6593-LINEA-DE-CREDITO-COFIDIS-1.499E

El Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Madrid dicta condena contra Cofidis y declara nulo el contrato de crédito suscrito por un usuario de Economía Zero con la crediticia por aplicar un interés remuneratorio usurario del 24,51 %.

El contrato de crédito litigante fue suscrito entre las partes en fecha 18 de octubre de 2017, estipulándose un interés remuneratorio del 24,51 % TAE, muy superior al interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el presente contrato que ascendía al 8,49 %.

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario, es necesario que, además, el interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Por la entidad demandada no se ha probado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un tipo de interés tan elevado como el del caso, lo expuesto, supone la nulidad del contrato pactado entre las partes por su carácter usurario.

Con estimación de la demanda interpuesta la Magistrada del caso dicta condena contra Cofidis, S.A, y declara la nulidad por usurario del contrato suscrito, debiendo devolver la demandada a la demandante todas las cantidades percibidas por cualquier concepto que superen el capital dispuesto, suma que se eleva a 1.499,03 €.

En la condena contra Cofidis se hace expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

El letrado D. Fernando Salcedo Gómez letrado colaborador con Economía Zero ha sido el encargado de llevar a cabo la siguiente condena contra Cofidis.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO LA NULIDAD DE TU CONTRATO DE CRÉDITO DE COFIDIS Y RECUPERA TU DINERO !!!

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº04 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 248/2021

Materia: Otros asuntos de parte general SECCIÓN 8

Demandante: D./Dña. XXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXX

Demandado: COFIDIS SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A.

PROCURADOR D./Dña. XXXX

SENTENCIA Nº414/2021

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXX

Lugar: Madrid Fecha: veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos por Dña. XXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Madrid, los presentes autos de Juicio ORDINARIO nº 248/21, seguidos a instancia de D. XXXX, representado por la Procuradora Sra. XXXX y asistido por el Letrado Sr. Salcedo Gómez, frente a la mercantil COFIDIS SUCURSAL EN ESPAÑA S.A, representada por la Procuradora Sra. XXXX y asistida por la Letrada Sra. XXXX, sobre declaración de nulidad de cláusulas contractuales y reclamación de cantidad, Con base en los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la mencionada representación de la parte actora se presentó demanda de juicio ordinario, que correspondió a este Juzgado por turno de reparto, en la que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente terminaba solicitando se dictara sentencia por la que: Con carácter principal se declare la nulidad radical , absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario con los efectos restitutorios inherentes a tal declaración, de conformidad con el art. 3 de la Ley sobre Represión de Usura.

Con carácter subsidiario se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por no superación del control de incorporación y/o por falta de información y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que proceden, en virtud del art. 1303 del C.C.

Con carácter subsidiario a las dos anteriores se declare la nulidad de la cláusula de comisión de devolución por cuota impagada, , recogida en el contrato por abusivas; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título apreciadas de oficio.

Todo ello con represa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la parte demandada para que compareciera y contestara, lo que efectuó dentro del plazo previsto legalmente, oponiéndose a las pretensiones dirigidas solicitando la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte contraria, oponiendo las excepciones de falta de legitimación pasiva y solicitando la intervención provocada de la entidad Invest capital Ltd como cesionaria del contrato.

La intervención provocada fue rechazada por auto de 28 de julio de 2021, no recurrido por la parte demandada.

TERCERO.- Convocados ambos litigantes para la celebración de la audiencia previa, el día señalado comparecieron las dos partes y pusieron de manifiesto la subsistencia del litigio y la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

La parte actora se ratificó en la demanda presentada, contestó a las excepciones opuestas de contrario y solicitó prueba documental.

La parte demandada ratificó su escrito de contestación y solicitó prueba documental.

Habiéndose propuesto únicamente prueba documental, quedaron las actuaciones para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales y específicamente el plazo para dictar sentencia a pesar de la sobrecarga de trabajo que soporta este Juzgado. Y en los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclama la parte actora con base en la Ley de Represión de la Usura, en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación la declaración de nulidad de un contrato de crédito al consumo bajo el sistema de revolving, suscrito el 18 de octubre de 2017.

