

Que se ESTIMA íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX en representación de Dña. XXXX frente a Novum Bank Ltd. representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX y: Se declara la nulidad del contrato suscrito entre las partes el 19 de noviembre de 2019.

En consecuencia, el actor únicamente estará obligada a abonar la cantidad efectivamente dispuesta, debiendo, en su caso, la demandada restituir las cantidades que excedan de lo efectivamente dispuesto, incrementada en los intereses legales computados desde la interposición de la demanda.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas judiciales.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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