11435-P.RAPIDO-QUEBUENO-2.144E

Juzgado nº 44 de Madrid dictamina una condena contra Quebueno por usura en los intereses y es obligado a devolver 2.144,32€ a una clienta de Economía Zero.

Las partes concertaron 40 préstamos rápidos entre el 21/03/2019 y el 30/05/2021, en los cuales se vinieron aplicando unos intereses que oscilaron entre 1.952,48% y 3.243,99% TAE, desproporcionados y muy superiores a la media para créditos al consumo, que en las fechas de contratación nunca superaron el 7%.

En marzo de 2019, llegó a la actora una oferta comercial de préstamo al consumo para sus gastos habituales que pregonaba intereses competitivos y un sistema rápido sin papeleo, haciendo hincapié en que el préstamo estaba pre-concedido solo por el mero hecho de pedirlo. Como resultado, convino con la demandada, sin negociación alguna, y de modo rápido y casi automático, una serie de contratos de préstamo al consumo.

La espiral de pagos semanales causada por la combinación de los desorbitados tipos de interés de este tipo de préstamos y el diminuto plazo de devolución imposibilitan a los consumidores reembolsar la cantidad prestada junto con los intereses en el plazo acordado, lo que les empuja a una contratación tras otra para poder sobreponerse del pago de los intereses del préstamo anterior.

Angustiada por esta situación y a raíz de la reciente Jurisprudencia habida sobre los préstamos usurarios y su repercusión en los medios, reparó en que los intereses de su préstamo estaban por encima de los intereses habituales de un crédito al consumo, observando en los recibos cargos no justificados.

En la comunicación certificada se encuentra la carta de reclamación enviada y la certificación de que NBQ FUND ONE, S.L. la recibió correctamente, no contestando a la misma, por lo que la demandante se vio obligada a presentar una demanda en los juzgados.

La Magistrada Juez del caso estima íntegramente la demanda y declara nulos los contratos por lo que dicta condena contra Quebueno, obligando a devolver todo lo pagado por encima del capital prestado más los intereses correspondientes, suma que alcanza los 2.144,32€.

En la condena contra Quebueno se imponen las costas del proceso a la entidad.

Don Daniel González Navarro letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la condena contra Quebueno.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS PRÉSTAMOS RÁPIDOS Y RECUPERA TU DINERO !!!

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 44 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 741/2022

Demandante: D./Dña. XXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXX

Demandado: NBQ FUND ONE, S.L.

PROCURADOR D./Dña. XXXX

SENTENCIA Nº164/2023

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXX

Lugar: Madrid

Fecha: trece de abril de dos mil veintitrés

Doña XXXX, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario nº741/22, sobre nulidad contractual promovidos por la Procuradora de los Tribunales Doña XXXX en nombre y representación de DOÑA XXXX, contra la entidad “N.B.Q. FUND ONE, S.L.”, representada por el Procurador Don XXXX.

HECHOS

PRIMERO- Por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX en la representación que tiene acreditada, se formuló demanda de Juicio Ordinario, sobre nulidad contractual, contra la demandada en el encabezamiento expresada, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la demandada, compareciendo y contestando en el plazo concedido al efecto, oponiéndose a la demanda, con base en los hechos y razonamientos jurídicos que estimó oportunos.

TERCERO.- Citadas las partes a la Audiencia prevenida en la Ley, la misma tuvo lugar en el día señalado, con asistencia de las mismas, ratificando la actora su demanda y la demandada comparecida su contestación e interesado el recibimiento a prueba, así se acordó, proponiéndose las consideradas oportunas, admitiéndose las estimadas pertinentes, consistentes solo en prueba documental, quedando los autos conclusos para sentencia, habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora en el presente procedimiento, una acción de nulidad contractual, con fundamento en la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1.908, Circular 8/90 de 7 de septiembre y Circular 5/2012 de 27 de junio, Ley 26/1988 de 29 de julio de disciplina e intervención de las Entidades de Crédito, Ley 16/09 de noviembre de servicios de pago, Orden EHA/1608/2010 de 14 de junio y Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre, TRLGDCU 1/07 de 16 de noviembre, LCGC 7/98 de 13 de abril, Directiva 93/13/CEE, Ley 7/95 de 23 de marzo de crédito al consumo (actual Ley 16/11 de 24 de junio) y Ley 2/11 de 4 de marzo de economía sostenible, interesando:

