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Wizink condenada a devolver a usuario de EZ todo el dinero cobrado de más en una tarjeta Citi Oro

Wizink condenada a devolver a usuario de EZ todo el dinero cobrado de más en una tarjeta

Una usuaria de Economía Zero consigue que el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de León condene a Wizink a devolver todos los intereses cobrados desde el contrato, imponiendo las costas del procedimiento a la entidad demandada.

La dirección de la demanda fue realizada por la abogada Natalia Rodríguez Picallo, letrada colaboradora de EZ y especialista en productos bancarios.

La tarjeta de crédito «Citi Oro» había sido contratada en su día con Citibank, aunque la actual propietaria era Wizink Bank, la cual es condenada a la nulidad del contrato de la tarjeta y a devolver todos los intereses cobrados que superen el capital dispuesto.

En la demanda se pedía, además de la nulidad del contrato por tener un tipo de interés usuario (26,82 %), que éste se anulase de forma subsidiaria debido a que tampoco superaba el control de transparencia, algo que como se dice en la propia sentencia, es posible realizar de oficio. Y es esto último en lo que la Jueza ha basado su decisión de anular el contrato de la tarjeta.

La entidad es condenada además a afrontar las costas procesales de la demandante, y también al pago de los intereses legales desde el cobro de las cantidades percibidas por la entidad en concepto de intereses.

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LA ILTMA. SRA. DOÑA XXXXXX, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE LEÓN Y SU PARTIDO, el día ocho de noviembre de dos mil dieciocho ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 216

En el Juicio Ordinario nº 467 de 2018 instado por DOÑA XXXXXX, representada por la procuradora Dª XXXXXX, bajo la dirección letrada de Dª Natalia Rodríguez Picallo, frente a WIZINK BANK S.A, representado por el procurador D. XXXXXX y dirigido por la letrada Dª XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.Por repartido a este Juzgado demanda de juicio ordinario presentada por la procuradora Sra. XXXXXX, que se basa en los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y suplica al Juzgado que, previos los trámites legales, se dicte sentencia acordando que:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta“Citi Oro” suscrito entre Dª XXXXXX y CITIBANK ESPAÑA, S.A. (actualmente WIZINK BANK, S.A.), con nº XXXX XXXX XXXX XXXX (posteriormente nº XXXX XXXX XXXX XXXX y actualmente número desconocido terminado en XXXX).

Se condene a la entidad demandada a restituir a Dª XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare: La nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia– de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta “Citi Oro” nº XXXX XXXX XXXX XXXX (posteriormente nº XXXX XXXX XXXX XXXX y actualmente número desconocido, terminado en XXXX) y se condene a la entidad demandada a restituirle a Doña XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

La nulidad de la cláusula de comisión por intento de recobro de saldo impagado del contrato de tarjeta “Citi Oro” nº XXXX XXXX XXXX XXXX (posteriormente nº XXXX XXXX XXXX XXXX y actualmente número desconocido, terminado en XXXX) y se condene a la entidad demandada a restituirle a Dª XXXXXX la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada, que compareció y contestó a la demanda oponiéndose a la misma.

Convocadas las partes a la audiencia previa, asistieron ambas y mantuvieron sus respectivas posturas, y propusieron exclusivamente prueba documental, que les fue admitida y una vez practicada y valorada por las partes, quedaron los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.Alega la actora que, en su condición de consumidora, suscribió con la entidad CITIBANK ESPAÑA, S.A., (después BANCO POPULAR-E, S.A., y actualmente WIZINK BANK, S.A.) un contrato de tarjeta “Citi Oro” con nº de tarjeta XXXX XXXX XXXX XXXX (que se modificó por la nº XXXX XXXX XXXX XXXX y actualmente por la que finaliza en XXXX) mediante un modelo formalizado para todos sus clientes.

Con ello concertaba un sistema de crédito revolving con un T.I.N de 24,00 % y una Tasa Anual Equivalente (TAE) de 26,82 %.

Dicho contrato se firmó sin ningún tipo de información sobre lo que suponía el tipo de interés aplicable y las consecuencias económicas de utilizar el pago aplazado. Dice la demandante que es una pequeña ahorradora con un total desconocimiento del mundo financiero y de las prácticas bancarias.

En la vida del préstamo ha ido viendo cómo su deuda se incrementaba con intereses muy altos, y apareciendo otros conceptos como “comisión por reclamación de cuota impagada” o “comisión por exceso de límite”, que le hacían comprender que su préstamo no se amortizaba como ella pensaba que sería, cuando contrató el producto.

Asimismo la actora esgrime que en el contrato que remite la demandada es imposible determinar, en las condiciones generales del contrato de la tarjeta, cuál es la T.A.E. aplicada, al haberle proporcionado un contrato incompleto, en el que únicamente aparece la parte superior derecha del mismo, ampliada hasta tal punto que ocupa el total del folio.

La forma en que se proporcionó esta documentación hace notoriamente inviable a cualquier afectado poder entender cuál es el tipo de interés acordado o cualquier otra condición pactada, fallaría así el control de inclusión y el de transparencia. Con la información aportada por la propia entidad demandada, el primer uso que se hizo de la tarjeta fue el 9 de abril de 2013.

