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Wizink condenada a anular una tarjeta de crédito y devolver todas las cantidades cobradas que excedan del capital prestado

Condenan a Wizink a devolver todas las cantidades que excedan del capital prestado declarando nulo el contrato de la tarjeta de crédito

Una usuaria de Economía Zero presenta demanda contra Wizink Bank, en la que se pide la nulidad del contrato de una tarjeta de crédito por tener intereses usurarios, concretamente una TAE del 26,82 %.

La demanda fue dirigida por Natalia Rodríguez Picallo (Bufete Picallo Abogados), abogada especializada en reclamaciones bancarias y colaboradora de EZ desde hace varios años.

El Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Madrid, apoyándose en la Ley de la represión de la usura, o Ley Azacárate, y en la sentencia del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, declara nulo el contrato suscrito entre la demandante y Wizink Bank, condenando a ésta última a devolver todas las cantidades cobradas durante la vida de la tarjeta que excedan del capital realmente prestado, es decir, todas las cuantías cobradas en concepto de intereses, comisiones y seguro de protección de pagos.

En la sentencia se dejan claras las causas que deben concurrir para que un contrato pueda ser declarado como usurario. La primera es que será nulo todo contrato de préstamo que tenga un interés notablemente superior al normal del dinero, siendo dicho interés el de los tipos medios que publica el Banco de España en sus estadísticas. 

La segunda causa, es que sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, algo que la entidad debe probar, y que no ha hecho, puesto que esta operación de financiación, como todas las realizadas por este tipo de entidades a consumidores, son créditos al consumo en los que no concurren circunstancias excepcionales algunas que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto.

Wizink Bank es condenada también al pago de las costas, así como de los intereses correspondientes, contados estos últimos desde la fecha de presentación de la demanda.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 59 DE MADRID

NIG: 28.079.00.2-2017/0229714

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 50/2018

Materia: Nulidad

Demandante: D./Dña. XXXXXX

Demandado: WIZINK BANK S.A.

PROCURADOR D./Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 273/2018

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXXXX

Lugar: Madrid

Fecha: veintinueve de octubre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 26 de diciembre de 2017 se presentó en Decanato por el Procurador Sra. XXXXXX en representación de Dª. XXXXXX demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad frente a la entidad WIZINK BANK S.A., repartida a este Juzgado, en la que, expuestos los hechos y fundamentos que consideró de aplicación al caso, finalizaba con la súplica dirigida al Juzgado de que, previos los trámites legales pertinentes, se dictare sentencia en la que se estimare íntegramente la demanda acordando que:

1º) Se declarare la nulidad del contrato de tarjeta “Twin” con nº XXXX XXXX XXXXXXXX, suscrito el día 4 de enero de 2006.

2º) Se condenare a la entidad demandada a restituir a Dª XXXXXX todas las cantidades que hubieran excedido del capital prestado a la demandante en la vida del crédito, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3º) Se condenare a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- El Decreto de fecha 22 de febrero de 2018 admitió a trámite la demanda disponiendo su tramitación por los trámites del juicio ordinario, y, en su consecuencia, acordó dar traslado a la parte demandada, haciéndole entrega de copia de la demanda y documentos acompañados, emplazándola para que dentro de un término de veinte días contestara la demanda, lo que llevó a cabo bajo la representación del Procurador Sr. XXXXXX mediante escrito sellado el 3 de abril de 2018, en el que vino a contestar la demanda,oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos que consideró de aplicación, finalizando con la súplica dirigida al Juzgado de que previos los demás trámites legales, se dictare sentencia desestimando la demanda interpuesta por la actora contra su representado, con expresa imposición de costas a la actora.

TERCERO.- La diligencia de 10 de abril de 2018, teniendo por contestada en tiempo y forma la demanda, dispuso convocar a las partes para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar en esta misma fecha en la Sala de Vistas de este Juzgado en presencia de las representaciones y defensas de ambas partes, y manifestándose que el litigio subsistía entre ellas y no existía disposición de alcanzar un acuerdo.