I. Con carácter principal, DECLARE la nulidad por usura de los contratos de préstamo objeto de esta demanda y CONDENE a la demandada a que devuelva a la parte actora la cantidad pagada por ésta, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más los intereses que correspondan;

II. Con carácter subsidiario, DECLARE la nulidad por abusividad de la cláusula denominada “penalizaciones por impago total o parcial”, de cada contrato, que contiene la comisión por reclamación de impago e impone el cobro de interés o penalización por mora y CONDENE a la demandada a la devolución de todos los importes indebidamente cobrados en aplicación de las cláusulas declaradas nulas; más los intereses que correspondan; así como al pago de las costas del pleito.

Como fundamento de su pretensión alega la parte actora que contrató como persona física varios préstamos al consumo con la financiera NBQ FUND ONE, S.L.

En marzo de 2019, llegó a la actora una oferta comercial de préstamo al consumo para sus gastos habituales que pregonaba intereses competitivos y un sistema rápido sin papeleo, haciendo hincapié en que el préstamo estaba pre-concedido solo por el mero hecho de pedirlo. Como resultado, convino con la demandada, sin negociación alguna, y de modo rápido y casi automático, una serie de contratos de préstamo al consumo.

La espiral de pagos semanales causada por la combinación de los desorbitados tipos de interés de este tipo de préstamos y el diminuto plazo de devolución imposibilitan a los consumidores reembolsar la cantidad prestada junto con los intereses en el plazo acordado, lo que les empuja a una contratación tras otra para poder sobreponerse del pago de los intereses del préstamo anterior.

Este es el motivo por el que nos encontramos ante esta sucesión de contratos: tienes que pedir uno nuevo para poder sobreponerte de haber pagado los intereses del anterior.

Finalmente, los consumidores o bien terminan por dejar de pagar el último contrato o bien tienen que recurrir a otra financiación distinta para cumplir con esta, comenzando así una nueva vorágine prestataria.

Angustiada por esta situación y a raíz de la reciente Jurisprudencia habida sobre los préstamos usurarios y su repercusión en los medios, reparó en que los intereses de su préstamo estaban por encima de los intereses habituales de un crédito al consumo, observando en los recibos cargos no justificados.

La contratación de tantos préstamos por no fue una buena decisión financiera, aunque se justificaba por la precariedad económica en la que se encontraba en ese período.

Lo que no puede justificarse es que la demandada le concediera esta cantidad de préstamos consecutivos a corto plazo, en flagrante dejadez de sus funciones supervisoras en la concesión del crédito, incumpliendo de plano: La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que introduce el concepto de préstamo responsable y define las obligaciones de las entidades respecto a su concesión, en concreto su Artículo 29 de “Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de servicios financieros”.

La Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre que desarrolla el mandato legal en su artículo 18 “Evaluación de solvencia” dentro del Capítulo I “Préstamo responsable”. – La Circular BdE 5/2012 cuya norma 12ª trata de “Políticas y procedimientos de préstamo responsable”.

Tal cantidad de préstamos no debería haberse concedido, y seguro que no se habría concedido si se hubiera efectuado el oportuno estudio de riesgos. En fecha 17 de diciembre de 2021 envió (a través de letrado) una RECLAMACIÓN PREVIA al Servicio de Atención al Cliente de la demandada, dejando constancia de su disconformidad y reclamando la nulidad por usura de los contratos; solicitando a su vez la documentación acreditativa de la relación contractual.

Se acredita la reclamación mediante el DOCUMENTO 2. En la comunicación certificada se encuentra la carta de reclamación enviada y la certificación de que NBQ FUND ONE, S.L. la recibió correctamente, no contestando, como justifica también como el DOCUMENTO 3.

