4831-TARJETA-CETELEM-6.137E

Juzgado Nº 8 de Cantabria dicta sentencia Cetelem declarando la nulidad por usura de un contrato de crédito y un usuario de Economía Zero recupera 6.137,82€.

Entre las partes se llevó a cabo un contrato de línea de crédito en fecha 8 de NOVIEMBRE DE 2012, en el que se estipuló un tipo de interés usurario.

La parte actora presentó una reclamación extrajudicial contra la crediticia en la que solicitaba la nulidad del contrato por usura, la cual no fue admitida por la entidad, por lo que se vio en la obligación de interponer una demanda judicial contra Cetelem.

La crediticia se opone a la demanda.

Procede imponer las costas a la entidad financiera puesto que se aprecia mala fe al existir un requerimiento previo a la demanda.

El Juez del caso, estimando la demanda interpuesta sentencia Cetelem, S.A., declarando la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato de línea de crédito. 

Asimismo, se condena a la crediticia a la devolución a la actora de las cantidades pagadas por esta por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales, suma que se eleva a 6.137,82€.

En la sentencia Cetelem se hace expresa imposición de las costas a la demandada.

Doña Ane Miren Magro Santamaría letrada colaboradora con Economía Zero a conseguido la sentencia Cetelem.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO LA NULIDAD DE TU LÍNEA DE CRÉDITO DE CETELEM Y RECUPERA TU DINERO !!!

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº8

Proc.: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº:0000498/2020

Materia: Otros contratos Resolución: Sentencia 000200/2021

Intervención: XXXX

Interviniente: XXXX

Procurador: XXXX

Demandante: XXXX

Demandado BANCO CETELEM, SA

SENTENCIA nº000200/2021

En Santander a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

DOÑA XXXX, Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia n.º ocho de Santander, habiendo visto los autos del Juicio Ordinario 498/202 interesando la nulidad de un contrato de tarjeta por usura y reclamación de cantidad a instancia del Procurador de los Tribunales Sra. XXXX en nombre y representación de asistida por la Letrada Sra. XXXX contra BANCO CETELEM asistido por el Letrado Sr. XXXX y representado por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXX, en nombre de S.M. El Rey, dictó la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por el Procurador de los Tribunales Sra. XXXX en nombre y representación de se interpuso Demanda de Juicio Ordinario en fecha 19 de mayo de 2020 ejercitando acción de nulidad del contrato de crédito a través de tarjeta y reclamación de cantidad, por usura y subsidiariamente nulidad de ciertas cláusulas del contrato por abusivas contra BANCO CETELEM en la forma que se expuso en la Demanda y en la que, tras alegar los Fundamentos de Derecho que estimó de aplicación.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que estimando la Demanda se declare la nulidad radical del contrato de tarjeta de crédito entre las partes por existir un interés remuneratorio usurario, en consecuencia se condene a la demandada a devolver a la actora la cantidad que exceda del total capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que hayan sido abonados por el demandante, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por reclamación por cuota, según se determine en ejecución de sentencia.

Y SUBSIDIARIAMENTE se declare la nulidad de las cláusulas de comisión por impagados y la modificación unilateral de las condiciones del contrato, condenando al demandado a pagar las costas procesales causadas.

SEGUNDO.- Por decreto de fecha 26 de junio de 2020, se admitió a trámite la Demanda y se acordó el emplazamiento del demandado para que contestara a la demanda, lo cual verificó en tiempo y forma, en fecha 1 de septiembre de 2020 oponiéndose a la demanda y alegando prejudicialidad civil por existir otra demanda idéntica en otro Juzgado.

La audiencia previa se señaló para el día 8 de marzo de 2021 aclarando que no se habían presentado dos demandas iguales sino que se referían a Contratos distintos y que se había producido un error en las copias aportadas para la parte contraria ,se dictó auto de nulidad de lo tramitado y se procedió a dar plazo a la demandada para que contestara debidamente, lo que verificó por escrito de fecha 16 de abril de 2021.

La audiencia previa se celebró finalmente el día 31 de mayo de 2021, quedando los autos vistos para sentencia al haber interesado únicamente las partes prueba documental.

TERCERO-Que en la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la actora una acción de nulidad del contrato de crédito mediante tarjeta de crédito celebrado con CETELEM en fecha 8 de NOVIEMBRE DE 2012 alegando que se ha aplicado un interés usurario.

