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Una usuaria de EZ recupera 4.992,35 € de una tarjeta de WIZINK BANK con una TAE del 26,82 %

Una usuaria de EZ recupera 4.992,35 € de una tarjeta de WIZINK con una TAE del 26,82 %

La usuaria de Economía Zero presentó demanda de juicio ordinario contra la entidad WIZINK BANK, solicitando la anulación de una tarjeta de crédito «Visa Cepsa porque tu vuelves» contratada en el año 2008, con una TAE del 26,82 %, y que se declarara nulo también el contrato suscrito por la ilegibilidad de las condiciones de éste y la obligación de contrato de un seguro, solicitando asimismo la devolución de las cantidades que la demandante hubiera pagado que excedieran del capital prestado.

Una vez se agotó la vía extrajudicial, es decir, se envío de la carta de reclamación de nulidad del contrato y la entidad remitió su respuesta (negándose a anular dicho contrato), derivamos el asunto a Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, abogado colaborador de EZ desde hace varios años, y experto en materia bancaria, incluida la anulación de contratos por usura y falta de transparencia de tarjetas de crédito, préstamos personales, líneas de crédito y microcréditos.

El Juzgado estima en su sentencia íntegramente las pretensiones de la demandante, declarando nulo el contrato de tarjeta de crédito suscrito con la entidad WIZINK BANK, condenando a ésta asimismo a la devolución de las cantidades pagadas que excediesen el capital prestado y condenándola también al pago de las costas del procedimiento.

La sentencia razona que en el caso de autos, la lectura del documento de contrato es imposible, dado su reducido tamaño y que por tanto no cumple con las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Por lo que se refiere a los intereses, hace suya la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo en cuanto a la usura y determina que el TAE de la tarjeta de crédito contratada con WIZINK BANK, supera con creces media de las tablas publicadas por el Banco de España para el año 2008 sobre préstamos al consumo, que era del 11,22 % TAE, declarando los intereses como usurarios.

Por último, condena a WIZINK BANK a la devolución de las cantidades cobradas por el seguro de protección de pagos, ya que la entidad no probó la contratación del mismo. Tras la consiguiente Ejecución de Sentencia, en la que se calcularon las cuantías a devolver y/o anular, la usuaria recibió por parte de la entidad una devolución de 3.984,29 €, quedando anulada también la supuesta deuda pendiente (1.008,06 €), lo que hace que el beneficio económico real para la usuaria fuese de 4.992,35 €.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE JAÉN (ANTIGUO MIXTO Nº 3)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1257/2018. Negociado: M5

SENTENCIA Nº 156/2019

En Jaén a 30 de mayo de 2019.

Por D. XXXXXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Jaén, han sido vistos los autos de Juicio Ordinario seguidos en éste juzgado con el nº 1257/18, promovidos por la procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXXXXX, actuando bajo la dirección letrada de D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, contra Wizink Bank, S.A., representado por el procurador de los Tribunales D. XXXXXXXXX y actuando bajo la dirección letrada de Dña. XXXXXXXXX, sobre nulidad contractual.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto se recibió en este juzgado demanda de juicio ordinario en la que la parte actora alegaba que el 16 de octubre de 2008 habría contratado una tarjeta de crédito con un TAE del 26,8 2%, siendo además que las condiciones generales del contrato eran ilegibles, debiéndose declarar la nulidad de éste, y del contrato de seguro vinculado en el caso de que éste se hubiera contratado, habiéndose ampliado la demanda antes de la contestación, solicitándose que se devolviera a la demandante la cantidad que haya excedido del capital efectivamente prestado, más intereses legales.

SEGUNDO.- El demandado se opuso a lo pretendido alegando que que el contrato no contenía cláusulas abusivas, no dándose los requisitos para declarara los intereses aplicados como usurarios.

TERCERO.- En el acto de la audiencia previa la parte interesó que se declararan abusivas las comisiones por reclamación de posiciones deudoras, petición a la que no se accedió por extemporánea.