Se aportan como DOCUMENTO 4 LOS Contratos de préstamos junto con sus condiciones generales e intereses aplicados. N.º DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACIÓN PLAZO (días) TAE IMPUGNADA

1 21/03/2019 42 1.952,48%

2 01/04/2019 34 2.152,49%

3 05/04/2019 31 2.237,01%

4 15/04/2019 30 2.266,48%

5 06/05/2019 30 2.266,48%

6 17/05/2019 30 2.266,48%

7 23/05/2019 30 2.266,48%

8 30/05/2019 30 2.266,48%

9 17/06/2019 27 2.358,73%

10 24/06/2019 42 1.952,48%

11 02/07/2019 34 2.152,67%

12 21/08/2019 5 3.301,87%

13 10/10/2019 7 3.191,94%

14 04/11/2019 6 3.243,99%

15 14/11/2019 26 2.392,26%

16 26/11/2019 40 1.999,84%

17 05/12/2019 31 2.236,85%

18 19/12/2019 30 2.266,48%

19 08/01/2020 30 2.266,48%

20 24/01/2020 41 1.975,66%

21 07/02/2020 30 2.266,48%

22 06/03/2020 30 2.266,19%

23 13/03/2020 31 2.237,01%

24 03/05/2020 33 2.180,03%

25 13/11/2020 6 2.275,85%

26 26/11/2020 10 1.808,81%

27 01/12/2020 10 3.036,70%

28 17/12/2020 11 2.985,86%

29 29/12/2020 10 3.036,29%

30 12/01/2021 10 3.036,63%

31 11/02/2021 8 3.136,16%

32 20/02/2021 9 3.086,92%

33 27/02/2021 37 2.073,42%

34 08/03/2021 30 2.266,48%

35 18/03/2021 30 2.266,48%

36 16/04/2021 30 2.267,30%

37 28/04/2021 38 2.048,47%

38 10/05/2021 30 2.266,48%

39 21/05/2021 45 1.885,75%

40 30/05/2021 36 2.099,30%.

Las TAEs QUE SE IMPUGNAN: 1.808,81%, 1.885,75%, 1.952,48%, 1.975,66%, 1.999,84%, 2.048,47%, 2.073,42%, 2.099,30%, 2.152,49%, 2.152,67%, 2.180,03%, 2.236,85%, 2.237,01%,2.266,19%, 2.266,48%, 2.267,30%, 2.275,85%, 2.358,73%, 2.392,26%, 2.985,86%, 3.036,29%, 3.036,70%, 3.036,70%, 3.086,92%, 3.136,16%, 3.191,94%, 3.243,99% 3.301,87%.

La DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42 y 45 días. Se establece en la cláusula 7 de los contratos, una comisión por reclamación de impagado de 20 €, más el 0,99 % diario del nominal del préstamo impagado.

En consecuencia, se fija un interés de demora del 361,35 % anual (0,99 x 365) más una comisión de 20 € por una misma situación de hecho, el retraso en el pago. Las cláusulas contractuales no fueron negociadas, ni se explicó claramente ni con ejemplos al cliente el coste.

No se entregó el contrato con antelación suficiente a la firma, ni después de la misma, ni se ofreció un plazo de reflexión o desistimiento al cliente del contrato impugnado. La demandada nunca mostró al cliente la comparación del interés en el momento de contratar con los tipos de interés oficiales publicados en ese momento.

La entidad no hizo un análisis que pusiera en relación la capacidad de pago de la actora y el riesgo asumido mediante el preceptivo informe de riesgos de solvencia que establece el art. 14 de la Ley 16/2011, de 24 de junio de contratos de crédito al consumo. Finalmente la entidad no ha venido remitiendo al cliente los movimientos ni cargos mensuales, ni el motivo de las comisiones aplicadas en su caso.

SEGUNDO.- A tal pretensión se ha opuesto la parte demandada alegando que basta una lectura de los contratos suscritos para comprobar que no establecen un tipo de interés específico que puede ser modificado, sino que determina el “cantidad total a pagar” en Euros -no variable ni modificable unilateralmente por la entidad demandada- como precio o contraprestación.