La demandada acompaña copia del contrato, en el que se aprecia que se concedió un préstamo para la compra de muebles por importe de 2495,22 euros, que debía devolverse en 60 mensualidades de 80,06 euros, que llevaba asociada una tarjeta de crédito flexipago, que llevaba la aplicación de un interés TAE del 20,75%, que considera abusivo, basándose en lo dispuesto en la Ley de 23 de julio de 1908 sobre préstamos usurarios.

Por considerar que se celebró un contrato de crédito al consumo mediante tarjeta en el que se está aplicando un interés elevado, que tiene la consideración de consumidor, y que ese interés entiende que es totalmente abusivo, y por ello, y basándose en la STS de 25 de noviembre de 2015 interesa que se declare la nulidad la nulidad de dicho contrato, procediendo a restituir la situación anterior, de modo que el actor únicamente devolverá al demandado la cantidad dispuesta en concepto de principal sin los intereses aplicados, y la demandada deberá restituir los intereses cobrados, desde la fecha de cada cobro con los intereses legales correspondientes.

La demandada se opone a la petición de nulidad del actor alegando en su contestación que la Ley de represión de la usura determina la nulidad de estos contratos cuando se fija un interés notablemente superior al normal del dinero, por lo que debe estarse a cada caso concreto, ya que no es lo mismo el interés medio que se fija para los préstamos hipotecarios que para los personales o las tarjetas de crédito, y que los intereses remuneratorios que ha aplicado no son usurarios, pues se encuentran dentro de la media de los tipos de interés que el resto de las entidades financieras aplican en el mercado de las tarjetas de crédito.

Sin que su aceptación fuese provocada por una situación angustiosa, por la inexperiencia, o por lo limitado de sus facultades mentales, como establece la Ley, que las comisiones cobradas por el Banco son válidas y eficaces, el contrato de tarjeta de crédito es válido y eficaz, el Banco cumple con todas las obligaciones derivadas de la LOPD, y la actuación de la demandante contraviene sus actos propios, cuando ha estado desde el año 2005 haciendo uso de la tarjeta, señalando que el término de referencia para determinar el interés normal del dinero a los efectos del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura.

Es el tipo de interés aplicable al mercado de tarjetas de crédito emitidas por bancos que no son los tenedores de las cuentas a cuyo cargo se pagan, aludiendo a las características peculiares de dicho mercado, y a un análisis comparativo de la TAE aplicada por entidades bancarias que ofrecen este mismo servicio, señalando que las ofrecidas por el Banco demandado se encuentran siempre dentro de la horquilla de las cobradas por el resto de las entidades financieras en tal mercado, así como a la referencia que constituye la medias aritmética ponderada de los tipos de interés aplicados a los saldos de los contratos de tarjeta de crédito de pago aplazado.

Señala que la propia actora fue quien solicitó un préstamo y la tarjeta, con conocimiento pleno y libre de la trascendencia económica y patrimonial de la tarjeta contratada, que firmó todos los documentos, facilitando su domiciliación bancaria.

Afirma que la parte actora fue perfectamente conocedora de las condiciones, puesto que, figura perfectamente indicado el tipo TAE aplicado.

SEGUNDO.- El objeto del pleito es por lo tanto decidir sobre la declaración de nulidad del contrato de crédito celebrado entre las partes en base a que los intereses remuneratorios pactados puedan considerarse como usurarios, habida cuenta de tratarse de un tipo TAE de 20,75%.

La actora alega la Ley de Represión de la Usura como fundamento de su pretensión, Ley que se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

El primer inciso de su art. 1 considera usurario un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; en interpretación jurisprudencial no resulta exigible la concurrencia cumulativa relativa a que el interés haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Artículo 1 Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Artículo 3 Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Ha de significarse como consideración inicial, que, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, 25/11/15, con referencia a las sentencias nº 265/2015, de 22 de abril , y 469/2015, de 8 de septiembre ,» la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En relación a la Ley de 23 de julio de 1908, a partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia del TS volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art.1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto de estudio interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley , esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias nº 406/2.012, de 18 de junio , y 677/2.014 de 2 de diciembre, exponían los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, se referían a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley. La STS 25.11.2015 ha establecido, con voluntad unificadora, que los elementos de comparación para determinar si el interés remuneratorio es usurario son, de un lado, la TAE aplicable al contrato, en ese caso del 27,24%; de otro el interés «normal» del dinero. «

Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia nº 869/2001, de 2 de octubre.

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.»

TERCERO.- En este caso, conforme resulta de las alegaciones de las partes, en sus escritos y de la prueba documental, que se concertó entre las partes un contrato de crédito y de tarjeta de crédito objeto de la demanda, en el que se fijó un tipo (TAE 20,75), tratándose, en definitiva, de una operación de crédito en la que el demandante es consumidor, al que es aplicable la Ley de Represión de la Usura, de acuerdo con su artículo 9, que establece que « [l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido»,.

En tal sentido la sentencia citada del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 , declara el carácter usurario de un crédito » revolving» concedido al consumidor demandando, aludiendo a que » La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo .»

En relación con la justificación de este requisito, igualmente ha de partirse de lo establecido en la sentencia citada del Tribunal Supremo, en el sentido de que en principio la normalidad no precisa de especial prueba, siendo la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, y como en el supuesto analizado en dicha sentencia, en este caso, no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada, pues la entidad financiera demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, no dándose el supuesto de un interés anormalmente alto justificado por el riesgo de la operación, a que se refiere esta sentencia, esto es.

» Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.», añadiendo que.

«Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en este caso.

Sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobre endeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico .»

CUARTO.- Debe tenerse en cuenta la muy reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de marzo de 2020, resolviendo el recurso de casación interpuesto por la ahora demandada en un supuesto idéntico al que nos ocupa.

En la misma el Pleno de la Sala considera, en primer lugar, que la referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

En segundo lugar, en la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario, la Sala tiene en cuenta que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso, en el que el tipo de interés fijado en el contrato supera en gran medida el índice tomado como referencia, ha de considerarse como notablemente superior a dicho índice.

Han de tomarse además en consideración las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, particulares que no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio y las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas, en comparación con la deuda pendiente, pero alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas, hasta el punto de que puede convertirle en un deudor «cautivo».

Por último, la Sala razona que no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobre endeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. A raíz de dicha sentencia, por parte de la AP de Cantabria se ha adoptado un acuerdo en relación a este tipo de reclamaciones, de fecha 12 de marzo de 2020, que establece:

a) Como consecuencia de la sentencia nº149/2020, Pleno, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 4 de marzo, a efectos de declaración de usura, estimamos como notablemente superior al interés normal del dinero un incremento en el ordinario o remuneratorio ( TAE ), a la fecha del contrato, del 10% sobre el índice relativo al tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving, publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

b) En los contratos anteriores a la fecha en que el Banco de España publicó las estadísticas oficiales relativas al tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving, se aplicará la doctrina establecida en la sentencia nº 628/2015, Pleno, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre.

En este caso, el contrato es de fecha anterior al momento en el que el Banco de España empezó a publicar las tablas de estadísticas oficiales, 2016, relativas a las tarjetas que nos ocupan, el contrato es del año 2012, en el que se fijaba un interés para créditos al consumo en torno a un 10%, por lo tanto, conforme resulta de las alegaciones de las partes, en sus escritos y de la prueba documental, que se concertó entre las partes un contrato de crédito y de tarjeta de crédito objeto de la demanda, en el que se fijó un tipo (TAE 20,75), tratándose, en definitiva, de una operación de crédito en la que el demandante es consumidor, al que es aplicable la Ley de Represión de la Usura, de acuerdo con su artículo 9, que establece que « [l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido»,.

Debe entenderse como abusivo el interés fijado. En consecuencia, se trata de un interés notablemente superior al normal del dinero por lo que procede estimar la petición principal de la actora.

La parte actora pide la nulidad del contrato, debiendo aplicarse lo dispuesto en la Ley de represión de la usura y conforme a los artículo 1º y 3ª.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art.3 de la Ley de Represión de la Usura esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, por lo que la entidad bancaria deberá devolver los intereses indebidamente cobrados desde la formalización del contrato.

QUINTO.- El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que las costas se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieran sido desestimadas sin expresa imposición de costas en caso de estimación parcial.

Vistos los artículos citados, los demás concordantes y de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando la Demanda interpuesta por Procurador de los Tribunales Tribunales Sra. XXXX en nombre y representación de asistida por la Letrada Sra. Magro Santamaría contra BANCO CETELEM asistido por el Letrado Sr. XXXX y representado por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXX, debo declarar la nulidad la nulidad del contrato de tarjeta de crédito entre las partes celebrado el 8 de noviembre de 2021 por existir un interés remuneratorio usurario, la consecuencia de dicha nulidad es la prevista en el art.3 de la Ley de Represión de la Usura esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

El principal dispuesto sin los intereses, por lo que la entidad bancaria deberá devolver los intereses indebidamente cobrados desde la formalización del contrato, liquidación que se hará en ejecución de sentencia, debiendo abonar la demandada en los términos referidos de resultar en contra la liquidación, más los intereses legales de dicha cantidad desde los pagos según se determine en ejecución de sentencia, condenando al demandado a pagar las costas procesales causadas.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.