Alega que la citada tarjeta configuraba un sistema de crédito compuesto, bajo el sistema de revolving, una línea de crédito que permite sucesivas disposiciones variables en importe hasta el límite concedido, en que el crédito se adapta a las disposiciones efectuadas y las cuotas se calculan y cargan sin previo aviso al cliente según el capital dispuesto en cada momento.

Considera que el contrato es nulo por incluir un interés retributivo usurario, concretamente del 24,51% TAE, alegando que este interés es notablemente superior al normal del dinero, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de adhesión en el que ninguna de sus condiciones ha sido negociada.

Reclama la nulidad del contrato con las consecuencias previstas en la Ley de Represión de la Usura y, subsidiariamente, la nulidad del interés remuneratorio aplicado por falta de transparencia.

La parte demandada se opuso a la reclamación dirigida en su contra cuestionando su legitimación pasiva y alegando que el crédito fue cedido a la entidad Invest capital el 7 de mayo de 2021.

En cuanto al fondo del asunto alegó que el contrato supera las exigencias de inclusión y transparencia y que la actora fue informada de su condicionado que estima detallado.

Sostiene que el tipo de interés no es notablemente superior al utilizado en el mercado para ese tipo de tarjetas de crédito y destaca que la parte demandante se adhirió voluntariamente al clausulado.

SEGUNDO.- DE LA CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO. Antes de entrar en el fondo del asunto debe resolverse la impugnación de la cuantía del procedimiento efectuada por la entidad demandada que, frente a la realizada por la actora, estima que esta no puede considerarse indeterminada sino que ha de considerarse en la cantidad que hubiera de devolverse a la demandante, aunque no la cuantifica en su impugnación.

Indicar en este punto que, dada la naturaleza de la acción ejercitada, con cabida en el art. 251.8ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque se solicita la nulidad total del negocio jurídico por usurario con los efectos previstos en la específica legislación que trata esta figura, no es posible determinar, dato el tipo de contrato afectado por la petición rectora, cuál era el interés económico del contrato, en el momento de la contratación, porque aunque se trata de un crédito preconcedido de 4.000 euros, se desconoce si las disposiciones de la parte actora han excedido de dicha cantidad porque no se ha aportado por la demandada liquidación del crédito ni un cuadro de movimientos, lo que sería posible al ser un crédito que funciona por el sistema revolving, lo que impide a la parte demandante determinar en el momento de interposición de la demanda el interés económico del procedimiento, de manera que la cuantía debe establecerse como indeterminada.

TERCERO: DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA. Cuestiona la entidad demandada su legitimación para soportar la acción dirigida en su contra alegando que cedió el contrato objeto de autos a Investment Ltd el 7 de mayo de 2021.

Es sabido que, en los últimos años, ante el alto índice de morosidad de los deudores que contratan con entidades financieras, unido a la dudosa realización de esos créditos, es habitual la cesión, a terceros, de créditos impagados, cesiones que se realizan en masa, comprensivas de la totalidad o de una parte importante de una cartera de créditos.

Sucede en este caso, como se le dijo a la parte demandada al rechazar su solicitud de intervención provocada, que no se acompaña al escrito de contestación ningún documento que acredite la cesión a la que se refiere la parte, por lo que no puede tenerse por probada, desconociéndose sus circunstancias y si, como se sostiene, afecta al contrato litigioso, por lo que la falta de legitimación pasiva de la entidad Cofidis será rechazada.

CUARTO.- INTERÉS REMUNERATORIO. LEY DE REPRESIÓN DE LA USURA. En cuanto al fondo del asunto la petición principal de la parte actora afecta al tipo de interés remuneratorio incluido en el contrato de crédito revolving que le une a la contraparte (documento nº 1 de la demanda).

Interesa que, considerando su carácter usurario, se reconozcan los efectos que contempla el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura. Teniendo en cuenta el contrato al que afecta el procedimiento debe recordarse que la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolving, que se detiene en su preámbulo en su caracterización indicando que.

1.»El principal elemento que los caracteriza es que el prestatario puede disponer hasta el límite de crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto a fin de mes o en un plazo determinado, sino que el prestatario se limita a reembolsar el crédito dispuesto de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede elegir y modificar durante la vigencia del contrato dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. La cuantía de las cuotas puede variar en función del uso que se haga del instrumento del crédito y de los abonos que se realicen por el prestatario.

«Así, el límite de crédito establecido por el prestamista disminuye según se dispone de él, principalmente mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido o liquidaciones de intereses y gastos.

A su vez, se repone con abonos, en esencia mediante el pago de los recibos periódicos o la realización de amortizaciones anticipadas, si bien, en particular en el caso de los créditos asociados a un instrumento de pago, también se pueden producir devoluciones de compras que reponen igualmente el crédito disponible.

«Las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital que el prestatario abona de forma periódica vuelve a formar parte de su crédito disponible (de ahí su nombre, revolvente o revolving), por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática en cada vencimiento, de tal forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente. «Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado.

En ocasiones, si se producen impagos o la cuantía de la cuota periódica es muy baja y no cubre los intereses, estas cantidades se capitalizan mediante nuevas disposiciones del crédito que, a su vez, generarán intereses «.

2. Dos son por tanto los elementos esenciales que diferencian al crédito «revolving» de otros: ( i ) el modo o forma de pago, pues permite el cobro aplazado mediante el pago de cuotas variables en función del uso que se haga del instrumento de pago y de los abonos que se realicen en la cuenta de crédito asociada -en los contratos de crédito ordinarios la deuda se abona de una sola vez-, o cuotas fijas hasta el total abono de los intereses y amortización de la financiación solicitada.

( ii ) su carácter reconstructivo o revolvente: el importe de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible mediante su renovación automática como si de una línea de crédito permanente se tratara y sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado.

3. La Memoria de Reclamaciones de 2017 del DCMR del Banco de España, para explicar que la amortización puede llegar a suponer una excesiva carga financiera que puede poner en serias dificultades al prestatario, recuerda que:» El hecho de que los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles al cliente se sumen y financien junto con el resto de las operaciones (pagos en comercios, en Internet, o reintegros de cajero) implica que, ante elevados tipos de interés de la cuota de la tarjeta, cuando se pagan cuotas mensuales bajas respecto al importe total de la deuda, la amortización del principal se realizará en un período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y largo plazo, y que se calculan sobre el total de la deuda pendiente».

4. La propia jurisprudencia ( en esencia, las SSTS, Pleno, nº 628/2015, de 15 de noviembre, y nº 149/2020, de 4 de marzo ) nos recuerda que a los contratos de esta naturaleza le resulta aplicable la legislación, cuando la contratación se produzca con consumidores, contenida en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, que se aplica a aquellos contratos en que el prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, sin estar garantizado con hipoteca inmobiliaria.

Pero también, con apoyo en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, y en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC).

El crédito, en definitiva, se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Sobre esta particular modalidad de contrato que supone el crédito «revolving» y sus repercusiones en la usura el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias relevantes, ambas de Pleno, la nº 628/2015, de 15 de noviembre, y la nº 149/2020, de 4 de marzo.

Conforme a estas resoluciones, contratos como el de autos, se someten al control propio de las reglas para la reprensión de la usura previstas en la Ley de 23 de julio de 1908, cuyo art. 1 indica que: » Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Así, aunque el contrato no sea estrictamente de préstamo, la jurisprudencia extiende del ámbito de la Ley de Usura a toda aquella operación que, por su naturaleza y características, responda a un contrato de crédito en cualquiera de sus modalidades, porque lo relevante, como indicaron las SSTS 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero; 677/2014, de 2 de diciembre y 628/2015, de 25 de noviembre, no es que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos a que se refiere el art. 1, sino que basta con que se den los previstos en el primer inciso (requisitos de carácter objetivo), esto es, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Por tanto, sin que ya sea de exigir que de forma clara se demuestre que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

La aludida sentencia del Tribunal Supremo nº 628/2015, Pleno, de 25 de noviembre, expone algunas consideraciones de relevancia: ( i ) Conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados; ( ii ) El interés con el que ha de realizarse la comparación es el » normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia; ( iii ) Para establecer lo que se considera » interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas ( créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Continúa afirmando esta última sentencia que para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea » manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

A su vez, la posterior sentencia del Tribunal Supremo nº 149/2020, de 4 de marzo, ha fijado criterio jurisprudencial en orden a determinar que la referencia que ha de utilizarse como » interés normal del dinero» debe ser el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y continúa indicando que: » Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving , dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias(duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.»

Confirma que » la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.».

