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Un Juzgado de Ponferrada sentencia a Wizink a devolver 16.240,15€ a un usuario de Economía Zero

El Juzgado de 1ª Instancia de Ponferrada estima íntegramente la demanda interpuesta por usura y falta de transparencia de un contrato de tarjeta de crédito Visa Oro revolving y sentencia a Wizink a devolver 16.240,15€ a un usuario de Economía Zero.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta Visa Oro en 2010 en el cual se estableció un TIN para compras y disposiciones en efectivos de 24% y un TAE de 26,82 %, si se acude a las estadísticas publicadas por el Banco de España, con un tipo de interés en media anual para préstamos al consumo en el mes de Enero de 2.010, en España era un TAE 10,59%,

El interés remuneratorio fijado en el presente contrato de tarjeta de crédito es abusivo al ser notablemente superior al normal del dinero.

Asimismo, la entidad demandada no ha justificado la fijación de un interés remuneratorio tan elevado tan elevado, por lo que debe ser considerado desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario.

Por lo expuesto, procede declarar la nulidad del contrato.

En consecuencia, la magistrada del caso sentencia a Wizink a abonar a la actora la cantidad que exceda del total del capital prestado, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia y desde ésta y hasta el completo pago, los establecidos en el artículo 576 de la LEC, suma que se eleva a la cantidad de 16.240,15€.

Se efectúa expresa imposición de costas a la parte demandada.

La letrada colaboradora de Economía Zero Doña Azucena Natalia Rodriguez Picallo ha sido la encargada de llevar a cabo el presente procedimiento.

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JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 PONFERRADA

SENTENCIA: 00022/2020

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000406 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. WIZINK BANK S.A

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA

En Ponferrada, a 20 de Febrero de dos mil veinte.

Vistos por, Doña XXXX, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Ponferrada, los presentes autos de Juicio Ordinario , registrados con el nº 406/2019, en los que han sido partes, como Demandante, D . XXXX, representado por la Procuradora Sra. XXXX y defendido por la Letrado Sra. Rodríguez Picallo Y como demandada la entidad mercantil WIZINK BANK,S.A. representada por la Procuradora Sra. XXXX y defendida por el letrado Sr. XXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales, Dª XXXX, en nombre y representación de DON XXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra WIZINK BANK S.A. interesando la declaración de nulidad por usurario del contrato de tarjeta de crédito “Citi Oro“revolving ” perfeccionado en fecha 20/013/2010.

La demanda fue admitida por decreto de fecha 27/09/2019, una vez subsanados los defectos de que adolecía.

SEGUNDO.- La demanda fue contestada en tiempo y forma por la parte demandada.

Citadas las partes a audiencia previa, ha tenido lugar el 18/02/2020, en la sala de audiencias de este Juzgado en presencia de ambas partes. Subsistiendo el litigio por falta de acuerdo, se ratifican las partes en sus pretensiones.

La prueba propuesta y admitida por la parte demandante fue la documental aportada al tiempo de la demanda.

La prueba propuesta y admitida por la parte demandada fue la documental aportada con la contestación a la demanda.

De conformidad con el artículo 429.8 de la LEC. los autos quedaron conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La parte actora alega la nulidad del interés remuneratorio invocando su carácter usurario, por lo que insta la nulidad del contrato conforme a Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 1908, por ser aquél notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado en relación a las circunstancias del caso.

Con la consecuencia legal de que sólo tiene obligación de entregar a la prestamista la suma dispuesta en concepto de capital, debiendo devolver la demandada todas las cantidades percibidas por cualquier concepto que superen el capital dispuesto.

Subsidiariamente a lo anterior se solicita la nulidad contractual relativa a los intereses remuneratorios, la nulidad de la clausula de comisión de reclamación de cuota impagada y la clausula de modificación del contrato de tarjeta por no superar el control de trasparencia, con la consiguiente restitución de cantidades en virtud de las clausulas declaradas nulas.

Por su parte, la demandada, WIZINK BANK, S.A, defiende el carácter no usurario del interés remuneratorio pactado, pues es el habitual en el mercado para las tarjetas de crédito “ revolving”, y la necesidad de que se constate el carácter leonino del préstamo, invocando.

Asimismo, la doctrina de los actos propios y sosteniendo, que todas las cláusulas superan el control de inclusión y transparencia, con la inaplicabilidad al caso de autos de la Ley de contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil y la validez y eficacia de las comisiones por impago a las que el cliente prestó conformidad y que responden a servicios efectivamente prestados, habiéndose adherido de forma voluntaria y consciente a los extremos del contratos.

SEGUNDO.- En el acto de la Audiencia Previa se resolvió sobre el escrito en el que solicitaba la suspensión por prejudicialidad civil y en cuanto a la impugnación de la cuantía, dicha excepción ha de ser igualmente rechazada, dicha excepción ha de ser igualmente rechazada por cuanto la acción que se ejercita es la nulidad el contrato y si no hay nulidad no hay condena a la cantidad , en este mismo sentido se ha pronunciado la A.P. de Vizcaya en sentencia de fecha 26.03.2018.

TERCERO.-En virtud de la documentación obrante en autos y manifestaciones de las partes sobre extremos no controvertidos, consta acreditado que el demandante contrató con Citibank antes Banco Popular S.A. Citibank y a la fecha actual Winzink Bank,S.A. , un contrato de tarjeta de crédito “Cititi Oro”. En las condiciones generales apartado ANEXO, reverso de la solicitud , se estableció un TIN para compras y disposiciones en efectivos de 24% y un TAE de 26,82 %.

El contrato cuya nulidad se pide implica la concesión de un crédito, del que puede disponerse mediante la compra de bienes y servicios en establecimientos o mediante Internet, mediante retirada de efectivo en cajeros o realizando transferencias con cargo a la cuenta de la tarjeta, mientras que su devolución puede realizarse acudiendo al pago de la totalidad del crédito dispuesto al final de la liquidación o en la modalidad de pago aplazado, cuando al final del periodo de liquidación.

El cliente no devuelve todo, sino una cantidad fija o un porcentaje del crédito dispuesto, respetando un mínimo, aplazándose el importe no devuelto, principal e intereses remuneratorios, hasta el siguiente periodo de liquidación en el que se vuelve a aplicar el mismo sistema de opciones de pago.

TERCERO.- Como señala la SAP de Asturias, Secc. 6ª, 21-07-2014 , el control judicial de los intereses es distinto según se trate de remuneratorios o moratorios, dada la distinta naturaleza de unos y otros, pues mientras los primeros constituyen el beneficio o contrapartida convenida por las partes a favor del prestamista o acreedor por razón del capital prestado, en definitiva el precio del préstamo, y como tal elemento esencial del mismo.

Estando regidos por el principio de libertad de pacto consagrado en el art. 1255 del CC, y sometido por ello el control judicial de su contenido a la normativa representada por Ley de Represión de la Usura, los segundos se corresponden con una indemnización por incumplimiento que actúa a modo de cláusula penal, siendo el ámbito específico de control de abusividad en sede de legislación del consumo.

En tal sentido, la STS 18-6-2012 señaló que la Ley de Consumidores y Usuarios en su actual redacción no permite que la valoración del carácter abusivo de una cláusula pueda extenderse ni a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución por una parte, ni tampoco a los servicios o fines que hayan de proporcionarse como contrapartida.

Esto es, que el control de contenido no permite entrar a enjuiciar la justicia y el equilibrio contraprestacional de los elementos esenciales del contrato y, por tanto a valorar la posible abusividad del interés convenido, aunque podrán ser objeto de control además de por la vía de su carácter usurario por la vía de la inclusión y la transparencia (artículos 5.5 y 7 de la Ley de condiciones generales de la contratación y artículo 10.1.a)de la Ley General para la defensa de los consumidores y Usuarios).

En este sentido La sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, declara el carácter usuario de un crédito «revolving», concedido a consumidor demandado, razonando al respecto que «La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa, ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo».

En dicha sentencia se estable en un contrato parejo al presente, denominado “crédito revolving”, en el que el consumidor puede disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realicen ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, concluye que aun no tratándose propiamente de un contrato de préstamo, le es de aplicación la Ley de Usura.

Puesto que su artículo 9 prevé que “Lo dispuesto en esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”, por lo que considera que esa norma debe de ser aplicada a toda operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

Esa misma sentencia reconoce el principio de libertad de la tasa de interés del art. 315 del Código de Comercio , y señala, recogiendo la doctrina ya expuesta, que mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones.

La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

Que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En relación a la interpretación del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura la SAP de León de 30/07/2018 transcribe la citada STS de 25/11/2015 anteriormente citada “:

«A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ».

Sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley».

