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Condena a Quebueno por usura reintegra 1.077,66€


El Juzgado de Primera Instancia Nº34 de Madrid condena a Quebueno por usura declarando la nulidad de 11 contratos de préstamo suscritos por un usuario de Economía Zero.

Las partes suscribieron un contrato de préstamo el 20 de marzo de 2016 y la demandada se limitó a pedir los datos al cliente, que en dicho contrato se ha estipulado un TAE del 2292,47%, notablemente superior al tipo medio de los créditos al consumo en operaciones con plazo inferior a un año que entre junio de 2016 y abril de 2017 el demandante firmó otros diez contratos con la demandada con TAES similares

Por parte de la actora, se presentó requerimiento fehaciente contra la financiera por la que se solicitaba la nulidad de los contratos de préstamo pactados entre las partes por usurarios.

Al no obtener respuesta por parte de la demandada, la actora interpuso demanda judicial contra la entidad.

La Magistrada del caso, estimando íntegramente la demanda y condena a QuéBueno (NBQ Fund One, S.L.) declarando la nulidad por usura de los contratos de préstamo suscritos entre las partes.

Asimismo, condena a la demandada a restituir a la actora las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Las costas derivadas del procedimiento judicial son impuestas a la parte demandada.

El letrado Sr. Radamés Arturo Ugarte Cisneros en sustitución del Letrado Sr. Fernando Salcedo Gómez han conseguido la condena a Quebueno.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº34 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 968/2021 Materia: Estado civil: Otras cuestiones

Demandante: D./Dña. XXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXX

Demandado: NBQ FUND ONE, S.L.

PROCURADOR D./Dña. XXXX

SENTENCIA Nº319/2022

En Madrid, a veinte de junio de dos mil veintidós.

Vistos por mí, Dña. XXXX, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº34 de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº968/2021 a instancia de como parte demandante, representada por la Procuradora Sra. XXXX y asistido por el Letrado Sr. Radamés Arturo Ugarte Cisneros, colegiado nº 132315 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en sustitución del Letrado Sr. Fernando Salcedo Gómez, frente a NBQ FUND ONE S.L como parte demandada, representada por el Procurador Sr. XXXX y asistido por el Letrado Sr. XXXX; vengo a dictar, en nombre de S.M el Rey de España, la presente resolución en base los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. XXXX, en la representación indicada, se interpuso demanda de juicio ordinario frente a la expresada demandada en la que, en síntesis, alegaba: 1º.- que el demandante tiene la condición de consumidor; 2º.- que las partes suscribieron un contrato de préstamo el 20 de marzo de 2016 y la demandada se limitó a pedir los datos al cliente; 3º.- que en dicho contrato se ha estipulado un TAE del 2292,47%, notablemente superior al tipo medio de los créditos al consumo en operaciones con plazo inferior a un año; 4º.- que entre junio de 2016 y abril de 2017 el demandante firmó otros diez contratos con la demandada con TAES similares ; 5º.- que no se informó adecuadamente al cliente; 6º.- que han existido reclamaciones previas.

Tras alegar los fundamentos jurídicos que consideraba de aplicación, interesaba el dictado de una sentencia estimatoria de la demanda por virtud de la cual se declare la nulidad radical, absoluta y originaria de los contratos suscritos entre las partes entre marzo de 2016 y abril de 2017 por tratarse de un contrato usurario y, subsidiariamente, se declare la abusividad y nulidad de los intereses remuneratorios.

Todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada que presentó escrito de contestación en el que alegaba: 1º.- que el contrato no era usurario pues, al tratarse de un microcrédito, no podía compararse con los tipos medios de interés publicados por el Banco de España; 2º.- que el contrato superaba los controles de incorporación, transparencia y contenido.

Tras alegar los fundamentos jurídicos que consideraba de aplicación, interesaba el dictado de una sentencia desestimatoria de la demanda con imposición de costas a la parte demandante.

TERCERO.- Por la parte demandada se solicitó la suspensión de la audiencia previa por haber alcanzado un acuerdo con el demandante del que solicitaba la homologación judicial, pretensión a la que se opuso la parte actora.

Al acto de la audiencia previa no compareció el letrado de la parte demandada pero sí su representación procesal.

Tras ratificar la parte actora su demanda, interesó la estimación de la demanda, quedando las actuaciones vistas para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora, con carácter principal, acción de nulidad de varios contratos de crédito de rápida concesión, o microcréditos, suscritos con la entidad demandada entre marzo de 2016 y abril de 2017, al considerar que la cláusula referida al interés remuneratorio es usuraria al exceder del interés normal del dinero y resultar desproporcionado a las circunstancias del caso, y, subsidiariamente, abusivo por no superar los controles de incorporación, contenido y transparencia.

Los contratos en cuestión reflejan unos importes concedidos que oscila entre 300 y 400€ por contrato y unos intereses remuneratorios que oscilan entre un 2292,47% y un 2327,30%.

Entrando ya en el análisis de la acción ejercitada, cabe señalar que nos encontramos ante un producto denominado «microcrédito» o «credirápido», ante préstamos que se conceden de forma prácticamente automática, generalmente mediante contratación a distancia (Internet o telefónica), por cantidades pequeñas de dinero, para devolver en un período muy corto de tiempo (entre 7 y 30 días), prorrogable mediante el abono de cantidades (comisiones), que se contraprestan mediante un interés muy alto.

Se trata de un contrato sujeto a la Ley sobre Nulidad de los Contratos de Préstamos Usurarios de 23 de julio de 1908, o Ley de Represión de la Usura, que, recordemos, en su artículo 9, dispone » Lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.»

La flexibilidad de la regulación contenida en esta Ley ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas, y por ello, es una normativa que ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, pueda ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo, como son las que nos ocupan.

Así lo apuntaba la sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 628/2015, de 25 de noviembre».

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.»

El art. 1 de la indicada norma dispone que » Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.» Siendo aplicable dicha normativa, es igualmente aplicable la jurisprudencia contenida en las STS de 25 de noviembre de 2015 y 4 de marzo de 2020 que, de forma sintética, disponen: de forma sintetizada, que:

i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

También se añadía en la indicada sentencia de 25 de noviembre de 2015 que “1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 recuerda que “Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura” y añade que “Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito”.

Ciertamente, el mercado del microcrédito es distinto del crédito tradicional, como también lo es de las tarjetas y créditos revolving, pues el microcrédito va dirigido a colectivos que no pueden acceder a los préstamos tradicionales, su importe es muy pequeño, su plazo de devolución muy breve y su coste muy elevado, y que para determinar si el interés es superior al normal o habitual del mercado hay que acudir a las estadísticas específicas del producto crediticio en concreto, tal y como señala la sentencia citada del Tribunal Supremo núm. 149/2020, y en el caso de los microcréditos no contamos con esas estadísticas públicas, pues las estadísticas del Banco de España recogen los préstamos al consumo con una duración superior a un año y las tarjetas de crédito y revolving. Considera la parte demandada que no son de aplicación los tipos medios publicados por el Banco de España.

Resulta usual que en este tipo de contratos las entidades traigan a colación las tablas confeccionadas por una asociación privada, AEMIP, así como a la comparativa con otras entidades concedentes de microcréditos que aplicarían porcentajes similares de TAE.

Pero lo cierto es que ello no resulta posible y ello en la medida en que las tablas y certificados confeccionados por la Asociación Española de Micropréstamos AEMIP son elaborados por una asociación de carácter privado sobre la base datos suministrados por sus asociados, lógicamente interesados en defender la legalidad de su negocio, sin ningún tipo de supervisión por el Banco de España u otro organismo supervisor independiente.

Y el hecho de que esas otras empresas de microcréditos apliquen similares porcentajes de TAE es una cuestión estadística, pero ello no configura el precio normal del dinero, ni explica una manifiesta desproporción; si todas las empresas dedicadas a este tipo de operaciones crediticias cobran un alto interés, no es sino una constatación de una realidad con un valor estadístico, en modo alguno convalidatorio de tal comportamiento, no cabe normalizar algo que no se encuentra dentro de unos parámetros razonables, ni para la entidad demandada ni para otras empresas similares.

Por otro lado, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hecho de que las estadísticas del Banco de España no contemplen específicamente estos préstamos rápidos no es óbice para valorar su condición en relación con los intereses de operaciones de consumo, como se dice en la sentencia de instancia, el Tribunal Supremo dice que podrá acudirse a ellas.

SEGUNDO.- En el presente caso, lo cierto es que, si examinaos el contrato, aportado por la parte demandante, se observa que se indica el coste del préstamo, y se hace referencia a unas TAES que están notablemente alejados de cualquier tipo de interés aplicable a los créditos, incluso de los más elevados publicados por el Banco de España que son los de las tarjetas revolving.

Es cierto que en cada contrato se refleja la cantidad final que tendrá que abonar el cliente, pero no se explica la forma en que se calcula el interés ni los motivos que llevan a la entidad a aplicar un coste del préstamo tan elevado atendida la corta duración del crédito concedido, no estando firmadas las condiciones generales del contrato.

Pero es más, es que ni siquiera se ha acreditado que el cliente, en el proceso de contratación, normalmente online, fuera expresamente informado de los tipos aplicables por otras entidades a fin de poder hacer un cálculo comparativo, ni de la diferencia de coste que le podría suponer acudir a otros productos como un crédito al consumo por un precio mayor o una tarjeta de crédito revolving, productos todos ellos con TAES más reducidos que este tipo de microcréditos, por lo que el contrato no supera los controles de incorporación, transparencia y contenido y, en consecuencia, por lo que es evidente que el contrato no supera los controles de transparencia y ello permite entrar en el análisis de si los intereses son usurarios o no.

Que las estadísticas del Banco de España no contemplen específicamente estos préstamos rápidos no es óbice para valorar su condición en relación a los intereses de operaciones de consumo.

Además, como recordaba la citada S.T.S. 628/2015 » el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí sólo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia».

En el presente caso, los tipos aplicados a las tarjetas revolving por el Banco de España en los años 2016 y 2017, que eran los más altos, oscilaban entre el 20 y el 21,14% que ya cuatriplicaban los previstos para las operaciones de crédito de duración inferior a un año.

Por lo tanto los que aquí se discuten resultan claramente usurarios por superar de manera notable el interés remuneratorio medio del mercado crediticio.

Pero además resulta desproporcionado con las circunstancias del caso pues el hecho y, en este sentido, se afirma por la jurisprudencia, entre otras SAP Gerona de 16 de diciembre de 2021, que el hecho de que “…el prestatario sea un cliente habitual de los «micropréstamos» pudiera, en su caso, afectar a la «comprensibilidad real» de la carga económica y jurídica que asumía, lo cual ha de situarse en el control de transparencia de una condición general de contratación.

Mas no en la calificación de unos intereses remuneratorios como notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso.

Es más, la reiteración lo que normalmente demostrará – precisamente por los altos intereses pagados- es la situación de necesidad del prestatario, incapaz de acudir a otros medios de financiación con precios muy inferiores.

Consecuentemente, tal argumento no es óbice a la decisión favorable a la naturaleza usuraria del contrato».

Por ello, procede la estimación de la demanda de manera que, siendo nulos los contratos, la parte demandada vendrá obligada, conforme al art. 1303 CC a restituir al cliente las cantidades cobradas en exceso sobre el principal.

TERCERO.- Las cantidades a cuya devolución viene obligada la entidad demandada devengarán intereses moratorios del art. 1108 CC desde la fecha de abono de las cantidades cobradas en exceso sobre el principal hasta la de esta resolución, y procesales del art. 576 LEC desde la fecha de esta sentencia hasta el completo pago.

CUARTO.- Por aplicación del art. 394 LEC corresponde a la parte demandada abonar las costas del procedimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Se estima la demanda presentada por la Procuradora Sra. XXXX, en nombre frente a NBQ FUND ONE S.L y, en consecuencia, se declara la nulidad de los contratos de microcrédito suscritos entre las partes entre marzo de 2016 y abril de 2017 con condena de la demandada a devolver al demandante todo aquello cobrado en exceso sobre el principal prestado en aplicación de dicha cláusula más intereses moratorios desde la fecha de pago de dichas cantidades hasta esta sentencia y procesales de la art. 576 LEC desde la fecha de la sentencia hasta el completo pago y sin perjuicio de la obligación del demandante de abonar la parte que no hubiera satisfecho del principal.

Corresponde a la parte demandada abonar las costas del procedimiento.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo LA MAGISTRADA.

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