6852-TARJETA-BANKINTER-2.674E

El Juzgado nº2 de Pontevedra dicta condena contra Bankinter y declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de un cliente de Economía Zero por usurario

La demandante firmó con la entidad financiera un contrato de tarjeta de crédito en el que se imponía un interés con una TAE del 25,34%, mientras que la TAE media en España de los créditos de consumo era de 7,12 %  el 14 de octubre de 2016, fecha de la firma del contrato.

Además, la entidad financiera redacto unilateralmente el contrato de tarjeta revolving, incluyendo una cláusula de comisión por reclamación, imponiéndosela al usuario de Economía Zero sin aportar ninguna información al respecto.

Tras la estimación de la demanda, el Magistrado del caso, declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes con fecha 8 de febrero de 2008 por usurario y dicta condena contra BANKINTER CONSUMER FINANCE S.A., obligando a la retribución al actor las cantidades pagadas por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado, más los intereses legales, cantidad que suma 2.674,78€.

En la condena contra Bankinter las costas causadas son expresamente impuestas a la entidad financiera.

Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, Letrada colaboradora con Economía Zero, ha sido la encargada de conseguir la siguiente condena contra Bankinter.

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XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 2 PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00003/2022

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000257 /2021

Procedimiento origen: / Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. BANKINTER CONSUMER FINANCE EFC S A

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA Nº3/2022

Lugar y fecha: En Pontevedra, a 3 de enero de 2022.

Magistrado que la dicta: D. XXXX. Juicio Ordinario 257/2021 sobre nulidad contractual.

Demandante: D. XXXX.

Procurador: D. XXXX.

Letrado: Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo.

Demandado: Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.

Procurador: D. XXXX.

Letrada: Dña. XXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 23 de marzo de 2021 el procurador de los tribunales D. XXXX presentó demanda de juicio ordinario en nombre de D. XXXX contra Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., que terminaba suplicando que: 1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta CUENTA NÓMINA con nº XXXX suscrito el día 14 de Octubre de 2.016, condenando a la entidad demandada a restituir a Don XXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia-de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta CUENTA NÓMINA nº XXXX suscrito el día 14 de Octubre de 2.016, condenando a la entidad demandada a restituirle a Don XXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, pagando las cuotas pactadas que resten, sin aplicación de interés alguno.

3.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ella a la entidad demandada, quien presentó escrito de contestación, oponiéndose a las pretensiones de la actora.

TERCERO: Fueron convocadas las partes a comparecencia previa para intentar llegar a un acuerdo o transacción que pusiera fin al proceso y, caso contrario, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar la prosecución y terminación mediante Sentencia.

CUARTO: Llegado el día de la audiencia previa comparecieron debidamente representadas las partes, donde se comprobó que subsistía la controversia entre ellas. Ambas partes propusieron únicamente como prueba la documental obrante en las actuaciones, que fue admitida íntegramente, por lo que quedaron vistas para sentencia.

El desarrollo de la audiencia previa se registró en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, conforme a lo dispuesto en el Art. 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 (LEC).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento de la controversia. D. XXXX, interpone demanda contra Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., en ejercicio de acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre ambas partes en fecha 14 de octubre de 2016.

Manifiesta la parte actora, en síntesis, que como consumidor suscribió ese contrato de tarjeta “revolving” sin haber sido informado de sus características y consecuencias.

Defiende que la TAE aplicada superaba ampliamente los intereses medios de los préstamos al consumo en la fecha de la contratación.

Considera de aplicación al caso la Ley 23 de julio de 1908 de represión de la usura, por lo que solicita la declaración de nulidad del contrato, con la consecuencia de que el prestatario solo tendría que devolver el capital recibido, al resultar el interés aplicado notablemente superior al normal del dinero.

Subsidiariamente, solicita la nulidad del contrato por falta de transparencia de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios, con las consecuencias derivadas del art. 1303 del Cc y la imposición de costas a la demandada. Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. se opone a las pretensiones ejercitadas de contrario con varios argumentos.

Alega la existencia de mala fe en la actora, por haber interpuesto otra demanda previa solicitando la nulidad de otra tarjeta con los mismos argumentos. Por otro lado, considera que los contratos “revolving” tiene unas características propias que no permiten su comparación con los contratos de crédito a consumo genéricos, sino con los contratos del mismo tipo.

Mantiene que el contrato fue válido, y fue debidamente suscrito por el demandante tras haber recibido la oportuna información. La tarjeta fue usada y se remitieron al actor periódicamente los correspondientes extractos.

En la web del Banco de España se recogen los intereses del producto “tarjeta de crédito”, que engloba las tarjetas “revolving”.

Se trata de un interés habitual y normal del dinero en el año de la contratación, y no notablemente superior, y menos aún se trata de intereses desproporcionados con las circunstancias del caso, como exige el art. 1 de la LRU.

Considera que todas las cláusulas del contrato superan el doble control de inclusión y transparencia, que el tipo de interés remuneratorio, como elemento esencial del contrato, no está sujeto al control de abusividad, y que la actuación del demandante es contraria a sus propios actos.

SEGUNDO.- Aplicación al caso de la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura. El artículo 1 de dicha norma dispone que «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Ha sido aportado por la demandante el contrato que une a las partes, de fecha 14 de octubre de 2016 (documento 1 de la demanda). En dicho documento consta que la TAE aplicable para compras y pago aplazado ascendía a un 25,34 %.

Nos encontramos ante las llamadas tarjetas “revolving”, que, como dice el Banco de España en el portal del cliente bancario, son un tipo de tarjeta en la que dispones de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas.

