11607-PRESTAMO-RAPIDO-MYKREDIT-935E

Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Tolosa, dicta condena contra Mykredit (Global Kapital Group Spain, S.L) por usura y falta de transpariencia y condena a la crediticia a la devolución de todo lo pagado por encima del capital inicial prestado suma que asciende a 935,90€.

Entre las partes se suscribieron varios contratos de préstamo rápido en los cuales se impusieron unos intereses remuneratorios abusivos y desproporcionados con las circunstancias del caso, con una TAE que oscilaba entre el 2.832,00% y el 3.074,00%.

El Magistrado del caso estima la demanda y dicta condena contra Mykredit por usura y falta de transpariencia y obligando a la entidad a la devolución de todo lo pagado por encima del capital inicial prestado, cantidad que suma 935,90€.

En la siguiente condena contra Mykredit se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

La Letrada colaboradora de Economía Zero Doña Azucena Natalia Rodríguez Picallo ha conseguido la siguiente condena contra Mykredit.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 DE TOLOSA – UPAD ZULUP – TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

Procedimiento ordinario / Prozedura arrunta 155/2022

SENTENCIA Nº121/2022

MAGISTRADO QUE LA DICTA: D. XXXX

Lugar: Tolosa

Fecha: veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

PARTE DEMANDANTE: D. XXXX

Abogada: D.ª AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

Procuradora: D.ª XXXX

PARTE DEMANDADA GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN S.L.

Abogada: D.ª XXXX

Procurador: D. XXXX

OBJETO DEL JUICIO: DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO DE ACCIÓN INDIVIDUAL DE NULIDAD DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y SUBSIDIARIA ACCIÓN DE NULIDAD DE LAS CLAUSULAS DE INTERESES REMUNERATORIOS Y DE LAS CLAUSULAS DE INTERÉS DE DEMORA.

Don XXXX, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario registrados con el número 155/2022, promovidos por la procuradora de los Tribunales Dña. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, contra GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L., representada procesalmente por el procurador de los Tribunales D. XXXX sobre nulidad de contrato de crédito personal al consumo y/o nulidad de condición general de la contratación, junto con reclamación de cantidad por producto financiero, y dicta la presente Sentencia en nombre de SM el Rey con base en los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora de los Tribunales Dña. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, formuló ante este Juzgado demanda de juicio de ordinario contra la mencionada demandada, alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando al Juzgado que se dictara sentencia por la que se realizaran los siguientes pronunciamientos:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura de los siguientes contratos suscritos por el demandante con la mercantil denominada GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L.: · Contrato n° XXXX de fecha 12 de mayo de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 7 de junio de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 3 de julio de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 9 de septiembre de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 3 de octubre de 2021.

Condenando a la entidad demandada a restituir a Don XXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare: – La nulidad por abusivas -por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia- de las cláusulas de intereses remuneratorios de los contratos de préstamo anteriormente citados, condenando a la entidad demandada a restituirle a Don XXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

La nulidad por abusivas de las cláusulas de interés de demora de los contratos de préstamo anteriormente citados, condenando a la entidad demandada a restituirle a Don XXXX la totalidad de los intereses moratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades. Todo ello junto con la condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada para que compareciese y contestase a la demanda en el plazo de veinte días, lo que verificó alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, interesando la íntegra desestimación de la demanda, con imposición de las costas judiciales a la actora y, subsidiariamente, en caso de estimación de las pretensiones de contrario, la no imposición de costas dada la existencia de serias dudas de derecho.

TERCERO.- Convocadas las partes a la preceptiva audiencia al juicio que señala la Ley, y llegado que fue el día señalado, 24 de octubre de 2022, comparecieron ambas partes, afirmándose y ratificándose en sus escrito de demanda y contestación, realizando las manifestaciones que obran en autos y solicitando la admisión de prueba documental obrante con la demanda y contestación, todo lo cual consta debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen con arreglo al art.147 y 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), quedando las actuaciones pendientes de resolución tras la presentación por las partes litigantes de sus respectivos informes de conclusiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte actora, D. XXXX, a través de su representación procesal, se interpuso la demanda rectora del presente procedimiento, en la que se impugnan los contratos que en su condición de consumidor suscribió entre el 12 de mayo de 2021 y el 3 de octubre de 2021 con GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L. con una TAE que oscilaba entre el 2.832,00% y el 3.074,00%, por los que ha abonado el actor un total de 811,25€ siendo que GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L. le reclama 203,51€ a fecha de interposición de demanda.

Se alega que las condiciones generales incluidas en los contratos que regulan los intereses y comisiones no superan el control de transparencia, debiendo considerarse abusivas.

Subsidiariamente, se interesa que se declare que el interés remuneratorio impuesto al consumidor en el contrato de línea de crédito Revolving es usurario, lo que determina la nulidad del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 1.908(o “Ley Azcárate”); con condena en cualquiera de los casos a la entidad GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L. a fin de que reintegre a al actor cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito, excedan a la cantidad dispuesta.

Refiere la demanda que la contratación llevada a cabo online no supera los controles de incorporación y transparencia jurisprudencialmente exigibles; y se alega cómo el crédito al consumo dispuesto ha generado unos intereses desmedidos impugnados por usurarios al alcanzar la horquilla de porcentajes anteriormente descrita.

Por el contrario, GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L., sostiene la completa regularidad de los contratos de autos, habiéndose suscrito cinco contratos de microcrédito bajo el sistema de crédito renovable o revolving, forma de contratación lícita a la que no resulta de aplicación lo alegado de contrario ya que son alegaciones correspondientes a productos financieros de otra naturaleza.

Por último, se deja constancia asimismo por la parte demandante de la existencia de reclamación extrajudicial previa a la resolución judicial del conflicto remitida a GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L. en fecha 10 de enero de 2022, resultando sin avenencia.

SEGUNDO.- La prueba propuesta y practicada se concreta en la documental aportada por las partes demandante y demandada.

Las partes contrataron una serie de microcréditos al consumo, cuyas aportaciones no permiten considerar que el clausulado contractual resulte de ninguna manera ilegible a pesar de la utilización de una grafía reducida, pero no diminuta a todas luces hasta el extremo de imposibilitar la lectura.

Unido a ello, no resulta verosímil considerar que el demandado desconociera el tipo de contrato de tarjeta concertado, explicitado en el mismo, como ya se ha expuesto, no pudiéndose entenderse desvirtuados los controles de inclusión y transparencia. Ley de 23 de Julio de 1908, de Represión de la Usura (o “Ley Azcárate”), establece en su primer párrafo que «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

No queda excluido el presente supuesto del ámbito de aplicación de la Ley indicada por el hecho de tratarse de un contrato de préstamo, dado que dicha Ley contempla su irradiación a otros supuestos con base en su art. 9, conforme al cual «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

Así, conforme a la STS 628/2015, de 25 noviembre [RJ2015/5001], La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de 23 de Julio de 1908, de Represión de la Usura, ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

Señala asimismo la Sentencia referida que la Ley de Represión de la Usura (LEG 1908, 57) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio (RJ 2012, 8857), 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre (RJ 2014, 6872).

La jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de no requerir la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos que establece el art.1 de la Ley de 23 de Julio de 1908, bastando la estipulación de un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin resultar precisa la concurrencia de circunstancias subjetivas en la contraparte negocial.

Los contratos suscritos contemplan una TAE que oscila entre el 2.832,00% y el 3.074,00% en el marco de un crédito por importe no excesivo (500€) con plazo de duración de no excesivo intervalo temporal (uno a tres meses), circunstancias que prima facie cabría considerar razonables en relación con los micropréstamos concedidos.

No obstante lo anterior, establecen una penalización del 1,10% diaria, lo cual supone un porcentaje superior al 365% anual, tipo que resulta por completo desmedido no obstante la mencionada naturaleza del negocio jurídico, lo cual se evidencia en la cantidad que se pretende repercutir en concepto de intereses de demora, superior al propio principal del crédito sin perjuicio de los intereses remuneratorios devengados.

Se contempla asimismo en los contratos una tasa de repercusión de 30€ por cada cuota impagada, la cual ha de ser igualmente declarada nula por abusiva con arreglo a lo que seguidamente se expondrá, dado que le resulta de aplicación el artículo 89.5 del Texto Refundido, ya que esta comisión no se corresponde con ningún servicio prestado, sino que con ella se trata de compensar a la entidad demandante por los gastos soportados para la reclamación de los impagados.

En un supuesto semejante, aplicando la legislación anterior, esto es, la ley general para la defensa de consumidores y usuarios, ha señalado la Audiencia Provincial de Madrid, (sec. 10ª, S 27-1-2009, nº 75/2009, rec. 245/2008.) que “en esta materia rige el principio de realidad del servicio remunerado, pues en caso contrario se trataría de una imposición arbitraria, y por ende, carente de causa” correspondiendo a la entidad financiera la carga de probar los conceptos repercutibles.

Continúa señalando la sentencia referida que “por todo ello esta Sala solo puede redundar en los elaborados argumentos del Juzgador de Instancia que comparte plenamente, y como ya se ha sostenido en las sentencias de esta Audiencia Provincial de Madrid sección 13ª de fecha 31 de octubre de 2006 y 20 de mayo de 2004, y claramente estudió la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 22/9/04,citada por la resolución apelada, cualquier comisión que las entidades bancarias repercutan en los clientes, debe corresponder a la prestación de un servicio real acreditado, que es el que se remunera, según se infiere del artículo 277 del Código del Comercio y de la naturaleza bilateral y contra prestacional de la propia comisión”.

Nos encontramos ante una comisión respecto de la cual la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989 por la que se fijan los tipos de interés y comisiones, así como las normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, establecía que “las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”.

Esta disposición fue derogada con la entrada en vigor de la Orden EHA 2899/2011 de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, la cual viene a mantener el mismo principio normativo que si cabe es más riguroso con las comisiones al establecer que sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos que.

Además, en este caso no constan generados, y debiéndose significar que ha sido el propio Banco de España el que en Circular 8/1990 de 7 de septiembre, a entidades de crédito, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, rechaza la efectividad de las cuestionadas comisiones de devolución, por ausencia de causa que las justifique y por contravenir el artículo 10 de la L.G.D.C.U. (ahora artículo 89.5), al comportar, en detrimento de los intereses del consumidor, “incrementos de precios por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados”, y no responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos.

De acuerdo con lo expuesto, resulta ajustada a las previsiones de la LRU la restitución de cantidades contemplada en el art.3 de la mencionada LRU. Cabe recordar que, de acuerdo con el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2015, «a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13, las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una «cláusula abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva.

No pueden estar supeditadas a que la cláusula abusiva se aplique o no en la práctica «, y declara que «La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 – de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.

La nulidad declarada ni permite subsanación (quod ab initio nullum est nullus producit effectum) ni permite atender a la existencia de actos propios en la parte demandante, dado que el vicio de nulidad impide considerar la existencia de tales actos, atendido que, como señala la sentencia de referencia, presenta una naturaleza “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria porque es fatalmente insubsanable y no susceptible de prescripción extintiva”.

TERCERO.- No habiéndose especificado en la demanda los intereses legales objeto de reclamación, se devengarán de oficio los intereses moratorios procesales del art. 576LEC a partir de la fecha de la presente sentencia.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el art.394 LEC, atendida la estimación de la demanda, se imponen a la parte demandada las costas judiciales causadas (STJUE 16 de julio de 2020, ATJUE de 11 de junio de 2015).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por la procuradora de los Tribunales Dña. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, contra GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L., representada procesalmente por el procurador de los Tribunales D. XXXX, DECLARO la nulidad por usura de los siguientes contratos suscritos por el demandante con la mercantil demandada GLOBAL KAPITAL GROUP SPAIN, S.L.:

Contrato n° XXXX de fecha 12 de mayo de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 7 de junio de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 3 de julio de 2021. · Contrato n° XXXX de fecha 9 de septiembre de 2021. · Contrato n.º XXXX de fecha 3 de octubre de 2021.

Y CONDENO a la entidad demandada a restituir a Don XXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, junto con los intereses moratorios procesales devengados a partir de la fecha de la presente sentencia y las costas judiciales causadas.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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