Y se afirma en que » una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Y en el ámbito de la normativa tuitiva de consumidores debe tenerse en cuenta que el artículo 3 de la Directiva 93/13 de 5 de abril de 1993 sobre Cláusulas Abusivas en contratos celebrados con los consumidores, determina que lo son: 1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión.

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

En términos semejantes se pronuncia el legislador español en el art. 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2007, que también contiene una lista no exhaustiva de cláusulas que pueden ser consideradas abusivas, y que después desarrolla en los artículos 85 y siguientes, indicándose en el art. 82.3 del Texto que: “el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este dependa”.

La posibilidad de concurrencia de usura y abusividad ha sido recogida por la jurisprudencia, entre ellas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2014 , que declara: «La cuestión de la posible concurrencia de las normativas citadas en los supuestos de préstamos hipotecarios, porque así lo soliciten las partes, o bien, porque se considere de oficio su examen conjunto, caso que nos ocupa, ha sido tratada, en profundidad, por esta Sala en su Sentencia de 18 de junio de 2012 ).

En ella declaramos que, si bien las partes pueden alegar inicialmente dichas normativas en orden a su posible aplicación al caso concreto, no obstante, su aplicación conjunta o integrada resulta incompatible al tratarse de controles causales de distinta configuración y alcance, con ámbitos de aplicación propios y diferenciados”. En el presente caso, no ha sido cuestionada por la entidad demandada la realidad del vínculo jurídico con la parte actora ni su naturaleza de crédito revolving.

Conforme consta en el contrato aportado como documento nº 2 de la demanda el interés se estableció en un 24,51% TAE habiéndose suscrito la línea de crédito el 18 de octubre de 2017, anualidad en la que el tipo medio ponderado para las tarjetas tipo revolving era de 20,80% TAE.

En la mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 se indica que partiendo para realizar la comparación de un interés algo superior al 20% anual, hay que tener en cuenta que se trata de un interés que “es ya muy elevado” y que “cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

8-. Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

10.- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito”.

Atendiendo a lo expuesto, un interés como el fijado en el contrato litigioso, es usurario, desproporcionados y anormalmente alto, sin que se hayan acreditado particulares o excepcionales circunstancias que justificaran la imposición de un interés tan elevado al demandante y sin que el hecho de que el interés pudiera ser habitualmente utilizado en tarjetas de crédito de este tipo implique que pueda convalidarse porque, como también señala el Tribunal Supremo en diversas resoluciones, “la habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al interés fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables”.

Así, apreciado el carácter usurario de los intereses remuneratorios establecidos en el contrato objeto de autos debe declararse la nulidad del negocio jurídico.

Y en cuanto a las consecuencias de esta declaración hay que estar al art. 3 de la Ley de Represión de la Usura que dispone que: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

En virtud de lo expuesto, declarado nulo por usurario el contrato de tarjeta que une a las partes, el actor solo está obligado a pagar el capital dispuesto y/o prestado por lo que la entidad demandada deberá reintegrarle cuantas cantidades hayan sido abonadas por aquel durante la vida del crédito, por todos los conceptos, que excedan del capital dispuesto y/o prestado, más intereses al tipo del legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago, con el incremento previsto legalmente a partir de la fecha de esta resolución (arts. 1101 y 1108 Código Civil y art. 576 Ley de Enjuiciamiento Civil).

QUINTO.- DE LAS COSTAS. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la parte demandada las costas procesales causadas.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de pertinente aplicación.

FALLO

Que ESTIMANDO como estimo la demanda interpuesta por D. XXXX, representado por la Procuradora Sra. XXXX, frente a la mercantil COFIDIS SUCURSAL EN ESPAÑA S.A, representada por la Procuradora Sra. XXXX, DEBO DECLARAR Y DECLARO NULO POR USURARIO el contrato de crédito revolving de 18 de octubre de 2017, declarando que el demandante solo está obligado a abonar el principal dispuesto y/o prestado y condenando a la entidad demandada a reintegrara la demandante cuantas cantidades hayan sido abonadas por aquel durante la vida del crédito, por todos los conceptos, que excedan del capital dispuesto y/o prestado, más intereses al tipo del legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago, con el incremento previsto legalmente a partir de la fecha de esta resolución.

Se imponen a la parte demandada las costas procesales causadas.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *