5032-PRESTAMO-RAPIDO-TWINERO-1.551E

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de A Coruña dicta sentencia contra Twinero y declara la nulidad de cuatro contratos de préstamo que un usuario de Economía Zero suscribió con la mercantil por usurarios.

La parte actora suscribió cuatro contratos de préstamo que incluían cláusulas impuestas, de las que la demandante no fue debidamente informada, por lo que procedió con la presentación de una reclamación extrajudicial, la cuál, no fue atendida por la entidad demandada.

Los contratos litigantes fueron pactados entre las partes en el año 2018, siendo el interés remuneratorio establecido que oscilaba entre 1.905% y 3.802% TAE, lo que procede la consideración de usurario por ser manifiestamente desproporcionado, sin que la entidad demandada justifique la imposición de un interés tan elevado.

La Magistrada del caso, estimando íntegramente la demanda interpuesta y dicta sentencia contra Twinero, S.L.U. declarando la nulidad de los contratos de préstamo suscritos con la demandante por su carácter usurario.

Por consiguiente, la parte actora únicamente estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la entidad prestamista reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, cantidad que suma 1.551€.

Asimismo, en la sentencia contra Twinero las costas del proceso judicial son impuestas expresamente a la parte demandada.

La Letrada Sra. Azucena Natalia Rodríguez Picallo ha sido la encargada de conseguir la sentencia contra Twinero.

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XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 4 A CORUÑA

SENTENCIA: 00199/2021

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001153 /2020-MA

Procedimiento origen: / Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. TWINERO, S.L.

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA

A Coruña a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos por el Ilmo. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de A Coruña, D. XXXX, los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con el número 1153/20-MA a instancia D. XXXX representado por la procuradora Dª. XXXX y defendido por la letrada Dª Azucena Natalia Rodríguez Picallo, siendo parte demandada la entidad Twinero S.L., representada por el procurador D. XXXX y defendida por la letrada Dª. XXXX, en ejercicio de acción de nulidad del contrato de préstamo.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En este Juzgado, procedente de la oficina de Registro y Reparto, se recibió demanda y documentos de Juicio ordinario, presentada a instancia de D XXXX, contra el demandado arriba reseñado, basándola en los hechos y fundamentos de derechos que son de ver en autos y que aquí se dan por enteramente por reproducidos, y suplica al juzgado, se dicte sentencia en la que se estime íntegramente la demanda acordando que con carácter principal se declare la nulidad por usura de los siguientes contratos suscritos por la demandante con la mercantil demandada:

Contrato nº XXXX, nº XXXX, nº XXXX, nº XXXX; condenando a la entidad demandada a restituir a Dª XXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Y con carácter subsidiario se declare la nulidad por abusivas de las cláusulas de intereses remuneratorios. Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

II.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada que contestó en tiempo y forma a medio de escrito que obra unido a los autos y aquí se da por enteramente reproducido.

III.- Señalados día y hora para la celebración de la audiencia previa, comparecieron en legal forma las partes, aclarando la parte actora el suplico de la demanda en los términos que constan en autos, quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

IV.- En la tramitación de los presentes autos se han observado todas las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de plazos, por imposibilidad, debido al cúmulo de asuntos que pesan sobre este Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- A través de la demanda rectora de este pleito la demandante doña pretende, como petición principal, la declaración de nulidad por usura de cuatro contratos de préstamo suscritos por la actora con la entidad demandada (contratos de 30 de julio de 2.015, 2 de septiembre de 2.015, 24 de septiembre de 2.015 y 22 de junio de 2.018), con la consiguiente condena de la entidad demandada a restituir a la actora la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Se relata que la actora, en su condición de consumidora, suscribió con la mercantil demandada una sucesión de contratos de préstamo a corto plazo mediante modelos formalizados para todos los clientes, contratos suscritos por las facilidades de crédito que anunciaba la entidad en su publicidad, sin negociación, de modo rápido y casi automático; que la TAE de esos contratos oscilaba entre 1.905% y 3.802%, habiendo sido firmados sin ningún tipo de información sobre lo que suponía el tipo de interés aplicable y las consecuencias económicas de utilizar las prórrogas en el plazo de la fecha de vencimiento del pago; que la diferencia entre la TAE de los contratos y la TAE media del crédito al consumo publicada por el Banco de España es desorbitada; y que tiempo después de haber amortizado los préstamos la actora fue consciente de que cada uno de ellos tenía unos intereses desmesurados que le hicieron comprender que la deuda no se había amortizado como ella pensaba que sería cuando contrató los productos.

El objeto litigioso está constituido por cuatro contratos de préstamo de fechas antes indicadas, por escasos importes (200 euros, 350 euros, 500 euros y 501 euros), breve plazo de vencimiento (30 días), y TAE aplicada por unos porcentajes que resultan, cuando menos, llamativos (3.752%, 3.802%, 2.289% y 1.905%).

Y la causa de oposición esgrimida por la entidad demandada consiste en alegar que se trata de “minicréditos”; que el mercado de referencia que se debe utilizar como parámetro comparativo a efectos de usura es el de los “minicréditos”; y que en el caso de los “minicréditos” no puede servir como mercado comparativo el sector bancario tradicional.

Y se aportan con el escrito de contestación a la demanda una certificación de la Asociación Española de Micropréstamos y una estadística de precios de la misma Asociación, documentos de los que resultaría, en la tesis de la interpelada, la “normalidad” de los costes de los préstamos litigiosos.

II.- A partir de lo anterior, y por lo que se refiere a la acción principal, la cuestión se encuentra resuelta por las paradigmáticas sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015 y de 4 de marzo de 2.020, sin perjuicio de reconocer que los casos que contemplaban aquellas sentencias se referían a contratos de tarjeta de crédito revolving, que no son similares a los que aquí nos ocupan, pero lo cierto es que las resoluciones del Alto Tribunal hacen declaraciones importantes para fijar los criterios con que se debe enjuiciar la denuncia de usura.

La STS Pleno de fecha 25 de noviembre de 2.015 declaró que, aunque la operación (de aquel caso) no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito, le era de aplicación la ley de represión de la usura, y en concreto, su art. 1, puesto que el art. 9 establece que lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

También declara que mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo, la normativa sobre cláusulas abusivas no permite el control del carácter abusivo del tipo de interés remuneratorio, siempre que cumpla el requisito de transparencia (SSTS 22 de abril de 2.015 y 8 de septiembre de 2.015).

En este marco, la ley de represión de la usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1.255 del CC, aplicable a los préstamos y a cualquiera operación de crédito sustancialmente equivalente al préstamo.

Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley (interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso), sin que sea exigible que acumuladamente se exija la situación angustiosa.

La Sala (en aquel caso) considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la ley de represión de la usura, porque la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE, y el porcentaje que ha de tomarse en consideración a estos efectos es el TAE, y no el nominal. El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero” (no el interés legal del dinero), y para establecer lo que se considera interés normal puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

En el supuesto concreto la sentencia recurrida fijó como hecho probado que el interés del 24,6% apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato.

Según el Alto Tribunal, la cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es notablemente superior al normal del dinero, y la Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero.

Sigue diciendo la Sala de lo Civil que aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista, pueden justificar un interés superior al normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de modo ágil y sin comprobar la capacidad de pago del prestatario.

Por traer como consecuencia que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos superiores a los normales, que facilitan el sobreendeudamiento de los consumidores con la consecuencia de que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

En definitiva, se declaró en aquel caso que el crédito revolving era usurario, por ser notablemente superior al normal del dinero en la fecha de su concertación, sin que concurriera ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justificara un interés tan notablemente elevado (una TAE que superaba en el doble el interés medio ordinario).

El supuesto analizado por la STS 25-XI-2015 (el denominado caso Sygma) analiza un caso muy concreto y determinado, con unas alegaciones y unos medios de prueba también muy concretos y determinados.

Hay que tener en cuenta que para la conceptuación de la usura se requiere la existencia de un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

El parámetro de comparación debe ser el interés “normal” del dinero, de manera que el referente para esa comparación, en el caso que analizamos, no debe ser el interés medio en las operaciones de crédito al consumo (como se hizo en la sentencia del Alto Tribunal, probablemente por un defecto de alegación y de prueba por las partes), sino el específico de los contratos de crédito “revolving” o contratos de tarjeta de pago aplazado, por ser éste el mercado relevante en el caso concreto objeto de examen.

Cuando la ley de represión de la usura habla de un interés notablemente superior al normal del dinero habla de lo que habla, es decir, de un interés que no sólo ha de ser superior sino notablemente superior, valoración jurídicoeconómica que se ha de llevar a cabo comparando con un referente que es el interés “normal” del dinero.

Y parece evidente que esa “normalidad” no puede ser más que la que resulte del mercado de que se trate, que en este caso no puede ser tampoco otro más que el correspondiente al producto financiero de que se trate.

En el mismo sentido podemos citar la sentencia de la Sección V de la Ilma. A.P. de A Coruña de fecha 10 de octubre de 2.019. III.- El Alto Tribunal ha vuelto sobre la misma cuestión a través de la más reciente STS Pleno 149/2020, de 4 de marzo, que considera, en primer lugar, que la referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas del Banco de España.

Y en segundo lugar, en la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario, la Sala tiene en cuenta que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado, y por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurría en el caso concreto, en el que el tipo de interés fijado en el contrato superaba en gran medida el índice tomado como referencia, debía considerarse como notablemente superior a dicho índice.

Se expresa la sentencia citada en los siguientes términos: “Para determinar la referencia que ha de utilizarse como interés normal del dinero para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuales el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

A estos efectos es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico… el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

En consecuencia, la TAE del 26,82 del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%) ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda… en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario.

El tipo medio del que, en calidad de interés normal del dinero, se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado.

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de interés normal del dinero y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como notablemente superior a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving.

Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como interés normal del dinero de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito”.

IV.- En el caso concreto que analizamos se trata de contratos de préstamo de unas muy concretas características, como son su evidente dedicación al consumo, su escaso importe y su breve plazo, así como su elevado coste de financiación, que resulta de la simple apreciación (res ipsa loquitur) de los TAEs aplicados y a los que antes se hizo referencia.

Y si bien es cierto que puede denominarse a estos contratos de préstamo como “minicréditos”, también es cierto que en las estadísticas del Banco de España no se contempla esa figura como autónoma o independiente a efectos de fijar tipos medios, resultando igual de evidente que se trata de créditos al consumo (categoría contractual que sí se contempla en los boletines estadísticos del organismo regulador).

A partir de todos los datos que hemos señalado, hemos de dar aquí por reproducido lo resuelto en caso idéntico al presente por la sentencia de la Sección VI de la Ilma. A.P. de A Coruña (resolución nº 174/2021) de fecha 12 de julio de 2.021, que se expresa en los siguientes términos: “Con tales guías interpretativas entendimos que en el caso no se habían aportado estadísticas fiables relativas a la especie concreta de contrato para el año en que se celebró; y que, ante ello, se había de mantener el criterio que esta sala había observado en casos precedentes -como había hecho el TS- de remitirnos al que antes de la sentencia de 2020 se venía aplicando, y poner en comparación el TAE del contrato litigioso con el único término posible y fiable de comparación, consistente en los tipos del crédito al consumo publicados por el Banco de España en esa anualidad.

C- En el caso presente se ha de confirmar el criterio de la resolución apelada de acudir como parámetro de referencia al TAE -que es el indicador apropiado como antes se ha expuesto- de los créditos al consumo, pues ésa es la naturaleza que corresponde a los préstamos litigiosos.

Que éstos sean de reducido plazo e importe no altera tal naturaleza. Para estimar que efectivamente se trata de una subespecie que exige un tratamiento diferente y que ha de ponerse en relación con los márgenes de tal magnitud que resultan de la prueba aportada por la parte apelante -en los cuales se situarían los TAE de todos ellos, salvo el primero de ellos, superior a la media indicada y en su extremo más oneroso-, sería precisa la aportación de una prueba -pericial, probablemente- que demostrase con la suficiente claridad que en estos casos de plazo y cuantía reducidos la viabilidad y rentabilidad del negocio crediticio exigiría los porcentualmente elevadísimos costes que para el cliente tiene esta subespecie de préstamos al consumo.

Lo que desde luego no ha conseguido la parte demandada con la documentación fragmentaria aportada, centrada sustancialmente en la necesidad de amortizar costes por información crediticia, que de ser pauta que se aplica a éstos o a todos los créditos de la entidad ciertamente hace que no haya base para considerar la concesión de los mismos como irresponsable o temeraria, pero ello no es la base de la declaración que es objeto del debate, sino un mero dato adicional, como la STS antes analizada expone.

Es decir, que no es irrazonable la apariencia de que estos créditos, por su escasa cuantía y plazo y los reducidos márgenes de ganancia que tales factores pueden generar, puedan justificar intereses superiores a los comunes en los préstamos al consumo, pero no es lo mismo uno que ciento y está ausente una justificación aceptable de que esta subespecie de créditos deben exigir del cliente el pago de cantidades cuyo TAE es -en el caso- entre casi doscientas veces y más de cuatrocientas cincuenta veces superior a la media de ese parámetro en los créditos al consumo.

Además, aplicando el criterio seguido en la anterior resolución de esta sala, la preferencia que han de merecer las estadísticas oficiales frente a otros índices, por su origen y por la concreta razón expuesta en la STS 149/2020 (reiteramos: <>) hace que no pueda darse valor a los elementos de referencia invocados por la parte apelante.

D- Por ello, la descomunal diferencia del TAE de los préstamos litigiosos respecto del correspondiente, según las estadísticas oficiales, a los créditos al consumo en los años de concertación de los préstamos determina la apreciación de abusividad, una vez que la línea jurisprudencial aludida supone que deba primar a tal efecto la objetividad de tal exceso respecto de los factores subjetivos destacados en la STS 406/2012 , lo que el recurso no discute.

Debe añadirse que la jurisprudencia menor -ausentes pronunciamientos específicos del TS sobre esta subespecie de los créditos al consumo- se decanta con claridad en favor de la interpretación que mantenemos en la presente resolución y en la muy reciente sentencia de esta sección de 1 de junio de 2021, rollo 109/21 , pudiéndose citar en tal sentido las sentencias de 17/3/2021, 21/05/2020 y 26/3/2021, respectivamente de las Secciones 5ª, 6ª y 7ª de la Audiencia Provincial de Oviedo; 16/2/21 de la Sección 2º de la Audiencia Provincial Santander; 15/01/2021 y 16/10/2020 respectivamente de las secciones 4ª y 5ª de la Audiencia Provincial Zaragoza; o 24/3/21 de la Sección 11ª de la AP Valencia”.

Por todo lo dicho, y aplicando el mismo criterio seguido por la Audiencia coruñesa, es procedente también aquí considerar la nulidad por usura de los préstamos de que se trata, lo que se debe traducir en la plena estimación de la pretensión principal contenida en la demanda, estimación que excusa del análisis de la pretensión formulada con carácter subsidiario.

V.- Conforme a lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, las costas han de ser impuestas a la parte demandada.

VISTOS los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey.

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. XXXX, en nombre y representación de doña XXXX, debo declarar y declaro la nulidad, por usura, de los contratos de préstamo objeto de este pleito, con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el art. 3 de la ley de represión de la usura; y en consecuencia, debo condenar y condeno a la entidad demandada Twinero S.L.U. a que restituya a la actora la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados por dichas cantidades.

Con imposición de costas a la parte demandada.

Así, por esta mi sentencia, contra la que se podrá interponer recurso de apelación mediante escrito presentado ante este Juzgado dentro del plazo de los veinte días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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