Éstas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que puedes elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. Su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se ‘renueva’ mensualmente: disminuye con los abonos que haces a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

En palabras de la STS núm. 628/2015, de 25 de noviembre de 2015, la Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , « se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor », el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

Sigue diciendo la referida resolución que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es « notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como « notablemente superior al normal del dinero».

Sin embargo, coincidimos con la demandada en que las consecuencias establecidas en la anterior resolución no pueden ser directamente extrapolables al caso que examinamos.

Este tipo de contratos de tarjeta de crédito cuenta con características propias frente a los contratos de préstamo al consumo tradicionales: es el usuario de la tarjeta el que determina la cantidad a disponer (dentro de un límite pre concedido) y ese capital disponible se ve afectado por los pagos que el propio usuario vaya haciendo, no se requiere ningún tipo de justificación del destino del crédito concedido, no existe plan de amortización, la relación contractual a menudo no tiene término pactado, sino que se perpetúa en el tiempo.

Entendemos que esa naturaleza específica, determina que exista un mercado propio que regula la concesión de créditos de este tipo, y por ello el Banco de España en su circular 1/2010, de 27 de enero, contempla dentro de los tipos de interés de las nuevas operaciones las tarjetas de crédito de pago aplazado como un apartado diferente y específico frente a los créditos al consumo genéricos.

Es precisamente este criterio el mantenido en la actualidad por nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 04 de marzo de 2020 ( ROJ: STS 600/2020 – ECLI:ES:TS:2020:600 ), según la cual: 1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

Por lo tanto, siguiendo el criterio de las resoluciones anteriores, habríamos de acudir a las estadísticas del Banco de España, pero en concreto a la información sobre los tipos de interés aplicados en las tarjetas de crédito, que se contienen en el Capítulo 19.4 de su Boletín estadístico, ya que al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

En dicha tabla puede comprobarse que los tipos medios correspondientes al apartado Tarjetas de crédito y Tarjetas “revolving”, dentro del Crédito al consumo, relativos a octubre de 2016 (fecha del contrato) ascendieron a un 21,138 %.

Podemos considerar como referencia el Acuerdo de fecha 28 de abril de 2020 de las Secciones de lo Civil de la Audiencia Provincial de Badajoz, que tiene el siguiente contenido: «Primero. Tras la sentencia del Tribunal Supremo149/2020, de 4 de marzo, a efectos de la declaración de usura, estimamos como notablemente superior al interés normal del dinero un incremento en el ordinario o remuneratorio (TAE), a la fecha de celebración del contrato del quince por ciento (15%) sobre el tipo medio de las operaciones de crédito instrumentalizadas a través de tarjetas de crédito y revolving.

Segundo. El tipo medio de las operaciones de crédito instrumentalizadas a través de tarjetas de crédito y revolving se obtendrá de acuerdo con los medios de prueba admitidos en derecho, que pasará, entre otros, por las estadísticas oficiales del Banco de España y, en su defecto, de ser contratos anteriores a 2017, por otras fuentes de prueba».

En nuestro caso, consideramos que este criterio es adecuado, habida cuenta que nuestro Tribunal Supremo ha declarado que cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

Por ello, si sumamos un 15 % a los tipos medios aludidos, el resultado sería de un 24,3087 %.

Y en el caso de autos, la TAE inicialmente previsto en el contrato era de un 25,34 %, que supera ampliamente ese 15 % de los tipos medios de contratos de tarjeta correspondientes al año de contratación, por lo que se sigue considerando que el interés aplicado es “notablemente superior al normal del dinero”.

Por todo lo expuesto, ha de considerarse que los intereses previstos en el contrato son usurarios, con lo cual la demanda ha de ser estimada íntegramente.

No resulta necesario que concurra el segundo inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (« que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales») como declara nuestro Tribunal Supremo.

La consecuencia de tal infracción es que el prestatario estará obligado a devolver tan sólo la suma recibida, como se prevé en el art. 3 de la citada norma.

Como se trata de un contrato nulo de pleno derecho, no cabe confirmación, y menos aún por el hecho de que durante un determinado tiempo se haya estado ejecutando.

Según el art. 1361 del Código Civil: La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente.

Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo.

El mero transcurso del tiempo o el cumplimiento de un contrato que no ha sido resuelto no sana una obligación viciada de nulidad desde su origen y ni mucho menos implica una renuncia a las acciones que le corresponden según la ley y que han sido clarificadas recientemente por la jurisprudencia.

Por lo tanto, no existe vulneración de la doctrina de los actos propios. En cuanto a la posibilidad de que la actora haya abonado cantidades que excedan del capital dispuesto, debe ser la parte demandada quien realice en su momento dichos cálculos, y si así ha sido, deberá devolver ese exceso.

Si surgiese contienda entre las partes habrá de determinarse la cantidad procedente en ejecución de sentencia.

Dichas cantidades devengarán los intereses calculados al tipo legal del dinero desde la interposición de la demanda.

CUARTO.- En cuanto a las costas del proceso, resulta aplicable el art. 394 de la LEC, según el cual en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

Nos encontramos ante una estimación integra de la demanda, al haberse estimado una de las pretensiones formuladas de forma alternativa.

Tras las sentencias del Tribunal Supremo a las que hemos aludido no puede entenderse que existan dudas de hecho o de derecho, con lo cual ha de condenarse en costas a la parte demandada.

FALLO

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de D. XXXX contra Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. y, en consecuencia: 1.- DECLARO que el contrato suscrito entre las partes el día 14 de octubre de 2016 es nulo de forma radical por contener un interés usurario, con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la Usura.

De esta forma, condeno a la demandada a restituir al actor las cantidades abonadas que excedan del capital prestado desde la suscripción del contrato, con el interés calculado al tipo legal del dinero desde la interposición de la demanda.

2.- Se imponen las costas a la parte demandada.

Así lo acuerda y firma.

Por luis

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