El coste del préstamo se indica en Euros y no en porcentaje como ocurre con los intereses remuneratorios de los préstamos personales ordinarios a medio y largo plazo.

La traducción al tanto por ciento de ese coste del préstamo al índice TAE se indica a continuación, en caracteres más pequeños, pero perfectamente legibles por ser obligación impuesta en el artículo 9 de la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo. El coste del préstamo asciende a una cantidad que se especifica en cada uno de ellos.

Se trata de una cláusula breve, con una redacción clara, concreta y sencilla, que permite una comprensión gramatical normal y la fijación del coste con una mera operación matemática.

La contratación se realiza online a través de la web www.quebueno.es Para ello tiene que indicar en el simulador que aparece en pantalla el importe del préstamo que solicita y el periodo dentro del cual quiere devolverlo, y automáticamente le aparece en la pantalla el coste de la operación (el interés remuneratorio) en Euros, y no en porcentaje de interés.

Ello implica que la demandante tuvo a su disposición la información relativa al coste del préstamo desde el primer paso en el iter contractual, como ocurre con las compras que se realizan en la actualidad a través de internet.

Después y con anterioridad a la solicitud del préstamo, debía manifestar su aceptación a las Condiciones Generales y Particulares de Contratación, y a la Información Normalizada Europea, documentos todos ellos accesibles a través de la página web y que quedan a su disposición en soporte apto para su almacenaje.

Todo lo expuesto permite concluir que la cláusula litigiosa sí supera el control de incorporación. La demandante tuvo posibilidad de conocer su existencia antes de contratar el préstamo objeto de autos. La claridad de la cláusula es incuestionable, por su simpleza: “importe del préstamo”, “intereses”, y “cantidad total a pagar”.

Es innecesario realizar una valoración de su comprensibilidad gramatical, claridad, concreción y sencillez, por su evidencia.

Y tampoco es necesario ahondar en el denominado control de transparencia material.

El actor tuvo desde el primer momento un adecuado conocimiento de una cláusula tan esencial como la que establece el precio del contrato, siendo absolutamente conocedor de la carga económica que suponía para su bolsillo el préstamo contratado con la entidad demandada, sin que el efecto económico de la cláusula sea distinto de lo expresamente informado y aceptado, por lo que supera también el control de transparencia de acuerdo con la legalidad vigente.

Es contrario a toda lógica que, encontrándose la actora disconforme con determinadas cláusulas del contrato, o incluso, como alega, sin conocimiento suficiente de las mismas, las aceptara hasta en 45 ocasiones, entre los años 2019 y 2021, es decir, que la actora intenta hacer creer, que no sabía lo que estaba contratando durante 3 años continuamente.

Es perfectamente entendible cuál es el tipo de interés acordado, y, por tanto, es posible conocer las consecuencias económicas de la vida del crédito.

Las cláusulas del tipo de interés son gramaticalmente comprensibles y están redactadas de forma legible. en cuanto al contrato, el texto es perfectamente claro en cuanto a sus elementos: importe prestado, el que ha de restituirse, plazo e interés.

Por ello, queda demostrado que no sólo las conocía perfectamente, sino que además estaba de acuerdo con las mismas, siendo cliente habitual de la demandada.

La peculiaridad del presente caso radica en que la actora contrató diversos préstamos a corto plazo con la misma entidad prestamista, lo que permite afirmar que era consciente y conocedora de la carga económica que suponen este tipo de microcréditos, procediendo a su abono conforme a lo estipulado, sin que se haya acreditado por la actora la concurrencia de circunstancia personales o económicas excepcionales que justifiquen la necesidad de obtener estos créditos a corto plazo.

TERCERO.- De la valoración en conjunto de las pruebas practicadas, se estima acreditada íntegramente la pretensión ejercitada (Art. 217 de la LEC).