Recibido el pleito a prueba, propuesta y practicada la declarada pertinente, con el resultado que obra en autos, quedaron los autos vistos para Sentencia.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte demandante se ejercita acción de nulidad de un contrato de tarjeta de crédito por ilegible y por contener cláusulas abusivas.

Las tarjetas de crédito o dinero electrónico, según ha señalado la doctrina, constituyen un documento emitido por una entidad para servir de instrumento de pago en sustitución del dinero, cuya concesión a través de la entidad bancaria, bajo la cobertura de una cuenta aperturada por el titular, genera relaciones obligacionales plurales al implicar, no sólo al banco distribuidor que las comercializa y al titular y usuario, sino también al establecimiento o empresa donde se utiliza y acepta como medio de cobro de los productos adquiridos por el titular y desde luego a la entidad emisora que da nombre a la tarjeta.

Se trata de un contrato mercantil complejo y atípico, al carecer de regulación propia más allá de las condiciones generales sobre las que se reglamenta a modo de contrato de adhesión y razón por la que la Jurisprudencia ha acudido a los usos y sobre todo a las Recomendaciones Comunitarias para la mejor regulación del sistema y la garantía de los derechos de los usuarios.

SEGUNDO.- En cuanto a la ilegibilidad del contrato, el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, dispone que «1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente… aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos… b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.

En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura…». Este apartado b) fue modificado por Ley 3/2014, de 27 de marzo, que fue la que le dio la actual redacción.

La Ley de Condiciones Generales de la Contratación, por otro lado, exige (artículo 5.5 ) que la redacción de las cláusulas generales se ajuste a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

Su artículo 7 establece que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5 (a) ni las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hayan sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que disciplina en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato (b).

La sentencia del Tribunal Supremo de 5/7/97 dijo en relación con esta cuestión, lo siguiente: «…En cuarto lugar, la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios expone en el artículo 10 la normativa relativa a las condiciones generales de los contratos, también aplicable al presente caso.

Es claro, según lo expuesto anteriormente, que la cláusula de sumisión obrante en el contrato de autos se halla dentro del concepto de condición general que define la propia ley en el artículo 10.2: a los efectos de esta ley, se entiende por cláusulas, condiciones y estipulaciones de carácter general (que el artículo 10.1 impone los requisitos), el conjunto de las redactadas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de empresas para aplicarlas a todos los contratos que aquélla o éstas celebren y cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario (como es la compradora, como destinataria final del producto, como dispone el artículo 1.2), siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate.

Se imponen una serie de requisitos a las condiciones generales; en lo que aquí interesa debe destacarse el requisito de formulación que exige el artículo 10.1.a): concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa.

Lo que significa, entre otras cosas, que el texto sea legible y comprensible, es decir, que no esté en letra tan pequeña que sea difícil darse cuenta y que se entienda por persona de tipo medio.

Lo cual no ocurre en el presente caso, en que la letra es tan diminuta y el texto tan breve, que la compradora difícilmente puede leerlo y comprenderlo.

Asimismo, el artículo 10.1.c) exige buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones y excluye las cláusulas abusivas en el nº 3 de este apartado y entiende por tales las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios; se estima que la cláusula de sumisión, en el presente caso, es abusiva, porque implica un desequilibrio de derechos y obligaciones y un perjuicio desproporcionado y no equitativo a la compradora, el hecho de tener que litigar lejos de su domicilio con todo lo que ello conlleva, mientras que la empresa vendedora tiene otro potencial económico y delegaciones que pueden actuar por cuenta de la misma (en el contrato de compraventa se hace mención de la delegación 111).

Y así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala: sentencias de 23 de julio de 1993, 20 de julio de 1994, 12 de julio de 1996, 14 de septiembre de 1996, 8 de noviembre de 1996, 30 de noviembre de 1996 …».

