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Sentencia Cofidis por usura reintegra 2.766,06€

Juzgado de Benidorm dicta sentencia Cofidis por usura en los intereses remuneratorios y es obligado a restituir 2.766,06€ a un cliente de Economía Zero.

Entre las partes se concertó un contrato de línea de crédito con fecha 8 de Mayo del 2012.

En el contrato se impusieron unos intereses tae del 24,51%, el tipo de interés habitualmente aplicado a los contratos de crédito al consumo a la fecha de celebración del contrato, si atendemos a las estadísticas del Banco de España fácilmente accesibles y utilizadas por los órganos judiciales para efectuar la comparación en este tipo de procedimiento, resulta que dicho tipo de interés era del 10,03%.

El demandante dirigió una reclamación previa a la entidad demandada para que se aviniera a reconocer la nulidad del contrato, sin que dicha propuesta haya sido asumida por la entidad demandada.

Finalmente la Magistrada del caso estima la demanda declarando nulo el contrato y sentencia Cofidis por usura en los intereses obligando a restituir todo lo cobrado por encima del capital inicial prestado, cantidad que suma 2.766,06€.

En la sentencia Cofidis se imponen las costas del proceso a la entidad.

El Letrado Sr. José Carlos Gómez Fernández colaborador con Economía Zero a conseguido la sentencia Cofidis.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS DE BENIDORM (Alicante)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] – 000491/2021 – A

Demandante: XXXX

Procurador: XXXX

Demandado: COFIDIS SA

Procurador: XXXX

SENTENCIA N º000280/2021

Lugar: Benidorm (Alicante)

Fecha: veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, Dª XXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Benidorm y su partido, los presentes autos de Juicio ordinario sobre nulidad de contrato y, subsidiariamente, nulidad de cláusulas contractuales Nº491/2021, seguidos a instancias de D. XXXX, representado por la Procuradora Sra. XXXX y asistido por el Letrado Sr. Gómez Fernández, contra la mercantil Cofidis, S.A., Sucursal en España, representada por el Procurador Sr. XXXX y asistida por el Letrado Sr. XXXX, y atendiendo a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – La representación procesal de D. ha presentado en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario sobre nulidad de contrato y, subsidiariamente, nulidad de cláusulas contractuales dirigida frente a la mercantil Cofidis, S.A., Sucursal en España.

SEGUNDO. – Por decreto de fecha 12 de julio de 2021 fue admitida a trámite la demanda, emplazando a la parte demandada para contestarla en el término de veinte días hábiles.

Contestada en tiempo y forma la demanda por la parte demandada, por decreto de fecha 22 de septiembre de 2021 fueron convocadas las partes para la celebración de la audiencia previa.

Al acto de la audiencia previa asistieron ambas partes, afirmándose y ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y de contestación, y solicitando el recibimiento del pleito a prueba.

Recibido el pleito a prueba, sólo ha sido propuesta y admitida prueba documental, quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO. – En la tramitación de las presentes actuaciones se han cumplido todas las prescripciones legales de general y pertinente aplicación, a excepción de algunos plazos procesales por razón de la carga de trabajo que pesa sobre este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte demandante ejercita en el caso de autos una acción de nulidad de contrato, con fundamento legal en los artículos 1 y 3 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, conforme a los cuales «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado».

Subsidiariamente, ejercita acción para que se declare la nulidad por abusivas de las condiciones generales de la contratación, conforme a la normativa protectora del consumidor, interesando en todo caso la condena de la mercantil demandada a devolver todas las cantidades abonadas por el demandante por virtud de las cláusulas que hayan sido anuladas.

La parte demandante manifiesta haber suscrito con la demandada en fecha 8 de mayo de 2012 una solicitud de crédito sin haber recibido información alguna previa a la contratación, así como haber dirigido reclamación previa a la entidad demandada para que se aviniera a reconocer la nulidad del contrato, sin que dicha propuesta haya sido asumida por la entidad demandada.

Según resulta de la documentación aportada se ha aplicado durante la vigencia del contrato un tipo de interés remuneratorio del 24,51% TAE, entendiendo la parte demandante que dicho tipo de interés es usurario porque excede notablemente del interés legal del dinero, así como del interés habitualmente aplicado a las operaciones de crédito al consumo según las estadísticas publicadas por el Banco de España en la fecha de celebración del contrato.

Y, en base a ello, solicita la nulidad del contrato y la condena de la mercantil demandada a devolver todas las cantidades que pudieran exceder del capital prestado, si las hubiera, por aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura.

Subsidiariamente, entiende la parte demandante que deben declararse nulas cláusulas contractuales que sean abusivas conforme a la normativa protectora del consumidor, y condenarse a la entidad demandada a devolver las cantidades que el demandante haya abonado por dichos conceptos.

SEGUNDO. – La parte demandada, en su escrito de contestación a la demanda, se alza contra la pretensión ejercitada por la parte demandante, solicitando la íntegra desestimación de la demanda. En primer lugar, la parte demandada manifiesta que no se ha acreditado por el demandante su condición de consumidor, y que la carga de la prueba en cuanto a la acreditación de este hecho le corresponde conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba que se establecen en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y no considera aplicable al caso de autos la Ley de Represión de la Usura porque el interés aplicado en este caso coincide con el que era usual o habitual en la fecha de celebración del contrato para este tipo concreto de producto financiero.

Aunque en las estadísticas del Banco de España no se reflejase a la fecha de la celebración del contrato objeto de autos un tipo de interés aplicable en concreto a las operaciones con tarjetas de crédito revolving, sí constaba en las referidas estadísticas que dichas operaciones no estaban comprendidas en el apartado referido a los contratos de crédito al consumo, ya que a las operaciones con tarjetas de crédito revolving se han aplicado otros tipos de interés más elevados en atención a las características particulares de este tipo de productos.

Sostiene la parte demandada que la comparación para determinar si el tipo de interés aplicado excede de forma notoria del normal del dinero no puede realizarse atendiendo a otro tipo de productos, y que hay que tener en cuenta el tipo de interés que habitualmente se aplicaba a la fecha del contrato a las operaciones con tarjetas de crédito revolving y no a los restantes contratos de crédito al consumo, siendo que el tipo de interés habitualmente aplicado a dichas operaciones a la fecha de celebración del contrato es más elevado, razón por la que no puede considerarse que el tipo de interés fijado en el contrato objeto de autos sea notablemente superior al normal del dinero ni, por tanto, usurario.

Y tampoco entiende la parte demandada que pueda estimarse la acción ejercitada con carácter subsidiario, por cuanto en este caso el clausulado del contrato permite una comprensibilidad plena de la carga jurídica y económica del contrato en cuestión. Entiende la parte demandada que las condiciones generales del contrato superan los controles de transparencia e incorporación.

TERCERO. – Delimitado el objeto de la controversia entiendo que la pretensión ejercitada en la demanda principal por la parte demandante y relativa a la nulidad del contrato por aplicación de la Ley de Represión de la Usura debe ser íntegramente estimada.

Siguiendo la STS de 25 de noviembre de 2015, deben concurrir dos presupuestos para que haya usura, a saber, que se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero, y que dicho interés sea manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

Añade dicho Tribunal que el riesgo de la operación o la falta de garantía de la misma no es motivo bastante para justificar la aplicación de un interés más elevado a la contratación del producto.

Este órgano judicial, siguiendo el criterio de la referida sentencia, ha venido comparando el interés aplicado a cada operación concreta cuestionada y concertada con consumidores con el tipo de interés aplicado a los contratos de crédito al consumo a la fecha de celebración del contrato.

La parte demandada pone de manifiesto que en todo caso debe hacerse la comparación atendiendo al interés habitualmente aplicado a la operación concreta cuestionada, tal como ya ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de marzo de 2020, alegando que en este caso hay que estar al interés habitualmente aplicado a la fecha de celebración del contrato a las tarjetas de crédito revolving.

Ello no obstante, atendiendo al contrato aportado, resulta que en este caso lo que ha suscrito el demandante es una solicitud de crédito al consumo y no una solicitud de tarjeta de crédito.