Cada una de ellas se ratificó en sus respectivos escritos y pedimentos realizando las consideraciones que consideraron de interés sobre los documentos y dictámenes aportados por la parte contraria, y, habiéndose interesado por ambas el recibimiento del pleito a prueba, el mismo fue acordado, siendo admitida la que se consideró pertinente y útil y, consistiendo solo en documental, dando por reproducidos los aportados con demanda y contestación, se declararon sin más trámite las actuaciones vistas para sentencia, habiendo quedado documentado el acto en soporte apto para la reproducción de sonido e imagen.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por Dª XXXXXX en el presente procedimiento acción de nulidad de contrato de tarjeta “twin” suscrito el 4 de enero de 2006 con la entidad CITIBANK ESPAÑA S.A., luego absorbida por BANCO POPULAR-E, posteriormente denominado WIZINK BANK S.A., en cuya virtud se facilitó al demandante la tarjeta de crédito revolving identificada con el nº XXXX XXXX XXXX XXXXX, estableciéndose un sistema de crédito revolving con un T.I.N. del 24 % y una T.A.E. del 26’82 %, cuando en abril de 2011 la TAE media en España de los créditos al consumo era del 9’77 %.

Considera, por ello, que nos encontramos ante un préstamo usurario en el que se establece un interés notoriamente superior al normal, sin que concurran circunstancias excepcionales.

A la anterior demanda, se ha opuesto la entidad demandada que, aceptando la realidad del contrato, considera que ninguna de sus cláusulas son nulas de pleno derecho, concurriendo todos los presupuestos necesarios para su validez, y habiendo sido la parte demandante consciente de su condicionado a través del que se otorgaba información necesaria y suficiente sobre el coste del crédito y los intereses aplicables, haciendo uso de la tarjeta desde su concesión sin oposición alguna.

Considera que el interés retributivo pactado no puede ser calificado de usurario porque es el normal o habitual en esta clase de créditos, siendo palmario que la gran mayoría de las entidades de crédito en el año 2004, 2005 y en la actualidad, ofrecen tarjetas de crédito a un TAE que se sitúa entre el 12’68 % y un 29 %, llegando incluso hasta el 41’64 %.

Considera que en el caso de la presente Litis no resulta de aplicación la Ley de Represión de la Usura sin que, por otro lado, resulte acreditado el carácter excesivo del interés pactado ni las razones que condujeron a la contratación del producto

SEGUNDO.- Las tarjetas denominadas “revolving” pueden ser entendidas como una modalidad de contrato de crédito al consumo, que se instrumenta a través de ellas, y cuya finalidad es la de realizar pagos para poder aplazar las compras que se realicen.

Las entidades concedentes ponen a disposición de los consumidores estas tarjetas con un límite de crédito establecido, que es del que se puede disponer.

Este va disminuyendo a medida que se va realizando cualquier cargo o compra y se repone a través de los pagos de los recibos periódicos y, a medida que se salda la deuda, el dinero vuelve a estar disponible para que el titular de la tarjeta pueda hacer uso de él. Es el consumidor quien decide la modalidad de pago total o aplazado. Si se opta por el plago aplazado, habrá que abonar intereses que suelen ser bastante altos.

Para determinar la legalidad y validez de estos intereses, resulta de aplicación la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de Usura.

Al respecto, el TS en su conocida St 628/2015, de 25 de noviembre del Pleno, analizó un contrato de crédito al consumo, de los denominados en el mercado como “revolving”, formalizado en el año 2001, en el que se fijaba un interés remuneratorio de un 24,6€ y un interés de demora de un 29,1%, fijando unos criterios claros y nítidos en la interpretación que debe seguirse para aplicar a un contrato de crédito o préstamo la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

Ha de partirse al respecto de las consideraciones siguientes:

– El primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado el TS en SS, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre. A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley:

Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

– Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

La calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el capital prestado, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia”.

TERCERO.- En el caso de autos, ambas partes reconocen que el TIN del contrato de tarjeta suscrito fue del 24 %. La TAE fue inicialmente del 26’82 %.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» y, siguiendo la doctrina sentada por el TS, ha de considerarse que una diferencia entre el pactado y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha del contrato, que era del 8’68 %, es de envergadura suficiente para considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

Y ha de atenderse para ello a la media de los préstamos al consumo por cuanto con anterioridad al año 2010 no existían datos específicos relacionados con créditos concedidos a través de tarjetas de crédito, incluyéndose dentro de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares las correspondientes a créditos al consumo, por cuanto con anterioridad a la entrada en vigor de la Circular nº 5/2012 las entidades no reportaban esa información, tal y como de forma expresa informa el BANCO DE ESPAÑA en los documentos nº 4, 5 y 6 aportados con la contestación.

Y, siendo el contrato de autos anterior a esta fecha, la comparación ha de hacerse, por tanto, con las tablas relacionadas con los préstamos al consumo tomando como término de comparación el tipo medio vigente en 2006 para créditos al consumo según tasa media ponderada de todos los plazos.

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, considerando usurario el crédito “revolving” en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

Ver, en este mismo sentido, SS de la AP Asturias (Sección 5ª), sentencia núm. 262/2016 de 7 octubre, Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª), Sentencia núm. 414/2017 de 22 diciembre, SAP Asturias, a 27 de marzo de 2018, AP Badajoz sección 3 del 15 de febrero de 2017, AP Salamanca (Sección 1ª), sentencia núm. 124/2016 de 18 marzo, AP Las Palmas (Sección 3ª), sentencia núm. 252/2018 de 30 abril, AP Alicante (Sección 8ª), sentencia núm. 182/2018 de 20 abril, Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª), Sentencia núm. 517/2017 de 28 diciembre, AP Barcelona (Sección 17ª), sentencia núm. 356/2013 de 22 julio, entre otras.

CUARTO.- La consecuencia de dicha nulidad se prevé en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura y es que el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida, debiendo el prestamista devolver todo que haya sido pagado y que exceda del capital prestado, y ello por cuanto la consideración como usurario del crédito conlleva su nulidad “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva” (sentencia 539/2009 de 14 de Julio).

QUINTO.- Siendo la presente sentencia estimatoria de la demanda formulada, visto el principio de vencimiento que el art. 394 de la LECv incorpora, es procedente condenar a la parte demandada cuyas pretensiones se han visto desestimadas al abono de las costas procesales devengadas en la sustanciación del presente procedimiento.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de oportuna aplicación,

En atención a lo expuesto,

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda formulada en las presentes actuaciones por el Procurador Sra. XXXXXX en representación de Dª. XXXXXX demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad frente a la entidad WIZINK BANK S.A., representada por el Procurador Sr. XXXXXX:

1º) Se declara la nulidad del contrato de tarjeta “Twin” con nº XXXX XXXX XXXX XXXX, suscrito el día 4 de enero de 2006.

2º) Se condena a la entidad demandada a restituir a Dª XXXXXX todas las cantidades que excedan del capital prestado a la demandante en la vida del crédito, más los intereses legales devengados por dichas cantidades desde la fecha de la demanda, a incrementar, desde la fecha de la presente sentencia, en la forma determinada por el artículo 576 de la LECv.

3º) Se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles que no es firme, pudiendo interponer contra ella, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Recurso de Apelación dentro de los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación, en la forma determinada por el artículo 458 de la LECv., según redacción otorgada mediante Ley 37/2011, de 10 de octubre, recurso que no será admitido a trámite si no se acreditara suficientemente por la parte interesada en su interposición haber constituido el depósito requerido por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida mediante LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta, su sentencia, de la que se expedirá certificación literal para su unión a los autos, incorporándose el original de la misma al Libro de Sentencias que en este Juzgado se custodia, lo pronuncia, manda y firma, E/.

PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión a autos. Doy fe.

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

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