En el caso de autos es imposible la lectura del documento, en lo que se refiere al reverso, sin aumentar mecánicamente el tamaño de la letra, que no supera el milímetro.

Es cierto que el control de abusividad a través de la medida de la letra fue introducido por la Ley 3/2014 en el TRLGDCU de 2.007, pero también lo es que esa medida de 1 milímetro impide realmente que el texto sea legible y comprensible.

El anverso comienza con lo que denomina «Reglamento de la Tarjeta Visa Cepsa porque tu vuelves», cuyas letras mayúsculas no superan el milímetro de altura, no llegando las minúsculas al milímetro, por lo que resulta imposible su lectura sin aumentar su tamaño por medios mecánicos, lupa o aumento del tamaño a través de fotografía.

Por tanto el contrato no cumple con las existencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez. La consecuencia es que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato ni las que sean ilegibles.

TERCERO.- Siguiendo con lo que se dice, y en cuanto a los intereses, se debe de poner de manifiesto que los intereses que se aplican son de una TAE del 26,82 %, hay que poner de manifiesto que la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 628, de fecha 25 de noviembre de 2015, dispone que: «El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrolla el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor, puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable».

Ahora bien, el hecho de que no se puedan declarar abusivos no conlleva que los mismos no puedan ser considerados nulos por usurarios.

Señala en cuanto a esta cuestión la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo que el artículo 1 de la Ley 23 de julio de 1.908, de Represión de la Usura, dispone que «Es nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.»

Y que aunque en aquel supuesto, como también ocurre en el caso aquí enjuiciado, no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, de acuerdo con lo establecido en su artículo 9, donde se establece que «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

Recuerda a continuación la mencionada Sentencia que la jurisprudencia ha ido adaptando la aplicación de esa normativa a las diversas circunstancias sociales y económicas, encuadrando el caso allí examinado, como también ocurre en el aquí enjuiciado, dentro del ámbito del crédito al consumo.

Y cita las Sentencias de esa Sala nº 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, en cuanto considera que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Y lo que se concluyó por la Sala en aquel supuesto es que la operación litigiosa debía considerarse usuraria exponiendo que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba, mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Así, en el presente supuesto se considera que concurren las circunstancias por las que se debe de declarar que los intereses remuneratorios pactados en el presente supuesto son usurarios, y es que en el año 2008, los intereses, según las tablas publicadas por el Banco de España para tarjetas de crédito eran de un TAE de 11,22 %, porcentaje éste muy alejado del aplicado, del 26,82 %.

Finalmente cabe señalar que las consecuencias de declarar el carácter usurario del crédito son las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, estando el prestatario obligado a entregar únicamente la suma recibida.

Por otra parte, no consta en autos que la demandante contratara seguro de protección de pagos, por lo que en el caso de que se hubiera cobrado alguna cantidad en virtud de dicho contrato no quedaría sino la devolución de lo abonado.

A la vista de lo resuelto no queda por menos que en ejecución de sentencia se determine la cantidad efectivamente dispuesta por capital por parte de la prestataria, y atendiendo a lo abonado por ésta que se le devuelva la cantidad cobrada de más para el caso de que existiera saldo a su favor.

CUARTO.- Conforme dispone el Artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y habiéndose desestimado la demanda, las costas causadas se imponen a la parte demandada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;

FALLO

Que estimando íntegramente como estimo la demanda interpuesta debo declarar y declaro nulo el contrato de tarjeta de crédito que unía a las partes de fecha de 16 de octubre de 2008, y el contrato de seguro vinculado para el caso de que éste se hubiera celebrado, condenando a la parte demandada a que devuelva a la demandante la cantidad que se haya cobrado y que haya excedido excedido del capital efectivamente prestado, cantidad ésta que se determinará en ejecución de sentencia, más intereses legales desde la interposición de la demanda, con imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de JAÉN (artículo 455 L.E.C.). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. MAGISTRADO/A-JUEZ que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe, en Jaén, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»


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