De forma más detallada y en orden a determinar el interés a tener en cuenta como elemento de referencia, precisa que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (T.A.E), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Y precisa, que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero», que no es el legal del dinero, sino el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente”.

De modo que para establecer lo que se considera interés normal puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés, que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

CUARTO- Trasladando tales consideraciones al caso de autos, de la documentación obrante en autos resulta, en lo que aquí interesa, que el interés remuneratorio estipulado fue del 24%, con un T.A.E de 26,82%. La demandada sostiene que el tipo aplicado tratándose de operaciones realizadas con tarjeta de crédito.

Se ajusta al tipo de interés aplicable al mercado de tarjetas de crédito y para acreditar tal circunstancia realiza un análisis comparativo del T.A.E aplicado por entidades bancarias que ofrecen ese mismo servicio y asimismo, realiza una media aritmética ponderada de los tipos aplicables a saldos de contratos de tarjeta de crédito de pago aplazado, publicados mensualmente por el Banco de España desde el año Sin embargo, lo cierto es que la media aritmética ponderada que hace la demandada parte de unas publicaciones mensuales del Banco de España.

Cuya efectiva existencia no consta, por lo que el único elemento de referencia posible es el que cita el TS, de modo que, si se acude a las estadísticas publicadas por el Banco de España, con un tipo de interés en media anual para préstamos al consumo en el mes de Enero de 2.010, en España un TAE 10,59%.

Resulta evidente esa disparidad entre el T.A.E fijado para la operación litigiosa ( el 24,% y del 26;82%) y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el contrato litigioso, pues supera más de doble el reseñado interés, por lo que el remuneratorio pactado debe de considerarse notablemente superior al normal del dinero.

Cumplido el primer requisito es necesario, también, para que el préstamo pueda ser considerado usurario, que el interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, para ello el Tribunal Supremo, partiendo de que la normalidad no precisa de especial prueba, debiendo ser alegada y probada, hace descansar en la entidad financiera que concedió el crédito «revolving.»

La prueba de la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, y lo cierto es, que en el caso de autos, la demandada no ha probado la concurrencia de circunstancias excepcionales que así lo justifiquen como pudiera ser la posible falta de solvencia de la demandante o cualquier otra que pudiera explicar ese elevado interés.

No siendo suficiente la alegación de asunción de un teórico alto riesgo, pues ciertamente fue asumido libremente por la entidad financiera que decidió no exigir garantía alguna al demandante, consumidor destinatario del producto.

Consecuencia de lo dicho, y sin que sea necesario adentrarse en el estudio de los otros presupuestos, esto es, que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales, lo que ha sido descartado por el Tribunal Supremo en la sentencia ya citada.

Debe declararse el carácter usurario de los intereses remuneratorios, lo que supone la nulidad del contrato por prescripción legal, con las consecuencias del artículo 3 de la mentada ley represora de la usura, que expresamente dice «el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.»

Y que ha sido calificada por el TS en la sentencia de 14-07-2009 y posteriormente en la de 25-1(sic)-2015 , como radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.

Lo que excluye la aplicación al caso de autos de la doctrina de los actos propios como pretende la demandada, y determina que esta última deberá devolver a la parte actora la suma que exceda del capital dispuesto.

QUINTO.- En materia de costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC, dada la estimación de la demanda, procede su imposición a la parte demandada.

FALLO

Se estima íntegramente la demanda interpuesta el Procurador de los Tribunales, D. XXXX, en nombre y representación de Don XXXX contra WINZINK BANK, S.A y en consecuencia se declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito “tarjeta Citi oro” (con la modalidad incorporada de «crédito «revolving» pactado por las partes en fecha 20/01/2010 y en consecuencia se condena a la mercantil WINZINK BANK, S.A. a devolver a la actora la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado.

Tomando en cuenta el total de lo percibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandante, con ocasión del citado documento o contrato (cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión de reclamación por cuotas impagadas, cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito etc).

Según se determine en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito remitidos al cliente desde la fecha de suscripción del contrato hasta última liquidación practicada, más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial.

Se imponen las costas causadas en primera instancia a la mercantil Wizink Bank S.A.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles de que contra la misma podrán interponer ante este juzgado recurso de apelación dentro de los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación.

No se admitirá el recurso en el caso de que no se acreditara previamente por la parte que pretendiera interponerlo haber constituido el DEPÓSITO a que alude la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida mediante LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada, fue la anterior sentencia celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.

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