Y ello dado que en primer lugar la relación contractual base de la reclamación, resulta plenamente acreditada por los documentos aportados por la parte actora, que no han sido desvirtuados ni contradichos por la parte demandada, en cuanto al contenido esencial de los contratos que indica la parte actora y específicamente las cláusulas relativas a las TAes de los contratos, como elemento esencial de los mismos, que resulta usuraria y nula por ello.

Se alega como causa principal de la nulidad que se postula, que el interés pactado en los contratos suscritos es abusivo y usurario conforme a lo previsto en la Ley de Represión de la Usura de 23 julio 1908, lo que determina la nulidad de los contratos, siendo un elemento esencial del contrato del que no se proporcionó tampoco debida y suficiente información.

En esta materia se ha de partir de que se trata de intereses que se fijan libremente por las partes, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 22 febrero 2013.

Dicha resolución así como la STS del Pleno de la sala de lo civil del Tribunal Supremo 628/15 de 25 noviembre, permiten controlar el pacto de interés remuneratorio con base en los límites incluidos en la citada ley, además de aplicar el control de transparencia.

Así la calificación de intereses usurarios en sentido legal, no puede hacerse por el porcentaje de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario. De ahí que un tipo de interés que en una época es muy alto, en otra se entienda normal.

La libertad de precios según lo acordado por las partes, se impone como una pieza maestra de la doctrina liberal en materia de contratos y se pretende sancionar un abuso inmoral especialmente grave o reprochable, que explota una determinada situación subjetiva de la contratación.

Respecto a la comparativa a efectuar, se ha de partir en esta materia de lo resuelto recientemente por las STS del Pleno 257/2021 y 258/2021 de 15 de febrero, ponente Don Ignacio Sancho Gargallo, con base en la doctrina fijada en las anteriores STS 628/2015 de 25 de noviembre, STS 149/20 de 4 de marzo de 2.020, STS 367/22 de 4 de mayo y 643/22 de 4 de octubre.

La primera de ellas, se refiere a un préstamo otorgado por un prestamista que no era una «entidad de crédito» contra una sentencia que declaró nulos dos préstamos hipotecarios por ser usurarios los intereses remuneratorios conforme a la Ley de 23 de julio de 1908.

El Tribunal Supremo recuerda que para que una operación crediticia pueda ser considerada usuraria basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero» y que sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Reitera que el interés «normal del dinero» es un concepto indeterminado que ha de referirse al tipo medio aplicado en el momento de la celebración del contrato, a la categoría de las operaciones con la que el negocio presente más coincidencias.

Además, cuanto más elevado sea el índice de referencia, menos margen hay para incrementar el precio de la operación sin incurrir en usura.

Por otra parte, la apreciación del carácter desproporcionado del interés exige la valoración unitaria y sistemática de las circunstancias concretas del caso, tanto las intrínsecas propias del contrato, como las intrínsecas del destino de la operación y el riesgo de incumplimiento.

La Sala considera en dicha sentencia, que el criterio de la Audiencia no es acertado al realizar la comparación con los tipos de interés de operaciones activas aplicados por las entidades de crédito.

Las operaciones activas realizadas por entidades de crédito no responden a las exigencias de especificidad y homogeneidad con las operaciones realizadas fuera del mercado bancario.

Al no ser el prestamista una «entidad de crédito», no pueden ser tenidas en cuenta las estadísticas del Banco de España.

Ahora bien, en la misma resolución indica que el riesgo que puede tenerse en cuenta a estos efectos no es el riesgo que desconoce el prestamista porque ha incumplido los deberes de diligencia en relación con la comprobación de la solvencia del deudor.

Desde la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se introdujo en España esta obligación de examinar la solvencia del deudor, incorporando el principio de «concesión responsable de préstamos y créditos», y para ello esa ley contemplaba distintos criterios, y entre ellos la adecuada atención a los ingresos del solicitante, o la adecuada valoración de las garantías (art. 29).

Este criterio se incorporó también al art. 14 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo de 2011, y en el ámbito de los préstamos hipotecarios en el art. 11 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Incumplir esos deberes puede provocar un sobreendeudamiento del deudor y un aumento del riesgo de insolvencia que el prestamista (profesional) no puede trasladar sin más al resto de prestatarios mediante un aumento del precio del crédito.