En la referida solicitud, suscrita por el demandante, consta claramente la información referida al crédito concedido, a saber, el importe del crédito, el plazo para su devolución, el importe de las cuotas mensuales que deberán ser abonadas, y la TAE aplicada al contrato.

Y en el reverso del documento se recoge la información normalizada del crédito al consumo que se considera aplicable a dicha operación y que se refiere expresamente a la misma, ya que en dicha información normalizada se recoge expresamente la TAE aplicada según el importe del crédito concedido tal como consta en el anverso del documento.

La parte demandante cuestiona la condición de consumidor del demandante en su escrito de contestación a la demanda.

Y, ciertamente, consta en la solicitud de crédito aportada con la demanda que el demandante es un autónomo, y no se ha acreditado por la parte demandante el destino al que se hayan aplicado los fondos recibidos.

Ahora bien, considero que la mercantil demandada no puede cuestionar en este caso que el contrato concertado con el demandante ha sido un contrato de crédito al consumo, porque no se ha cuestionado por la parte demandada la solicitud de crédito suscrita por el demandante, y a dicha solicitud se ha aplicado por la propia mercantil demandada la normativa aplicable al crédito al consumo, proporcionando la información normalizada europea sobre crédito al consumo.

Y según el artículo 1 de la Ley de Crédito al Consumo de fecha 24 de junio de 2011 Por el contrato de crédito al consumo un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación.

Por tanto, considero que el contrato concertado en el caso de autos es un contrato de crédito al consumo y que debe aplicarse como parámetro de comparación para el análisis del tipo de interés de la concreta operación objeto de autos el tipo de interés habitualmente aplicado al contrato de crédito al consumo a la fecha de la contratación, ya que el contrato celebrado y aportado con la demanda es un contrato de crédito al consumo.

Y no puede ser entendido, como pretende la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, como un contrato de tarjeta de crédito revolving, porque en este caso no se ha contratado una tarjeta de crédito sino un crédito al consumo a devolver por el prestatario en los plazos establecidos en la solicitud de crédito suscrita por el mismo.

Por tanto, entiendo que no puede sujetarse la determinación del tipo de interés aplicable a la operación a la acreditación por el demandante del destino de los fondos y de su condición de consumidor conforme al artículo 3 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, por cuanto la propia parte demandada le reconoció la condición de consumidor al tiempo de la contratación aplicando la normativa establecida en la Ley de Crédito al Consumo y proporcionando la información normalizada europea sobre crédito al consumo.

Por cuanto al tipo de interés habitualmente aplicado a los contratos de crédito al consumo a la fecha de celebración del contrato, si atendemos a las estadísticas del Banco de España fácilmente accesibles y utilizadas por los órganos judiciales para efectuar la comparación en este tipo de procedimiento, resulta que dicho tipo de interés era del 10,03% en España y para operaciones de 1 a 5 años como la que nos ocupa.

Y la TAE fijada en el contrato excede en más del doble, y se fija en un 24,51%, por lo que debe entenderse que el tipo de interés aplicado a la operación concreta objeto de autos es notablemente superior al normal del dinero a la fecha de la contratación, por lo que debe entenderse que el tipo de interés aplicado es usurario, ya que tampoco se ha acreditado por la mercantil demandada la concurrencia en el caso de autos de circunstancias especiales que justifiquen la aplicación de un tipo de interés tan elevado, y sin que pueda justificarse en la falta de garantía o de control de la solvencia del consumidor afectado en la concesión del crédito, en la medida en que nada impide a las entidades financieras aplicar controles de solvencia o solicitar garantías para la concesión de tales créditos.

Considerando que el interés aplicado en el caso de autos es usurario, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura que dice que “declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Por tanto, no es necesario pronunciarse sobre el carácter abusivo de las condiciones generales de la contratación, pronunciamiento que se solicita en la demanda con carácter subsidiario.

Según la liquidación aportada por la parte demandante con su demanda, en julio de 2020 la cantidad que consta abonada por el demandante por todos los conceptos y que resulta de descontar de los recibos emitidos los que han sido impagados, asciende a 8778,75 euros.

Y el importe del capital concedido asciende a 5.099 euros.

Por lo que, por aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, la mercantil Cofidis debe restituir las cantidades abonadas por el demandante que excedan del capital prestado y que ascendían, en julio de 2020, a 3.679,75 euros.

Por cuanto se refiere a dicha restitución, la parte demandada también alega en su escrito de contestación a la demanda la prescripción de la acción.

La parte demandada se remite a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 16 de julio de 2020 conforme a la cual el hecho de que la acción de nulidad derivada de la abusividad de las cláusulas contenidas en un contrato sea imprescriptible, no obsta a que la acción de restitución derivada de dicha declaración de nulidad sí se encuentre sujeta a un determinado plazo de prescripción.

Ciertamente, el Tribunal de Justicia no ha considerado incompatible con el derecho de la Unión la fijación de un plazo de prescripción para la acción de restitución de cantidades derivada de la nulidad, pero en su más reciente sentencia de 22 de abril de 2021 ha manifestado que, si bien el establecimiento legal de dicho plazo en sí mismo es compatible con la literalidad del ordenamiento europeo, la fijación del dies a quo en el momento del desembolso de los importes resulta contrario al principio de efectividad del Derecho de la Unión.

Establece la sentencia que, en el ámbito de contratos cuya duración se extiende en periodos de tiempo particularmente prolongados, como puede ser un contrato de crédito al consumo, existe un riesgo elevado de que transcurra el plazo legal de prescripción, incluso antes de la finalización del contrato en si mismo, lo que, entiende el Tribunal, mermaría tangiblemente la posibilidad del consumidor de hacer valer sus derechos restitutorios, una vez conoce la nulidad de la cláusula que dio lugar a los desembolsos litigiosos.

En aplicación de dicho pronunciamiento entiendo que el plazo de prescripción de la acción de restitución que, a mi juicio, sería el establecido en el artículo 1964,2 del Código Civil, es decir, el de las acciones que no tienen señalado plazo especial de prescripción, debe computarse desde la fecha en la que el consumidor tiene conocimiento de la nulidad de su contrato por haber sido la misma declarada por el órgano judicial correspondiente.

Y, por tanto, habiendo sido solicitada la condena a la restitución de las cantidades en este procedimiento en el que también se declara la nulidad del contrato suscrito por el demandante por ser usurario el interés remuneratorio fijado en el mismo, no puede entenderse que la acción de restitución se encuentre prescrita.

Y ello por cuanto la restitución de cantidades se solicita al tiempo que se insta la nulidad del contrato.

Por tanto, las cantidades abonadas por el demandante que excedan del capital prestado deberán restituirse por la mercantil demandada, con sus correspondientes intereses contados desde la fecha de los respectivos abonos hasta la fecha de esta sentencia, por aplicación del artículo 1303 del Código Civil conforme al cual “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses”.

CUARTO. – El artículo 394 de la LECiv establece que” en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”.

En base a dicho precepto, y por aplicación del principio de vencimiento que en el mismo se recoge, debe condenarse en costas a la mercantil Cofidis, S.A., al haberse estimado íntegramente la demanda.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la pretensión principal de la demanda presentada por la representación procesal de Don XXXX, que dio lugar a los autos de juicio ordinario sobre nulidad de contrato seguidos ante este Juzgado bajo el Nº491/2021, declarando la nulidad del contrato de crédito al consumo concertado entre el demandante y la mercantil demandada con fecha 8 de mayo de 2012 por usura.

Debiendo restituir la mercantil demandada, por efecto de la nulidad, las cantidades abonadas por el demandante que excedan del capital dispuesto y que, conforme a la liquidación aportada con la demanda, ascendían, a la fecha de dicha liquidación, a la cantidad total de tres mil seiscientos setenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos (3.679,75 €), más los intereses legales de dicha cantidad contados desde la fecha de los respectivos abonos hasta la fecha de esta sentencia.

Y esto sin perjuicio de las cantidades que puedan resultar finalmente en la aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura atendiendo a las cantidades abonadas con posterioridad al extracto de liquidación aportado con la demanda si las hubiere.

Todo ello con expresa condena en costas de la mercantil demandada.

Así lo acuerda, manda y firma, Dª XXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm (Alicante) y su partido judicial, de lo que doy fe.

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