Según el portal del cliente bancario de la página web del Banco de España, en abril de 2.013, la TAE media en España de los créditos al consumo era de 9,59 %.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) del contrato era de 26,82 % (incrementada posteriormente), lo que supone que es más del doble que la citada TAE media simple histórica de 9,03 %, y de la TAE media del mes de Abril de 2013 de 9,59 % -dato del primer recibo- y por ello la actora pretende que se declare la nulidad del contrato de tarjeta y subsidiariamente, la de la cláusula del interés remuneratorio por abusiva.

La entidad demandada se opone a la demanda alegando la cliente conoció las cláusulas del contrato y conforme a ellas operó con la tarjeta contratada y sostiene que el interés del contrato, que el TIN del contrato suscrito del 24 % no es notablemente superior al normal del dinero.

SEGUNDO.Intereses remuneratorios. Siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sus sentencias de 30 de abril de 2014 (asunto C-280/13), 26 de febrero de 2015 (Asunto C-143/13), 23 de abril de 2015 (asunto C-96/14) y 9 de julio de 2015 (asunto C-348/14), los intereses remuneratorios constituyen un elemento esencial del contrato de préstamo, que no puede ser objeto de análisis de abusividad, salvo que la cláusula no sea clara y comprensible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,2 de la Directiva 93/13/CEE.

En consecuencia, y según recuerda la STS de 26 de octubre de 2011 (y 9 de mayo de 2013 y 25 de noviembre 2015, entre otras), que sigue en este punto la doctrina del TSJUE referente al art. 4.2 de la Directiva 13/93/CEE, «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida…», se comparte con la recurrente que dicho interés remuneratorio u ordinario, en cuanto que es el precio que se paga por tomar dinero a préstamo, forma parte esencial del contrato y, consecuentemente, la cláusula que lo establece queda excluida de cualquier control de abusividad, dado que dicho control solo puede proyectarse sobre cláusulas no esenciales del contrato, es decir aquellas que para el caso de ser suprimidas, no afectarían a la subsistencia del contrato.

Y precisa dicha resolución que «… reitera STS de 18 de junio de 2012 que si bien excluidos del control de contenido, no obstante pueden ser objeto de control por la vía de inclusión y de transparencia (artículos 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y 10.1 de la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)».

Ahora bien, ello no significa que el interés remuneratorio se encuentre exento de cualquier control, pues, de un lado se encuentra el control de validez que resulta de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, si es alegado por la parte (lo que no que no ha sucedido en el caso examinado) y, por otro, el de transparencia que impone la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que es posible realizar de oficio.

Así lo indica la STS de 25 de noviembre de 2015 cuando afirma que «la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter abusivo del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, siempre que cumpla el requisito de transparencia y la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial».

En nuestro caso las condiciones generales de la tarjeta resultan ilegibles, tanto en el ejemplar aportado por la actora como en el acompañado por la demandada cuando se imprimen en papel, que fue precisamente el soporte empleado. Además no aparecen suscritas por la demandante.

Como dice la Audiencia Provincial de Oviedo, sección 1ª, en auto de fecha 21/07/2017, “si se tiene en cuenta el apartado 1 del artículo 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la letra b) dice: «Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido»; pero es que a renglón seguido concreta lo siguiente: «En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuere inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa su lectura«.

Toda la reglamentación de dicha tarjeta, dentro de la que deben encontrarse el precio (intereses remuneratorios), los aplicables en casos de impagos (intereses moratorios), otro tipo de comisiones o sanciones ante incumplimientos del consumidor, e incluso la propia duración del contrato se hace rotundamente imposible no ya solo por un tamaño ínfimo sino porque no existe contraste suficiente ante el tono gris sobre el que figuran las letras de aquella dimensión insuficiente.

Las condiciones generales se encuentran en un formato impreso donde el tamaño y calidad de la letra no permite una lectura sencilla que nos permita entender que puedan considerarse incorporadas al contrato (art. 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación).

Por lo tanto, la cláusula ilegible que establece el interés remuneratorio no puede superar el control de transparencia, procediendo declarar la nulidad del contrato, con la consecuencia de que el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida (art. 1303 CC).

TERCERO.Las costas se imponen a la demandada, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTOS los artículos citados y demás de general y concordante aplicación, pronuncio el siguiente

FALLO

Estimo sustancialmente la demanda formulada por la procuradora Sra. XXXXXX, en nombre y representación de DOÑA XXXXXX frente a WIZINK BANK S.A., y en su virtud, declaro la nulidad del contrato de tarjeta “Citi Oro” suscrito entre Doña XXXXXX y CITIBANK ESPAÑA, S.A. (actualmente WIZINK BANK, S.A.), y condeno a la demandada a la devolución de las cantidades percibidas como intereses y que superen el capital dispuesto por la demandante, con los intereses legales desde su cobro, con imposición de las costas a la parte demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León, que habrá de presentarse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación previa constitución de un depósito de 50 €.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública el día de su fecha, doy fe.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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