Por eso la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, declaró que no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues «la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

Se añade que el juez, particularmente en este ámbito de la contratación por negociación, debe hacer una valoración y ponderación sistemática del conjunto de estas circunstancias para enjuiciar si el interés pactado, que sea notablemente superior al normal del dinero, es además o no un interés «desproporcionado a las circunstancias del caso».

En este sentido, del análisis de la abundante jurisprudencia recaída en esta materia, se desprende que la Ley de Represión de la Usura es una norma que se mueve entre dos paradigmas opuestos y a la vez complementarios: (i), por un lado, la utilización de conceptos jurídicos indeterminados para definir la tipología de los supuestos de hecho que contempla (lo que se refleja en su art. 1); y (2) por otro lado, remite la solución al libre criterio judicial en relación con las circunstancias concretas de cada caso (lo que se refleja en su art. 2, ahora derogado y sustituido por el art. 319.3 LEC).

Como dijo la clásica sentencia de esta Sala Primera de 13 de febrero de 1941, idea que ha reiterado en numerosas otras ocasiones: «en materia de usura en que la nota de individualización del caso litigioso se presenta a los tribunales con carácter es más acusado, es preciso renunciar a otras normas de generalidad que las comprendidas en el artículo 1º de la Ley de 23 de julio de 1908 y juzgar el caso concreto teniendo en cuenta el relieve excepcional de las especiales circunstancias que en el concurran, determinantes de la convicción del juzgador, libremente formada, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley».

Así define el diccionario de la Real Academia la “usura” en consonancia con la misma Ley de Azcárate, en su acepción principal como el interés excesivo de un préstamo, aunque no sea ilícito o la ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo.

No cabe por menos tildar de “excesivo” y “usurario”, sin necesidad de comparativa alguna la TAE % pactada en los contratos. Se ignora además qué coste se cubre por la prestamista, con tan exorbitante porcentaje, cuando se han prestado escasas cantidades de capital, de modo que se aprecie proporcionalidad y justo equilibrio en semejante precio.

El hecho comúnmente alegado en estos casos de ser tan elevada la TAE por contratarse sin garantía de devolución y el escaso plazo de devolución, no justifica el porcentaje fijado, cuando nada le impide efectuar las averiguaciones que quiera sobre la solvencia del solicitante, existiendo además hoy día registros de morosos de inmediata consulta por internet, sin ir más lejos.

También el interés remuneratorio pactado en este caso se estima manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso pues como indica la STS 25/11/15; “Es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada… puesto que «la normalidad no precisa de especial prueba».” y la entidad financiera no ha acreditado en este caso que concurrieran circunstancias excepcionales particulares que amparen esos altos intereses.

En realidad se limita a recordar los factores generales que se dan en la concesión de estos créditos semejantes a los específicamente denominados «revolving».

La entidad que concedió el crédito como se ha expuesto, tampoco ha justificado en este supuesto la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en esta operación, por sobre costes imprevistos o especiales de este caso.

Resulta por tanto abusivo y usuario el interés remuneratorio pactado en los contratos, al no justificar en este caso la entidad circunstancia alguna excepcional para tal excepcional interés, lo que determina la nulidad del contrato como elemento esencial del mismo que es.

Procede así por todo lo expuesto, en todo caso, la estimación íntegra de la demanda, en su petitum principal al haber acreditado la parte actora los hechos en que funda su pretensión.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, procede imponer a la parte demandada las costas causadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Doña XXXX en nombre y representación de DOÑA XXXX, XXXX, contra la entidad “N.B.Q. Fund One, S.L.”, representada por el Procurador Don XXXX y en consecuencia, debo declarar la nulidad por usura de los contratos de préstamo objeto de esta demanda, condenando a la demandada a que devuelva a la parte actora la cantidad pagada por ésta, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más los intereses correspondientes desde su abono.

Procede además imponer a la parte demandada las costas causadas en esta instancia.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez.

Por luis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *